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Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL



Magistrada Ponente

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA



Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil trece (2013).


(Aprobado y discutido en Sala de 18 de julio de 2013)



Ref.: Exp. Nº 11001-31-03-018-2005-00488-01



Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia proferida el 13 de marzo de 2012 por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del proceso ordinario promovido por Melba Inés Rodríguez Gómez en nombre propio y en representación del menor César Augusto Cantillo Rodríguez, Julián Enrique y Aiza Fernanda Cantillo Rodríguez contra la EPS Famisanar Ltda. Cafam - Colsubsidio y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio, entidad ésta quien llamó en garantía a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Aseguradora Colseguros S.A. y Compañía Suramericana de Seguros S.A.

I.- EL LITIGIO


1.- Los actores pidieron declarar que las demandadas son responsables civilmente de todos los daños y perjuicios a ellos ocasionados por el deceso de su esposo y padre Julio Enrique Cantillo Rueda, provocado por un diagnóstico equivocado, negligencia médica y defectuosa prestación de los servicios de salud y, en consecuencia, se condenen solidariamente al pago de dicho detrimento, así: $5.000.000,oo por daño emergente; $1.307.475.000,oo como lucro cesante y 1000 salarios mínimos para cada uno de ellos a título de menoscabo moral, sumas que deberán indexarse hasta el momento de su solución, junto con los intereses a que hubiere lugar.


2.- La causa petendi admite el siguiente compendio:


a.- El señor Julio Enrique Cantillo estaba afiliado al POS como beneficiario de la señora Melba Inés Rodríguez Gómez quien se hallaba vinculada a la EPS Famisanar y a la IPS Colsubsidio.


b.- El 26 de junio de 2003 los cónyuges Cantillo Rodríguez acudieron por urgencias, al Centro Médico Colsubsidio de Ciudad Roma, debido a que Julio Enrique presentaba un fuerte dolor en la parte baja del tórax que se extendía a sus brazos, se encontraba pálido, nauseabundo, sudoroso y sin poderse hallar a sí mismo.


c.- En dicho centro de salud se le tomó la tensión y a las 10:00 a.m. de ese mismo día fue atendido por el Dr. Javier Murillo Segovia, quien por simple apreciación, sin practicar ningún examen, le diagnosticó gastritis, le prohibió tinto, cigarrillo, le formuló Omeprazol y lo remitió para valoración por Gastroenterología, consulta que le fue programada para las 2:15 de la tarde en el Centro Médico de Colsubsidio de la Calle 63.


d.- Allí, la Dra. Ebhrahim Aponte Jessenmyn, por estimar que los síntomas apuntaban más hacia una afección cardiaca que digestiva ordenó, con carácter urgente, un electrocardiograma, una endoscopia y ”SS-CK—CKMB”.


e.- El electrocardiograma le fue realizado inmediatamente, pero se fijó el 2 de julio siguiente para retirar el resultado. Respecto de los demás exámenes se le sugirió que volviera el día siguiente o cuando se le realizara la endoscopia, puesto que la toma de sangre debía ser en ayunas.


f.- Confiados en que la referida ayuda diagnóstica había salido bien, pese a que el paciente continuaba quejándose del mismo dolor, los nombrados cónyuges regresaron a su casa y no acudieron nuevamente al servicio médico por estimar que previamente debían hacerse los análisis dispuestos.


g. El día siguiente, esto es, el 27 de junio hacia las 4:50 de la tarde, cuando la señora Melba Inés llegó a su hogar, encontró a su consorte con una apariencia extraña por lo que llamó a Famisanar, Colsubsidio y otras instituciones para conseguir el servicio de ambulancia, sin lograrlo, y a las 5:00 de la tarde aquel falleció. Como desconocía la causa de su deceso, acudió ante la Fiscalía General de la Nación para que levantaran el cadáver y se estableciera la razón del óbito, dictaminándose infarto cardiaco.


h.- El sábado 28 de junio hacia las 10:00 a.m., se comunicaron de Colsubsidio con Lucila de Rodríguez manifestándosele que requerían urgentemente al señor Julio Enrique Cantillo “porque el Electrocardiograma había salido malo, ella les contestó que ya para que (sic) si había muerto”.


i.- El 2 de julio de la misma anualidad, Melba Inés y su hermana Luz Haydeé Rodríguez Gómez se acercaron a Colsubsidio de la Calle 63 con el fin de reclamar los resultados del electrocardiograma, pero se les informó que no se les podía entregar porque carecía de la correspondiente lectura y el encargado volvía “el lunes 7 de julio”. No obstante lo anterior, lograron hablar con un cardiólogo de apellido Bueno quien les dijo que: “en realidad hubo culpa de acá por cuanto no se leyó el examen a tiempo, su esposo al momento de tomársele el examen venía con un infarto intenso y debían haberlo hospitalizado”.


j.- El médico que atendió al paciente por urgencias no se basó en ningún examen para diagnosticar la sintomatología que presentaba y a pesar de que luego se practicaron algunos que servían para establecer el infarto, la negligencia de quienes intervinieron, no obstante ser prioritario, impidió que se leyera a tiempo y se determinara la gravedad de la afección, por lo cual murió.


k.- Julio Enrique Cantillo era egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia en 1985 y aunque no se había graduado era una persona brillante, que trabajaba en forma independiente como asesor y consultor de diferentes abogados que acudían a él por sus conocimientos, recibiendo como remuneración un promedio mensual de $7.000.000,oo.


l.- El fallecido contrajo matrimonio con Melba Inés Rodríguez, de cuya unión nacieron 3 hijos, todos estudiantes, Julián Enrique de 22 años, en la Escuela Colombiana de Ingeniería; Aiza Fernanda de 19 años, de la Pontificia Universidad Javeriana y César Augusto de 16 años, de bachillerato, quien sufre de microcefalia, lo que le exige terapias y educación especializada con un costo mensual de $480.000,oo.


ll.- El difunto contribuía con los gastos del hogar en un 75%.


m.- La cónyuge y descendientes de Julio Enrique se afectaron moralmente, por lo que debieron acudir a tratamiento psicológico para poder soportar la tragedia de la intempestiva muerte de su esposo y padre.


3.- La Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, luego de ser notificada de esta acción, se pronunció respecto de cada uno de los hechos base del petitum, aceptando como ciertos algunos, negando otros y señalando que no le constan unos más; así mismo propuso las defensas de “ausencia de responsabilidad, inexistencia de nexo causal; inexistencia de daño, culpa exclusiva de la víctima; ausencia de perjuicios y prescripción y/o caducidad”, basadas en que la responsabilidad no es suya, sino del paciente, pues el manejo médico de aquella se basó en las evidencias clínicas, las conductas fueron las aconsejadas por las buenas prácticas en salud de acuerdo con los motivos de consulta, enfermedad actual, examen físico y antecedentes, en tanto que éste abandonó las instalaciones en donde estaba siendo atendido, sin justa causa, ni orden médica expresa, al confiar que el electro había salido bien y que las cosas no estaban graves, lo que se erige en culpa exclusiva de la víctima, mayor aún, cuando en lugar de acudir a un centro de urgencias, lo hizo a uno de asistencia médica prioritaria.


Así mismo, llamó en garantía a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Aseguradora Colseguros S.A. y Compañía Suramericana de Seguros S.A., a las dos últimas en razón del convenio celebrado con ellas amparando la responsabilidad civil profesional médica en un 30% y 20%, respectivamente y en cuanto a la primera de las citadas por virtud del reaseguro, con una cobertura del 50%.


Royal and Sun Alliance y Suramericana de Seguros S.A., dijeron que en cuanto a los hechos, se allanaban a la contestación de la demanda efectuada por Colsubsidio, se opusieron al petitum y propusieron las defensas de “límite asegurado y deducible; cláusula de coaseguro; inexistencia de culpa de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar ‘Colsubsidio’ y la innominada”.


Por su parte, Aseguradora Colseguros S.A., luego de pronunciarse sobre cada uno de los supuestos fácticos del libelo genitor y de indicar que es equivocado el proceso al haberse presentado como responsabilidad civil extracontractual cuando es contractual, formuló frente al mismo los medios exceptivos que denominó “perjuicios morales mal tasados; los perjuicios reclamados por lucro cesante no reúnen los requisitos exigidos; los daños deben ser ciertos no eventuales; la presunción de daños no opera en tratándose de daños materiales” y, respecto del llamamiento en garantía, planteó las de “límites derivados de las condiciones generales y particulares de la póliza y de la ley; ausencia de responsabilidad del asegurador” y la “excepción común”.


Igualmente, la demandada EPS Famisanar Ltda., se opuso a lo pedido, se pronunció sobre los sucesos planteados, frente a los cuales admitió unos, desconoció otros y de algunos pidió su acreditación; además propuso las excepciones de “Inexistencia de responsabilidad contractual; inexistencia de responsabilidad extracontractual de la EPS debido a que no existe conducta culposa, ni nexo causal entre el hecho y el daño debido a culpa exclusiva de los familiares de la víctima; ausencia de perjuicios” y “la genérica”, fundadas en que la EPS cumplió con todas las obligaciones derivadas de la relación contractual mientras el usuario estuvo afiliado, las cuales eran de medio, no de resultado, fue diligente dado que emitió las autorizaciones médicas correspondientes y prestó el servicio oportunamente, lo que aunado a la culpa de la víctima derivada del abandono que hizo de la institución antes de la lectura del electrocardiograma y no solicitar en las ventanillas los test complementarios para su realización (enzimas cardiacas), desvirtúa el nexo causal entre la conducta de esa entidad y el presunto daño sufrido por los accionantes.


4.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de esta ciudad, al que le correspondió definir este asunto en primera instancia, finiquitó la causa mediante providencia denegatoria de las pretensiones, pues a su juicio, el extremo actor no satisfizo la carga probatoria que le era propia, toda vez que no acreditó la negligencia o descuido en la atención suministrada por los distintos médicos, ni que el tratamiento ofrecido hubiera sido el desencadenante del fallecimiento del señor Julio Enrique Cantillo Rueda (fls. 442, 444 y 450).


La precitada determinación fue apelada y surtido el procedimiento de rigor, el Superior la confirmó sin condenar en costas, debido al amparo de pobreza brindado a los demandantes.


II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO


1.- El Tribunal, después de resumir lo que fue el trámite del litigio, sintetizar la sentencia apelada y precisar los motivos de la alzada, concluyó en la ausencia de “nexo causal entre el deceso del señor Julio Enrique Cantillo Rueda y los consecuentes daños materiales y morales reclamados por los actores y la actuación de los galenos que obraron a nombre de las entidades demandadas”.


2.- Para arribar al anterior aserto, empezó por señalar como presupuestos de la responsabilidad contractual, la demostración del convenio celebrado inter partes, el incumplimiento del mismo por parte del demandado cuando le sea imputable, el daño causado al acreedor y la relación de causalidad entre aquel y la culpa del deudor.


Puntualizó así mismo, que la responsabilidad en esta clase de obligaciones encuentra su fundamento en el concepto de culpa probada, por lo que “el médico responderá cuando cometa un error científico objetivamente injustificable para un profesional de su categoría o clase”; esto es, cuando el comportamiento a él exigido ha sido determinante del perjuicio causado, de manera que “el reproche a la actividad médica sólo tendría prosperidad cuando en el cumplimiento de la prestación el galeno se sustrae de la observancia debida a la diligencia y reglas de conducta impuestas por su arte o profesión”.

Citó jurisprudencia de esta Sala relativa a la responsabilidad derivada del acto médico, los deberes surgidos de la prestación del servicio de salud, la distribución de la carga probatoria y la demostración de la relación causal entre el comportamiento endilgado y el daño padecido por la víctima.


Se ocupó luego de analizar los medios de persuasión, señalando que los testimonios no acreditaban la negligencia, impericia o imprudencia de los galenos que atendieron al esposo y padre de los accionantes, dado que los relatos de Ligia Villamizar Berbesi, Paulina Espinosa Machado, Imelda Garzón Sandoval, Ana Elena García Gutiérrez, Alfredo Onzaga Cavanzo y Colombia Nicholls Arias, solo revelaban la condición económica, laboral, académica y familiar del mismo, “pero en ningún momento ofrecen convicción en torno a la mala praxis médica que se le enrostra a las demandadas…”.


Que en cambio, el dictamen pericial rendido ante la jurisdicción penal por una profesional especializada forense, delegada del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de cuya competencia y conocimientos en esa área no es dable dudar, así como las específicas consideraciones que de la historia clínica y con estudios de apoyo realizó en el presente asunto, aunados al esquema utilizado, valiéndose de bibliografía e información disponible para emitir sus juicios, hacen del dictamen una prueba idónea para aportar al convencimiento del fallador, máxime cuando fue debidamente incorporado como prueba trasladada.

Destaca que en él se examinaron las particularidades del caso y por tanto estimó que la afección del señor Julio Enrique Cantillo Rueda, por la cual consultó, no permitía sospechar un evento coronario, por su edad y por no encontrarse dentro del primer grupo de riesgo, así como que tampoco presentó antecedentes médicos de importancia en su historia clínica (…) [y] que el diagnóstico de patología de tipo gástrico que emitió el médico que [lo] atendió inicialmente (…), a la par de las órdenes impartidas con relación al antiácido, la endoscopia y las recomendaciones dadas, tenían una fuente lógica, en tanto por las condiciones del paciente, se podía sospechar la presencia de una enfermedad ácido péptica.


Agrega que como según la experta, el deceso de aquel fue consecuencia de una miocarditis aguda infecciosa inespecífica, patología de difícil diagnóstico, puesto que en un 50% de los casos se camufla entre la sintomatología de otras múltiples enfermedades, podía concluirse que si bien el real estado de salud de aquel, para cuando llegó al Centro Médico Colsubsidio Ciudad Roma, no era imposible auscultar, sí era demasiado difícil de determinar, por llevar consigo una sintomatología que lleva al galeno a incurrir en un diagnóstico, que no puede calificarse como errado, en tanto se ajustaba a la apariencia de la patología que podía presentar el paciente (…) y aunque no era la real que lo llevó a la muerte, esa eventualidad se escapa de la competencia del médico tratante lo que denota, que no hubo un error científico objetivo del profesional de la salud, pues no obstante que dirigió todos sus conocimientos a salvaguardar la vida del paciente, no fue posible, por lo que no podía endilgársele culpa alguna.


Concluyó entonces, que en el tratamiento del fallecido, no existió un obrar negligente o imprudente del médico, más bien se procedió con observancia y acatamiento de la lex artis, destacando que la entidad demandada adquirió como obligación, mejorar sus condiciones físicas, pero no de garantizarle un resultado de restablecimiento óptimo de su estado de salud.



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