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Reglamento a la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad publicado en la gaceta del lunes 20 de abril de 1998. Titulo I capitulo único, disposiciones generales

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Reglamento a la Ley 7600 de

Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad


PUBLICADO EN LA GACETA DEL LUNES 20 DE ABRIL DE 1998.



TITULO I

CAPITULO ÚNICO, DISPOSICIONES GENERALES


ARTICULO 1.- Objeto

El presente reglamento de la Ley 7600 Sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, del 29 de mayo de 1996, establece  normas y procedimientos de obligatoria observancia para todas las instituciones públicas, privadas y gobiernos locales, quienes serán responsables de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad de oportunidades.  Las disposiciones que el mismo contiene se basan en los principios de equiparación de oportunidades, accesibilidad, participación y de no discriminación expresados en la Ley.


ARTICULO 2.- Planificación anual

Las instituciones públicas incluirán en sus planes anuales operativos o planes anuales de trabajo, en los períodos correspondientes a su formulación, las acciones y proyectos que garanticen el acceso a sus servicios y la igualdad de oportunidades en todas las regiones y comunidades del país.


ARTICULO 3.- Presupuesto

Las instituciones públicas incluirán el contenido presupuestario requerido para cumplir con las acciones y proyectos formulados en su Plan Anual Operativo, cuando elaboran su proyecto de presupuesto anual.


ARTICULO 4.- Inversión

Las instituciones públicas incluirán en sus programas de inversión, proyectos cuyo financiamiento requiera recursos extraordinarios no contemplados en sus presupuestos regulares o de funcionamiento.


ARTICULO 5.- Fiscalización a cargo del ente rector

El ente rector en materia de discapacidad fiscalizará que todas las instituciones del Estado, según su campo de competencia, ofrezcan las oportunidades y condiciones necesarias para el cumplimiento de todos los derechos y deberes de las personas con discapacidad.


ARTICULO 6.- Reglamentos internos

Las entidades públicas deberán revisar permanentemente, sus disposiciones reglamentarias y de funcionamiento y asegurar que no contengan medidas discriminatorias o que impidan el acceso de las personas con discapacidad a sus programas y servicios.  Toda nueva reglamentación deberá ajustarse a lo prescrito en la Ley No. 7600 Sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y al presente reglamento.


ARTICULO 7.- Obligación de publicar avisos

Todas las instituciones del Estado están obligadas a publicar en el Diario Oficial La Gaceta y de manera accesible avisos sobre la formulación de planes, políticas, programas y servicios que involucren a personas con discapacidad a efecto de que sus organizaciones, legalmente constituidas, se apersonen y ejerzan su derecho de participación.



ARTICULO 8.- Divulgación y capacitación Sobre la Igualdad de Oportunidades

Todas las instituciones del Estado deberán incluir en sus programas de divulgación, información y capacitación anuales, contenidos referentes a la Ley No. 7600 Sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.  Para ello se utilizarán los medios de comunicación internos, externos y diferentes estrategias tales como: conferencias, cursos, mesas redondas, publicaciones y otros, de manera que se garantice que la divulgación, información y capacitación alcance a la totalidad de los miembros del personal de la institución.

Para garantizar la calidad de las información, las instituciones podrán contar con la asesoría técnica del ente público rector en materia de discapacidad y la misma deberá cumplir con lo que al respecto establece el artículo 13 de la Ley 7600.


ARTICULO 9.- Organización y provisión de servicios de apoyo

Todas las instituciones públicas y privadas de servicio público, cuando no tengan un responsable específico, deberán crear un mecanismo en su estructura interna para organizar  y proveer los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridas por las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes en igualdad de oportunidades.


ARTICULO 1O.- Supervisión, Evaluación y Contralorías de Servicios

Las Contralorías de Servicio y los sistemas internos de control de las entidades públicas y privadas de servicio público supervisarán y evaluarán la prestación de los servicios de apoyo y ayudas técnicas requeridas por las personas con discapacidad. Cuando a una persona con discapacidad se le limite la igualdad de oportunidades por la omisión o no prestación de las ayudas técnicas y servicios de apoyo que requiera, podrá recurrir ante las Contralorías de Servicios y los sistemas internos de control para hacer valer sus derechos, sin perjuicio de la utilización de las instancias establecidas en el sistema jurídico estatal. El ente rector en materia de discapacidad y las organizaciones de las personas con discapacidad, asesorarán para un mejor cumplimiento de estas responsabilidades.


ARTICULO 11.-        Eliminación de la discriminación

Cualquier persona o entidad utilizará el procedimiento establecido en el artículo anterior, para solicitar la eliminación de las acciones y disposiciones que, directa o indirectamente promueven la discriminación o impiden a las personas con discapacidad tener acceso a los programas y servicios.


ARTICULO 12.-        Eliminación de mensajes

Cualquier persona o entidad podrá solicitar a los medios de comunicación eliminar la difusión de mensajes estereotipados o menospreciativos, en relación con la discapacidad sin perjuicio de recurrir a las instancias del sistema jurídico estatal.


ARTICULO 13.-        Actos discriminatorios en la información

Se considerará un acto discriminatorio el negar, omitir o distorsionar la información de un servicio que se presta sobre discapacidad o no suministrarla al interesado o su familia en forma oportuna, accesible y comprensible.


ARTICULO 14.-        Servicios de apoyo en las gestiones municipales

Las municipalidades prestarán los servicios de apoyo que requieran las personas con discapacidad, en la realización de las gestiones políticas, administrativas, comunales, cívicas, culturales y de toda índole que sean convocadas, organizadas o administradas por el gobierno local.




ARTICULO 15.-        Apoyo de las municipalidades

A efecto que las municipalidades cumplan con sus obligaciones de apoyo a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad, crearán y mantendrán bases de datos de todos los recursos humanos e institucionales de sus respectivas comunidades. Esa información estará accesible a todas las personas con discapacidad.


ARTICULO 16.-        Unidad familiar

Para preservar la unidad de la familia, prevenir la violencia doméstica y garantizar oportunidades de desarrollo y autonomía para sus miembros con discapacidad, todas las instituciones del Estado y las privadas que se beneficien de fondos públicos y que lleven a cabo programas y servicios con la familia, procurarán y proveerán los servicios de apoyo a las personas con discapacidad y a los familiares que específicamente se encarguen de ellos.


ARTICULO 17.-        Actos discriminatorios  en el desarrollo y autonomía personal

Se considerará un acto discriminatorio cuando la familia natural, la sustituta o los servicios sustitutivos del cuido familiar, a pesar de recibir o contar con servicios de apoyo e información, limiten las oportunidades de desarrollo y de autonomía a sus miembros con discapacidad.  Cualquier persona podrá denunciar ante el Juzgado de Familia o las Alcaldías Mixtas en su caso, dicho acto discriminatorio.


ARTICULO 18.-        Violencia doméstica

Los actos citados en el artículo precedente se considerarán además como violencia doméstica, cuando los actores tuvieran relación de parentesco con la persona con discapacidad, de conformidad con la Ley No. 7586 Contra la Violencia Doméstica, del 10 de abril de 1996  y sus reglamentos.


ARTICULO 19.-        Prevención y atención de la violencia intrafamiliar

El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia formulará y coordinará - en conjunto con el ente rector en materia de discapacidad - políticas para prevenir y atender los casos de violencia intrafamiliar contra personas con discapacidad.


ARTICULO 20.-        Servicios sustitutivos del cuido familiar

Las personas con discapacidad que reciben servicios sustitutivos del cuido familiar, deben participar en igualdad de condiciones en todas las actividades que se promuevan o en las que participe el servicio familiar sustitutivo.  Para garantizar su participación, la entidad responsable o supervisora del servicio sustitutivo del cuido familiar procurará y proveerá los servicios de apoyo requeridos.


ARTICULO 21.-        Uso de los servicios sustitutivos del cuido familiar

Todas las organizaciones privadas que brinden servicios sustitutivos del cuido familiar y que cuenten con financiamiento total o parcial o con el beneficio del Estado y de las municipalidades, serán accesibles a las personas con discapacidad  en riesgo social o en estado de abandono.  Estas organizaciones proveerán los servicios de apoyo requeridos.


ARTICULO 22.-        Promoción de los servicios sustitutivos del cuido familiar

El ente rector en materia de discapacidad, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, las municipalidades y demás instituciones del Estado promoverán y apoyarán la autogestión de los servicios sustitutivos no segregados del cuido familiar.




ARTICULO 23.-        Abandono de hecho

Se considerará abandono de hecho, la situación de la persona con discapacidad en donde no existen parientes inmediatos, que se encontraren en disposición o condiciones de responsabilizarse por ella y sin que medie declaratoria judicial o administrativa que así lo determine.


ARTICULO 24.-        Actos discriminatorios a la infancia y adolescencia

El Patronato Nacional de la Infancia presentará a solicitud de parte o de oficio, las acciones administrativas y judiciales correspondientes a fin de que se eliminen todos los actos y disposiciones que directa o indirectamente discriminen al niño, niña y adolescente con discapacidad del acceso a los programas y servicios que requiera.


ARTICULO 25.-        Calidad de los servicios a menores de edad

El Patronato Nacional de la Infancia y demás instituciones del Estado, según su competencia, promoverán y fiscalizarán la autogestión y calidad de los servicios de protección para niños, niñas y adolescentes con discapacidad en condición de riesgo social o estado de abandono, incluyendo todas las ayudas técnicas y servicios de apoyo que requieran para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.


ARTICULO 26.-        Servicios no segregados

El Patronato Nacional de la Infancia garantizará, promoverá y fiscalizará el desarrollo de estrategias tendientes a la ubicación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en condición de riesgo social o estado de abandono, en ambientes no segregados que faciliten su autonomía personal.


ARTICULO 27.-        Apoyo a la familia en riesgo social

El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Junta de Protección Social de San José, a través de los mecanismos correspondientes, apoyarán técnica y económicamente, hasta tanto se requiera, a las familias con uno o más miembros menores de edad con discapacidad, cuando la situación social o económica del grupo se constituya en factor de riesgo para su desarrollo y autonomía personal.  En caso de que las circunstancias anteriores afecten a las familias constituidas por adultos con discapacidad, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta de Protección Social de San José y la Caja Costarricense de Seguro Social, brindarán los apoyos arriba señalados.


ARTICULO 28.-        Representación de las personas con discapacidad en el  ente rector

Los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad ante el órgano directivo del ente rector en materia de discapacidad, serán en una proporción del 25%, de los cuales un propietario y su suplente serán padre ó madre de personas con discapacidad.

Los representantes propietarios y suplentes a la junta directiva del ente rector en materia de discapacidad, así como los miembros del Comité de Información, para lo cual no habrá impedimento de ostentar ambos cargos, serán electos por una asamblea de las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas convocada al efecto y durarán en su cargo 4 años.

El órgano responsable de hacer la convocatoria es el ente rector en materia de discapacidad en coordinación con el Comité de Información.  Una vez constituida la asamblea, ésta integrará entre los presentes un tribunal para dirigir, constatar, fiscalizar, resolver  recursos y comunicar al ente rector el resultado de la elección.

La convocatoria para la asamblea se hará en forma escrita y en diferentes medios de comunicación colectiva al menos con un mes de anticipación.  Para el caso de las personas ciegas, esta convocatoria deberá ser en tinta y en Braille.

La asamblea estará constituida en primera convocatoria por diez o más organizaciones que se hagan presentes.  En caso de no completarse el quorum, 60 minutos después se realizará la asamblea con un quorum que no podrá ser inferior al número de cargos a elegir ante el ente rector.  Se consideran organizaciones legalmente constituidas las que tienen personería jurídica y cédula jurídica vigentes.

La elección se hará mediante voto secreto y en forma nominal.  En caso de empate se realizarán sucesivas votaciones hasta lograr el desempate.

Los acuerdos del tribunal,  tendrán recurso de revocatoria ante el mismo tribunal, el cual  deberá resolver en el mismo acto.

Tendrán derecho a elegir los presidentes en ejercicio de las organizaciones de personas con discapacidad, legalmente constituidas o su representante.

Tendrá derecho a ser electo todo miembro activo de las organizaciones de las personas con discapacidad, aunque no estén presentes en la asamblea.

Durante el desarrollo de la asamblea el ente rector en materia de discapacidad debe proveer los servicios de apoyo requeridos para que la información y comunicación, sea accesible a todos los participantes.


ARTICULO 29.-        Permiso para asistir a sesiones

Las instituciones del estado, están obligadas a otorgar permiso para asistir a sesiones de la Junta Directiva del ente rector en materia de discapacidad, a sus funcionarios representantes de organizaciones de personas con discapacidad, designados para ese cargo.


ARTICULO 30.-        Organizaciones de personas con discapacidad

El ente rector en materia de discapacidad, incorporará una partida en su presupuesto anual para que el Comité que constituyan las organizaciones de personas con discapacidad, pueda cumplir con las obligaciones que señala el  inciso c) del artículo 12 de  la Ley 7600.



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