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Filipinas WT/TPR/S/149
Página 138



  1. POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTOR

    1. Introducción

            1. Desde 1999, los principales cambios en la contribución de los diferentes sectores al PIB nominal fueron la disminución de la parte de la agricultura (incluidas la silvicultura y la pesca), del 17,1 al 15,3 por ciento en 2004, y el aumento de la parte de la manufactura, del 21,6 al 23 por ciento. El sector más importante sigue siendo el de los servicios, que representa el 60,7 por ciento del PIB en 2004 y que prácticamente no se ha modificado desde 1999 (60,6 por ciento), siendo también el principal empleador, dado que representaba el 53,9 por ciento del empleo en 2004, seguido por la agricultura (36 por ciento) y la manufactura (9,7 por ciento). La política agrícola sigue orientada principalmente hacia la autosuficiencia, mientras que, en las políticas que afectan al sector de la manufactura, siguen manteniéndose en parte las anteriores estrategias de sustitución de las importaciones y de "empresas modelo". Esas estrategias incluyen lo que parece ser un reciente retroceso, al menos parcial, del programa unilateral de reforma arancelaria, y del reajuste de la estructura arancelaria, efectuado para ayudar temporalmente a los productores nacionales y promover el desarrollo industrial en sectores prioritarios, como el acero y los productos petroquímicos. En el sector de la energía, la política también se ha orientado a promover la autosuficiencia a través de la diversificación de las fuentes de energía. Se han hecho esfuerzos sustanciales por reestructurar el sector de la electricidad. La liberalización del sector de los servicios ha continuado, pero su avance en los ámbitos clave, como el de la electricidad, ha sido lento.

            2. El sector de la agricultura mantiene su importancia, dado que alrededor del 70 por ciento de la población pobre depende de la agricultura o de actividades conexas. En el sector de la agricultura, la protección tiene por objeto promover el crecimiento, pero la productividad sigue siendo baja. El deterioro de la competitividad internacional de los productos principales, como el azúcar, los cocos y las frutas, ha perjudicado los resultados de la exportación. La parte de la agricultura en el total de las exportaciones se ha mantenido baja, con un ligero aumento del 5 por ciento en 1999, al 6 por ciento en 2003. La agricultura sigue protegida por derechos relativamente elevados, contingentes arancelarios y obstáculos no arancelarios, en especial una restricción cuantitativa al arroz y reglamentaciones MSF estrictas (aplicadas, por ejemplo, a los productos de la fruta y de la carne). La producción y la elaboración de azúcar siguen protegidas y fuertemente reguladas, y si bien atienden a las necesidades del mercado interno, dependen, en gran medida, de las exportaciones realizadas a precios superiores a los Estados Unidos, dentro del contingente de exportación preferencial. Para evitar la reducción de los tipos arancelarios aplicados fuera del contingente, que son del 65 por ciento para el azúcar en bruto y refinado, se negoció, en el marco de la OMC, un aumento de las consolidaciones del 50 al 80 por ciento, para su aplicación a partir de julio de 2003. El Servicio Nacional de Alimentación (NFA) sigue sosteniendo los precios del arroz y del maíz, sobre todo para garantizar la seguridad alimentaria; recientemente, esta medida se extendió al azúcar. Sin embargo, tratar de alcanzar la seguridad alimentaria a través de la protección, mediante el sostenimiento de precios más altos destinados a elevar los ingresos agrícolas, es ineficiente y costoso para la economía, y distorsiona la asignación de recursos porque incentiva la producción. También perjudica a los consumidores, especialmente a los pobres, y no es compatible con el objetivo de mantener los precios a niveles asequibles.

            3. En el sector de la manufactura, la producción se centra en los alimentos, las bebidas y el tabaco, los artículos electrónicos y de comunicaciones, y en las prendas de vestir. Aparte de los dos sectores mencionados en último término, que representaron respectivamente casi el 70 y el 6 por ciento de las exportaciones de mercancías en 2003, los productos manufacturados están destinados al mercado interno. El arancel de Filipinas muestra progresividad en ciertas industrias, lo que ha promovido el desarrollo de un sector manufacturero concentrado en la elaboración de componentes. Las industrias orientadas hacia la exportación, como la electrónica, están situadas principalmente en las zonas de elaboración para la exportación y funcionan con arreglo a un régimen preferencial, aprovechando, entre otras cosas, las importaciones libres de derechos. Las exportaciones de productos textiles y prendas de vestir, que dependían de los contingentes preferenciales para acceder a los mercados protegidos, sobre todo el de los Estados Unidos, probablemente resulten perjudicadas por la eliminación de los contingentes en 2005. El Gobierno ha reconocido la necesidad de mejorar la productividad del sector para que pueda competir con los proveedores con menores costos. Se mantiene un nivel relativamente elevado de ayuda al sector de los vehículos automóviles, pese a la eliminación de las prescripciones en materia de equilibrio de las exportaciones y de contenido nacional, prevista para mediados de 2003, y a la reducción de la protección arancelaria. El Programa de desarrollo de la industria de vehículos automóviles continúa promoviendo operaciones de ensamblaje y de manufactura de componentes ineficientes, mediante la aplicación de aranceles preferenciales del 1 y del 3 por ciento a los conjuntos importados completamente desmontados (a condición de que excluyan los componentes disponibles en el mercado interno). Dichos aranceles son muy inferiores a los tipos aplicados a los vehículos importados, de alrededor del 30 por ciento. Esta ayuda aumentará si los tribunales ratifican la prohibición general de importar vehículos automóviles usados, anunciada a fines de 2002.

            4. El Gobierno apoya la necesidad de liberalizar los servicios públicos y otros servicios clave para promover la eficiencia a través de la competencia y de la participación del sector privado. Esas reformas se facilitarían si estuviesen respaldadas por medidas eficaces para prevenir los comportamientos anticompetitivos. Tras prolongadas demoras, continúan, con renovado vigor, la reestructuración y la desregulación del sector eléctrico, incluida la privatización. A fines de 2005, se privatizarán plantas de generación de energía eléctrica que representan el 70 por ciento de la capacidad de la Corporación Nacional de la Energía. TRANSCO, la empresa titular del monopolio de la transmisión, también se privatizará, en este caso a través del régimen de la concesión, y será transferida a un único operador a mediados de 2005. Desde mediados de 2006, está prevista la inauguración de un mercado eléctrico al por mayor; la competencia en las operaciones de ventas al por menor y la apertura del acceso a la red de Luzón siguen previstas para julio de 2006. Se están eliminando gradualmente las subvenciones cruzadas entre los usuarios de electricidad. La inversión extranjera en los servicios públicos (aparte de la generación eléctrica) está limitada al 40 por ciento por una disposición constitucional, lo que restringe la competencia.

            5. Desde 1999, el Gobierno ha adoptado importantes medidas para fortalecer el sector financiero, sobre todo el bancario, de conformidad con las recomendaciones del Banco de Pagos Internacionales, que comprenden, entre otras cosas, la introducción de prescripciones en materia de coeficiente de garantía basado en el riesgo. Desde 1999, aumentó la participación extranjera en los bancos nacionales; sin embargo, a finales de 2004, los bancos extranjeros, incluidas las sucursales, representaban sólo el 14 por ciento del total de los activos bancarios, todavía por debajo del límite permitido del 30 por ciento (los bancos con participación mayoritaria nacional deben ser titulares de al menos el 70 por ciento del total de los activos bancarios). La política del Gobierno ha emprendido la racionalización del sector bancario mediante la reducción del número de bancos pequeños. En junio de 2000, se aplicó una moratoria de tres años, después prorrogada, al establecimiento de bancos nuevos, incluidas las sucursales de bancos extranjeros, a fin de alentar las compras de bancos. El límite del 60 por ciento a la participación extranjera en los bancos nacionales se canceló hasta junio de 2007, para permitir a los inversores extranjeros adquirir el 100 por ciento de los bancos, sujeto a la autorización de la Junta Monetaria. También sigue en vigor la prohibición efectiva de establecer nuevas sucursales de bancos extranjeros, después de que se concedieran 10 licencias adicionales a mediados del decenio de 1990. Es posible que esas restricciones reduzcan la competencia. El sector bancario adolece de altos niveles de créditos fallidos, equivalentes al 12,5 por ciento del total de los préstamos otorgados hasta fines de 2004; esos créditos fallidos, sumados a las deficiencias del sistema de clasificación de préstamos y al continuo y amplio apoyo de la Corporación de Seguros de Depósitos de Filipinas, plantean preocupaciones prudenciales, incluso con respecto a la posible subcapitalización de los bancos.

            6. No se mantienen restricciones al acceso a los mercados con respecto a la mayoría de los servicios de telecomunicaciones, y la competencia es impulsada por los mecanismos de entrada y salida del mercado, que se mantienen relativamente libres de limitaciones. Sin embargo, la dispersión geográfica del mercado podría restringir la competencia en beneficio del proveedor dominante, Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT). Aunque es de carácter obligatorio, la interconexión ha sido lenta y también puede haber obstaculizado, en cierta medida, la competencia. En la actualidad, a través de las tarifas de acceso se proporcionan subvenciones cruzadas para financiar los servicios locales que no son rentables, lo que no sólo es incompatible con un mercado competitivo sino que ha menguado la transparencia de la interconexión y aumentado las tarifas de acceso. Se están adoptando cargos de interconexión competitivos, al por mayor y basados en el costo. Por disposición constitucional, la participación de capitales extranjeros en el sector de las telecomunicaciones se limita al 40 por ciento. La flexibilización de ese límite facilitaría un mayor acceso al mercado y mejoraría la eficiencia.

            7. Durante el período objeto de examen, se dedicaron esfuerzos a liberalizar los servicios de transporte aéreo. Sin embargo, Philippine Airlines (PAL) sigue siendo prácticamente la única aerolínea nacional autorizada a prestar servicios internacionales, y los acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos mantienen disposiciones relativamente restrictivas. La participación extranjera en las compañías de transporte filipinas sigue limitada al 40 por ciento, por disposición constitucional. La desregulación del transporte marítimo ha progresado mucho más, ya que se han desregulado las tarifas (pero sin incluir, al parecer, las tarifas de pasajeros de tercera clase y el transporte de ciertos productos primarios no contenedorizados) y las rutas, excepto en casos de monopolio o de competencia ineficaz. No obstante, se prohíbe el cabotaje y la participación extranjera se limita al 40 por ciento, por disposición constitucional. En 2004, se introdujeron incentivos a la inversión a fin de prestar apoyo al transporte marítimo y a la industria de la construcción naval nacionales; a partir de 2014, también se restringirá gradualmente la importación de buques, en espera de una evaluación de la capacidad del sector de la construcción naval nacional.


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