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La compensación de conceptos diferentes a las contribuciones, deberá ser autorizada por la autoridad fiscal, a petición del interesado

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La compensación de conceptos diferentes a las contribuciones, deberá ser autorizada por la autoridad fiscal, a petición del interesado.


La misma autoridad fiscal, al tener conocimiento de que se han satisfecho los requisitos para la compensación, podrá autorizarla mediante resolución particular.



Artículo 49. El Ejecutivo del Estado, mediante resolución de carácter general podrá:


I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación socioeconómica de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en los casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos o epidemias.


II. Conceder subsidios o estímulos fiscales.


Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo Estatal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de los estímulos fiscales, así como el monto o proporción de los beneficios y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.


Artículo 50. La cancelación de créditos fiscales en las cuentas públicas por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del sujeto pasivo o de los responsables solidarios, no libera, mientras no prescriba el crédito fiscal, a uno y a otros de su obligación. Procederá la cancelación de los créditos fiscales cuando:


I. Resulte imposible localizar al contribuyente o responsables solidarios o éstos no cuenten con bienes sobre los cuales se pueda trabar embargo. Se considerará no localizado el contribuyente cuando se hubieren agotado todas las averiguaciones tendentes a su localización;


II. Por insolvencia de los deudores. Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables para cubrir el crédito, cuando no se puedan localizar los bienes o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución; o


III. Por incosteabilidad en el cobro. Se consideran incosteables en el cobro, aquellos créditos fiscales cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 5.3013 Unidades de Medida y Actualización. Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, se sumarán para determinar si resulta incosteable su cobro.


Las disposiciones reglamentarias que expida el Ejecutivo Estatal, deberán indicar los requisitos que habrá de observar la autoridad fiscal para la cancelación de créditos fiscales a que se refiere éste artículo.


CAPÍTULO TERCERO


DE LA GARANTÍA DE LOS CRÉDITOS FISCALES



Artículo 51. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes:


I. Depósito en dinero en las instituciones de crédito autorizadas para tal efecto.


II. Prenda o hipoteca.


III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión.


IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.


V. Embargo en la vía administrativa.


VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría.


La garantía comprenderá, además de las contribuciones actualizadas adeudadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y, en tanto no se cubra el crédito, se actualizará su importe cada año y se ampliará la garantía para que cubra el crédito y el importe de los recargos, incluyendo los correspondientes a los doce meses siguientes.


La Secretaría establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías y vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al embargo de otros bienes.


En ningún caso, las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía, salvo lo dispuesto en el Código de la materia.


Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren las fracciones II, IV y V de éste artículo, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución.


Artículo 52. Procede garantizar el interés fiscal, cuando:


I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código de la materia;


II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades, si dichas facilidades se conceden individualmente, y


III. En los demás casos que señalen este ordenamiento y las leyes fiscales.

No se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución, salvo que el interés fiscal esté constituido únicamente por éstos.


Artículo 53. Si la garantía consiste en depósito de dinero en institución nacional de crédito autorizada, una vez que el crédito fiscal quede firme se ordenará su aplicación por la Secretaría.


Tratándose de fianzas a favor de la Secretaría, otorgadas para garantizar obligaciones fiscales, al hacerse exigibles, se les aplicará el procedimiento administrativo de ejecución con las siguientes modalidades:


I. La autoridad ejecutora requerirá de pago a la afianzadora, acompañando copia de los documentos que justifiquen el crédito garantizado y su exigibilidad. Para ello, la afianzadora designará y señalará un apoderado para recibir requerimientos de pago y el domicilio para dicho efecto en la jurisdicción de la Sala competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debiendo informar de los cambios que se produzcan en estos datos dentro de los quince días siguientes al momento en que se susciten.


La citada información se proporcionará por escrito a la Secretaría, y se publicará en la Gaceta Oficial del Estado para conocimiento de las autoridades ejecutoras. Se notificará el requerimiento por estrados en las regiones donde no se cumpla con alguno de los señalamientos mencionados.


II. Las pólizas de fianza que se otorguen ante la Secretaría para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros establecerán, en su texto, lo siguiente:


a) Deberá ser expedida por una institución nacional autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.


b). La póliza de fianza contendrá el nombre completo de la persona física o moral fiada, el importe de la póliza y su vigencia, la mención expresa de que se garantiza el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales que correspondan al fiado, así como todos y cada uno de sus accesorios legales.


c) De igual forma, la póliza tendrá que expresar la anuencia de la compañía afianzadora para pagar hasta el importe total de la suma afianzada, en caso de que se actualice el incumplimiento de su fiado a las obligaciones fiscales adquiridas ante la Secretaría, sin reservarse los beneficios de orden y excusión.


d) La afianzadora aceptará expresamente someterse a los procedimientos de ejecución reservados para fianzas que garantizan obligaciones fiscales, incluyendo de modo expreso el remate de valores que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercitará cuando la afianzadora omita, sin fundamento legal, el pago total de las obligaciones adquiridas ante la Secretaría; además, contendrá la aceptación de la afianzadora para seguir garantizando las obligaciones adquiridas por su fiado, aún y cuando la Secretaría le otorgue prórrogas o esperas, sin necesidad de aviso por escrito.


III. Si la afianzadora no efectúa el pago del importe requerido dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento, la propia autoridad ejecutora solicitará a la autoridad competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que remate, en Bolsa, valores propiedad de la afianzadora suficientes para cubrir el importe íntegro de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, a fin de que le envíe de inmediato su producto.


IV. La fianza solamente podrá cancelarse mediante autorización escrita de la Secretaría.


Artículo 54. Para que se conceda la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, el contribuyente o interesado deberá impugnar el crédito fiscal mediante el recurso de revocación o el juicio contencioso, garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas previstas por este Código y solicitar por escrito dicha suspensión ante la autoridad fiscal.

Cuando en el recurso de revocación o juicio contencioso se impugnen únicamente algunos de los créditos determinados por el acto administrativo, cuya ejecución haya sido suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos correspondientes.


Si se controvierten sólo determinados conceptos de la resolución administrativa que determinó el crédito fiscal, el particular pagará la parte consentida del crédito y los recargos correspondientes, mediante declaración complementaria y garantizará la parte controvertida y sus recargos.


En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no presenta declaración complementaria, la autoridad exigirá la cantidad que corresponda a la parte consentida, sin necesidad de emitir otra resolución. Si se confirma en forma definitiva la validez de la resolución impugnada, la autoridad procederá a exigir la diferencia no cubierta, con los recargos causados.


Artículo 55. La autoridad fiscal no exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare, bajo protesta de decir verdad, que son los únicos que posee.


En caso de que la autoridad compruebe, por cualquier medio, que esta declaración es falsa podrá exigir garantía adicional, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.


Artículo 56. La cancelación de las garantías otorgadas a favor del Fisco Estatal en los términos de este Código, procederá en los siguientes casos:


I. Cuando se otorgue una nueva garantía que sustituya a otra, previa su calificación por parte de las autoridades fiscales;


II. Cuando se cubra la totalidad del crédito fiscal garantizado, a satisfacción de la autoridad fiscal y se emita el comprobante de pago correspondiente, y


III. Cuando, en definitiva, quede sin efecto la resolución que dio origen al otorgamiento de la garantía.


Para que proceda la cancelación de la garantía, el interesado presentará solicitud por escrito ante la autoridad que la haya exigido o recibido, acompañando los documentos que demuestren la procedencia de la cancelación, de conformidad con lo previsto en el presente Código.


Procederá la cancelación, por parte de la autoridad, aun cuando no medie solicitud del particular, en aquellos casos en que de las constancias que obren en los archivos en su poder, se desprenda que se han dado uno o varios de los supuestos señalados en el presente artículo.

Cuando con motivo de la garantía otorgada se haya procedido a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, una vez hecha la cancelación de la misma, se comunicará ese acto a la oficina registral correspondiente.


TÍTULO TERCERO


DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES Y DE LAS

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES


CAPÍTULO ÚNICO


Artículo 57. Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar en los términos del Código de la materia, las consultas que sobre situaciones reales y concretas le formulen por escrito e individualmente los interesados. La resolución que emita la autoridad competente genera derechos para el solicitante, cuando se cumplan dichos requisitos.


Artículo 58. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales se resolverán en el término que la ley fija o, a falta de término establecido, en cuarenta y cinco días.


En materia fiscal, el silencio de las autoridades fiscales no se considerará como afirmativa ficta de las solicitudes, y dará lugar a la interposición de los recursos legales a que haya lugar cuando no se dé respuesta en el término que corresponda.


Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales, deberá estar firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital. Además de la firma autógrafa, electrónica o huella digital, las promociones deberán:



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