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Identificación de los criterios para la selección de contratistas (por ejemplo: precio; calidad; y calificación técnica)

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Identificación de los criterios para la selección de contratistas (por ejemplo: precio; calidad; y calificación técnica).

Sobre esta materia, el inciso c) del artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa, dentro de la estructura mínima que debe seguir el procedimiento de licitación, establece que el cartel debe desarrollar un sistema de evaluación de ofertas, orientado a que la administración escoja la oferta que satisfaga mejor el interés público.

Asimismo, obliga a la administración a motivar en el expediente la incorporación al sistema de evaluación de otros factores de calificación adicionales al precio, tales como plazo y calidad, entre otros, que en principio deberán regularse en cláusulas de requisitos de cumplimiento obligatorio.

Por su parte, el nuevo reglamento (artículo 55) señala puntualmente que el cartel debe establecer un sistema de evaluación que deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor.

Asimismo, que la Administración podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. Además, se establece que no podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.

También se prevé la posibilidad de utilizar otras modalidades para elegir al contratista, tales como un sistema de selección de dos fases, en el cual una vez analizado el cumplimiento de los aspectos técnicos, legales y financieros, se pasará luego a una segunda etapa en la que se valorará la parte económica. También se prevé que en aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas de desempate, y en caso de que aquél persista, definirá la suerte.

Por su parte, la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, del mismo modo, establece que el cartel de la licitación deberá contener los requisitos financieros, técnicos y legales que se valorarán en la calificación de las ofertas y la metodología que se empleará. (artículo 24)

Sobre este aspecto existe profusa jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República, la cual ha señalado que los principios constitucionales de legalidad y transparencia, ligados al de seguridad jurídica y eficiencia, brindan un amplio y suficiente fundamento constitucional para poder disponer en cada concurso o procedimiento de contratación administrativa, en el respectivo cartel, de un sistema de evaluación que facilite la revisión o fiscalización de la decisión y constituye su fundamento.

En ese sentido, señala el Órgano Contralor que lo que se pretende es que “en lo fundamental la Administración determine los parámetros de evaluación en la fase de preparación del cartel, con anterioridad al estudio de las ofertas y selección del adjudicatario. Es en ese momento cuando la Administración debe seleccionar los parámetros de evaluación más apropiados en función del objeto, conferirles un peso específico o porcentaje en la calificación total y finalmente, seleccionar el método de evaluación más objetivo para ponderar cada factor.”

Continuando con ese razonamiento, ha señalado la Contraloría que “podemos afirmar que con el mecanismo de valoración de propuestas que instaura la Ley de Contratación Administrativa vigente, el sistema de selección del contratista para a ser un aspecto reglado, en cuanto a que todos los eventuales participantes deben conocer previamente qué aspectos determinan la selección de la oferta más conveniente, dejando de ser así una decisión discrecional de la Administración.”

Bajo estos importantes postulados, cualquier oferente que estime que el correspondiente pliego de condiciones en un concurso no contempla un sistema de evaluación que cumpla con las características señaladas, puede objetar el cartel por la correspondiente vía recursiva.

Igualmente, si el acto de adjudicación ha sido dictado por la Administración apartándose o manipulando los parámetros objetivos establecidos en el cartel para la evaluación de las ofertas, puede recurrir esa decisión a fin de que se revise la aplicación del sistema de evaluación.

  1. Recursos de impugnación.

  • Recurso de objeción al cartel (pliego de condiciones)

La LCA prevé que contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada cabrá recurso de objeción, el cual se interpondrá ante la Contraloría General de la República en los casos de licitación pública, y en los demás casos ante la administración contratante (artículo 81). Este recurso debe resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación (artículo 83).

  • Recurso de apelación en contra del acto de adjudicación

En contra del acto de adjudicación, cabe el recurso de apelación en los contratos de montos mayores, según el establecimiento de límites (estratos) que se contempla en el artículo 84 de la LCA.

         El recurso de apelación, debidamente fundamentado, se interpone ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación, en los casos de licitación pública. Cuando se trata de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos por personas físicas o jurídicas privadas que gestionan recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° de la ley, el recurso debe presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto de adjudicación.

        Los montos de apelación que la norma establece son ajustados de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 27, es decir, tomando como referencia , entre otros, la variación porcentual del Índice general de precios al consumidor.

El recurso debe plantearse debidamente fundamentado (artículo 88), y es sometido a un examen de admisibilidad previo (artículo 86). En los casos de licitaciones públicas, el recurso de apelación debe ser resuelto dentro de los cuarenta días hábiles siguientes al auto inicial, y en los casos de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos por sujetos privados que administren fondos públicos, el plazo para resolver el recurso es de treinta días hábiles (artículo 89).


  • Revocatoria

Cuando, por el monto, no procede el recurso de apelación ante la Contraloría General, puede solicitarse la revocatoria del acto de adjudicación ante la misma institución que dictó el acto, dentro de los cinco días hábiles siguientes al día en que se comunicó.

Sin embargo, cuando el jerarca del órgano o ente no haya adoptado el acto de adjudicación, el interesado podrá tramitar su recurso como apelación ante el jerarca respectivo (artículo 91). La Administración debe resolver dentro del plazo de los quince días hábiles, y la correspondiente resolución también da por agotada la vía administrativa.


  • Impugnación en sede judicial

La resolución final o el auto que ponga término al recurso da por agotada la vía administrativa, y dentro de los tres días posteriores a la comunicación, el interesado puede impugnar el acto final, sin efectos suspensivos, ante el Tribunal Superior Contencioso-Administrativo, por medio de un proceso especial. Si la contratación cuya adjudicación se impugna ha sido ejecutada o se encuentra en curso de ejecución, la sentencia favorable al accionante solo puede reconocer el pago de los daños y perjuicios causados (artículo 90).


  1. b) En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se han obtenido, incluyendo los datos estadísticos disponibles (por ejemplo: porcentaje de contratos adjudicados por licitación pública; y sanciones impuestas a contratistas).

Como ya quedó explicado, por medio del SIAC se pueden consultar los registros de información correspondiente a los módulos de Procedimientos de Contratación; Recursos de Objeción, Revocatoria y Apelación; Aprobación Interna y Refrendo de Contratos; Solicitudes de Autorización de Contratación Directa; y Consultas, Reportes e Informes de la Actividad Contractual. Igualmente, en el sistema Compra RED se puede obtener información actualizada acerca de todo el movimiento en materia contractual de la Administración Central.

Por otra parte, la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa lleva información de carácter estadístico acerca de los procesos de adquisición de bienes y servicios de todas las instituciones de la Administración Central, la cual se encuentra disponible en el Portal del Ministerio de Hacienda (www.hacienda.go.cr)61, donde se puede encontrar la siguiente información estadística:

Total de compras por Ministerio (años 2003, 2004 y 2005)

Principales 10 proveedores (años 2003, 2004 y 2005)

Tipo de trámite realizado por los Ministerios (años 2003, 2004 y 2005 y primer trimestre del 2006)

En cuanto a esta información, a modo de síntesis puede mencionarse que durante los años 2004 y 2005 los datos estadísticos arrojan los siguientes resultados finales:




Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa



Contrataciones por Ministerio






Enero 2004 a Diciembre 2004




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIOS


CD

LI

LP

LR

LT

Total

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Presidencia de la República

 

312

0

1

4

3

320

4.42

5

Ministerio de la Presidencia

 

218

0

0

2

3

223

3.08

6

Ministerio de Gobernación

 

324

0

0

2

3

329

4.54


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