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Sentencia T-464/12



Referencia: Expediente T-3394627


Acción de tutela interpuesta por la señora Sandra Milena Parra Henao en contra de CAFESALUD E.P.S.S..


Magistrado Ponente:

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO



Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012)


La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:


SENTENCIA


Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Argelia (Valle del Cauca), en la acción de tutela instaurada por la señora Sandra Milena Parra Henao en contra CAFESALUD E.P.S. S..


I. ANTECEDENTES.


1. Hechos.


1.1. La señora Sandra Milena Parra Henao promovió acción de tutela contra CAFESALUD E.P.S.S. por considerar vulnerado su derecho de petición.


1.2. Argumentó que el 13 de diciembre de 2011 presentó ante CAFESALUD E.P.S.S. sede Argelia (Valle) petición, solicitando la asignación de viáticos para su hijo y ella (paciente y un acompañante) con el fin de desplazarse de una región a otra.


1.3. Lo anterior, en razón a que su hijo de 4 años Andrés Estiven sufre de leucemia linfoblástica aguda riesgo alto de precursores B tipo común, lo que conllevó a que le ordenaran controles sucesivos mensuales en Cali. Agregó que ni su esposo ni ella cuentan con los medios económicos suficientes para desplazarse cada mes a dicha ciudad.


1.4. Finalmente, señaló que a la fecha de impetrar la acción de tutela, no ha recibido respuesta alguna por parte de la entidad, a pesar de que han pasado más de 15 días y el próximo control debe realizarse el 17 de enero de 2012. Por lo anterior, solicitó que se ordenara al representante legal de la entidad accionada “dar respuesta en el término perentorio e improrrogable de 48 horas o en el que su despacho defina para tal fin”1.


2. Contestación de la demanda.


2.1. CAFESALUD E.P.S.S. solicitó declarar improcedente dicha acción debido a que la petición de la accionante tenía carácter patrimonial, y porque al menor se le vienen brindando los servicios médicos requeridos para el cuidado de su salud. Añadió que dicho insumo no hace parte del Plan Obligatorio de Salud conforme a lo establecido en el Acuerdo 29 de 2011, aclarando que el transporte es cubierto cuando se trata de movilizaciones interinstitucionales, esto es, de una institución de salud a otra y no como se está pidiendo, de la ciudad de residencia del afectado a la ciudad de Cali.


Agregó que en el área de auditoría médica le informaron a la actora que: “Cafesalud EPSS ha generado negaciones en cuanto a lo contenido en el POSS, es así como se ha autorizado todo el manejo requerido por el usuario atendiendo lo ordenado por el médico tratante de forma oportuna, con respecto al derecho de petición se le indicó de forma verbal el procedimiento a seguir con el diligenciamiento de los formatos CTC los cuales ya fueron radicados por el usuario en la oficina de Cafesalud EPSS y se encuentran en el momento en trámite. De igual manera se hace entrega de la respuesta del derecho de petición…”.


Por lo anterior, afirma que en el presente caso no existe vulneración al derecho de petición, toda vez que ya se dio la respectiva respuesta.


II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.


1. Única instancia.


El Juzgado Promiscuo Municipal de Argelia (Valle del Cauca) mediante sentencia del 25 de enero de 2012, decidió negar la acción de tutela argumentando hecho superado, debido a que desapareció el soporte fáctico de la pretensión cuando la entidad accionada dio respuesta de fondo a la solicitante y se le comunicó que: “En atención a su solicitud nos permitimos informarles que el procedimiento solicitado se encuentra por fuera del POS para el régimen subsidiado, teniendo en cuenta que se trata de una patología de alto costo y con el fin de dar continuidad al tratamiento solicitamos diligenciar por parte de su médico tratante los formatos adjuntos para el respectivo trámite de estudio de aprobación por parte del Comité Técnico Científico de la EPS”.


Con base en esto, el a quo indicó que este mecanismo resultaba improcedente, por cuanto ya había perdido eficacia e inmediatez, y por ende, su justificación constitucional. Agregó que caso distinto sería que “una vez hechos los trámites y de no logarse el objetivo perseguido con el derecho de petición y si considera que el derecho a la salud de su hijo se le sigue vulnerando por no poder ella sufragar los gastos de transporte y que por ende solicita dada su situación económica, pues recuérdese que la atención que le brindan hace parte del régimen subsidiado, puede volver a tutelar en ese sentido y para entonces el despacho resolverá sobre el particular”2.


III. PRUEBAS.


De las pruebas que obran en el expediente se destacan:


  • Copia del derecho de petición (cuaderno original, folio 1 a 2).

  • Copia de la orden para control (cuaderno original, folio 3).

  • Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante (cuaderno original, folio 4).


IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.


1. Competencia.


Esta Sala es competente para revisar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.


2. Problema jurídico.


De los hechos expuestos se deduce que la señora Parra Henao presentó una petición dirigida a CAFESALUD E.P.S.S., con el fin de que se le prestara el servicio de transporte para su hijo y un acompañante, dado que el procedimiento prescrito por el médico tratante requería el desplazamiento del menor de la población de Argelia (Valle del Cauca) a la ciudad de Cali.


El juez de instancia negó el amparo solicitado, por considerar que la accionante ya había obtenido respuesta a la petición, razón por la cual no existía objeto de pronunciamiento, concluyendo así que se encontraba en presencia de un hecho superado.


Con base en los hechos descritos corresponde a la Sala establecer si la respuesta que le dio la entidad accionada a la petición de la demandante constituye un hecho superado.


Igualmente, si existe la posibilidad de que el juez constitucional ordene la protección de derechos fundamentales eventualmente vulnerados, que no fueron invocados por la interesada en la presente solicitud de amparo.


Para abordar la problemática expuesta, esta Sala empezará por reiterar su jurisprudencia constitucional respecto (i) al derecho de petición, (ii) el hecho superado, (iii) las decisiones extra y ultra petita, (iv) la prestación del servicio de transporte en el sistema de salud, y (v) por último, se resolverá el caso concreto.


3. Derecho de petición.


La Constitución Política en su artículo 23 señala que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.


La jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterativa en señalar el alcance de este derecho, indicando que la respuesta a este tipo de solicitudes debe contener los siguientes lineamientos: (i) pronta y oportuna, (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente con la situación planteada por el interesado, (iii) y ser puesta en conocimiento del peticionario. Al no cumplirse con estos presupuestos, se estaría vulnerando el mismo3. Al respecto, la sentencia T-377 de 2000, expuso:


a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.


b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.


c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.


d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.


e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

(...)


g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.


h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.


i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”


De otro lado, esta corporación en sentencia T-1006 de 2001 estableció que (i) la ausencia de competencia de la entidad ante quien se formula la petición no la exonera del deber de contestar y, (ii) la entidad pública debe notificar su respuesta al peticionario, ante la presentación de la misma4.


Por lo tanto, para satisfacer el derecho de petición, es importante que el interesado obtenga una respuesta pronta, de fondo, clara y precisa, dentro de un tiempo razonable que le permita, igualmente, ejercer los medios ordinarios de defensa judicial cuando no está de acuerdo con lo resuelto5.



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