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Nº 285-07 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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Nº 285-07

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL Quito, 7 de enero del 2008; las 15h00.

VISTOS: Miguel Eduardo Vera Mendoza, el 2 de octubre del 2006, deduce demanda colusoria (fs. 2-5vta del primer cuaderno de la instancia)en contra de Francisco Isidoro Aray Mendoza, Presidente de la Cooperativa de Transportes Urbanos Picoazá y a su vez Presidente del Consejo de Administración de la misma; Pedro Rivas Palma y Luis Delgado Velásquez, vocales del Consejo de Administración de la Cooperativa Urbana Picoazá; concluido el trámite respectivo, la Primera Sala Especializada de lo Penal de la H. Corte Superior de Justicia de Portoviejo dicta sentencia el 28 de marzo del 2007, en cuyo voto de mayoría (fs. 191-195 vuelta) declara sin lugar la demanda colusoria, sin costas, ni honorarios que regular.- De dicho fallo, el 2 de abril del 2007 (fs. 207), interpone recurso de apelación el actor, el que fue concedido en providencia del 10 de abril del 2007 (fs. 211).- Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo esta Sala realiza las siguientes consideraciones: PRIMERO: Esta Sala tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver el presente recurso por el sorteo de ley realizado el día martes 12 de junio del 2007, en atención a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución Política de la República, las normas de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión y la resolución de la Corte Suprema de Justicia del 9 de marzo de 1994, promulgada en el Registro Oficial número 415 de 7 de abril del mismo aÑo, que asigna a las salas de lo Penal de esta Corte la potestad de resolver los procesos para el juzgamiento de la colusión y que, conforme a la ley de la materia, se debe efectuar bajo los dictados de la conciencia de sus magistrados, con la apreciación cabal de los hechos y las pruebas, aplicando el criterio judicial general de equidad en todo aquello que se estime necesario.- SEGUNDO: El proceso se ha sustanciado con observancia del trámite legal correspondiente, sin omitir solemnidad sustancial alguna, por lo cual se declara su validez.- TERCERO: En el libelo de la demanda colusoria se dice que, tal como consta en el Libro de Actas que se lleva en la Cooperativa de Transportes Urbanos Picoazá, y específicamente en el acta Nº 195 consta que con fecha 10 de noviembre del 2002, el demandante fue aceptado en calidad de socio por los miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Urbana Picoazá, siendo en ese entonces presidente, Franklin Palacios Delgado y Gerente, Agustín Alava Macías. Que posteriormente, el Presidente de la Cooperativa de esa época, Angel García CedeÑo (fallecido), junto con el actual Presidente, Isidro Aray Mendoza, continuando con el trámite legal, solicitaron al Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestre de Manabí su aceptación y de otros compaÑeros, así como también su calificación y legalización como socio de la Cooperativa Picoazá, la que fue aceptada por el Directorio de dicho Consejo en sesión ordinaria de 14 de abril del 2003, facultándole para calificarse; que sin embargo las cooperativas de Transporte Urbanas Ciudad del Valle y Portoviejo, apelaron de esta resolución ante el Consejo Nacional de Tránsito, que la ha revocado; situación ante la cual, la Cooperativa Picoazá, interpuso un amparo constitucional ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Manabí-Esmeraldas, cuyo resultado ha sido favorable a la Cooperativa Picoazá, es decir la legalización de nueve cupos para esta cooperativa; que ante esta decisión, las cooperativas ciudad del Valle y Portoviejo han apelado para ante el Tribunal Constitucional, el que ha procedido ha revocar la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aduciendo que no se había cumplido el acuerdo ministerial al no haber realizado la liquidación legal de la Cooperativa de Transportes María Asunción que se había fusionado con la Cooperativa Picoazá. Que al asumir las funciones de Presidente de Picoazá, Francisco Isidoro Aray Mendoza, por el fallecimiento de García CedeÑo, envía con fecha 29 de septiembre del 2004, un oficio al Presidente del Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres de Manabí, solicitando entre otras cosas, se le califique al demandante, en calidad de socio de la Cooperativa Picoazá, al igual que a sus otros compaÑeros, reconociéndoles la cooperativa antes mencionada -al decir del demandante- la calidad de socios y sus derechos sobre ella. Que sin embargo el Presidente de la cooperativa al igual que los miembros del Consejo de la Administración, sabían que la petición no tenía asidero legal por cuanto, había que tramitar ante el Ministerio de Bienestar Social la liquidación definitiva de la Cooperativa María Asunción, hasta que finalmente estos directivos de la cooperativa, le han emplazado diciéndole que en vista de la resolución del Tribunal Constitucional, no iban a gastar dinero ni esfuerzos para solucionar su problema y el de sus compaÑeros y que si querían hiciesen los trámites a su costa y riesgo. Que en forma particular gestionaron la liquidación de la Cooperativa María Asunción, con el fin de legalizar los cupos en el Consejo de Tránsito y que lo obtuvieron en el acuerdo Ministerial Nº 4665 de fecha 3 de enero del 2005, cuyo artículo 3 resuelve también, que al haberse dispuesto la disolución definitiva de la Cooperativa María Asunción y que sus ex socios, al haber pasado a formar parte voluntariamente de la Cooperativa de Transportes Picoazá, es legal que sigan perteneciendo a esta cooperativa (Picoazá). Que con esta adquisición personal ante el Ministerio de Bienestar Social, acudió a la Directiva de la Cooperativa Picoazá de donde es socio, para tramitar la legalización, pero que fue grande su sorpresa cuando Francisco Aray Mendoza, Pedro Rivas Palma y Luis Delgado Velásquez (vocales del Consejo de Administración de la Cooperativa) le pusieron reparos y, que definitivamente encontró una oposición y actitud negativa de parte de ellos, quienes enfáticamente les indicaron que ya no querían la legalización de su calidad de socio, coartándole el derecho para trabajar como tal, puesto que hasta ese tiempo había trabajado como socio, por espacio de tres aÑos; que por esto, él y sus compaÑeros tramitaron ante la Dirección Nacional de Cooperativas, la que mediante Resolución Nº 0000157 de 30 de marzo del 2005, les reconocen como socios de la Cooperativa Picoazá, además de otorgarles el Registro Nº 000255. Que pese a todo, los directivos arriba mencionados han hecho caso omiso a la resolución y no acataron el acuerdo ministerial, ni el registro y que por el contrario el Presidente Isidoro Aray Mendoza en contubernio con los otros demandados, miembros del Consejo de Administración, habían enviado escritos al Consejo Provincial de Tránsito y a la entonces Asesora de la cooperativa, Ab. Celeste Villarroel, fechados el 21 y 14 de febrero del 2005, en los que les hacían saber que losdirectivos de la cooperativa, habían resuelto suspender los trámites sobre la legalización de los cupos y que se someterían a diálogos con las cooperativas Ciudad del Valle y Ciudad de Portoviejo, así como con los socios (el demandante y sus compaÑeros), con lo que se demuestra -según el accionante- que “estaban haciendo manejo fraudulento, ilegales en secreto para que nuestra situación no se legalice” (sic), lo cual les obligó a dirigirse una vez más a la Dirección Nacional de Cooperativas para que se dé solución a este problema de desacato y que como respuesta a ello, esta Dirección envía un oficio con fecha 18 de abril del 2005 al abogado Antonio Intriago, Inspector de Cooperativas para Manabí indicándole que se haga cumplir la resolución Nº 0000157 de 30 de marzo del 2005 ante los directivos de la Cooperativa Picoazá y que le realice una inspección administrativa contable, la que se ha realizado el 29 de abril del 2005 y que con oficio Nº 139 DJ-DNC-2005 de 2 de mayo del 2005 esta Dirección Nacional de Cooperativas hizo llegar al los directivos de la Cooperativa Picoazá el informe concluido en el que consta, “Que con respecto a las unidades de transporte de los socios, el Consejo Provincial de Tránsito debe revisar la resolución de negativa de otorgar los cupos, ya que se ha demostrado con la documentación respectiva que no son otorgamiento de nuevos cupos, sino que son ingreso de otros socios en los cupos que pertenecían a la Cooperativa María Asunción, ahora ya liquidada por consiguiente es de justicia que dicho organismo de control de tránsito apruebe dichos cupos y bajo el principio de la Constitución Política de la República, respete y otorgue el derecho al trabajo y acepte la circulación de las unidades que se encuentran actualmente paradas e impedidas de circular” y “que se reconozca la calidad de socios de quienes constan en la resolución emitida por la Dirección Nacional de Cooperativas por cuanto los mismos del Consejo de Administración según consta en las respectivas actas ya se los ha otorgado a nivel interno, pero que por conflictos personales se pretende adjudicar su permanencia al interior de la cooperativa; y, lo que es más dichos socios han laborado con sus unidades en aÑos anteriores cumpliendo con todas sus obligaciones especialmente económicas”; con lo que considera el demandante que su calidad de socio queda demostrada y que ningún organismo de control ha dicho lo contrario y que suma a esto la resolución del Consejo de Administración de la Cooperativa Picoazá donde le aceptan como socio y que la resolución del Tribunal Constitucional se refiere únicamente a lo resuelto por el Consejo Provincial de Tránsito de Manabí y que los directivos debían hacer lo necesario para que este Consejo autorice la circulación de su vehículo (bus) y para obtener los beneficios que tienen sus otros compaÑeros. Que la acción fraudulenta ilegal y secreta por parte de los denunciados se da cuando ellos en una actitud mezquina y de total parcialidad tramitan la legalización únicamente de sus dos compaÑeros que estaban en iguales condiciones que la de él, ante el Consejo Provincial de Tránsito de Manabí la que ha sido aceptada el 14 de marzo del 2005, lo que demuestra parcialización, fraude, actos ilegales, todo lo cual lo han hecho en secreto, acordando en abierto contubernio no acatar la resolución del Consejo Nacional de Tránsito, que si la hicieron con respecto de sus compaÑeros, contraviniendo la ley de cooperativas y su reglamento que seÑala que no debe haber privilegios entre los socios. Que finalmente el Consejo de Administración de la Cooperativa Picoazá en sesión de 2 de junio del 2005 resuelve dejar sin efecto su ingreso y de algunos de sus compaÑeros, como socios de la cooperativa, para evitar según los complotados, que continúen en una campaÑa disociadora en contra de la cooperativa y más bien evitar su exclusión o expulsión; que, sin embargo se contradicen al afirmar que él (demandante) ha sido aceptado como socio por el Consejo de Administración el 10 de noviembre del 2002, contraviniendo todo principio constitucional y legal, sino que se les ha antojado dejar sin efecto el acta Nº 195, puesto que la calidad de socio se pierde por exclusión, mediante el debido proceso, por muerte y por retiro voluntario, lo que no ha sucedido con él, ni sus compaÑeros por no existir motivo legal ya que sus conductas no quebrantaron norma alguna de la ley en la materia.- Por estas razones y con fundamento en la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, artículos 1 y 2, demanda mediante acción colusoria a Francisco Isidro Aray Mendoza, Presidente tanto de la Cooperativa Urbana Picoazá como del Consejo de Administración, a Pedro Rivas Palma y Luis Delgado Velásquez, vocales del Consejo de Administración de la antes mencionada cooperativa, puesto que todos ellos en convenios secretos y fraudulentos confabularon dolosamente en su contra privándole del derecho real y personal de uso en su calidad de socio de la cooperativa, acto colusorio cometido al no acatar resoluciones superiores y luego aceptar bajo capricho o afecto la tramitación de dos de sus compaÑeros que estaban en igualdad de condiciones que él; para que en sentencia se declare las medidas respectivas para que quede sin efecto el procedimiento fraudulento cometido por los complotados, dejando sin efecto la falta de acatamiento de lo resuelto por el Ministerio de Bienestar Social; dejar sin efecto la sesión del 2 de junio del 2005 llevado a cabo por el Consejo de Administración, en el que se deja sin efecto su ingreso como socio de las Cooperativa, acto que no afecta la resolución del Consejo de Administración cuya acta consta en el Nº 195, reponiendo las cosas al estado anterior de la colusión; que además, se imponga a los demandados la pena máxima de un aÑo de prisión, que se les obligue al pago de daÑos y perjuicios, de las costas procesales en las que se incluirán los honorarios profesionales de su patrocinador.- CUARTO: Los tres demandados comparecen a juicio y contestan a la demanda en forma conjunta, en el escrito presentado el 25 de octubre del 2006 (fs. 54 y 55), en el cual han deducido las siguientes excepciones: 1) Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, toda vez que no existe acuerdo doloso, secreto o fraudulento alguno, en los hechos que se alegan. 2) La demanda no es clara, ni precisa, ni completa. 3) Inexistencia de perjuicio real, en razón de que frente a su solicitud de ingreso en calidad de socio de la cooperativa Picoazá y ante la posibilidad de incrementos de cupo, lo que ha sido corroborado por el actor, el Consejo de Administración lo aceptó como socio de la Cooperativa, para que previo al trámite correspondiente ante del Consejo Provincial de Tránsito y posteriormente ante la Inspección de Cooperativas de Manabí o Dirección Nacional de Cooperativas, se proceda a su registro como socio de Picoazá, y en consecuencia, realice las actividades que cumple la cooperativa; agregando los demandados que se cumplieron con todas las gestiones legales ante el Consejo Provincial de Tránsito, obteniendo resolución positiva; pero que las cooperativas “Ciudad del Valle” y “Portoviejo”, se opusieron al incremento de cupos, por lo que apelaron ante el Consejo Provincial de Tránsito, organismo que revocó la resolución de incrementos de cupos a favor de la cooperativa, por lo que se realizaron todas las gestiones necesarias inclusive proponiendo amparo constitucional ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Portoviejo, Tribunal que resolvió a favor de la cooperativa, cuyo conocimiento llegó en apelación al Tribunal Constitucional el cual revocó la resolución del inferior, lo que impidió que el actor se registre como socio de la cooperativa Picoazá. En ese sentido, los demandados se preguntan en dónde están los convenios secretos y fraudulentos de su parte, concluyendo con la afirmación de que no existe perjuicio real en ningún caso; y que, si el demandante hizo trámites a su costo y riesgo, no se puede beneficiar de la liquidación de la Cooperativa María Asunción porque no fue socio de dicha cooperativa (las negrillas nos pertenecen). 4) Que al contrario de lo seÑalado por el Coordinador Jurídico de la Dirección Nacional de Cooperativas Efraín Gallegos, en su memorando No. 138 DJ-DNC-2005-05, en el acuerdo de disolución y liquidación de la Cooperativa de Transporte “María Asunción”, se acordó que sus ex socios, al haber pasado a formar parte voluntariamente de la Cooperativa de Transporte “Picoazá”, los mismos seguirían perteneciendo a esta última cooperativa, lo cual no favorece a Miguel Eduardo Vera Mendoza, toda vez que él no fue socio de la cooperativa liquidada. 5) Que existe malicia y temeridad en la demanda, razón por la cual reclaman el pago de las costas, honorarios profesionales de su abogado patrocinador y los daÑos y perjuicios que los fijan en trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.- QUINTO: En la Junta de Conciliación llevada a cabo el 13 de noviembre del 2006 (fs. 60 a 62) no se dado acuerdo alguno entre las partes procesales, por lo que corresponde a esta Sala analizar los argumentos esgrimidos por el actor en su demanda, así como las excepciones deducidas por los demandados, para el efecto hacemos los siguientes observaciones: 1) Sobre la excepción de que la demanda no es clara, precisa ni completa, la Sala considera que la misma carece de fundamento, toda vez que el Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, ordenó completar la demanda en la providencia de fecha 11 de octubre del 2006 (fs. 49) y una vez cumplida esta disposición (fs. 50), el mencionado Ministro Juez dictó auto de calificación de la misma, en el que consideró que esta era clara y precisa, razón por la cual la admitió a trámite; lo que, tal como se desprende de la revisión de los autos -demanda y ampliación de la misma- no admite discusión.- 2) Las demás excepciones deducidas por los demandados tienen el carácter de perentorias, por cuanto atacan al fondo del asunto y, en definitiva, se refieren a la inexistencia de un acuerdo colusorio entre ellos, por lo que no se ha producido perjuicio alguno en contra del actor. Al respecto, la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, en el considerando tercero del fallo de mayoría, ha dicho en lo esencial que, el hecho de haberse dejado sin efecto la calidad de socio del seÑor Miguel Eduardo Vera Mendoza, se la puede calificar hasta de hecho ilícito administrativo, no penal, pero que no es colusión; además manifiestan. “Que el acto narrado en la demanda no es de los que la doctrina y jurisprudencia considera como colusorios. Que adicionalmente en la especie no se han dado, ni probado los elementos constitutivos de la colusión”.- 3) Continuando con el examen de los autos, la Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones: a) La acción colusoria se encuentra prevista para garantizar los derechos de una persona y reparar lo daÑos que ésta ha sufrido, cuando ha sido privada de los mismos en razón de un acuerdo fraudulento por parte de terceros. De lo que se infiere que para que se configure un acto colusorio son requisitos ineludibles los siguientes: i) Acuerdo de voluntades entre dos o más personas; ii) Fraudulencia en ese acuerdo, caracterizada por su efecto daÑoso, tendiente a perjudicar a un tercero en sus derechos reales de propiedad, uso, usufructo o habitación sobre bienes inmuebles, así como la tenencia o posesión sobre ellos y en fin, cualquier otro derecho que legalmente le competa; iii) El perjuicio, debe consistir en la pérdida real y efectiva de los derechos anteriormente seÑalados; b) Por ello mismo, la acción colusoria no es de naturaleza accesoria o supletoria sino que tiene una entidad propia y que se distingue de las demás por su carácter mixto civil-penal, puesto que junto a la pena como coerción punitiva, se encuentra la sanción propia de la nulidad como es la de permitir que las cosas vuelvan al estado anterior a la del acto colusorio; y, c) En el caso sub lite, tal como se desprende de los documentos que obran de fs. 24, 28-29, 30 y 33-38, existe una orden emitida por la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social, para que la Cooperativa de Transporte Urbano “Picoazá”, acepte el registro de socios reconocido por dicha dirección nacional, en la que se encuentra el actor Miguel Vera Mendoza. En consecuencia, corresponde a la Cooperativa Picoazá acatar esa orden tal como se ha dispuesto en los documentos antes referidos. Por lo mismo, no es procedente, como bien lo han seÑalado los juzgadores de primera instancia en su voto de mayoría, que se proponga la acción colusoria, toda vez que los legítimos derechos del actor ya han sido debidamente reconocidos por el órgano competente, existiendo únicamente un desacato en el sentido estricto de la “falta de respeto en relación con los jefes o superiores” como lo seÑala el Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas, en el cumplimiento de tales órdenes; además, la acción colusoria no constituye un proceso de ejecución en virtud del cual se pretenda hacer efectivo un derecho preexistente e indiscutido.- Por todo lo expuesto en los considerandos precedentes, esta


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