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Republica de costa rica respuesta al cuestionario mesicic / oea – 2da ronda noviembre de 2006

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Republica de costa rica respuesta al cuestionario mesicic / oea – 2da ronda noviembre de 2006





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tiene como principal finalidad, procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores. En este sentido la Universidad no es una simple institución de enseñanza (la enseñanza ya fue definida como libertad fundamental en nuestro voto número 3559-92), pues a ella corresponde la función compleja, integrante de su naturaleza, de realizar y profundizar la investigación científica, cultivar las artes y las letras en su máxima expresión, analizar y criticar, con objetividad, conocimiento y racionalidad elevados, la realidad social, cultural, política y económica de su pueblo y el mundo, proponer soluciones a los grandes problemas y por ello en el caso de los países subdesarrollados, o poco desarrollados, como el nuestro, servir de impulsora a ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles (espiritual, científico y material), contribuyendo con esa labor a la realización efectiva de los valores fundamentales de la identidad costarricense, que pueden resumirse, según se dijo en el voto que se acaba de citar, en los de la democracia, el Estado Social de Derecho, la dignidad esencial del ser humano y el "sistema de libertad", además de la paz (artículo 12 de la Constitución Política), y la Justicia (41 ídem); en síntesis, para esos propósitos es creada, sin perjuicio de las especialidades o materias que se le asignen, y nada menos que eso se espera y exige de ella. La anterior conceptuación no persigue agotar la totalidad de los elementos, pero de su contenido esencialmente se deduce -y es lo que se entiende que quiso y plasmó el Constituyente en la Ley Fundamental- que la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese, su gran cometido". La negrilla no es del original.

La autonomía cumple una finalidad específica: se otorga a efecto de que la Universidad cumpla su cometido en forma independiente. Un cometido que consiste en la actividad académica, la investigación y la acción social y cultural. La Universidad es autónoma en los campos relacionados con estos aspectos. Cabe afirmar que la autonomía no es sino una garantía constitucional en función de las finalidades de la Universidad. La Universidad es una entidad formadora y transmisora de cultura y conocimiento, propulsora de los más altos valores científicos y artísticos y ente investigativo por excelencia, susceptible de crear e intensificar el conocimiento. Y es en razón de estos fines que la Constitución ha considerado indispensable dotar a la Universidad de la garantía de autonomía, que le posibilita dictar las políticas dirigidas a la persecución de esas finalidades, dotarse de la organización que permita concretizarlas y auto-administrarse.

La Universidad goza también de autonomía administrativa. Una autonomía que garantiza el ejercicio de la función administrativa necesaria para el desarrollo de la competencia material del ente. Comprende el dictar los actos jurídicos y materiales necesarios para el cumplimiento de los cometidos públicos. Empero, debe resultar evidente que la autonomía administrativa se ejerce conforme al ordenamiento jurídico. Corresponde al legislador determinar las reglas que regulan el accionar administrativo, con lo que se concretiza el principio de legalidad que necesariamente se aplica a las universidades en razón del artículo 11 de la Carta Política. La potestad de autoadministrarse no significa que el ente pueda decidir libremente cómo se administra, cuál es el régimen de contratación administrativa, a qué se sujeta ni cómo administra los recursos que le son asignados. Significa, por el contrario, que puede ejercer determinados poderes (contratar o realizar actos jurídicos como nombramientos, por ejemplo) destinados al manejo de sus recursos, pero realizarlos con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento. Gestión de recursos que supone la titularidad de un patrimonio propio y ante todo la facultad de disponer, dentro del marco jurídico, de dicho patrimonio. Podría incluso decirse que si existe un ámbito en que el legislador puede legislar, artículo 88 de la Constitución, es el referido a la actividad administrativa, actividad de carácter instrumental, aún cuando a veces se tienda a considerarla como sustancial.”


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 Entre los más representativos decretos y acuerdos pueden citarse: para la contratación de obras públicas de 21 de diciembre de 1889, para la compra de suministros (14 de mayo de 1910), el establecimiento del monto superior a quinientos colones para la observancia de la licitación pública (19 de mayo de 1924), reformado en 1931 para establecer la licitación privada para montos inferiores a doscientos colones y la pública para sumas mayores a ese monto (22 de mayo de 1931). Posteriormente en 1951 se promulgó la antigua Ley de Administración Financiera de la República, a partir de la cual para regular esencialmente el procedimiento licitatorio se dictó el Reglamento General de Contratación Administrativa, en el año 1973.


47 Sobre el particular, resulta importante retomar lo plasmado en las discusiones de la Asamblea Constituyente en torno a lo que sería la redacción que finalmente se aprobó para el artículo 182 de la Carta Fundamental, y para ello nos permitimos hacer la siguiente trascripción:


"Se discutió luego el siguiente artículo de los mismos proponentes: "La ejecución o reparación de obras públicas, las compras que ejecuten con fondos del Estado, de las Municipalidades o de las instituciones autónomas y la venta o arrendamiento de los bienes pertenecientes a los mismos, se harán, tratándose de obras u operaciones cuyo valor señala la ley, mediante licitación pública. La ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adquisición."

El Licenciado ORTIZ observó que el artículo no era lo suficientemente claro. Por ejemplo, la reparación de un edificio de la Administración, que podría llevarse a cabo por el Taller de Obras Públicas, ¿deberá sacarse a licitación pública? ¿A cuáles reparaciones se refiere el artículo? En muchas ocasiones el Estado puede construir obras, locales escolares, reparar edificios, acudiendo a sus propios organismos. De mantenerse la moción tal como está, todas estas obras tendrían que hacerse mediante licitación pública. No está claro tampoco lo referente a Municipalidades e instituciones autónomas.

El diputado CHACON JINESTA expresó que por experiencia reconoce que no siempre el sistema de licitaciones públicas produce los mejores beneficios. Si bien se trata de un sano principio, en la práctica las licitaciones no dan los buenos resultados que se espera. Lo más conveniente sería no decir nada al respecto en la Constitución.

El señor CASTRO SIBAJA manifestó que aun el mismo compañero Chacón reconoce la bondad del principio ¿Por qué entonces oponerse a consignarlo en la Constitución? Es necesario llevar ese principio al texto constitucional para que no vuelvan a ocurrir los llamados "contratos sin licitación" del régimen pasado, que tanto criticara la Oposición.

El señor ARIAS manifestó que el sistema de licitaciones era conveniente.

El Diputado CHACON JINESTA de nuevo intervino en el debate, para indicar que en muchos casos las licitaciones privadas daban mejores resultados que las públicas. La fórmula en debate cierra la puerta a esa posibilidad.

El Diputado CASTRO SIBAJA manifestó que el compañero Chacón tenía razón. Sugirió luego la siguiente fórmula para que el artículo en debate se redacte así: "Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebran el Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamiento de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo."

Sometida a votación la moción anterior, que fue acogida por los proponentes, fue aprobada."(Acta de la Asamblea Constituyente, Nº 164, artículo 2º, tomo III, p. 447.)



48 Sobre este punto, resulta ilustrativo retomar en lo conducente la sentencia de ese Tribunal Nº 2001-2660 de las 15:24 horas del 4 de abril del 2001, cuyas consideraciones explican:

IV. Sobre el fondo. El régimen del artículo 182 de la Constitución Política. El planteamiento fundamental de la acción sostiene que la intención de llevar al texto constitucional el procedimiento de licitación, fue el de asegurar que todas las compras de bienes y servicios que haga el Estado se realicen mediante un procedimiento de concurso, y de ello deduce –aunque admite que deben existir otras posibilidades- que la contratación directa no está autorizada constitucionalmente. Una apreciación de esa naturaleza se basa en una lectura formalista y literal del texto del referido artículo 182, que no es admisible a la luz de los principios que informan el régimen constitucional en esta materia, así como la satisfacción del interés público en la prestación de los servicios por parte del Estado, posición que ya ha sido desarrollada por esta Sala en numerosos antecedentes jurisprudenciales.

(...)

V.- La contratación directa como excepción de los procedimientos concursales formales. Teniendo presente lo dicho en el considerando anterior, en el sentido de que los principios derivados del artículo 182 constitucional son aplicables a toda la actividad contractual de la Administración, procede hacer referencia a la contratación directa como una de las excepciones al procedimiento de licitación. Así, en sentencia N° 5947-98 de las catorce horas treinta y dos minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y ocho se expresó:

"III.- DE LAS EXCEPCIONES A LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS. Como se indicó anteriormente, el principio general que rige la contratación administrativa es el que obliga a que la misma se verifique mediante el procedimiento de la licitación pública, y sólo a manera de excepción a esta regla, es que puede justificarse la utilización de los procedimientos de contratación privada, entendiendo por tales la licitación por registro y la restringida, y la contratación directa, procedimientos que se encuentran regulados en las disposiciones de la Ley de la Contratación Administrativa. Son éstas situaciones expresamente regladas y que resultan acordes con el marco constitucional (principios y control de la contratación administrativa) comentado en el considerando anterior, y que han sido reiteradamente reconocidos por la jurisprudencia constitucional, en tanto, se limita la licitación privada a contrataciones menores; y en cuanto la contratación directa, es una excepción a la licitación en tanto encuentra su fundamentación precisamente en el orden público e interés general que debe satisfacer la Administración Pública, ya que procede únicamente en determinadas circunstancias muy calificadas, en las que resulta imposible para el ente contratante convocar a licitación pública, bajo seria amenaza de ver comprometido el interés público. Se trata de situaciones especiales en las cuales el uso de los procedimientos concursales ordinarios, y más específicamente el de la licitación pública, más bien implicarían un serio entorpecimiento en el cumplimiento del fin público encomendado a la Administración Pública, donde el cumplimiento "per se" de exigencias legales más bien podría traducirse en serias alteraciones al orden institucional establecido en la propia Constitución Política. Situaciones como la adquisición de bienes para la atención de una emergencia o urgencia apremiante, cuando exista un único proveedor en el mercado, cuando se trate de servicios conceptualizados como "actividad ordinaria" de la institución contratante, o de negociaciones en las que se requieran especiales medidas de seguridad y que se encuentran establecidas precisamente en el artículo 2 de la Ley de la Contratación Administrativa, sin que esta afirmación constituya una valoración constitucional de cada uno de los supuestos establecidos en esta disposición, los que deberán ser analizados en su oportunidad. En virtud de lo anterior cabe concluir que efectivamente es posible establecer excepciones a los trámites ordinarios establecidos en la Ley de la Contratación Administrativa derivada del artículo 182 constitucional siempre y cuando se respete el marco constitucional (principios y control), y que resulte razonable y proporcional a los fines de la contratación ". (énfasis agregado)

Por su parte, resulta importante lo dicho en la resolución N° 6754-98 de las quince horas treinta y seis minutos del veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, como criterio orientador en cuanto a los límites en la utilización de esta vía de excepción:

"Debe aclararse que la contratación directa no implica la posibilidad de que la Administración contrate de cualquier manera y hasta en forma arbitraria –según su parecer o antojo-, sino que el procedimiento para hacerlo debe ajustarse y respetar los criterios generales que delimitan la validez en su actuación, tal y como se dispone en el artículo 75.2 del Reglamento General de la Contratación Administrativa (...)

De los antecedentes jurisprudenciales citados hasta aquí ha quedado suficientemente claro que el régimen constitucional establece como regla de principio el procedimiento concursal formal, es decir, la licitación, como el mecanismo idóneo para garantizar la más amplia participación de los proveedores en condiciones que permitan a la Administración seleccionar la mejor oferta del mercado, en aras de la más sana administración de los fondos públicos y el principio de eficiencia. En segundo término, que es constitucionalmente válido que se establezcan en el ordenamiento calificadas excepciones a este régimen, que por sus especiales condiciones determinan que la realización de este tipo de concursos sea abiertamente incompatible con la consecución del fin público. En consecuencia, y en tanto esta Sala ya se ha pronunciado expresamente en el sentido de que dentro de esas excepciones se encuentra la contratación directa, la discusión se circunscribe a dilucidar el punto de la validez de los términos en que el ordenamiento legal y reglamentario la ha regulado, propiamente en orden a la posibilidad de que la Contraloría pueda autorizar a la Administración a recurrir a esta vía con fundamento en determinados motivos de interés público.

VI. Reserva de ley en materia de excepción al procedimiento de licitación y facultades de la Contraloría General de la República. Según la tesis del accionante, todas las posibles excepciones en que la Administración está facultada para recurrir a la contratación directa deben estar contempladas expresamente en la ley, de modo que resulta inadmisible desde el punto de vista constitucional que se confiera a la Contraloría General de la República la posibilidad de autorizar este tipo de contratación en casos particulares no previstos por el ordenamiento. La Procuraduría General respalda esta tesis, al considerar que cuando el artículo 182 de la Constitución establece que las contrataciones del Estado "se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo", establece una reserva de ley que implica que todas las excepciones que, por interés público, sean incompatibles con el procedimiento de licitación y por consiguiente resulta admisible recurrir a la contratación directa, deben estar taxativa y expresamente contempladas en la legislación sobre la materia. En ese sentido, afirma que se trata de un vicio particularmente grave en tanto no existe parámetro alguno para determinar cómo esa autoridad va a establecer los casos de excepción, y que las facultades para autorizar no deben confundirse con la potestad de regular. Señala que la indeterminación de la norma es absoluta, y sobre ello el accionante sostiene que se trata de una potestad ad infinitum, abierta, que permite al órgano contralor actuar bajo su más libre criterio, lo que violenta el régimen constitucional en materia de contratación administrativa, cuyos principios se ven desvirtuados con el establecimiento de un portillo de esa naturaleza. A juicio de esta Sala, existen una serie de elementos que no pueden dejarse de lado en el análisis de la validez constitucional de las normas cuestionadas. En primer término, no puede partirse de un análisis simplista o formal, pues la contratación administrativa es una materia sumamente compleja que se desenvuelve en un entorno de cambios constantes, muchas veces con un ritmo vertiginoso. En efecto, el proceso de adquisición de bienes y servicios está inmerso y a la vez determinado por las condiciones y reglas del mercado, cuyas variables difícilmente pueden aprehenderse en la rigidez de una norma. Por esa razón, y tomando en cuenta que, como bien señaló la Procuraduría, los procedimientos de contratación tienen un carácter instrumental de frente a la satisfacción de los intereses públicos, nunca podrían verse convertidos en un fin en sí mismo, sino que deben conservar su naturaleza de simples medios para la consecución del fin superior. Bajo este razonamiento, cabe preguntarse entonces si es factible prever en un cuerpo normativo todos los posible motivos de excepción que en determinado momento pudieran requerir de un procedimiento como la contratación directa. La función de un tribunal constitucional, al que se le encomienda la labor de descubrir, aclarar y declarar el significado del ordenamiento primario del Estado, no puede desentenderse del entorno, y, en este caso, de las realidades y problemas que puede enfrentar el Estado en su actividad contractual. Esa perspectiva, claro está, debe guardar en justo equilibrio con la preservación y defensa de la supremacía Constitucional. De ahí que en esta difícil tarea de extraer el sentido lógico y espíritu de las normas constitucionales, éstas deben ser situadas en su contexto, pues de otra forma podrían llegar a convertirse en disposiciones de un carácter muy limitado o inoperante, de poca actualidad y que puede incluso llegar a impedir la satisfacción del interés público que debe perseguir el Estado. Volviendo al caso concreto, estima este Tribunal que en materia de las posibles excepciones que pueden ser incompatibles con los procesos concursales formales, difícilmente pueden ser previstas con un grado absoluto de taxatividad, como se pretende en la acción. Sin embargo, es también cierto que esa circunstancia no debe en modo alguno propiciar la violación al régimen consagrado en el artículo 182, permitiendo que la Administración en forma antojadiza se excepcione de éste aduciendo cualquier justificación. Como ya se vio, la jurisprudencia de este Tribunal se ha referido a la contratación directa como una forma contractual constitucionalmente válida, señalando que este régimen de excepción debe estar regulado en la legislación ordinaria sobre la materia, sea la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. En este sentido, es claro que es la ley la que debe establecer bajo qué condiciones la Administración puede excepcionarse de los procedimiento de concurso, como en efecto lo hace el artículo 2° de la actual Ley de Contratación Administrativa. Se contemplan en dicha norma hipótesis como la actividad ordinaria de la Administración –caso al que ya se han referido varias sentencias de esta Sala-, los acuerdos celebrados con otros Estados, entre sujetos de derecho público, proveedor único, escasa cuantía, razones de seguridad, urgencia apremiante, compras con fondos de caja chica, contrataciones para construcción o provisión de oficinas en el exterior, actividades excluidas de acuerdo con la ley o los instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica.(...)"

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 En efecto, la Contraloría General de la República ha venido sosteniendo que si bien en la contratación directa por escasa cuantía no son aplicables todas las formalidades de los procedimientos licitatorios, sí debe conservarse la esencia del concurso, en respeto de los principios sobre la materia y la correcta satisfacción del interés público. De ahí que se exige que la Administración promovente solicite al menos tres cotizaciones que permitan hacer una comparación y asegurar la mejor selección del concontratante, de lo cual se debe dejar expresa constancia en el expediente que al efecto se levante. El criterio señalado expresa:


V.-Selección del contratista, en contrataciones directas, en razón de la cuantía del negocio: En cuanto al mecanismo de selección del contratista, en contrataciones directas, a que alude el artículo 79.4.8. del Reglamento General y de la obligación de consultar el registro, como expresamos antes, la Administración está en la obligación de instaurar un mecanismo que asegure de manera transparente el principio de igualdad, de frente a todos aquellos que hayan manifestado su interés en contratar. En la contratación directa, si bien en razón de la menor cuantía del negocio, se justifica la observancia de menos formalidades, es menester que en el expediente abierto al efecto, la Administración deje debidamente acreditado que negoció en la forma que le resulte más beneficiosa y, en tal caso, entendemos que la práctica administrativa de solicitar al menos tres cotizaciones en este tipo de negocios, no sólo se justifica sino que se impone como un deber nacido de la obligación de procurar una correcta administración de los fondos públicos. De las ofertas hechas llegar, debe la Administración seleccionar aquella que resulte más conveniente, de acuerdo con los parámetros que se hayan definido al efecto y, en ausencia de éstos, el acuerdo será fundamentado en el factor preponderante y primordial, que está constituido por el precio del bien o servicio de que se trate. (oficio Nº 14803 del 21 de noviembre de 1996, DGCA-1555-96)

Asimismo, en este punto adquiere particular importancia el desarrollo que del tema de la contratación directa la Contraloría externó en el oficio Nº 107 del 7 de enero de 1998 (Nº DGCA-21-98), que en lo conducente señala:

"En otro orden de ideas, en la contratación directa por escasa cuantía, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 28.4. del Reglamento General de Contratación Administrativa, de manera que no es lícito sobrepasar los montos que taxativamente hayan sido dispuestos como límites. Mediante nuestro oficio Nº7895 (DGCA-828-97) de 30 de junio de 1997, este Despacho externó criterio sobre el particular e indicó en lo que interesa:


No obstante el carácter excepcional del procedimiento de contratación directa, en su tramitación resulta posible utilizarla en razón del monto estimado del negocio de que se trate, se deben observar los principios que resulten aplicables, así como los requisitos previos, los controles y régimen de prohibiciones que la ley prevé. Sin embargo, en otros aspectos, entre ellos lo relacionado con la aplicación del artículo 28.4., la interpretación que se haga sobre su posible aplicación a este procedimiento de excepción, debe ser restrictiva, de manera que, en criterio de este Despacho, la aplicación de la norma referida no es posible llevarla al campo de la contratación directa.”


En ese mismo oficio Nº 7895/97, este Despacho abordó el tema del agrupamiento de renglones —en tratándose de una contratación directa en que se alegue escasa cuantía—debiendo agruparse todos aquellos que son dependientes entre sí o unos accesorios de los otros ().


En conclusión, la excepción de contratación directa en razón de la escasa cuantía del negocio, requiere:


  1. que no se esté ante supuestos de fraccionamiento o fragmentación ilícita;

  2. que en el procedimiento de selección del contratista se consulte (en forma obligatoria) el registro de proveedores, procurando brindar participación a todos los inscritos;

  3. que en caso de que se adolezca de proveedores inscritos, la Administración solicite cotización de al menos tres proveedores idóneos para acreditar que negoció en forma beneficiosa;

  4. que de cada contratación se levante un expediente donde se documente la aplicación de la excepción.

(...)


50 En el sitio web de esta institución puede consultarse esta normativa, así como las estadísticas de las que dispone la institución. La correspondiente dirección es www.grupoice.com/PELWeb/consultaDocumento.do


51 Igualmente en su respectivo sitio web puede consultarse esta normativa, al igual que los registros de concursos. La dirección es www.bancopopularcr.com


52 Artículo 19.

53 “Artículo 27.—Determinación del procedimiento. Cuando la Ley no disponga de un procedimiento específico en función del tipo de contrato, el procedimiento se determinará de acuerdo con las siguientes pautas:

 

a) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea superior a treinta y siete mil trescientos millones de colones (¢37.300.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a doscientos cuatro millones de colones (¢204.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre doscientos cuatro millones de colones (¢204.000.000,00) y veintiocho millones trescientos mil colones (¢28.300.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a veintiocho millones trescientos mil colones (¢28.300.000,00).

b) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea inferior a treinta y siete mil trescientos millones de colones (¢37.300.000.000,00), pero superior a veinticuatro mil novecientos millones de colones (¢24.900.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a ciento noventa y tres millones de colones (¢193.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre ciento noventa y tres millones de colones (¢193.000.000,00) y nueve millones seiscientos sesenta mil colones (¢9.660.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a nueve millones seiscientos sesenta mil colones (¢9.660.000,00).

c) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales sea inferior a veinticuatro mil novecientos millones de colones (¢24.900.000.000,00), pero superior a doce mil cuatrocientos millones de colones (¢12.400.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a ciento treinta y cinco millones de colones (¢135.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre ciento treinta y cinco millones de colones (¢135.000.000,00) y ocho millones seiscientos noventa mil colones (¢8.690.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a ocho millones seiscientos noventa mil colones (¢8.690.000,00).

d) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea inferior a doce mil cuatrocientos millones de colones (¢12.400.000.000,00), pero superior a seis mil doscientos veinte millones de colones (¢6.220.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a noventa y seis millones seiscientos mil colones (¢96.600.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre noventa y seismillones seiscientos mil colones (¢96.600.000,00) y siete millones setecientos treinta mil colones (¢7.730.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a siete millones setecientos treinta mil colones (¢7.730.000,00).

e) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo que contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea inferior a seis mil doscientos veinte millones de colones (¢6.220.000.000,00), pero superior a mil doscientos cuarenta millones de colones (¢1.240.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a sesenta y siete millones seiscientos mil colones (¢67.600.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre sesenta y siete millones seiscientos mil colones(¢67.600.000,00) y seis millones setecientos sesenta mil colones (¢6.760.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a seis millones setecientos sesenta mil colones (¢6.760.000,00).

f) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea inferior a mil doscientos cuarenta millones de colones (¢1.240.000.000,00), pero superior a seiscientos veintidós millones de colones (¢622.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a cincuenta y ocho millones de colones (¢58.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre cincuenta y ocho millones de colones (¢58.000.000,00) y cinco millones ochocientos mil colones (¢5.800.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a cinco millones ochocientos mil colones (¢5.800.000,00).

g) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea inferior a seiscientos veintidós millones de colones (¢622.000.000,00), pero superior a trescientos setenta y tres millones de colones (¢373.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a treinta y ocho millones seiscientos mil colones (¢38.600.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre treinta y ocho millones seiscientos mil colones (¢38.600.000,00) y cuatro millones ochocientos treinta mil colones (¢4.830.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a cuatro millones ochocientos treinta mil colones (¢4.830.000,00).

h) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea inferior a trescientos setenta y tres millones de colones (¢373.000.000,00), pero superior a ciento veinticuatro millones de colones (¢124.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a veintinueve millones de colones (¢29.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre veintinueve millones de colones (¢29.000.000,00), y dos millones novecientos mil colones (¢2.900.000,00) y la contratación directa, para las contrataciones interiores a dos millones novecientos mil colones (¢2.900.000,00).

i) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea inferior a ciento veinticuatro millones de colones (¢124.000.000,00), pero superior a treinta y siete millones trescientos mil colones (¢37.300.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a diecinueve millones trescientos mil colones (¢19.300.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre diecinueve millones trescientos mil colones (¢19.300.000,00) y un millón novecientos treinta mil colones (¢1.930.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a un millón novecientos treinta mil colones (¢1.930.000,00).

j) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea inferior a treinta y siete millones trescientos mil colones (¢37.300.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones superiores a nueve millones seiscientos sesenta mil colones (¢9.660.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones entre nueve millones seiscientos sesenta mil colones (¢9.660.000,00) y un millón de colones

(¢1.000.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a un millón de colones (¢1.000.000,00).


54 Este criterio es el que ha seguido la institución rectora en esta materia, sea la Contraloría General de la República, a través de sus pronunciamientos. Entre muchos de ellos, pueden citarse el oficio #38 del 7 de enero de 1997, el 431 del 15 de enero del 2001, el 9909 del 7 de setiembre del 2001, el 7433 del 25 de junio de 1996, y el 107 del 7 de enero de 1998, criterios que se siguen invocando y reiterando de modo consistente hasta la fecha.


55 Artículo 131.


56 Artículos 183 y 184 de la Constitución Política.


57 Sentencia del Tribunal Constitucional número 5119-95, de las veinte horas treinta y nueve minutos del trece de setiembre de mil novecientos noventa y cinco.


58 Artículo 99.


59 Diario Oficial.

60

 Nos referimos a la Circular sobre el Informe Trimestral de la Actividad Contractual desplegada por los órganos y entidades del Sector Público, Nº 10396 (FOE-ST-276) de fecha 13 de octubre de 2000, y Circular sobre Veracidad y responsabilidad de la información incluida en los Informes Trimestrales de la Actividad Contractual, Nº 11655 (DFOE-152) de fecha 12 de octubre de 2001, ambas emitidas con carácter vinculante por parte de la Contraloría General de al República.

61

 En dicho sitio web se elige el tópico de Oficina Virtual, luego se accede a la subcategoría de Sistemas y Consultas, para luego seleccionar el tema de Compras del Estado.

62 Por haber sido modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 340 al 342, debe entenderse que los artículos que se mencionan como 338 y 339, corresponden en realidad a los numerales 340 y 341, que se indican.


63 En igual sentido que la nota anterior.

64 Igual que las anteriores notas.

65 Contra este artículo, actualmente existe un Recurso aún no resuelto por la Sala Constitucional, tramitado bajo el expediente 04-12348-007-CO, y fue publicada en La Gaceta No. 106 del 2 de junio de 2005.

66 Resolución RC- 66- 2004 del 4 de julio del 2004, Contraloría General de la República.


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