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Publicado en el alcance a la gaceta oficial no. 67 De fecha 03 de abril 2001

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Artículo 78. La infracción en cualquier forma a las disposiciones fiscales, diversa a las previstas en este Capítulo, se sancionará con multa de 10.6027 a 106.0272 Unidades de Medida y Actualización.


Artículo 78 Bis. En el caso de que las multas a que se refiere este capítulo sean pagadas dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique al infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción o el contribuyente se autocorrija en forma total a satisfacción de la autoridad, la multa se reducirá en un 50% de su monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte una nueva resolución.



TÍTULO QUINTO


DE LOS DELITOS FISCALES


CAPÍTULO ÚNICO


Artículo 79. Los delitos fiscales sólo pueden ser de comisión intencional, con un fin o propósito, por parte del sujeto activo del delito.


Artículo 80. Los delitos fiscales requieren la presentación de querella ante el Ministerio Público del fuero común, por el servidor público legitimado para ello.


El derecho para presentar la querella por delitos fiscales prescribe en cinco años, a partir de que la autoridad fiscal tenga conocimiento de la comisión del delito.


Artículo 81. Quien tenga conocimiento de algún hecho delictuoso en materia fiscal, deberá presentar por escrito a la autoridad fiscal los pormenores de los hechos presumibles del o los ilícitos. Lo anterior tendrá el carácter de estrictamente confidencial, y si un servidor público violare tal disposición incurrirá en el delito de abuso de autoridad fiscal. Si se tratare de personas ajenas a la autoridad fiscal se le aplicarán las sanciones que correspondan.


Artículo 82. Son responsables de la comisión de delitos fiscales:


I. Quien realice la conducta o hecho, tipificado y legalmente descrito por la Ley.


II. Los que concierten, maquinen o asesoren en la ejecución del delito.


III. Los que concreten la realización del delito.


IV. Los que efectúen conjuntamente el delito.


V. El que lleven a cabo el delito sirviéndose de otra persona como instrumento para ejecutarlo.


VI. Quienes dolosamente presten ayuda para la comisión del delito.


VII. Los que, con posterioridad a la ejecución del delito, encubran o presten auxilio, cumpliendo una promesa anterior.


VIII. Cuando la comisión del delito fiscal se efectúe por medio de persona moral, el responsable será el representante legal de ésta, independientemente de la participación que los socios tengan en la comisión del ilícito.


Artículo 83. Será responsable del encubrimiento de los delitos fiscales quien:


I. Con ánimo de dominio, lucro o uso, adquiera, traslade, reciba u oculte el producto u objeto del delito, a sabiendas de que provenía de éste, o sin tomar las debidas precauciones para cerciorarse de su legítima procedencia o que, de acuerdo a las circunstancias, debía presumir su ilegitimidad o ayude a otro para los mismos fines; o


II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad con el propósito de evadirse de la acción de la justicia, o bien oculte, altere, destruya o haga desaparecer las huellas, vestigios, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el objeto o provecho del mismo.

Artículo 84. En los procesos penales instaurados por la comisión de delitos fiscales, la acción penal se extinguirá cuando se reúnan los siguientes requisitos:


I. Se otorgue el perdón judicial, expresamente por la autoridad fiscal.


II. Que el perdón judicial se otorgue siempre y cuando el inculpado haya pagado el crédito fiscal y todas sus prestaciones, originadas por la comisión del ilícito de que se trate, o en su caso, que a juicio de la autoridad fiscal, quede debidamente garantizado el interés del erario estatal.


III. Que el perdón judicial se otorgue, antes de que se dicte sentencia.


IV. No se podrá otorgar perdón, en ningún caso, al inculpado que en un lapso de cinco años anteriores, se le haya concedido tal beneficio por la comisión de delitos fiscales.


V. Cuando el inculpado pague el impuesto omitido, las multas, recargos, gastos de ejecución y honorarios de notificación a entera satisfacción de la autoridad fiscal; bastará presentar una promoción en la que anexe el comprobante de pago, el cual reunirá las condiciones de llevar el sello de la oficina exactora y la firma o rúbrica del encargado de caja.


El perdón judicial que se otorgue por parte legítima, a uno de los inculpados, procederá a favor de los demás copartícipes o encubridores.


Artículo 85. La persona condenada por delitos fiscales gozará de los beneficios que establece el Código Penal para el Estado, siempre y cuando el sentenciado acredite que el interés fiscal ha quedado satisfecho o garantizado plenamente.


Artículo 86. Cuando en la comisión de delitos del orden fiscal intervengan o participen: auditores, notificadores, técnicos fiscales, contadores, economistas, abogados o peritos, o de alguna otra profesión y que haya colaborado, o cualquier otra persona que tenga el carácter de autoridad fiscal; independientemente de las penas que les correspondan, conforme al delito de que se trate en este Código, se les inhabilitará de sus derechos o funciones para ejercer su profesión o actividad, hasta por tres años o la privación definitiva de los mismos, a criterio del Juez, aplicando las reglas generales establecidas en el Código Penal para el Estado de Veracruz.


Artículo 87. Los servidores públicos a quienes se les atribuya la comisión de un delito fiscal, les serán suspendidos sus derechos laborales al momento en que se presente la querella correspondiente. Emitida la resolución del proceso penal que se siga en su contra, el superior jerárquico del inculpado procederá a:


a) Si resultara o resultaren inocentes, ordenar la restitución de sus derechos, sin que haya lugar al pago de salarios caídos u otras prestaciones que se hubieren generado en el período de suspensión; y


b) Si resultara culpable, ordenar el cese definitivo y turnará el expediente a la autoridad competente para que determine su inhabilitación.


Artículo 88. Se considera que hay tentativa en los delitos fiscales, cuando exista en el sujeto activo del delito intención dirigida a cometerlos y se exteriorice en un principio de ejecución o en la realización de actos que debieran producirlos, si la conducta se interrumpe o el resultado no acaece por causas ajenas a su voluntad.


Al responsable de tentativa se le sancionará con prisión de seis meses a seis años.

Si el autor del ilícito desistiere de la ejecución o impidiere la consumación del mismo, no se le impondrá sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyeran, por sí mismos, delito o hubieran causado un deterioro al patrimonio del Erario, debiéndose cubrir los daños y perjuicios ocasionados, a entera satisfacción de la autoridad fiscal.

Artículo 89. Se considerará delito continuado, cuando se ejecute con pluralidad de conductas o hechos con intención delictuosa incluso de diversa gravedad y la sanción podrá aumentarse hasta en una mitad más de la que resulte aplicable al delito de que se trate.


Artículo 90. Existe reincidencia cuando el sancionado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier Tribunal de la República, cometa otro delito que indique tendencia antisocial, excepto que se trate de un delito del orden político. La sanción privativa de libertad será la sanción que debiera imponérsele por el último delito cometido, la cual podrá aumentarse hasta en diez años más atendiendo a la peligrosidad que revista el inculpado.


Artículo 91. Para la averiguación, persecución y sanción de los delitos fiscales, el Ministerio Público y las autoridades judiciales observarán las disposiciones establecidas en el presente Capítulo, así como las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz.


Artículo 92. Las actas administrativas levantadas por las autoridades fiscales, harán prueba plena, siempre y cuando no constituyan un acto unilateral de autoridad y reúnan los siguientes requisitos:


a) Sean levantas por autoridad fiscal competente;


b) Con intervención de, por lo menos, dos testigos de asistencia;


c) Con la participación del interesado, aun cuando se niegue a firmar, debiéndose asentar el motivo o la causa que origine tal negativa;

d) Sin la participación del interesado, cuando resulte imposible su localización, debiéndose asentar las razones y circunstancias que justifiquen la ausencia;


e) Cumplan con las disposiciones de carácter laboral aplicables en razón de la naturaleza de la relación de trabajo, y


f) Cuando se lleve a cabo sin la intervención del delegado sindical, porque no haya en el lugar, o por alguna razón no se encuentre presente y no pueda aplazarse dicha diligencia; se asentará tal circunstancia.


Artículo 93. Cuando por la comisión de un delito fiscal deban asegurarse o decomisarse bienes muebles que, en el lapso de un año, no sean recogidos por quien tenga derecho a hacerlo, los mismos se adjudicarán en forma definitiva al Fisco Estatal, previa resolución judicial.


Artículo 94. Comete el delito de falsedad en materia fiscal, la persona física o moral que proporcione datos falsos o utilice sellos, documentación u otro medio de control fiscal falsificados, causando con ello perjuicio al interés fiscal, en ese caso se impondrá pena:


a) De nueve meses a tres años de prisión, a quien proporcione para su inscripción en el registro o registros estatales de contribuyentes, o bien que consientan o toleren el uso de su nombre para manifestar negociaciones ajenas originando con ello perjuicio al interés fiscal.


b) De seis meses a tres años de prisión, a quien, a sabiendas hiciere uso de un documento falso o alterado, y pretenda sorprender a la autoridad fiscal, con objeto de realizar algún trámite.


c) De dos a cuatro años de prisión, a quien a sabiendas de la falsedad que los impresos, grabados o sellos, los utilice para acreditar el cumplimiento de alguna prestación fiscal.


d) De tres a seis años de prisión, al que, a sabiendas o sin que haya tomado las medidas indispensables para cerciorarse de la legítima procedencia, haya adquirido, posea, done, ceda o enajene un vehículo de dudosa procedencia, cuya documentación sea presentada ante la autoridad fiscal con el fin de regularizar el vehículo de procedencia ilegítima, con el propósito de obtener las placas de circulación, la tarjeta de circulación o los derechos de adquisición de vehículos automotores usados; realizar, altas, bajas o pretender pagar el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, valiéndose de documentación apócrifa.


Se aumentará la sanción hasta con un año más y se impondrá multa de 31.8081 a 530.1364 Unidades de Medida y Actualización, cuando el particular dé u ofrezca dinero o dádivas a los funcionarios o servidores públicos estatales; la misma pena se aplicará a éstos últimos cuando acepten el dinero o dádiva citados.


Artículo 95. Comete el delito de falsificación fiscal la persona física que, con el fin de obtener un lucro o provecho, o para causar daño o perjuicio al erario estatal, falsifique o altere documentación oficial, se le impondrá pena:


a) De cuatro a doce años de prisión, a quien falsifique sellos, contraseñas o marcas oficiales, firmas, rúbricas en forma total o parcial, grabe o manufacture sin autorización de la autoridad fiscal, matrices, punzones, dados, clichés o negativos, semejantes a los que la propia autoridad usa para imprimir, grabar o troquelar comprobantes de pago de prestaciones fiscales u objetos que se utilicen oficialmente como medios de control fiscal.


b) De cuatro a doce años de prisión, al que imprima, grabe o troquele sin autorización de la autoridad fiscal, placas, tarjetones o comprobantes de pago de prestaciones fiscales u objetos que se utilicen como medios de control fiscal.


c) De dos a nueve años de prisión, al que altere en sus características las placas, tarjetones o comprobantes de pago de prestaciones fiscales u objetos que se utilicen oficialmente como medio de control fiscal.


d) De dos a ocho años de prisión y una multa de 31.8081 a 530.1364 Unidades de Medida y Actualización, a quien forme las cosas y objetos señalados en los incisos anteriores con los fragmentos de otros recortados o mutilados.


Artículo 96. Comete el delito de defraudación fiscal quien haga uso del engaño o aproveche el error para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución fiscal.


Se consideran conductas tendientes a la defraudación fiscal:


I. Realizar actos simulados que tengan por objeto defraudar a la Hacienda Pública del Estado;


II. Consignar en las declaraciones ingresos o utilidades menores que los realmente obtenidos, o aplicar deducciones falsas;


III. Proporcionar con falsedad a las autoridades fiscales, los datos que obren en su poder y que sean necesarios para determinar la producción, el ingreso gravable o las prestaciones fiscales que cause;


IV. Ocultar a las autoridades fiscales, total o parcialmente, la producción sujeta a impuestos o el monto de las ventas;

V. No expedir los documentos o comprobantes fiscales con los requisitos establecidos por las disposiciones aplicables para acreditar el pago de una prestación de esa naturaleza;


IV. No enterar en tiempo y forma a las autoridades fiscales, las contribuciones a cuyo pago se encuentre obligado como sujeto pasivo principal o como responsable solidario, así como las que haya retenido o recaudado de los contribuyentes por concepto de contribuciones fiscales.

VII. No llevar los registros de las operaciones contables, fiscales o sociales, conforme a las disposiciones fiscales aplicables;


VIII. Destruir, ordenar o permitir la destrucción total o parcial de los registros contables que prevengan las leyes aplicables;


IX. Certificar hechos falsos o participar en cualquier forma en actos, manifestaciones o simulaciones que tengan por objeto engañar al Fisco Estatal.

El delito de defraudación fiscal se sancionará con pena de tres meses a seis años de prisión si el monto de las contribuciones no enteradas es igual o inferior al equivalente a 1060.2728 Unidades de Medida y Actualización, y con prisión de dos a nueve años si dicho monto excede de esa cantidad. Asimismo, se impondrá una multa de 31.8081 a 530.1364 Unidades de Medida y Actualización.


Cuando no se pueda determinar la cuantía de las contribuciones no enteradas, la pena será de tres meses a nueve años de prisión. No se impondrá las sanciones previstas en este artículo si quien hubiere cometido el delito entera espontáneamente la prestación fiscal omitida.


Se tomará en cuenta el monto no enterado dentro de un mismo período fiscal, aun cuando se trate de contribuciones fiscales diferentes y de diversas acciones u omisiones.


Artículo 97. Comete el delito de ejercicio indebido de la función pública en materia fiscal, el servidor público que ordene o realice cualquier acto ilegal o deje de cumplir con los deberes de su encargo o función, en perjuicio del erario estatal, de los derechos de alguien o en beneficio propio o ajeno.



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