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República de Colombia

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Corte Suprema de Justicia




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS



JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

Magistrado Ponente


STP13034-2015

Radicación N° 81767

Aprobado acta N° 338


Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015)




V I S T O S






Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado de los accionantes JANDER BAQUERO VÁSQUEZ, ALIX PAOLA RODRÍGUEZ GÁMEZ, UBER ENRIQUE ROJAS PEÑALOZA, EDINSON EMIRO CALVO ANDRADE, JOSÉ LUIS NAVARRO NAVARRO, CÉSAR AUGUSTO OSPINO VIDES, LILIA ELVIRA CAMPO CASTRO, SODEIDA SILGADO GUERRA, DONELIA RIAÑO URDIALES, ELENA VARGAS CAPERA y SANTIAGO ALVARADO ÁVILA, en contra del fallo proferido el 12 de agosto de 2015 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar, mediante el cual se negó la protección para los derechos fundamentales que se afirman vulnerados por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Agustín Codazzi (Cesar) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.




I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN




Los ciudadanos JANDER BAQUERO VÁSQUEZ, ALIX PAOLA RODRÍGUEZ GÁMEZ, UBER ENRIQUE ROJAS PEÑALOZA, EDINSON EMIRO CALVO ANDRADE, JOSÉ LUIS NAVARRO NAVARRO, CÉSAR AUGUSTO OSPINO VIDES, LILIA ELVIRA CAMPO CASTRO, SODEIDA SILGADO GUERRA, DONELIA RIAÑO URDIALES, ELENA VARGAS CAPERA y SANTIAGO ALVARADO ÁVILA, promovieron mediante apoderado acción de tutela, en procura de amparo para los derechos fundamentales constitucionales al debido proceso y a elegir y ser elegido que estimaron conculcados por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Agustín Codazzi y la Registraduría Nacional del Estado Civil.




En sustento de la demanda, refirió el libelista que el Consejo Nacional Electoral mediante resolución No. 0200 del 17 de febrero de 2015, registró como representante legal del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia –AICO-, al señor ANTONIO SOSA ESCOBAR, quien en uso de sus facultades concedió el aval a los aquí accionantes para que se inscribieran como candidatos al Concejo Municipal de Agustín Codazzi.




Relató que en cumplimiento de las funciones encomendadas, el señor BAIRON CABALLERO BALLESTEROS inscribió la lista de candidatos de AICO el 30 de abril de 2015, actuación que fue aceptada por el Registrador Municipal del Estado Civil de Agustín Codazzi y con la cual se cerró el ciclo de inscripción, habida cuenta que la lista fue cargada en la plataforma de la Registraduría Nacional del Estado Civil el 1º de julio de 2015.




Aludió que ante el cambio en la directiva y representante legal del movimiento AICO, se realizó una nueva inscripción de candidatos, por lo que el 23 de julio de 2015 dicho partido político concedió el aval a varios ciudadanos encabezados por EDWARD ENRIQUE PÉREZ HINOJOSA, cuya lista sería inscrita con voto preferente para el Concejo de Agustín Codazzi, aval que reemplazó la lista anteriormente inscrita.




Agregó que en virtud de la delegación conferida, el señor ERNESTO MEJÍA FONTALVO realizó el procedimiento de inscripción ante el Registrador Municipal, actuación que a juicio del peticionario, no debió ser aceptada por cuanto la inscripción ya se había llevado a cabo con anterioridad.




Así, precisó que al aceptarse la segunda lista presentada, se dejó sin efectos la primera y, en consecuencia, dejaron de ser candidatos quienes se encontraban en aquélla, además que la segunda lista no cumple con los requisitos legales para ser admitida, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011.




En tal virtud, peticionó el libelista que en sede constitucional se ordene a las entidades accionadas, revocar el acto administrativo de trámite contenido en el formulario E-6 CO de fecha 25 de julio de 2015, que aceptó la inscripción de la segunda lista de candidatos al Concejo Municipal de Agustín Codazzi por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia –AICO- y, en consecuencia, se deje sin efectos la inscripción aludida e inadmitiéndola y/o rechazándola.




Igualmente, solicitó que en el evento de haberse agotado el término para que los candidatos ejerzan su derecho a modificar la lista al Concejo de acuerdo al calendario fijado por la ley, se conceda un lapso de tiempo igual para tal efecto.


II. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA






El Tribunal Superior de Valledupar mediante auto del 31 de julio de 2015 admitió la demanda y, dispuso, además de la notificación de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Agustín Codazzi y la Registraduría Nacional del Estado Civil, la vinculación del representante legal del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia –AICO-, del señor ERNESTO MEJÍA FONTALVO y, a través de éstos últimos, a quienes conforman la lista inscrita por el referido movimiento para el Concejo de Agustín Codazzi el 23 de julio de 2015.




La Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil acudió al trámite, alegando falta de legitimación en la causa por pasiva, luego de transcribir en extenso las normas atinentes a las funciones otorgadas a esa entidad y, afirmar que carece de competencia para tramitar y decidir asuntos relacionados con los partidos políticos, ello, en virtud de la autonomía de la cual gozan esas agrupaciones de conformidad con los artículos 6º y 7º de la Ley 134 de 1994.




En todo caso, señaló que al tenor del artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, en lo que respecta a la modificación de listas por parte de los partidos o movimientos políticos, y como consecuencia de la autonomía de la que gozan dichas agrupaciones, pueden proceder a ello antes de vencido el periodo establecido con ese fin..




Por último, explicó que en caso de inscripción de dos o más candidatos o listas, se tendrá como válida la primera inscripción, a menos que la segunda se realice expresamente como una modificación de la primera.




Similar respuesta ofreció el Registrador Municipal del Estado Civil de Agustín Codazzi, advirtiendo además que el artículo 7º de la Ley 130 de 1994, establece que cualquier ciudadano puede impugnar, dentro de los 20 días siguientes y ante el Consejo Nacional Electoral las decisiones de los partidos y movimientos políticos, cuando con éstas se transgredan sus cláusulas estatutarias, la Constitución o la ley.




Del mismo modo, adujo que la función de la Registraduría se circunscribe a exigir el respectivo aval del partido o movimiento político para la inscripción de los candidatos, por lo que deprecó su desvinculación del presente trámite.





A su turno, el apoderado de los terceros vinculados

solicitó la negativa del amparo incoado, tras precisar que lo pretendido por los accionantes es restablecer la validez de unos avales que fueron revocados de manera autónoma por la junta directiva del AICO, al considerar que se habían expedido en contravía de la ética pública y los estatutos del partido, toda vez que quien inscribió la primera lista de candidatos, lo hizo usurpando unas facultades que ya no poseía, esto es, por haberse producido desde el 7 de marzo de 2015, el cambio de representante legal del movimiento político.



III. EL FALLO IMPUGNADO





El Tribunal Superior de Valledupar negó el amparo invocado, tras precisar que los actores no han agotado las acciones ante las instancias legales correspondientes, a fin de subsanar el conflicto que se pretende dirimir por vía de tutela, como que, para tal fin cuentan los accionantes con la posibilidad de acudir al Consejo Nacional Electoral, entidad que tiene entre las funciones designadas regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos y más específicamente la de decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular (art. 265 de la Constitución Política).




Asimismo, precisó que ante la manifiesta oposición al

régimen legal que alude la parte accionante, también cuentan los actores con la revocatoria directa establecida en el artículo 93 del Código Contencioso Administrativo.




Además, advirtió que la revisión de la demanda y sus anexos, no permite apreciar las razones por las cuales el movimiento AICO procedió a desdeñar la primera lista presentada ante la Registraduría Municipal del Estado Civil de Agustín Codazzi y, a su vez, esta última entidad le otorgó validez a su inscripción, pudiéndose tratar de una situación con fundamento en la Constitución y la ley, que al ser tratada en esta oportunidad sin la claridad respectiva, podría ir en contraposición de quienes se encuentran incluidos en el listado propuesto en segunda oportunidad y causarle por tal, con la pretensión de proteger los derechos fundamentales de los accionantes, un agravio en contra de terceros en igualdad de posibilidades ante el derecho perseguido.





IV. LA IMPUGNACIÓN




El apoderado de los accionantes impugna la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior de Valledupar insistiendo en la procedencia del amparo, señalando para el efecto que contrario a lo afirmado por el juez constitucional de primer grado, la parte actora no contaba con la alternativa de acudir ante otro operador judicial para lograr el restablecimiento de sus derechos, lo que incluye la denominada vía gubernativa electoral y la revocatoria directa, por existir norma que prohíbe ésta última cuando se trate de un acto administrativo que ha creado una situación particular y concreta, por requerir autorización previa de su titular.



Con la misma orientación, manifiesta que en este caso el acto de inscripción tampoco puede ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa, por ser este de trámite o preparatorio, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional.




Adicional a lo anterior, sostiene que no se puede acudir ante el Consejo Nacional Electoral, a efectos de revocar la inscripción de candidatos, porque tal posibilidad se encuentra contemplada para eventos en los que se alegue que los candidatos se encuentran incursos en inhabilidades de tipo constitucional y legal y por doble militancia, al tenor de la resolución 0921 de 2011 que reglamentó dicho procedimiento.





V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE






De conformidad con la preceptiva del artículo 1º,

numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la sentencia de tutela adoptada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar, del cual es su superior funcional.




El procedimiento de tutela es un instrumento de raigambre constitucional, confiado a los jueces de la República, con el fin de proteger de forma inmediata los derechos fundamentales de las personas cuando la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, en los eventos previstos de manera expresa en la ley, los vulnere o amenace.





La referida acción tiene un carácter subsidiario, ello significa que procede únicamente ante la ausencia de medios de defensa judicial para la protección de las garantías o cuando el medio pertinente, previamente previsto en el ordenamiento jurídico es claramente ineficaz para la defensa de éstas, en dicho evento procede la tutela, ordinariamente como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio de carácter irremediable.





Es por ello que aceptar la intervención del juez constitucional en la órbita propia de los funcionarios a quienes el legislador ha atribuido determinadas competencias, equivale no sólo a desnaturalizar el carácter subsidiario y residual del mecanismo de amparo, sino también a atentar contra los principios constitucionales de independencia y autonomía funcionales que informan el ejercicio de la administración de justicia.





Según viene de reseñarse, la presente acción está dirigida, en esencia, a cuestionar el acto de inscripción de una lista de candidatos al Concejo Municipal de Agustín Codazzi por parte del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia -AICO-, en tanto manifiesta la parte accionante que en dicho proceso de inscripción no se cumplió con los preceptos legales (art. 32 de la Ley 1475 de 2011), es decir, estuvo rodeada de irregularidades constitutivas de vías de hecho.




Evidentemente, es clara la improcedencia de la acción de tutela propuesta con tal fin, pues el legislador tiene dispuesto otro instrumento de defensa idóneo y eficaz para obtener el pronunciamiento que los accionantes demandan en sede constitucional frente al procedimiento y decisión reprobada, porque ningún impedimento de orden legal se ofrece para que acudan ante el Consejo Nacional Electoral y presente impugnación frente a la actuación desplegada por el movimiento AICO y, que a juicio de los peticionarios, contraviene la normatividad que regula dicho procedimiento, conforme a la competencia que en esa materia le otorga el artículo 7º de la Ley 130 de 1994.





Y, en el evento de no obtener una respuesta favorable a sus intereses, la parte accionante, acorde a lo dispuesto en la Ley 1475 de 2011, también tiene a su favor las acciones -contenciosas- que le otorga la ley a efectos de constatar la legalidad de esa decisión, vías que consultan el principio de eficacia y persiguen en esencia los mismos fines que ahora se pretenden por vía del amparo excepcional, por manera que, como bien lo precisó el Tribunal, la acción de tutela no tiene cabida al carecer del requisito de subsidiariedad a que alude la jurisprudencia constitucional, pues su naturaleza no es la reemplazar los medios ordinarios de defensa al alcance de la parte accionante.





Además, en el ejercicio de las acciones contenciosas, los accionantes cuentan con la opción de solicitar, a manera de medida cautelar, la suspensión provisional del acto o actos reprobados, posibilidad que brinda el artículo 229 y ss. de la Ley 1437 de 2011 y que se funda en el principio de subsidiariedad del mecanismo de amparo.





Y es que frente a la existencia de otros mecanismos de defensa surge evidente la improcedencia de la acción, a más que resulta categórico afirmar que ausente se muestra el perjuicio irremediable porque que no se satisfacen las exigencias mínimas que a términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional (CC T-225/93 y T-197/96) -las que comparte la Sala- se requieren para su configuración, esto es, que sea inminente1, urgente2, grave e impostergable, pues la sola manifestación de mostrarse inconforme con la decisión del movimiento político de inscribir otra lista de candidatos, no habilita su permisión.





Corolario de lo expuesto, el fallo objeto de impugnación será confirmado.




En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,




R E S U E L V E




1.- CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en esta providencia.

2.- NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.


3.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.



Notifíquese y cúmplase.








JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO





FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO






NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria








1 Que amenaza o está por suceder.

2 Hay que instar o precisar su pronta resolución o remedio.



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