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Artículo 55°.- Los profesionales, al momento de solicitar la regulación de honorarios, podrán formular su estimación, practicar liquidación de gastos y poner de manifiesto las situaciones de orden legal y económico que consideren computables. De la estimación se correrá traslado por el término de cinco (5) días a quienes pudieren estar obligados al pago.

Artículo 56°.- Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar firme el auto regulatorio.

Los honorarios extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.

Operada la mora, por el solo vencimiento del plazo establecido en los párrafos anteriores, quedara expedita la ejecución de los mismos.

Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado deberán serle notificados al domicilio real o al que hubiere constituido en forma expresa a tal efecto.

La acción por cobro de honorarios regulados judicialmente, tramitará por la vía de ejecución de sentencia. En ningún caso abonará tasa de justicia, ni estará sujeta a ningún tipo de contribución.

Artículo 57°.- Para la determinación judicial de honorarios por trabajos extrajudiciales, cuando el profesional los solicitare, se tendrá en cuenta la escala del artículo 23, salvo respecto de las actividades comprendidas en el artículo 20, inciso 2. En ningún caso los honorarios a regularse podrán ser inferiores al cincuenta por ciento (50%) de lo que correspondería judicialmente según la pauta del párrafo anterior. El profesional deberá acreditar la labor desarrollada, acompañando toda la prueba de que intente valerse, acreditando la importancia de su labor y el monto en juego, de lo cual se notificará a la otra parte por el término de cinco (5) días. De no mediar oposición sobre el trabajo realizado, el juez fijará sin más trámite el honorario que corresponda; si hubiere oposición, la cuestión tramitará según las normas aplicables a los incidentes.

Dichas actuaciones no abonarán tasa de justicia ni sellado por parte del profesional actuante.

Artículo 58°.- Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados a sus beneficiarios y a los obligados al pago, personalmente, por cédula o telegrama y/o cualquier otro medio fehaciente, así establecido por la ley procesal aplicable. Serán apelables en el término de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso.

La Cámara de Apelaciones respectiva deberá resolver el recurso dentro de los treinta (30) días de recibido el expediente.

Todos los honorarios serán materia de apelación con prescindencia del monto de los mismos.

Artículo 59°.- Si el condenado en costas no abonare los honorarios profesionales en tiempo y forma, el profesional podrá requerir el pago a su cliente, luego de treinta (30) días corridos del incumplimiento y siempre que el cliente esté debidamente notificado.

Artículo 60°.- El mínimo establecido para regular honorarios de juicios susceptibles de apreciación pecuniaria que no estuviesen previstos en otros artículos será el siguiente: en los procesos de conocimiento de diez (10) UMA en los ejecutivos de seis (6) UMA y en los procesos de mediación de dos (2) UMA.-

Artículo 61°.- Ninguna persona, fuere de existencia visible o ideal, podrá usar las denominaciones "estudio jurídico", "consultorio jurídico", "asesoría jurídica" u otras similares, sin mencionar los abogados que tuvieren a cargo su dirección. Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere, podrá disponerse la clausura del local a simple requerimiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y/o el que fuere competente de conformidad al lugar donde se cometa la infracción, o de oficio y una multa de treinta (30) UMA que pesará solidariamente sobre los infractores, que será destinada a los fondos de dicha institución.

Artículo 62°:- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todos los procesos en curso, en los que no haya regulación firme de honorarios, al tiempo de su publicación.

CLÁUSULA TRANSITORIA: La presente ley será aplicable en los fueros que integran el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en todos lo que lo integren en el futuro, a medida que progrese el proceso de transferencias de competencias nacionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


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