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Presidente Constitucional de la República del Ecuador Jueves, 12 de Junio de 2008 R. O. No. 358 Funcion ejecutiva decretos

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Decreta:

Artículo 1.- La Dirección General de la Marina Mercante y Puertos - DIGMER - pasará a ser una dependencia administrativa de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial con las siguientes competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones:

a) Todas las relacionadas con la actividad portuaria nacional, constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos que hasta la fecha eran ejercidas por la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos - DIGMER, en especial las establecidas en la Ley General de Puertos y Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional.

Las superintendencias de terminales petroleros mantendrán las labores de seguridad de los terminales petroleros a cargo del destacamento naval que fuere designado por la Armada Nacional de conformidad con la ley;

b) Todas las competencias constantes en la Ley General del Transporte Marítimo y Fluvial, con excepción de las relacionadas con la seguridad marítima, protección del medio marino y las de dirección, orientación y mantenimiento de las escuelas para la formación del personal de la Marina Mercante;

c) Todas las competencias, atribuciones y funciones constantes en la Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Transporte Acuático y Actividades Conexas y su reglamento, otorgadas al Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos y delegadas por este organismo a la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos - DIGMER; y,

d) Todas las competencias, atribuciones y funciones constantes en la Ley de Facilitación de las Exportaciones y del Transporte Acuático y en el Reglamento de la Actividad Marítima, otorgadas a la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos - DIGMER -con excepción de las relacionadas a la seguridad marítima, protección del medio marino, las radiocomunicaciones y la ocupación de zonas de playa y bahía.

Como consecuencia de lo anterior, se traspasa de la DIGMER al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Subdirección Portuaria encargada de los puertos y la división de tráfico marítimo encargada del control del tráfico marítimo.

Artículo 2.- Créase la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos - DIRNEA, con sede en la ciudad de Guayaquil como entidad dependiente de la Comandancia General de Marina, la misma que como autoridad marítima nacional ejercerá tareas para mantener la soberanía nacional, ejecutar y controlar el cumplimiento de las políticas y resoluciones del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos dentro del marco de la Constitución Política de la República, los convenios e instrumentos internacionales y demás normas legales y reglamentarias vigentes.

Artículo 3.- La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos - DIRNEA, tendrá entre sus competencias, atribuciones y funciones las relacionadas con:

a) El control de la soberanía nacional para el cumplimiento de las normas relacionadas con:

  • Derechos del Estado RibereÑo.

  • Derechos del Estado de Abanderamiento.

  • Derechos del Estado Rector del Puerto;

b) El control, orientación y mantenimiento de las capitanías de puerto, Cuerpo de Guardacostas, así como la Secretaría Ejecutiva de Protección Marítima y Portuaria para:

  • Velar por la seguridad de la navegación.

  • Velar por la protección del ambiente marino costero.

  • Conocer y juzgar las infracciones marítimas.

  • Prevenir y combatir actos ilícitos en los espacios acuáticos.

  • Apoyar el mantenimiento de la seguridad nacional.

  • Controlar el uso de las zonas de playa y bahía;

c) El control naval del tráfico marítimo; d) La búsqueda y rescate marítimos; y,

e) La formación y capacitación del personal de la Marina Mercante Nacional, a través de la Escuela de la Marina Mercante.

Artículo 4.- Hasta que se expidan las normas que establezcan las funciones y responsabilidades que en el futuro asumirán cada una de las entidades establecidas en los artículos anteriores en el ámbito del transporte marítimo y fluvial y de la actividad portuaria nacional, el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, mediante resolución determinará las funciones y atribuciones que ambas entidades asumirán, tomando en consideración los campos de acción determinados en los artículos 1, 2 y 3 del presente decreto ejecutivo.

Artículo 5.- Los servidores que vienen prestando sus servicios, con nombramiento o contrato en la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos - DIGMER pasarán a formar parte de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, previa evaluación y selección de esta entidad, de acuerdo a los requerimientos de dicha institución. El personal militar de la DIGMER retornará al ejercicio de sus actividades específicas en la Armada Nacional, o prestará sus servicios en la DIRNEA, sin que sea necesaria modificación presupuestaria.

En el caso de existir cargos innecesarios el Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial podrá aplicar un proceso de supresión de puestos para lo cual observará las normas contenidas en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, su reglamento y las Normas Técnicas pertinentes expedidas por la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público - SENRES.

Artículo 6.- El presupuesto de la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos estará conformado por los ingresos provenientes de las contribuciones de las autoridades portuarias del país y de los puertos privados autorizados por el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, constantes en el artículo 8 de la Ley General de Puertos y de los derechos provenientes de los servicios que prestará dicha Dirección General.

Los bienes muebles e inmuebles, equipamiento, mobiliario y demás activos de propiedad de la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos - DIGMER que sirvan para la ejecución de las competencias, atribuciones y funciones que asume la Subsecretaría de Transporte a través de la DIGMER, pasarán a formar parte del patrimonio institucional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Artículo 7.- Los derechos y obligaciones, constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales, vinculados con la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos - DIGMER, serán asumidos por el Ministerio de Transporte y Obra Públicas, con excepción de los establecidos en los artículos 3 y 4 del presente decreto ejecutivo.

Artículo 8.- Facúltese al Ministro de Transporte y Obras Públicas determinar mediante reglamento orgánico, la estructura de su Ministerio y las atribuciones y competencias de sus respectivas dependencias técnicas, operativas y administrativas que será aprobado por la SENRES previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas.

Artículo 9.- El Ministro de Finanzas, expedirá las regulaciones presupuestarias necesarias, dispondrá las acciones y emitirá las resoluciones que considere pertinentes para la aplicación del presente decreto ejecutivo y asignará los recursos que sean necesarios para cubrir las eventuales indemnizaciones que correspondan por la supresión de puestos.

Artículo 10.- De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 252 de la Constitución Política de la República y la disposición transitoria cuarta de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos estará integrado por los siguientes miembros:

El Ministro de Transporte y Obras Públicas o su delegado, quién lo presidirá y tendrá voto dirimente.

El Comandante General de la Marina o su delegado. El Ministro de Industrias y Competitividad o su Subsecretario.

El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado.

Artículo 11.- En todas las disposiciones legales y reglamentarias en que se haga referencia a la "Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral - DIGMER", sustitúyase por "Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial".

Artículo 12.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a los ministros de Defensa Nacional y de Transporte y Obras Públicas.

Disposición final.- Deróguense todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto ejecutivo.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 27 de mayo del 2008. f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública.

Nº 1117

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA Considerando

Que el artículo 18 de la Ley de Fomento Industrial, en concordancia con las normas de la Ley de Fomento de la Industria Automotriz, establece que el Gobierno Nacional, las instituciones de derecho público y privado con finalidad social o pública y todas las demás que gocen de algún beneficio estatal, provincial, municipal, o que participen de fondos públicos, se abastecerán obligatoriamente con productos de la industria nacional;

Que la indicada norma establece que las entidades referidas no podrán realizar importaciones sin la autorización del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, hoy Ministerio de Industrias y Competitividad;

Que el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 258, publicado en el Registro Oficial 66 de 18 de abril del 2007 dispone que la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Compras Públicas del Ministerio de Industrias y Competitividad, que actúa como Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Compras Públicas, administrará los procedimientos para la certificación de producción nacional en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios por parte del Estado; y,

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 171 numerales 5 y 9 de la Constitución Política de la República y 11 letras a), b) y f) del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, expide el siguiente

Reglamento de adquisición de vehículos para las instituciones del estado.

CAPITULO 1

DE LAS GENERALIDADES

Art. 1.- Ambito.- Se sujetarán a las disposiciones del presente reglamento, los dignatarios, autoridades, funcionarios, empleados y servidores de las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional y las autoridades, administradores y empleados de las entidades de derecho privado en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria.

Art. 2.- Requerimiento vehicular.- Toda Institución del Estado podrá adquirir vehículos bajo los requerimientos de renovación o incremento del parque automotor.

Para que proceda el requerimiento de renovación de vehículos, previamente la entidad deberá contar con el informe que justifique tal acción.

Sólo en el caso de vehículos de aplicación especial y en aquellos que se requieran para el mantenimiento de los sistemas de redes eléctricas, telefónicas, de agua potable, de alcantarillado, de obras públicas; y, los que sean indispensables para atender casos de emergencia y para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, se podrá incrementar sin restricción el parque automotor.

Art. 3.- Renovación vehicular.- Para la definición del tiempo de vida útil de los vehículos se estará a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo 007 CG publicado en el Registro Oficial 60 de 11 de abril del 2003.

Art. 4.- Clasificación vehicular.- Para homologar el parque automotor estatal, la clasificación de los vehículos se establecerá por:

1. Seguridad.- Estos vehículos serán adquiridos a entera discreción de la máxima autoridad de la respectiva Institución, con la restricción establecida en el Art. 5 del presente reglamento.

2. Trabajo de Campo.- Estos vehículos requieren soportar caminos de tercer orden o que estén sometidos a regímenes de trabajo extremo, o su área de operación sea asignada en el área rural, con un motor hasta 3.500 CC y todo terreno, que están destinados a usuarios en general.

3. Trabajo General.- Estos vehículos serán de uso frecuente en caminos de primero y segundo orden, con un motor hasta de 1.800 CC., que están destinados a usuarios en general.

4. Transporte Colectivo.- En estos vehículos se contempla los que cuentan con capacidad igual o superior a 15 pasajeros. Estos vehículos deberán ser provistos de carrocería nacional, que cumpla la normativa vigente en los temas de diseÑo, construcción y seguridad, que están destinados a usuarios en general.

5. Aplicación Especial.- En estos vehículos, se contempla los que se requieren para actividades específicas, con equipamiento adecuado a su operación, entre otros se seÑalan sin que la ejemplificación signifique limitación de ninguna especie: Ambulancias Motobombombas, Camiones, Plataformas, Grúas, Canastillas, Montacargas, que están destinados a usuarios tales como: Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, IESS, Policía Nacional, Empresas de Telecomunicaciones, Empresas Eléctricas, Empresas de Agua Potable, entre otros.

Art. 5.- Equipamiento.- Los vehículos materia de la presente reglamentación no tendrán equipamientos ni extras de lujo (también denominados como "full''), sino que responderán a criterios de ahorro de recursos y seguridad necesaria.

Art. 6.- Mejora de condiciones.- En las actividades relacionadas con la adquisición y mantenimiento de vehículos, así como sus repuestos y accesorios, se procurará unificar la oferta de los proveedores relacionados al sector automotriz con las necesidades de las entidades, con el fin de lograr las mejores condiciones técnicas, de oportunidad y de precios para el Estado.

CAPITULO II

DEL REGISTRO PREVIO PARA LA ADQUISICION

DE VEHICULOS

Art. 7.- Notificación.- Las instituciones y entidades establecidas en el artículo 1 del presente reglamento, al inicio del procedimiento de adquisición de vehículos, notificará al Ministerio de Industrias y Competitividad las características de los vehículos a comprar. El Ministerio de Industrias y Competitividad verificará la producción nacional y comunicará a la entidad el resultado de esta operación. La entidad adquiriente no podrá importar o comprar vehículos de producción nacional sin haber realizado la notificación que se indica.

El procedimiento de notificación de la entidad adquiriente y el de comunicación del Ministerio de Industrias y Competitividad se efectuará de conformidad con el instructivo que para el efecto dicte el Ministro de Industrias.

Art. 8.- Preferencias de Origen.- Para obtener las pro formas, sobre la base de las características técnicas del o los vehículos, se deberá priorizar en la elección los vehículos ensamblados en el país.

Si los requerimientos técnicos superan las especificaciones de la producción nacional, se preferirá, en su orden, a la producción subregional andina, luego la de los países con los cuales se mantenga acuerdos comerciales en materia de vehículos y finalmente la de terceros países.

En el caso de verificarse la no producción nacional, subregional y de los países con los cuales se mantengan acuerdos comerciales, la entidad dará preferencia a los vehículos de bajo consumo de combustible y de emisiones de gases que cumplan las normas de protección del medio ambiente.

En caso de establecerse la necesidad de un vehículo o vehículos de otros países de origen, se deberá complementar con el "Formulario Otro Origen" que emitirá el MIC, en el cual se explique las causas de ese requerimiento. Estos vehículos se los adquirirá mediante importación.

Art. 9.- En el caso de que se llegare a importar un vehículo para las instituciones del Estado inobservando lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del presente reglamento, el funcionario competente del Ministerio de Industrias y Competitividad notificará a la máxima autoridad de la entidad sobre este hecho para que proceda a imponer la sanción pertinente de conformidad con el artículo 69 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, en concordancia con lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Tercero del Libro Primero de la referida ley; sin perjuicio de la determinación de responsabilidades que realice la Contraloría General del Estado.

ARTICULO FINAL.- De la ejecución de este reglamento encárguese el Ministro de Industrias y Competitividad.

Dado en el Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 29 de mayo del 2008.

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. Es fiel copia del original.- Lo certifico. f.) Pedro Solines Chacón Subsecretario General de la Administración Pública.

Nº 069

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, en esta Cartera de Estado, se ha presentado la solicitud y documentación requerida para la aprobación de la personería jurídica de las personas naturales agrupadas bajo la denominación Ecuavida, domiciliada en Catacocha entre Olmedo y Juan José PeÑa, parroquia el Sagrario, cantón Loja, provincia Loja, cuyo objetivo es:

· Contribuir al mejoramiento del medio ambiente de la Región Sur del Ecuador.

Que, el Director Nacional de Biodiversidad, Areas Protegidas, Vida Silvestre, Bioseguridad y Acceso a Recursos Genéticos, mediante memorando Nº 001381-08 DBAP/MA, emite el informe sin observaciones al proyecto de estatuto;

Que, la doctora Sandra Lara de la Dirección de Asesoría Jurídica de este Ministerio, mediante memorando Nº 003090-08 DAJ-MA de fecha 10 de marzo del aÑo 2008, informa sobre el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Decreto Ejecutivo No. 3054, publicado en el Registro Oficial Nº 660 del 11 de septiembre del 2002, para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas de derecho privado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 023 de 25 de febrero del 2008, publicado en el Registro Oficial Nº 302 del 26 de marzo del 2008, la Ministra del Ambiente, delega al Director de Asesoría Jurídica varias de sus atribuciones, entre las que consta en el literal d) el de aprobar los estatutos de corporaciones, fundaciones y asociaciones vinculadas a los ámbitos de competencia de este Ministerio y sus respectivas reformas; y,

En uso de las atribuciones establecidas en los numerales 6 y 7 del artículo 179 de la Constitución Política de la República del Ecuador; y, del Decreto Ejecutivo N. 3054 publicado en el Registro Oficial 660 del 11 de septiembre del 2002,

Acuerda:

Art. 1.-Aprobar el Estatuto de la Fundación ECUAVIDA, domiciliada en Catacocha entre Olmedo y Juan José PeÑa, parroquia el Sagrario, cantón Loja, provincia Loja y otorgarle personería jurídica, con las siguientes modificaciones:

· En el Art. 1, sustituir “XXXIX” por “XXX”.

· En el Art. 19, incorporar Director Ejecutivo, Jefe Financiero, Tesorero o Contador.

· En el Art. 24, incorporar “Representante legal de la Fundación”.

· En el Art. 31, sustituir “de Medio” por “del”.

· Al final del Art. 39, incorporar “y de su publicación en el Registro Oficial”.


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