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Acceso al servicio público a través de sistemas basados en el mérito

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Acceso al servicio público a través de sistemas basados en el mérito.


Para llenar una vacante que no sea objeto de promoción, el Director Administrativo envía a la Dirección General un pedimento de personal, indicando el título que de acuerdo con el Manual corresponda al cargo, y enumerando las condiciones indispensables del servidor que se necesite13.


Ahora bien, si la Dirección General no tuviere candidatos elegibles para llenar la vacante, convocará a concurso, enviando a la mayor brevedad posible, la nómina de los tres candidatos de más alta calificación. Así las cosas, si el pedimento de personal se refiere a más de una plaza vacante, agregará un candidato más por cada plaza, guardando siempre el respectivo orden de calificación.14


El Directorio15 debe escoger al servidor entre los candidatos correspondientes, dentro de los ocho días hábiles posteriores al de la presentación de la nómina, salvo que tenga razones suficientes para objetarlos. Si la Dirección General las acoge, sustituirá los candidatos objetados, y de no haber advenimiento, decidirá en alzada el Tribunal.16


El Tribunal de Servicio Civil es el competente para conocer todo lo que se refiere a peticiones, reclamos, despidos y prescripciones. Ahora bien, en aquellos casos donde se exprese el “Ministro” o “Ministerio”, deberá entenderse como el “Directorio”, y será precisamente el Tribunal el que conocerá de cualquier recurso de impugnación de los sistemas de selección.



  • Funcionarios de Confianza.


El Capítulo XV de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa es el que regula lo correspondiente a los servidores de confianza, dentro de esta categoría se ubican:


1.- El Secretario Particular del Presidente de la Asamblea Legislativa.

2.- Los empleados de las diferentes fracciones legislativas.


Ambos deben ser nombrados por el directorio de la Asamblea y es este también el órgano encargado de tramitar su destitución, la cual puede obedecer a las siguientes razones:


1.- Cuando se trate del Secretario Particular del Presidente, a solicitud de éste;

2.- Cuando se trate de los empleados de fracción, por recomendación y acuerdo formal de la respectiva fracción; y

3.- Cuando se incurra en alguna de las causales establecidas en el Reglamento Interior de Trabajo o en el Código de la materia. En este caso, será necesario un informe justificado levantado por el Director Administrativo de la Asamblea. (Artículo 46 de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa).


Sobre los alcances del funcionario de confianza debe indicarse que es una categoría de empleado que está determinada por las funciones que desempeña, y una de las consecuencias es la limitación de los derechos laborales, básicamente en lo que se refiere al derecho a la estabilidad laboral que ostentan los empleados públicos.

La diferencia existente entre los funcionarios de confianza y los empleados de carrera administrativa radica en las condiciones de nombramiento para acceder al puesto, y en el régimen de estabilidad que protege a los segundos. En ese sentido, el funcionario de carrera debe demostrar su idoneidad para el cargo a partir del cumplimiento de una serie de requisitos e incluso el sometimiento a pruebas de aptitud objetivas –si fuera del caso– mientras que los funcionarios de confianza son de libre nombramiento y remoción por parte del jerarca que ostenta la potestad discrecional para su designación.


Por su parte, el Tribunal Constitucional se ha referido al fundamento de la relación de confianza indicando que “…puede fundamentarse, según los requerimientos del cargo, en aspectos puramente subjetivos, de orden personal; pero también puede derivar de aspectos objetivos nacidos de una comunidad ideológica (política en el buen sentido del término), necesaria para el buen manejo de la cosa pública conforme a los planes y programas. Los casos de excepción, está claro, han de ser muy calificados, con las especiales características señaladas que justifiquen un trato desigual. Así ha de ser pues, por vía de excepción injustificada, el legislador podría hacer nugatoria la disposición constitucional que tiende a la estabilidad laboral del empleado público, y a la racionalidad del reclutamiento como regla general. Pero si el caso tiene alguna característica especial que los justifique, la excepción será válida” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia Nº 1190-90 de las 14:00 horas del 18 de setiembre de 1990).


Es preciso señalar que la perdida de confianza como causal de despido debe estar basada en hechos razonables y no simplemente en una potestad discrecional ilimitada del patrono.17


  • PODER JUDICIAL


La relación entre el Poder Judicial y sus servidores se encuentra regulada por el Estatuto de Servicio Judicial, que en su artículo 1° indica: “El presente Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Judicial y sus servidores, con el fin de garantizar la eficiencia de la función judicial y de proteger a esos servidores.”18


Para estos efectos son servidores del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 2 del Estatuto de Servicio Judicial, “los que hayan sido nombrados por acuerdo de Corte Plena y sean retribuidos por el sistema de sueldos”.


Según lo dispuesto por la norma transcrita, quedan excluidos de la aplicación de este estatuto, los Magistrados, quienes de acuerdo con la Constitución Política son designados por la Asamblea Legislativa.19 Es preciso indicar que la Corte Plena está compuesta por veintidós magistrados, y es el Consejo Superior del Poder Judicial, quien tiene las facultades de gobierno y reglamentación.


Así las cosas, el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333, señala:


Quienes laboran en el Poder Judicial se denominan, en general, "servidores". Sin embargo, cuando esta Ley se refiere a "funcionarios que administran justicia" ha de entenderse por tales a los magistrados y jueces; el término "funcionarios" alude a los que, fuera de los antes mencionados, tengan atribuciones, potestades y responsabilidades propias, determinadas en esta Ley y por "empleados", a todas las demás personas que desempeñen puestos, remunerados por el sistema de sueldos.

Las prohibiciones establecidas en esta ley se aplicarán tanto a los servidores judiciales nombrados en propiedad como a los interinos, salvo disposición legal en contrario. Cuando esta ley mencione "Corte" habrá de entenderse Corte Suprema de Justicia o Corte Plena y cuando, en los códigos procesales, se hable de "Ley Orgánica", sin especificación alguna, se alude a la presente ley; además, las menciones del "Consejo", deberán entenderse como Consejo Superior del Poder Judicial.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)”


En otras palabras, el servidor judicial es un funcionario público, precisamente por la función que le compete de llevar a cabo en atención al mandato constitucional de impartir justicia pronta y cumplida.


En el Poder Judicial existen tres tipos de funcionarios:


1.- Los que administran justicia, a saber: los magistrados, los jueces superiores, los jueces y los integrantes de los tribunales colegiados.


2.- Aquellos que cuentan con atribuciones propias y excluyentes de los anteriores, tales como: el Secretario de la Corte, los notificadores, el Inspector Judicial, el Contador Judicial, el Bibliotecario, el Jefe del Archivo, los integrantes del Consejo Superior, los Fiscales, el Director Ejecutivo, el Jefe y Subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y los Defensores Públicos.


3.- Los demás servidores remunerados por el sistema de sueldos del Poder Judicial. La ley de salarios del Poder Judicial constituye el sistema oficial de retribución para todos los puestos incluidos en el Manual Descriptivo de Clases20 del Poder Judicial.

Para ingresar al Poder Judicial, es preciso someterse a un proceso de selección que se hará por medio de concursos de oposición y de antecedentes. Este proceso selectivo está a cargo del Departamento de Personal del Poder Judicial y superado el mismo, se concede al nuevo servidor nombrado en un período de prueba de un año, contado a partir de la fecha en que se haga cargo de su puesto, luego del cual se hará beneficiario de la aplicación del respectivo estatuto.


Ahora bien, para ingresar al Servicio Judicial es preciso cumplir con los siguientes requisitos21:


1.- Ser mayor de edad.

2.- Poseer aptitud moral y física para el desempeño del cargo, lo que comprobará el Departamento de Personal.

3.- Llenar los requisitos que establezca el Manual de Clasificación, para la clase de puesto de que se trate.

4.- No ser cónyuge ni estar ligado por parentesco de consanguinidad o afinidad, en línea directa o colateral, hasta el tercer grado inclusive, con ningún Magistrado, juez superior, juez, actuario, alcalde, inspector general o asistente, o cualquier otro funcionario que administre justicia.

5.- Demostrar idoneidad, sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos que esta ley disponga, o que determine el Departamento de Personal.

6. Ser escogido de la terna enviada por el Departamento de Personal, cuando proceda.

7.- Prestar el juramento requerido por la Constitución.

8.- Pasar el período de prueba.


En una misma dependencia no podrán prestar servicio las personas que sean cónyuges o que estén en el grado de parentesco que se indica en el punto 4, con los jefes y demás servidores del respectivo tribunal u oficina. Si esa situación llegare a presentarse por motivo de matrimonio o por algún otro, la Corte trasladará a otra dependencia a quien corresponda, sin demérito del cargo que ocupa.


Los secretarios, prosecretarios, notificadores, oficinistas y los demás servidores que señale el Manual Descriptivo de Puestos, deberán haber aprobado por lo menos la enseñanza media; pero en caso de inopia podrán ser nombrados los que no reúnan ese requisito 22.


  • Nombramiento de jueces23:


Los Jueces superiores deberán ser costarricenses por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país por un período no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva; ciudadanos en ejercicio; del estado seglar; mayores de treinta años y abogados con título expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, con ejercicio de la profesión durante cinco años, por lo menos. Serán nombrados por períodos de cuatro años, en la segunda quincena del mes de mayo que corresponda. Tomarán posesión el primero de junio siguiente y deberán rendir caución por diez mil colones.


Una vez que, ha sido sacada a concurso una plaza vacante de juez superior, ninguno de los solicitantes tuviere la edad o el ejercicio profesional citados, la Corte Suprema de Justicia podrá nombrar a quien no tenga esos requisitos, siempre y cuando sea abogado.


Los jueces, actuarios, miembros integrantes de los tribunales colegiados y alcaldes deberán ser abogados. Sin embargo, para servir en una alcaldía podrá ser nombrado un bachiller en leyes, o un egresado de la Facultad de Derecho que haya cursado o aprobado todas las materias, y, a falta de ellos, quien no reúna esas condiciones. En este último caso, el nombramiento en propiedad quedará sujeto a que el servidor apruebe los cursos de capacitación, que le efecto imparta la Escuela Judicial, si no los hubiere aprobado. La Corte Plena indicará el término para llenar este requisito, oyendo la opinión del Consejo Directivo de la Escuela Judicial. El título profesional no será necesario para los que desempeñen puestos en forma interina hasta por un mes, pero deberá darse preferencia a los titulados.


Los funcionarios que estén desempeñando cargos de alcalde, sin tener el título de abogado, podrán ser reelectos y conservarán el puesto mientras no den lugar a la revocatoria del nombramiento.


Estos funcionarios deberán asistir a los cursos de capacitación que se impartan en la Escuela Judicial, dentro de la jornada ordinaria, cuando a su prudente criterio sean convocados por el consejo Directivo de la Escuela.


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