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En relación con lo anterior, refiérase, entre otros, a los siguientes aspectos:
  1. Sistemas de contratación con licitación pública y sin licitación pública.


  • Tipos de procedimientos de contratación


Ahora bien, en cuanto a los tipos de procedimientos, encontramos en primer término la licitación pública (artículo 27 LCA), cuya aplicación habrá de determinarse, en lo referente a la cuantía, de acuerdo al monto del presupuesto de cada administración, por lo que se hayan regulados una serie de estratos o “bandas”, de acuerdo a dicho monto, de tal suerte que es a partir de una determinada suma de cierta consideración que resulta obligatorio seguir las formalidades de la licitación pública.53


De conformidad con lo dispuesto en esa misma norma, la Contraloría General de la República se encarga de elaborar y enviar una lista con el nombre de cada administración y el monto de su presupuesto autorizado para respaldar la contratación de bienes y servicios no personales, con el fin de que se publique en el Diario Oficial a más tardar en la segunda quincena de febrero de cada año. Para establecer dicho monto, se considera el promedio de las sumas presupuestadas en el período vigente y en los dos períodos anteriores, en lo relativo a las partidas para respaldar las necesidades de contratar bienes y servicios no personales.

        Las sumas establecidas se ajustan cada año, tomando como referencia, entre otros, la variación porcentual del índice general de precios al consumidor. A más tardar en la segunda quincena de febrero de cada año, la Contraloría General de la República dicta una resolución que incorpora los incrementos y especifica los parámetros vigentes para cada órgano y cada ente comprendidos en dicha Ley.

Dentro de la estructura mínima del procedimiento de licitación pública, se contempla, entre otros, la preparación del pliego de condiciones (denominado ordinariamente como cartel), con las condiciones generales y las especificaciones técnicas, financieras y de calidad requeridas, el cual contendrá las bases para calificar y comparar las ofertas; el desarrollo de un sistema de evaluación de ofertas; la publicación, en el Diario Oficial, del aviso de licitación que invita a participar, así como de las modificaciones del cartel y del acto de adjudicación; la publicidad de todos los trámites del procedimiento y el acceso a todos los estudios técnicos preparados por la Administración o para ella; la posibilidad de objetar el cartel cuando considere que se viola alguno de los principios generales de contratación; la motivación del acto de adjudicación, y la posibilidad de recurrirlo, en los términos de esa ley (artículo 42).


Otro elemento importante es que los derechos y las obligaciones del contratista no pueden cederse sin la autorización previa y expresa de la Administración contratante, por medio de un acto debidamente razonado. Asimismo, cuando la cesión corresponda a más de un cincuenta por ciento del objeto del contrato, se requiere autorización de la Contraloría General, y en ningún caso la cesión puede otorgarse en contra del régimen de prohibición ya explicado (artículo 36).


Por otra parte, se prevé que la Administración no puede fragmentar sus adquisiciones de bienes y servicios con el propósito de variar el procedimiento de contratación. Esto tiende a evitar que se acumulen indebidamente contrataciones directas por escasa cuantía con el fin de menoscabar la publicidad y más libre participación que se protege con el procedimiento de licitación (artículo 37).


También se introduce con la nueva reforma la licitación abreviada, que viene a sustituir y a unificar los anteriores procedimientos de licitación por registro y licitación abreviada (y que todavía estamos a la fecha aplicando). Atendiendo a que estos dos últimos han sido los procedimientos utilizados y que se reflejan en las estadísticas que más adelante se incorporan, valga explicar someramente que en la licitación por registro se invita a participar a todos los proveedores del bien o servicio inscritos en el registro correspondiente, y se ha regido, en lo no previsto, por las pautas establecidas para la licitación pública, en la medida en que sean compatibles con su naturaleza. Por su parte, en la licitación restringida se debe invitar, por lo menos, a cinco proveedores acreditados en el registro respectivo.


La citada licitación abreviada es el procedimiento aplicable a contrataciones de menos envergadura económica que la fijada para la licitación pública, de conformidad con la tabla de montos que contiene el artículo 27. En este caso debe invitarse a un mínimo de cinco proveedores del bien o servicio, acreditados en el registro correspondiente, y si el número de proveedores inscritos en inferior cinco, la Administración deberá cursar invitación mediante la publicación en el Diario Oficial. Igual que en el sistema anterior, todas las disposiciones ya mencionadas para la licitación pública serán de aplicación supletoria para este supuesto, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.


Asimismo, también se encuentra previsto el procedimiento de remate, que puede utilizarse para vender o arrendar bienes, muebles o inmuebles, cuando resulte el medio más apropiado para satisfacer los intereses de la Administración (artículo 49).


Por otra parte, tenemos que el artículo 51 prevé otras modalidades de contratación, autorizando a la Administración a incorporar, entre los procedimientos, las modalidades de precalificación, la adjudicación por subasta a la baja y la licitación con financiamiento.



  • Algunas figuras de fondo para contratos del Estado

Una vez vistos los diferentes tipos de procedimientos concursales que existen en el ordenamiento, conviene referirse brevemente a algunas modalidades de contratación que pueden ser utilizadas, aplicando el tipo de procedimiento que corresponda. Así, tenemos que el numeral 55 de la LCA regula los tipos abiertos, de tal suerte que no se excluye la posibilidad para la Administración de definir, reglamentariamente, cualquier otro tipo contractual que contribuya a satisfacer el interés general, siempre dentro del marco general y los procedimientos ordinarios fijados en esta ley, lo cual le confiere una conveniente flexibilidad y margen de adaptabilidad al marco normativo, sin obviar los controles y garantías previstas en la ley.

Los Reglamentos que se emitan para tales efectos deberán ser consultados previamente a la Contraloría General de la República, a fin de que esta elabore las recomendaciones que estime procedentes, en relación con los aspectos de su competencia, aunque se emitirán sin carácter vinculante.


Por su parte, los contratos de suministros de bienes y contratación de servicios también deben ser tramitados según el tipo de procedimiento (licitación pública o abreviada, o contratación directa) que corresponda, de acuerdo al monto estimado (artículos 63 y 64). Valga señalar que se prevé expresamente que la contratación de servicios técnicos o profesionales no originará relación de empleo público entre la Administración y el contratista, salvo en el caso de los servicios profesionales con sueldo fijo (artículo 65). En este último supuesto, se autoriza a las entidades públicas para que, utilizando su régimen ordinario de nombramiento de funcionarios, contraten, con sueldo fijo, a los profesionales que requieran para formalizar las operaciones, los avalúos, los peritajes, la atención de diligencias judiciales y administrativas o cualquier otro tipo de intervención profesional relacionada con los servicios que brindan (artículo 67). Para estos casos se establece que las condiciones personales, profesionales o empresariales de los participantes determinarán la adjudicación, de tal manera que el precio no constituirá el único factor determinante para comparar las ofertas.


Por último, puede mencionarse que para la enajenación de bienes inmuebles se debe acudir al procedimiento de licitación pública o al remate, según convenga al interés público (artículo 68). Asimismo, para la adquisición de bienes inmuebles, la Administración también debe acudir a la licitación pública, salvo que use las facultades de expropiación o compra directa. En efecto, puede adquirir por compra directa, previa autorización de la Contraloría General, el inmueble que, por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta (artículo 71).


También por licitación pública debe otorgarse la concesión de instalaciones públicas (artículo 72) para que otras personas, físicas o jurídicas, presten servicios complementarios (por ejemplo, venta de comidas y refrescos, de especies fiscales, de fotocopiado, etc.)


De igual forma, se encuentra regulada la concesión de gestión de servicios públicos, para aquellos servicios de competencia de la Administración que, por su contenido económico, sean susceptibles de explotación empresarial, que desde luego no puede ser utilizada cuando la prestación del servicio implique el ejercicio de potestades de imperio o actos de autoridad; y la Administración siempre conserva los poderes de supervisión e intervención necesarios para garantizar la buena marcha de los servicios públicos (artículo 74).


Por su parte, se establece que para el arrendamiento de inmuebles o de equipo deberá acudirse al procedimiento de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según corresponda, de acuerdo con el monto del negocio (artículos 76 y 78).


Por último, conviene mencionar que en casos de urgencia y para evitar lesiones al interés público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas, se puede prescindir de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación, e incluso crear procedimientos sustitutivos. Sin embargo, en estos supuestos, para el control y la fiscalización correspondiente, la Administración está obligada a solicitar, previamente, a la Contraloría General de la República, la autorización para utilizar este mecanismo (artículo 80), la que puede otorgarse incluso de manera verbal, si fuera del caso.



  • Excepciones a los procedimientos concursales (contratación directa)

En el numeral 2° de la LCA y el capítulo IX del respectivo reglamento se encuentran regulados todos los supuestos excluidos de los procedimientos de concurso previstos en la ley. Dichas excepciones están referidas a los siguientes casos:


  • La actividad ordinaria de la Administración.

Este supuesto es entendido como el suministro directo al usuario o destinatario final de los servicios o las prestaciones establecidas, legal o reglamentariamente, dentro de sus fines.


Sobre este supuesto se ha señalado que comprende la actividad de la Administración que, por su constante y frecuente tráfico y su relación inmediata con los usuarios resulta claramente incompatible con los procedimientos concursales. A modo de ejemplo, la actividad ordinaria de la institución que en Costa Rica tiene bajo un régimen de monopolio los servicios de telecomunicaciones (Instituto Costarricense de Electricidad) consiste en la venta de servicios de telefonía a los usuarios; la del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la prestación del servicio de agua potable a la población; o del Instituto Nacional de Seguros, la venta de contratos de seguro a los clientes.


Es importante aclarar que se trata de una excepción que se interpreta restrictivamente, y desde luego no puede amparar la adquisición de todos los bienes y servicios que la institución requiere para prestar el servicio (es decir, cuando cumplen una relación de medios), los cuales deben ser licitados.54 Valga aclarar que cuando los servicios son prestados directamente por la Administración puede conceptuarse como parte de su actividad ordinaria, pero en el tanto exista interés por su traslado a particulares, su contratación debe efectuarse por medio de los procedimientos ordinarios de concurso (por ejemplo, si un gobierno local contrata a una empresa privada para que brinde en la comunidad los servicios de recolección de basura, o bien el Instituto Nacional de Seguros contrata a firmas comercializadoras de contratos de seguro).


  • Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho público internacional.


  • La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público (los denominados contratos interadministrativos)


  • La escasa cuantía del negocio.

Para este caso, tomando en cuenta que una significativa cantidad de contrataciones se realizan por esta vía, es importante mencionar que la propia normativa en su nuevo texto establece que en este supuesto la administración cursará invitación por lo menos a tres potenciales proveedores idóneos, si existen, y adjudicará a la oferta de menor precio, sin perjuicio de que se valoren otros factores que se estimen relevantes, lo cual deberá definirse en la invitación.


  • Proveedor único.

En este supuesto, la Administración está obligada a acreditar que solamente una persona o empresa está en condiciones de suministrar el bien o brindar el servicio, sin que existan en el mercado alternativas que puedan considerarse idóneas para satisfacer la necesidad institucional, de ahí que deba determinarse que la opción propuesta es la única apropiada y no sólo la más conveniente. El reglamento55 señala expresamente que dentro de este supuesto se encuentra la compra de artículos que son producidos por una sola empresa en razón de una patente de invención, y la compra de repuestos genuinos, pero que si hay varios distribuidores de partes o repuestos el concurso se hará entre ellos.


También resulta importante mencionar que se contempla que en los casos de contrataciones sujetas a prórrogas, de previo a convenir una de ellas, la Administración se encuentra obligada a estudiar el mercado para determinar si han surgido nuevas opciones idóneas, en cuyo caso han de adoptarse las medidas oportunas tendientes a iniciar el procedimiento concursal que corresponda.


  • Razones especiales de seguridad (seguridades calificadas).

Se trata de aquellos casos en que para elaborar las ofertas se requeriría revelar información calificada y confidencial. En todo caso, la Administración debe acreditar que el precio reconocido es razonable, con relación a prestaciones similares o en función de las aplicaciones y la tecnología.

  • Urgencia apremiante.

  • Compras realizadas con fondos de “caja chica”.

  • Las contrataciones que se realizan para la construcción, la instalación o la provisión de oficinas o servicios en el exterior.

  • Las actividades que resultan excluidas, de acuerdo con la ley o los instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica.

  • Bienes o servicios artísticos o intelectuales.

  • Medios de comunicación social. Se refiere a la contratación para la difusión de mensajes relacionados con la gestión institucional. Valga señalar que la contratación de agencias de publicidad deberá realizarse por los medios de contratación ordinarios.

  • Suscripciones y compra de material bibliográfico.

  • Servicios de capacitación.

Cubre únicamente los supuestos de capacitación abierta, entendida como aquella en la que se hace invitación al público en general y no es programa en atención a las necesidades puntuales de una Administración, y en la cual se justifique su necesidad en función del cumplimiento de los fines institucionales. Por lo anterior, las necesidades de capacitación específicas de cada entidad y que requieren de una contratación para esos fines deberán concursarse atendiendo a la estimación que se haga, a excepción del supuesto en que la empresa y el instructor sean extranjeros, idóneos y por su especialidad, se considera fuera de competencia, en cuyo caso podrá hacerse de manera directa.

  • Atención urgente de gestiones judiciales.

Se permite cuando hay una necesidad pronta e impostergable de atender determinada gestión judicial, desde luego en caso de que no se cuente con abogados de planta idóneos para la tramitación del asunto.

  • Reparaciones indeterminadas.

Se trata de los supuestos en que para determinar los alcances de la reparación sea necesario el desarme de la maquinaria, equipos o vehículos. También se habilita a la Administración a efectos de realizar una precalificación de talleres para atender esta necesidad.

  • Interés manifiesto de colaborar con la Administración

Para esos casos debe ser evidente el afán de ayuda desinteresada a la Administración y la ausencia de ánimo de lucrar con la respectiva operación. Para esos efectos, el precio fijado por el particular debe resultar inferior al valor real mínimo de mercado en un 30% o más.

  • Arrendamiento o compra de bienes únicos

  • Situaciones imprevisibles.

En este caso debe estar afectada o amenazada gravemente la continuidad de los servicios públicos esenciales.

  • Arrendamiento de vehículos de los funcionarios.

  • Servicios de arbitraje o conciliación

  • Compra de combustible en estaciones de servicio

  • Patrocinios

  • Asesoría a auditorías internas

  • Construcción y mantenimiento de infraestructura

  • Las actividades que, mediante resolución motivada, autorice la Contraloría General de la República, cuando existan suficientes motivos de interés público.

También puede autorizar sistemas de precalificación alternativos a los procedimientos ordinarios.



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