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Republica de costa rica respuesta al cuestionario mesicic / oea – 2da ronda noviembre de 2006

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El Ministerio Público, por su parte proporciona la siguiente información que comprende de enero hasta el 1 de noviembre del 2006, y se refiere a las causas que han sido recibidas por esa dependencia por los supuestos actos de corrupción que se analizan en este aparte y ascienden a la suma de 540 casos, incluye tanto los delitos tipificados en el Código Penal, como los establecidos de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Los gráficos se muestran de manera tal que los delitos denunciados con mayor incidencia se indican en el primer recuadro.





























































Resultado de las denuncias presentadas durante el 2006 ante el Ministerio Público.





























c) En caso de que no se encuentren tipificados como delitos los actos de corrupción aludidos anteriormente, indique brevemente si su país esta desarrollando algunas acciones para hacerlo.

Tal y como se ha venido exponiendo líneas atrás, la República de Costa Rica si cuenta con un marco jurídico adecuado que contempla como delitos los actos de corrupción en análisis. Consecuentemente como se indicó en los acápites anteriores, el país está comprometido en la defensa de valores y principios, que deben operar eficazmente en la lucha para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; de tal suerte que se suscribió e incorporó al derecho interno la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante Ley 7670 del 17 de abril de 1997, adquiriendo el compromiso de crear, mantener y fortalecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Convención. En consonancia, con lo anterior, promulgó la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422, y su Reglamentación.

En este momento resulta prematuro referirnos a la verdadera efectividad de esta Ley, debido a que su aplicación es de reciente data. No obstante, se considera un logro importante, pues se adapta a la política criminal y social que requiere nuestro país.



2. Aplicación de la Convención a otros actos de corrupción no contemplados en la misma, en virtud de lo previsto en su artículo VI.2

a) ¿Ha acordado su Estado con otro u otros Estados Parte aplicar la Convención en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella, en virtud de lo previsto en su artículo VI.2? En caso afirmativo, describa brevemente los respectivos acuerdos o convenios y adjunte copia de los documentos en los que están contenidos.

b) En caso de que haya respondido afirmativamente a la respuesta anterior, mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de los respectivos acuerdos o convenios, suministrando la información pertinente de la que disponga su país en la que se fundamenten tales resultados, tales como procesos judiciales en curso y sus resultados, referida en lo posible a los últimos cinco años.



En virtud de que la República de Costa Rica no ha acordado de mutuo acuerdo entre dos o más Estados Partes, aplicar la Convención en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella, se omite respuesta en cuanto a los puntos a) y b) de este apartado.











SECCIÓN II

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA





INFORME DE AVANCE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMUALDAS EN LA PRIMERA RONDA.



De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, se informa sobre los avances registrados en la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe adoptado por el Comité en el marco de la Primera Ronda, estableciéndose al formato establecido, transcribiendo la sugerencia y de seguido indicando las medidas o avances realizados para cumplir con tal fin.





1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTICULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)



a) Considerar la posibilidad de incluir, en un solo conjunto de normas un régimen en materia de conflicto de intereses, que se aplique a la generalidad de los funcionarios públicos, el cual permita tanto a los servidores públicos como a los administrados o usuarios conocer con exactitud sus deberes y derechos y superar la disparidad existente. Ello, sin detrimento de los regímenes dirigidos a sectores específicos que por su especificidad pueden requerir un tratamiento especializado o el establecimiento de normas más restrictivas.




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