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ResolucióN 19/11 del consejo de derechos humanos sobre derechos de las personas con discapacidad. Informe relativo a medidas de seguridad social para personas con discapacidad. (Punto 8)

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RESOLUCIÓN 19/11 DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INFORME RELATIVO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (PUNTO 8)



Se ha solicitado informe sobre medidas de reducción de la pobreza, programas de seguridad social y mantenimiento de ingresos (punto 8) desarrollados por España para proporcionar apoyo a las personas con discapacidad, en el marco de la Resolución 19/11 del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En primer lugar, hay que distinguir con claridad el concepto de discapacidad del de incapacidad permanente, pues esta siempre va referida a la disminución o anulación de la capacidad laboral de una persona. La discapacidad, sin embargo, es una situación que no tiene, en principio, relación alguna con el desempeño de un trabajo.

Para la Ley General de la Seguridad Social, en la modalidad contributiva, es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

En la modalidad no contributiva, podrán ser constitutivas de invalidez las deficiencias, previsiblemente permanentes, de carácter físico o psíquico, congénitas o no, que anulen o modifiquen la capacidad física, psíquica o sensorial de quienes las padecen.

Pues bien, desde el punto de vista de la protección social, la discapacidad puede suponer, en unos casos, el acceso a prestaciones específicas (asignaciones económicas por hijos mayores de 18 años, pensión no contributiva de invalidez, etc.) y, en otros, un incremento de la protección (pensión de viudedad, mantenimiento de la orfandad hasta los 25 años, complementos por mínimos,…). Estas personas o sus familiares pueden haber cotizado o no a la Seguridad Social, pero sus prestaciones las perciben en razón de su discapacidad, no por haber realizado cotizaciones -ellos o sus familiares- aunque en ocasiones también haya sido así.

A continuación se relacionan las prestaciones sociales públicas que tienen una mayor incidencia en las personas con discapacidad.





PRESTACIONES FAMILIARES



* Asignación económica por hijo o menor acogido a cargo

Se reconoce por cada hijo a cargo del beneficiario, menor de 18 años o, cuando siendo mayor de dicha edad, esté afectado por una discapacidad en grado igual o superior al 65%, cualquiera que sea su filiación, así como por los menores acogidos en acogimiento familiar, permanente o preadoptivo.

Se entiende que están afectadas por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por 100, aquellas personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces.

Se considera "hijo o menor acogido a cargo" a aquel que conviva con el beneficiario y dependa económicamente de él. Se entiende que existe dependencia económica cuando el hijo o el menor acogido conviva con el beneficiario. Y aún en el caso de realizar un trabajo lucrativo, por cuenta ajena o propia, se le considera a cargo siempre que continúe conviviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales en concepto de rendimientos del trabajo no superen el 100% del salario mínimo interprofesional, en cómputo anual.

La cuantía de esta prestación depende de la edad del hijo o menor acogido a cargo y del grado de discapacidad que padezca. Para el año 2012 son las siguientes:

*Hijos o menores acogidos con una discapacidad igual o superior al 33% :

1.000 euros anuales por hijo (83,33 euros mensuales). Se abona por semestres vencidos.

*Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 65% :

4.292,40 euros anuales por hijo (357,70 euros mensuales). Se abona por mensualidades vencidas.

*Hijos con 18 o más años, afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 75% y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos vitales más elementales como vestirse, desplazarse, comer o análogos:

6.439,20 euros anuales por hijo (536,60 euros mensuales). Se abona por mensualidades vencidas.



La asignación por hijo a cargo para discapacitados mayores de 18 años en grado igual o superior al 65% es compatible con el matrimonio del discapacitado.

* Prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo en el caso de madres discapacitadas.

Se protege el nacimiento o la adopción de un hijo cuando la madre está afectada por una discapacidad igual o superior al 65 por 100. Esta discapacidad debe ser declarada de acuerdo con el procedimiento establecido para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y concurrir en el momento del parto o en la fecha de la adopción. La Ley se refiere exclusivamente a las ”madres”, tanto en caso de nacimiento como de adopción.

Esta prestación está sometida al requisito de residencia legal en territorio español y los ingresos de las progenitoras no pueden superar cierto límite. El importe de esta prestación de pago único consiste en 1000€.

PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA



Pensión de orfandad

Si el huérfano presenta una discapacidad en un grado igual o superior al 33%, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad hasta los 25 años en igualdad de condiciones que los huérfanos absolutos, es decir, si no efectúa un trabajo o, cuando realizándolo, los ingresos resulten inferiores en cómputo anual a la cuantía vigente del SMI.

Además, el huérfano incapacitado para el trabajo antes de los 21 años con derecho a pensión de orfandad, podrá compatibilizar la pensión de orfandad que viniera percibiendo con la de incapacidad permanente que pudiera causar, después de los 21 años, como consecuencia de unas lesiones distintas a las que dieron lugar a la pensión de orfandad, o en su caso, con la pensión de jubilación que pudiera causar en virtud del trabajo que realice por cuenta propia o ajena.

Por otra parte, si el huérfano padece una incapacidad permanente calificada como absoluta o gran invalidez, no pierde el derecho a la pensión de orfandad en caso de contraer matrimonio.

Existen complementos para mínimos en los casos de orfandad de beneficiarios discapacitados menores de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100.





Pensión de viudedad

1.-La cuantía de la pensión de viudedad consiste, en general, en un 52% de la base reguladora del causante. Sin embargo, este porcentaje podrá alcanzar hasta un 70% si se reúnen los siguientes requisitos:

-que la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos

-que los rendimientos anuales del pensionista por todos los conceptos no superen un límite anual

-que el pensionista tenga cargas familiares. Se consideran cargas familiares la convivencia del pensionista de viudedad con hijos menores de 26 años, menores de 18 años acogidos o hijos incapacitados (con, al menos, un 33% de discapacidad) cualquiera que sea su edad.

2.-Por otra parte, existen complementos para mínimos por viudedad para personas con discapacidad en grado igual o superior al 65%, equiparándola a la pensión mínima destinada a titulares mayores de 65 años.

3.-Por último, las pensiones de viudedad se extinguen normalmente por contraer el pensionista nuevo matrimonio. Sin embargo, se puede mantener el percibo de la pensión aunque el pensionista contraiga nuevo matrimonio si la pensión es la principal fuente de ingresos, si el nuevo matrimonio no cuenta con ingresos superiores a dos veces el salario mínimo interprofesional (incluida la pensión o pensiones de viudedad) y si quien contrae matrimonio es mayor de 61 años o, siendo menor, tiene reconocida una pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez o acredita una discapacidad en grado igual o superior al 65%.

Pensión en favor de familiares

La pensión en favor de familiares puede reconocerse (si concurren los demás requisitos)

-a favor de nietos y hermanos del pensionista, aun siendo mayores de edad, si tienen reducida su capacidad de trabajo en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez

-a favor de madre y abuelas casadas, cuyo marido está incapacitado para el trabajo en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez

-a favor de padre y abuelos cuando se hallen incapacitados en ese mismo grado.




PRESTACIONES POR JUBILACIÓN



Los trabajadores discapacitados podrán jubilarse anticipadamente en los siguientes supuestos:

- Si el trabajador padece una discapacidad igual o superior al 65 por 100, la edad mínima ordinaria de jubilación se reducirá en un periodo equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado los coeficientes que se indican, siempre que durante los períodos de trabajo realizado se acrediten los siguientes grados de discapacidad:

a) El coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.

b) El coeficiente del 0,50, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 y acredite la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria.

- La edad mínima de jubilación de las personas afectadas, en un grado igual o superior al 45 por ciento, por ciertas discapacidades reglamentariamente determinadas en las que concurren evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida de esas personas, será excepcionalmente la de cincuenta y seis años.

En el caso de que estos últimos trabajadores pudieran también acogerse a la jubilación anticipada por coeficientes reductores para trabajadores que acrediten un grado importante de discapacidad, podrán optar por la aplicación de la modalidad que les resulte más favorable.

SUBSIDIO NO CONTRIBUTIVO POR MATERNIDAD



La duración del subsidio, que consiste en 42 días naturales a contar desde el parto, se incrementará en 14 días naturales en distintos casos, entre los que se incluye que la madre o el hijo estén afectados de discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.

SUBSIDIO POR PATERNIDAD



La suspensión del contrato de trabajo por paternidad tendrá una duración de veinte días, entre otros motivos, cuando el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento se produzca en una familia en la que haya una persona con discapacidad.



PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ



La Pensión no Contributiva (PNC) de Invalidez asegura a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado nunca a la Seguridad Social o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

Pueden ser beneficiarios de la PNC de Invalidez los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia en España que cumplan los siguientes requisitos:

Edad: Tener dieciocho o más años y menos de sesenta y cinco.

Residencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Discapacidad: Grado igual o superior al 65%. Se entiende que están afectadas por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por 100, aquellas personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces.

Carecer de ingresos suficientes: Existe carencia cuando las rentas o ingresos de que disponga el solicitante, en cómputo anual, sean inferiores a una cantidad fijada anualmente.

Los beneficiarios de la pensión de invalidez, en su modalidad no contributiva, que sean contratados por cuenta ajena, que se establezcan por cuenta propia o que se acojan a los programas de renta activa de inserción, recuperarán automáticamente, en su caso, el derecho a dicha pensión cuando, respectivamente, se les extinga su contrato, dejen de desarrollar su actividad laboral o cesen en el programa de renta activa de inserción, a cuyo efecto, no se tendrán en cuenta, en el cómputo anual de sus rentas, las que hubieran percibido en virtud de su actividad laboral por cuenta ajena o propia, o por su integración en el programa de renta activa de inserción en el ejercicio económico en que se produzca la extinción del contrato, el cese en la actividad laboral o en el citado programa.

El derecho a Pensión no Contributiva de Invalidez no impide el ejercicio de aquellas actividades laborales, sean o no lucrativas, compatibles con la discapacidad del pensionista y que no representen un cambio en su capacidad real para el trabajo.

La Pensión no Contributiva de Invalidez es incompatible con la PNC de Jubilación, con las Pensiones Asistenciales y con los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), así como con la condición de causante de la asignación familiar por hijo a cargo, mayor de 18 años, con discapacidad.

La cuantía de la pensión se fija anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (5.007,80 euros íntegros anuales, en 2012), y se fracciona en catorce pagas. De la cuantía de la pensión integra calculada en cómputo anual, se deducirán las rentas o ingresos del pensionista que excedan del 35% del importe íntegro de la pensión. En definitiva, se permite compatibilizar la pensión con un 35% del importe de la pensión en concepto de rentas.

OTRAS PRESTACIONES


Complemento para vivienda


Aunque no se trata propiamente de una prestación de Seguridad Social, existe también un complemento de pensión, fijado en 525 euros anuales, dirigido a aquellos pensionistas de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y residir, como residencia habitual, en una vivienda alquilada por propietarios que no tengan con él relación de parentesco hasta el tercer grado. Igualmente, establece que en el caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler, o de ser varios, el primero de ellos.

Se han establecido normas para el reconocimiento de dicho complemento cuya cuantía está excluida del cómputo de rentas o ingresos a efectos de determinar el mantenimiento del derecho a la pensión.





Madrid, 6 de agosto de 2012

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