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Paul era un cliente habitual del Banco Europeo

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Richard era un ciudadano americano, que se acercó a un banco de un país europeo y le dijo al cajero que quería abrir una cuenta de compensación como cliente nuevo. Explicó que acababa de cerrar algunas cuentas en otras instituciones, debido al mal servicio y que le gustaría depositar en la cuenta nueva, los US$3,500,000 en efectivo retirado de las cuentas anteriores. También expresó el deseo de que el servicio de esta nueva institución, fuera mejor que el de las otras de las que había retirado sus ahorros. Luego Richard, entregó un maletín con el dinero y alguna documentación relacionada con las cuentas recientemente cerradas. A pesar de que el empleado abrió la cuenta como se le pidió, tenía algunas sospechas de las actividades de Richard. La naturaleza anónima del efectivo, quería decir que no había evidencia legítima del origen de los fondos. Después de completar la transacción y aceptar el dinero, el empleado reportó la transacción a su gerente general, quien después de considerarlo decidió informar a la UIF nacional.


Dos semanas después, Richard regresó al banco. Esta vez quería transferir los fondos de la cuenta recién abierta a otra en un país de otro continente. Mientras Richard esperaba a que la transacción fuera procesada, el banco contactó a la UIF para informar de la solicitud de Richard. La UIF, ya había enviado el primer reporte a la oficina del fiscal, que a su vez consultó a las autoridades judiciales. La UIF en discusiones posteriores con las autoridades, decidió que era apropiado preguntar a Richard sobre la fuente de los fondos. El banco para ayudar, retrasó a Richard hasta que llegaron los funcionarios de la UIF.


Durante las discusiones con los funcionarios de la UIF, Richard afirmó que la gran cantidad de efectivo que había depositado se originaba de la venta de plantaciones de naranja en un país sudamericano. Alegó que estaba transfiriendo los fondos a su tierra natal a favor de su padrastro. La historia, obviamente, no coincidía con la que inicialmente dio al banco, al momento de abrir la cuenta. Además, durante la entrevista las explicaciones de Richard se hicieron contradictorias y confusas. Los funcionarios de la UIF armados con más evidencia de actividad criminal relacionada con los fondos, llamaron a las autoridades judiciales, quienes autorizaron un cateo a la habitación de Richard en un hotel.


Mientras se buscaba en la habitación de Richard, el equipo de la policía encontró varias llaves de cajas de seguridad y cartas escritas a mano. Estos documentos contenían instrucciones para Richard, afirmando que debía trasladarse de un hotel a otro, nunca hospedarse en hoteles de baja calidad y que debía destruir todos los documentos, una vez completara cada transacción financiera. El equipo de investigación siguió la huella a varias instituciones bancarias, donde estaban las cajas de depósito. En ellas, la policía encontró varios pasaportes, con diferentes nacionalidades y nombres, pero siempre la misma fotografía e información sobre varias cuentas bancarias. Revisiones con las bases de datos de las fuerzas legales, revelaron que aparentemente Richard estaba actuando a favor de James, otro ciudadano americano. A James se le buscaba en varios países, por sospechas de estar involucrado en fraudes con pérdidas de US$108,000,000 y que había sido apresado hace muchos años. Aparentemente, Richard apareció en escena siguiendo el encarcelamiento de James. Richard seguía sus instrucciones, a través del abogado de James, quien podía visitarlo en prisión y reclamar privilegios específicos de confidencialidad con el cliente para intercambiar información. El abogado transmitía a Richard una serie de instrucciones para indicarle, cómo lavar los fondos provenientes de fraudes, que estaban todavía bajo el control de James.


Richard enfrentó cargos por lavado de dinero y fue sentenciado a dos años de prisión. En el curso de las investigaciones, la UIF identificó y confiscó bienes que sumaban US$7,000,000. El dinero se regresó a la compañía aseguradora, que originalmente perdió los fondos en el fraude original.


Indicadores: grandes cantidades de efectivo, usadas para abrir una cuenta nueva – falta de explicaciones racionales para actividades financieras.


Richard was an American citizen, who approached a bank in a European country and told the bank clerk that he would like to open a clearing account as a new customer. He explained that he had just closed some bank accounts at other institutions due to poor service, and he would like to deposit the cash withdrawn from these accounts - US$3,500,000 - into the new account. He also expressed a hope that the service at his new institution would be better than that at those that he had just withdrawn his savings from. Richard then handed over a gym bag with the money and some documentation relating to the recently closed accounts. Although the bank clerk opened the account as requested, he had some suspicions about Richard’s activities. The anonymous nature of the cash meant that no evidence of a legitimate origin of the funds was available. After completing the transaction and accepting

the money, the bank clerk reported the transaction to his senior management, who after consideration decided to disclose to the national FIU.

Two weeks later, Richard returned to the bank. This time he wanted to transfer the funds held in the recently opened account to another account in an overseas jurisdiction. Wh i l s t Richard was waiting for the transaction to be processed, the bank contacted the FIU to inform them of Richards reques ts. The FIU, which had already provided the public prosecutor’s office with the first disclosed report, consulted with the judicial authorities. Following discussions with the authorities the FIU decided that it was appropriate to question Richard about the source of the funds. The bank helpfully stalled Richard until the officers from the FIU arrived.

During the discussions with the FIU officers, Richard stated that the large amount of cash he had deposited originated from the sale of orange plantations in a South American country.

He claimed he was transferring the funds back to his homeland on behalf of his stepfather.

This story, obviously, did not match the initial story given to the bank at the time of the account opening. Fu rthermore, during the course of the interview, Richard’s explanations became contradictory and confused. Armed with increasing evidence of likely criminal activity underlying the funds, the FIU officers placed another telephone call to the judicial authorities, which authorised a search of Richard’s hotel room.

Whilst searching Richard’s room, the police team found several safety deposit box keys and hand-written missives. Th ese documents contained instructions to Richard stating that he should move from hotel to hotel, never stay at low-quality hotels, and that he should destroy all documents once he had completed each financial transaction. The investigation team followed a trail to various banking institutions where the safety deposit boxes were held. In the safety deposit boxes, the police found a number of passports - with different n a t i o n a l i t i es and names, but always the same photograph - and information on a range of bank accounts. Checks against law enforcement data bases revealed that Richard was apparently acting on behalf of James, another American citizen. James had been sought internationally on suspicion of serious fraud involving losses of US$108,000,000, and had been put in prison several years ago following international law enforcement action. Richard had apparently appeared on the scene following James’ incarceration. Richard had been getting his instructions from James through James’ lawyer - who was able to visit him in prison as well as claiming specific client confidentiality privileges over exchanges of information.

The lawyer had relayed a series of instructions directing Richard to launder those fraud funds still under James’ control.

Richard was charged with money laundering and sentenced to two years imprisonment.

I n the course of the investigations the FIU identified and confiscated assets amounting t o roughly US $ 7,000,000. The money was returned to the insurance company that had

originally lost funds from the original fraud.


I n d i ca t o r s :

Large amount of cash used to open new account

Lack of rational business explanation for financial activity.

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Hace algún tiempo, una UIF europea recibió un reporte relacionado con una transacción de cambio, llevada a cabo por una clienta llamada Andrea, que involucraba más de US$200,000 en efectivo. Andrea dijo a la casa de cambio que era una intermediaria financiera que vivía en un país al sur de Europa, que viajaba por negocios al país donde se situaba la casa de cambio. Después de este informe, Andrea hizo otros grandes cambios de moneda, todos fueron reportados a la UIF. En unas semanas, Andrea cambió monedas extranjeras por un total de US$600,000. De repente los reportes dejaron de llegar y Andrea desapareció.


Seis meses después, Andrea retomó sus viejos hábitos. Apareció con grandes cantidades de moneda extranjera en la misma casa de cambio. El total de las transacciones financieras de Andrea arribaba a aproximadamente US$1,300,000. Mientras tanto, la UIF había iniciado una demanda en contra de Andrea. Parecía que no tenía record criminal. Sin embargo, dadas las extremadamente grandes cantidades que Andrea cambiaba, para las cuales aparentemente no había ninguna fuente legítima, la UIF decidió realizar un análisis más profundo. Lo anónimo de la moneda, significaba que la UIF tendría que realizar una búsqueda extensa sobre la individua en cuestión – Andrea, antes de retomar la pregunta del origen de los fondos.


La UIF europea envió requerimientos a varias unidades de inteligencia financiera, a través del Grupo Egmont. Una de ellas pudo proveerlos de información útil: a Andrea se le conocía como miembro de un grupo de traficantes. El mismo, había hecho el mismo tipo de actividad de lavado en el país de la UIF extranjera. Las investigaciones sobre este grupo se habían llevado a cabo por algún tiempo, por lo que la cantidad de información para intercambiar era considerable. Adicionalmente, la UIF europea encontró que la dirección que Andrea proporcionó a la casa de cambio para propósitos de identificación, era falsa. Con eso la UIF tenía suficientes razones, para presentar el caso a las autoridades judiciales.


La investigaciones judicial demostró que Andrea no actuaba sola. Ella por muchos años, había jugado un papel protagónico en las operaciones de lavado de dinero del grupo. La cantidad total que se estimaba había sido lavada por su banda, ascendía a US$11,500,000.


Cuando la policía arrestó a Andrea junto con uno de sus cómplices, tenía en su poder una gran suma de dólares americanos en efectivo. Ella admitió haber hecho transacciones de cambio, así como el origen ilícito de los fondos. Sin embargo, afirmaba que se trataba de tráfico ilegal de diamantes y no de drogas. Andrea fue sentenciada a cuatro años de prisión y una multa de varios cientos de miles de dólares americanos. También se confiscaron los fondos al momento del arresto. Los cómplices de Andrea fueron sentenciados a dos años de prisión cada uno.


Indicadores: transacciones en efectivo a gran escala – falta de una explicación lógica para los fondos.

Some time ago a European FIU received a disclosure relating to an exchange transaction undertaken by a customer named Andrea involving more than US$200,000 in currency.

Andrea had told the exchange office that she was a financial intermediary living in a Southern European country, who had travelled on business to the country in which the exchange was situated. Following this disclosure, Andrea conducted several other large currency exchanges,

all of which were reported to the FIU. Over a period of a few weeks, Andrea exchanged foreign currencies totalling some US $ 600,000. Then suddenly the flow of disclosures stopped as Andrea disappeared.

Six months later, Andrea was back to her old habits. She appeared with large amounts

o f foreign currency at the same exchange office. The total amount of Andrea’s financial transactions rose to approximately US$1,300,000. In the meantime the FIU had initiated an inquiry against Andrea. It seemed that she had no criminal record. However, given the extremely high amounts that Andrea was exchanging for which there was no apparent

legitimate source, the FIU decided to undertake an in depth analysis. The anonymity of the currency meant that the FIU would have to undertake extensive research into the individual concerned - Andrea - before returning to the question of the source of the funds.

The European FIU raised intelligence reques ts with several foreign FIUs through the Egmont group. One of the FIUs was able to provide useful information: Andrea was known as a member of a group of drug traffickers. The group had performed the same type of laundering activity in the country of the foreign FIU. Investigations against the members of this group had already been in progress for some time, and so the intelligence available for exchange was considerable. Additionally, the European FIU also found out that Andrea’s addres s ,

given by Andrea to the exchange office for identification purposes, was false. The FIU now had enough reason to present the case to the judicial authorities .

The judicial investigation showed that Andrea was not acting alone. She had been playing a dominant role in the money laundering operations of the criminal group for a number of years. The total amount estimated to have been laundered by her scheme was US$11,500,000.

When the police arrested Andrea with one of her accomplices, she was in the possession of a large sum of US dollars in cash. She admitted undertaking the exchange transactions, as well as the illicit origin of the funds. However, she claimed the origin to be illegal diamond trafficking rather than drugs trafficking. Andrea was sentenced to four years imprisonment and a fine amounting to several hundred thousand American dollars. The funds seized at time of arrest were also confiscated. Her accomplices were each sentenced to two years i m p r i s o n m e n t .


I n d i ca t o r s :

Large - scale cash transactions

Lack of explanation for funds.


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