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Canadá WT/TPR/S/112/Rev.1
Página 109



III.POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES POR MEDIDAS

1)Introducción

1.Desde el último examen de sus políticas comerciales en 2000, el Canadá ha seguido liberalizando su régimen comercial sobre la base unilateral, multilateral y preferencial. Ese proceso de liberalización ha comprendido la introducción de procedimientos aduaneros simplificados para facilitar el comercio y reforzar la seguridad en frontera. Además, se han reducido ligeramente los tipos NMF aplicados a una gama de productos. En consecuencia, el tipo arancelario medio NMF ha descendido del 7,2 al 6,8 por ciento y el número de productos en franquicia arancelaria ha aumentado. No obstante, siguen aplicándose aranceles considerablemente más elevados a los productos agroalimentarios, el vestido y los barcos y buques. Las concesiones arancelarias otorgadas con anterioridad en virtud del Acuerdo del Automóvil fueron suprimidas en febrero de 2001 a consecuencia de las conclusiones de un grupo especial de solución de diferencias de la OMC.

2.Entre los socios preferenciales, se siguieron reduciendo los aranceles aplicables a las importaciones procedentes de Chile y México. Al mes de noviembre de 2002, los aranceles aplicados a las importaciones procedentes de Costa Rica también se beneficiaron de las preferencias en el marco de un acuerdo de libre comercio (ALC) celebrado en 2001. Cada ALC negociado por el Canadá contiene normas de origen específicas, lo que añade complejidad a su régimen comercial (véase también el capítulo II 5)). En enero de 2003 se anunció la aplicación del trato en franquicia de derechos y sin contingentes para los países menos adelantados.

3.Los productores canadienses han seguido tratando de protegerse de importaciones que consideran objeto de dumping a través de medidas antidumping. En 2000 y 2001 se adoptaron 32 nuevas medidas definitivas y un compromiso, mayoritariamente en relación con productos del acero. En diciembre de 2001 estaban vigentes 91 medidas antidumping más tres compromisos en materia de precios, pero esa cifra descendió a 87 en junio de 2002. El Canadá aplica su legislación antidumping sobre la base de la no discriminación, salvo en lo relativo a las importaciones procedentes de Chile, que han sido excluidas de la aplicación de la legislación desde la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y Chile. Desde el último examen del Canadá, la duración de las medidas antidumping ha descendido, pero alrededor del 9 por ciento de esas medidas llevan en vigor 10 años o más. La primera investigación sobre salvaguardias del Canadá desde el establecimiento de la OMC, relativa a productos del acero, se inició en marzo de 2002.

4.Se están eliminando gradualmente las restricciones cuantitativas mantenidas en virtud del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la OMC para proteger a los productores nacionales de la competencia extranjera. Estos contingentes afectan a varios socios no preferenciales, en su mayoría de Asia, y está prevista su eliminación para el final de 2004. Están en vigor otros controles de las importaciones por motivos de salud y sanitarios. Aunque está en vigor un gran número de reglamentos técnicos, el objeto de la Estrategia de Normalización Canadiense es el de promover, en la mayor medida posible, el uso de normas (voluntarias) internacionalmente aceptadas que se hayan adoptado o adaptado.

5.Determinadas provincias mantienen todavía prescripciones en materia de contenido local, resultados o adquisiciones. Éstas afectan sobre todo a las bebidas alcohólicas y al sector minero. El Canadá limita las exportaciones de algunos artículos para garantizar el abastecimiento suficiente de las industrias nacionales. Entre los productos afectados figuran los rollizos y el pescado procedente de ciertas provincias.

6.El Canadá ha realizado grandes progresos en cuanto al establecimiento de un régimen transparente de contratación pública. No obstante, las condiciones de acceso a su mercado federal de contratación se basan en la reciprocidad; el Canadá sólo otorga el trato NMF y el trato nacional según lo prescribe el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. El Canadá aún tiene que presentar una oferta a nivel subfederal en el marco de ese Acuerdo. Las provincias cuentan con sus propios organismos de contratación y algunos otorgan preferencias regionales para compras no comprendidas en el ámbito de su Acuerdo de Comercio Interno, de régimen interior. En el caso de otras adquisiciones, las provincias otorgan condiciones de acceso similares a los proveedores del resto del Canadá, sin ampliarlas automáticamente a los proveedores extranjeros.

7.La ayuda federal y provincial se extiende a determinadas actividades económicas (de la ayuda a la agricultura se trata en el capítulo IV 2)). En concreto, la ayuda al sector de las aeronaves de transporte sigue constituyendo una fuente de fricción con los socios comerciales. Las empresas públicas federales y provinciales que cuentan con privilegios especiales o exclusivos intervienen en el comercio de productos lácteos, bebidas alcohólicas y trigo. Desde el año 2000 se ha modificado la legislación canadiense sobre competencia a fin de instaurar un régimen especial para las aerolíneas nacionales y añadir nuevas disposiciones relativas a las prácticas abusivas en la industria aeronáutica (capítulo IV 7)). En 2002, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que otorgaba facultades nuevas e importantes al Tribunal Canadiense de la Competencia.

8.El Canadá ha mostrado un activo interés en la labor que se realiza en la OMC relacionada con la propiedad intelectual, donde su propia legislación ha sido objeto de ciertas impugnaciones jurídicas. La legislación del Canadá en materia de patentes fue modificada en 2001 para ponerla en conformidad con una decisión del Órgano de Apelación. El Canadá firmó en mayo de 2001 el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que exige modificaciones a la normativa canadiense en la materia. En diciembre de 2002 el Tribunal Supremo falló que no son patentables las formas superiores de vida. Se está estudiando un proyecto de ley destinado a modificar las disposiciones de la Ley del Derecho de Autor sobre licencias obligatorias.


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