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Republica de costa rica respuesta al cuestionario mesicic / oea – 2da ronda noviembre de 2006

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Republica de costa rica respuesta al cuestionario mesicic / oea – 2da ronda noviembre de 2006





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h) Fortalecer aquellos existentes o implementar programas de capacitación a servidores públicos sobre normas y previsiones relativas a la aplicación del sistema de declaración de bienes, activos y pasivos, así como diseñar e implantar mecanismos de difusión de dicho sistema entre los servidores públicos obligados a su cumplimiento, a fin de asegurar el cabal conocimiento de la normativa vigente.



Avance realizado: h.2 Con los programas de capacitación por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República sobre la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito dirigido tanto a funcionarios públicos como a particulares, se desarrolla por parte de expositores de alto nivel, aspectos tales como conflicto de intereses, incompatibilidades, denuncia ciudadana, confidencialidad del denunciante y régimen de declaraciones juradas patrimoniales, activos y pasivos para funcionarios públicos. Estos programas son de acceso a toda la sociedad civil y están a su disposición por medio de las páginas web: www.cgr.go.cr y www.pgr.go.cr, ambas en el ícono de capacitaciones.



i) Realizar mayores esfuerzos para optimizar y perfeccionar el grado de cumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales de ingresos, activos y pasivos, por parte de servidores públicos legalmente obligados a hacerlo, considerando para ello realizar los ajustes normativos o de otra índole que fuesen necesarios.



Avance realizado: i.2 Como se ha hecho referencia en los puntos arriba desarrollados, con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito y su Reglamento se ha subsanado las lagunas o defectos en cuanto a las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos se refiere. Además de los dictámenes y pronunciamientos de Contraloría General de la República competencia exclusiva que han venido perfilando y ajustando el marco normativo.



3. ORGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACION CON LAS DISPOSICIONES SELLECCIONADAS (ARTICULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCIÓN)

La República de Costa Rica ha considerado la aplicabilidad y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer órganos de control superior que desarrollan funciones en relación con el efectivo cumplimiento de las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en el marco de la primera ronda (Art. III, párrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convención), de acuerdo con lo dicho en el aparte 3 del capítulo II de este informe.

Teniendo en cuenta las consideraciones expresadas en dicho aparte, el Comité sugiere que la República de Costa Rica considere las siguientes recomendaciones:

3.1 Fortalecer la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética Pública, la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio Público como órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control; dotándolos de los recursos necesarios para el cabal desempeño de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo; y estableciendo mecanismos que permitan la efectiva coordinación institucional de sus acciones, cuando corresponda, y una continua evaluación y seguimiento de las mismas.

Avance realizados 3.1. Se aprobó un importante incremento en el presupuesto del periodo 2004- 2005 del Ministerio Público, concretamente para la Fiscalía especializada en la investigación de delitos de corrupción, así como en La Procuraduría General de la República para el área de ética pública con la finalidad de brindar más recursos humanos para realizar labores de prevención, detección y combate de la corrupción. Este sin dejar de lado la creación del Departamento de denuncias y declaraciones de la Contraloría General de la República.

Por otro lado se está trabajando en el Proyecto llamado Convenio Interinstitucional de Cooperación y asistencia recíproca entre CGR, PGR y MP. El Ministerio Público, Contraloría Genera de la República y la Procuraduría General de la República como órganos de control superior, con el objetivo de unir y coordinar esfuerzos para combatir la corrupción han ideado realizar una alianza interinstitucional para abordar de manera conjunta delitos de corrupción que afecten a la Administración Pública.



3.2 Reunir información relacionada con las funciones que desempeñan los órganos de control superior tendientes a establecer mecanismos de evaluación en este tema.



Avance realizado: 3.2 Periódicamente los jerarcas de las instituciones de control superior, Contralora General, Procuradora General y Fiscal General de la República se reúnen, variando la sede en cada una de las instituciones para evaluar el trabajo que se realiza. Lo anterior permite un abordamiento conjunto de casos con características especiales, principalmente, en lo referente al tema de corrupción; ver en este sentido lo indicado en el punto a.2 de este informe.

En forma adicional le corresponde a la Contraloría General ejercer fiscalización en materia de corrupción y enriquecimiento ilícito, con fundamento en la información rendida por los declarantes; es decir, la información declarada por los funcionarios públicos debe ser analizada para establecer inconsistencias o “alertas” sobre posibles actos de corrupción que puedan deparar enriquecimiento ilícito, lo cual es precisamente el objetivo de la Ley. En este campo, la Contraloría General ha realizado importantes esfuerzos tendientes a “digitalizar” las declaraciones juradas a efecto de incorporar la información en una base de datos que permita automatizar los procesos de auditoría; sin embargo, esta labor está en proceso, principalmente por las limitaciones existentes en este momento –jurídicas y técnicas- para incorporar la llamada firma digital.


No obstante lo anterior, en el presente año se realizó un primer estudio sobre la “calidad de la información declarada”, sobre una muestra de 95 declarantes, y se detectaron inconsistencias en 61 casos. Actualmente, se está en el proceso de analizar la información referente a estos declarantes para establecer procedimientos de investigación más profundos tendientes a verificar eventuales casos de “enriquecimiento ilícito”. Para la realización de estos procesos de investigación, la Contraloría General en el presente año conformó un equipo de 6 funcionarios con experiencia en materia penal, a efecto de dar valor agregado a los productos que se generen como resultado de estos procesos, de manera que éstos tengan mayor impacto en sede penal.



4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO II)



La República de Costa Rica ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, de acuerdo con lo dicho en el aparte 4 del capítulo II de este informe.

En vista de los comentarios formulados en dicho aparte, el Comité sugiere que la República de Costa Rica considere las siguientes recomendaciones:



4.1 Mecanismos de participación en general

De acuerdo con la metodología adoptada por el Comité, en la presente sección no se consideraron recomendaciones.



4.2 Mecanismos para el acceso a la información

4.2.1 Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública. para cumplir con esta recomendación, la República de Costa Rica podría considerar las siguientes medidas:

a) Asegurar, a través de programas de capacitación y actualización, que los funcionarios públicos tengan conocimiento y puedan aplicar, debida y oportunamente, las normas y disposiciones que protegen el acceso a la información pública y conozcan las consecuencias, tanto para la Administración como para el propio servidor público, cuando injustificadamente niegue ese acceso.

Avances realizados a.4.2.1: La Constitución Política de Costa Rica establece en el artículo 11 que los funcionarios públicos son simples depositarios de la Ley a la que están obligados a observarla y La Administración Pública en sentido amplio, está sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, por su parte el artículo 30 indica que: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público”, salvo los secretos de Estado. Igualmente, el artículo 48 del mismo cuerpo legal, establece el recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de otros derechos consagrados Constitucionalmente.

Esta normativa reafirma el principio de acceso a la información y la obligación por parte de los funcionarios de brindarla, además se ha capacitado a los empleados públicos por medio de seminarios impartidos por la Procuraduría General de la República denominado “La posición jurídica del administrado frente a la administración”, dirigido a más de 300 funcionarios de la Administración central, sector descentralizado y Municipalidades. Las charlas se centran en el tema del derecho del ciudadano a tener acceso a la información pública, su objeto, sus límites, garantías y protección. Además en el mes de mayo del 2005 se brindó capacitación a 61 funcionarios públicos que desempeñan sus labores en las Contralorías de Servicios, por medio del taller denominado “Rediseño de procesos y simplificación de trámites”, fortaleciendo los temas aludidos.

También la Defensoría de los Habitantes ha impartido capacitaciones diversas en las que se desarrollan contenidos sobre los derechos y deberes de los funcionarios públicos, donde se incorporan aspectos de la Ley General de la Administración Pública, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito, Ley de Protección al ciudadano contra el Exceso de Trámites Administrativos y Ley de Control Interno.

b) Contemplar la conveniencia de integrar y sistematizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones que garantizan el acceso a la información pública.

Avance realizado: b.4.2.1 En la Asamblea Legislativa se encuentra en estudio de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Proyecto “Ley de Transparencia y de acceso a la información pública”, expediente legislativo N° 16198. Este proyecto tiene como finalidad regular el mecanismo de acceso a la información pública, así como aspectos relacionados, de tal forma que garantice el efectivo ejercicio de ese derecho fundamental, fomentando la transparencia en la tramitación de los asuntos públicos y la rendición de cuentas.

c) Continuar fortaleciendo, tanto la creación como la labor, de las Contralorías de Servicios, dotándolas de recursos humanos, técnicos y financieros y divulgando el sistema y los servicios que ofrecen, según lo sugiere un estudio, que al efecto realizó el país

Durante el último año y medio, los diferentes esfuerzos para fortalecer las Contralorías de Servicio han permitido una mayor coordinación con el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), esfuerzos que ya están dando resultados, entre ellos cabe destacar:

El haber logrado un diálogo permanente con todos los responsables de estas Contralorías; la ejecución de actividades de capacitación en materia de calidad y servicio al cliente, rediseño de procesos y simplificación de trámites, control interno, entre otras;, que están directamente vinculados con el conocimiento del quehacer institucional y la experiencia acumulada, en materias directamente relacionadas con el tipo de servicio que brindan y para el cumplimiento de sus objetivos, además de que ha sido una de las necesidades prioritarias planteadas, para el desarrollo de actividades.


De las Contralorías evaluadas, un 57.5%, afirma haber recibido capacitación en temas dirigidos a mejorar la gestión institucional entre ellos, rediseño de procesos y simplificación de trámites, gestión institucional, aplicación de indicadores, aspectos legales; así como en temas dirigidos a mejorar la atención a los clientes, como: calidad y servicio al cliente, atención a personas con discapacidad, atención a personas de la tercera edad, lenguaje de señas LESCO, entre otros.


Otro de los logros alcanzados es la aplicación de la metodología elaborada por la Secretaría Técnica de Servicios de Contraloría del MIDEPLAN, para la presentación de los Informes de Labores, la cual se está utilizando a partir del primer semestre del año 2004 y cuyo principal objetivo es convertirlo en un instrumento de evaluación y seguimiento de su gestión, que permita definir políticas y lineamientos en materia de fortalecimiento de las Contralorías de Servicios.


El establecimiento de una Base de Datos a partir de los Informes de Labores y la realización de la Primera Feria Nacional de Contralorías de Servicios en junio 2005, en la Plaza de la Cultura, que contó con la participación de 32 instituciones que en sus propios stands, explicaron al público sobre su principales servicios, el acceso a las mismos, y el papel de la Contraloría de Servicios, evacuando dudas y repartiendo material complementario y la elaboración y presentación a la Asamblea Legislativa del Proyecto de Ley de Creación de las Contralorías de Servicios.


En este último aspecto, se debe mencionar el interés que se logró generar en los Jerarcas para presentar el Proyecto de Ley, como una forma de fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. Se logró en este proceso, la respuesta de casi un 90% de las convocatorias que se realizaron a las Contralorías de Servicios para participar en la elaboración del mismo, y se estableció una relación estrecha con la Asociación de Contralores de Servicios, que favoreció el intercambio de opiniones y la retroalimentación en algunos temas.


De acuerdo con lo anterior, quedó claro también, que si bien la iniciativa del proyecto fue un logro, el fortalecimiento de las Contralorías de Servicios, no dependería exclusivamente de la misma, sino de una clara y decidida voluntad política, de apoyo, de asignación de recursos, de profesionalización y especialización en la toma de decisiones, lo que permitirá posicionar a las Contralorías de Servicios, y fortalecer la Secretaría Técnica en el MIDEPLAN.

El cuadro que se indica a continuación explica claramente el fortalecimiento de las Contralorías de Servicio, del que se extrae que en el año de 1997 había un total de 53, para un aumento considerable de 74 para el año 2006, lo que representa un incremento aproximado al 45%


EVOLUCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS

(1997 a agosto 2006)


SECTOR

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Intersectoriales

5

7

8

8

6

10

8

9

10

11

Agropecuario

6

5

5

5

5

7

7

7

7

7

Economía y Comercio

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

Finanzas y Crédito Público (Incluye los Bancos )

7

6

8

8

6

6

7

7

7

7

Recursos Naturales, Energía y Minas

7

8

10

10

10

10

8

8

8

8

Transportes y Obras Públicas

3

4

4

4

5

3

3

4

5

5

Cultura

1

1

1

1

1

*

*

-

-


Educación

3

6

6

6

6

6

6

6

8

8

Salud


13

4-19*

4-19*

4-93*

4-92*

4-94*

4-112*

4-98*

5-98*


5

Trabajo y Seguridad Social

4

5

5

5

3

3

3

3

3

3

Vivienda y Asentamientos Humanos

2

2

3

3

3

3

2

3

3

3

Municipalidades


-

-

4

5

8

9

9

10

11

11

Poder Judicial


-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Tribunal Supremo de Elecciones

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

ARESEP

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Defensoría de los Habitantes de la República

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1


TOTAL

53

51

61

62

61

66

63

67

73


74












(Fuente: Diagnóstico del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios 2005, Secretaría Técnica de Servicios de Contraloría del Ministerio de Planificación. (MIDEPLAN) ).



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