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c. asimismo, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 154 del RLCE, la información obtenida de la base de estadísticas del SIC-M (precio de las importaciones) es información que es entregada a esta autoridad con carácter confidencial, por lo que no puede ser divulgada o hacerse pública.


86. Durante la investigación, Provsa presentó argumentos respecto a supuestas violaciones al procedimiento. Argumentó lo señalado en el punto 37 literal H incisos a al d de la presente Resolución. No obstante que los argumentos de Provsa algunos son repetitivos, otros versan sobre situaciones ya resueltas por la Secretaría y, en otras, carecen de sentido alguno, en la presente Resolución se responden a cada uno de ellos en los apartados correspondientes, en lo particular, se responden los siguientes:


a. Tal y como se señaló en el punto 1 de la Resolución de Inicio, la presente investigación no inició de oficio, sino a petición de parte, ya que como se señala en dicho punto, Vasconia, de conformidad con el artículo 49 de la LCE, solicitó el inicio de la presente investigación. Asimismo, es incorrecto que la Secretaría haya corregido o cambiado los fundamentos de la solicitud de inicio, ya que de conformidad con el artículo 52 fracción II de la LCE, únicamente previno a la Solicitante a efecto de que corrigiera ciertos aspectos de su solicitud;

b. el análisis y valoración de las pruebas presentadas junto con la solicitud de inicio, se aprecia en toda la Resolución de Inicio, tanto en el análisis de discriminación de precios como en el de daño y causalidad, y no solamente en los puntos referentes a las pruebas aportadas por la Solicitante. Asimismo, la Secretaría valoró los argumentos y las pruebas aportadas por la Solicitante, lo cual llevó a determinar que existían elementos suficientes para presumir que durante el periodo investigado, las importaciones de artículos para cocinar de aluminio originarias de China, se realizaron en presuntas condiciones de discriminación de precios y causaron daño material a la rama de producción nacional del producto similar, lo cual justificó el inicio de la investigación, y

c. cabe señalar que Provsa en ningún momento objetó una prueba en específico y tampoco señaló las razones para ello, a efecto de que la Secretaría las valorara, solamente se limitó a señalar que objetaba las pruebas de la Solicitante.


2. Vista a la COFECE

87. Provsa solicitó dar vista a la COFECE de la solicitud de Vasconia, así como de las cartas de apoyo presentadas por las productoras nacionales no solicitantes. Esto debido a que la presente investigación no fue iniciada para proteger a la producción nacional, ni a los consumidores, ni a la economía nacional, sino para beneficiar los intereses comerciales particulares de un agente económico con poder sustancial en el mercado relevante, en términos de los artículos 28 de la CPEUM y 13 de la Ley Federal de Competencia Económica.

88. Al respecto, la Secretaría considera improcedente el argumento de Provsa de dar vista a la COFECE de las actividades económicas de la Solicitante, toda vez que el artículo 86 de la LCE dispone que si durante el curso de una investigación la Secretaría considera que existen elementos que le permitan suponer la existencia de prácticas monopólicas, dará vista a la autoridad competente; es decir, la sola petición de las partes no es motivo suficiente para proceder de conformidad con el artículo 86 de la LCE. En la presente investigación, ni de la información presentada por la Solicitante, ni de la presentada por alguna de las partes interesadas, se desprenden indicios que permitan suponer a la Secretaría la supuesta intención de Vasconia de consolidar un monopolio.

89. Finalmente, si Provsa considera que las actividades económicas de Vasconia podrían ser sancionables por la COFECE, tiene el derecho de acudir directamente ante dicha autoridad y hacer valer lo que a sus intereses convenga, en términos de lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley Federal de Competencia Económica.

3. Periodo investigado y analizado

90. En la etapa preliminar las importadoras CMA, Avon, IML, TMK, Sears y Provsa cuestionaron la determinación de la Secretaría de considerar como periodo investigado el comprendido del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014. Argumentaron que dicho periodo no cumple con lo dispuesto en la legislación aplicable, de acuerdo con el artículo 76 del RLCE y la Recomendación de la OMC.

91. Vasconia consideró que el periodo investigado cumple con la normatividad antidumping. Argumentó que la actualización del periodo investigado resulta innecesaria pues la información que aportó fue la más cercana disponible a la presentación de la solicitud.

92. En el punto 120 de la Resolución Preliminar, la Secretaría determinó que el periodo investigado cumple con lo dispuesto en el artículo 76 del RLCE y con la Recomendación de la OMC.

93. En la etapa final del procedimiento CMA, Avon, IML, TMK, Sears y Provsa reiteraron su desacuerdo con el periodo investigado establecido, pues consideraron que no es el más reciente posible. Solicitaron a la Secretaría actualizar dicho periodo y el de análisis de daño con el fin de obtener datos que reflejen de forma correcta si las importaciones investigadas se realizaron en condiciones de discriminación de precios y si efectivamente afectaron a la producción nacional.

94. Avon y CMA argumentaron que de acuerdo a lo que establece la Recomendación de la OMC, cuando el periodo investigado fijado no sea lo más cercano posible a la fecha de la presentación de la solicitud, la autoridad investigadora deberá explicar de manera detallada las razones que tomó en cuenta para elegir dicho periodo y considerarlo idóneo. Consideraron que en la Resolución Preliminar la Secretaría omitió justificar la elección de dicho periodo, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping, 76 del RLCE y la Recomendación de la OMC.

95. Por otro lado, IML, TMK y Sears consideraron que en el curso de la investigación no habría por que sujetarse al periodo investigado determinado al inicio de la investigación y solicitaron actualizarlo para que comprenda del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. Argumentaron que en la Resolución Preliminar la Secretaría señaló que los importadores y exportadores no proporcionaron argumentos objetivos que justificaran la actualización del periodo investigado, sin embargo, los siguientes elementos la justifican:


a. Vasconia no tenía impedimento para que, una vez iniciada la investigación, presentara información sobre su situación económica y financiera hasta el 31 de diciembre de 2014;

b. la actualización del periodo investigado propuesto comprende el periodo más reciente posible con respecto al inicio de la investigación y termina tres meses y medio de dicho inicio;

c. la evolución de las importaciones hasta el 31 de diciembre de 2014 no puede tener alteración alguna en su volumen y precios toda vez que concluye antes de la publicación de la Resolución de Inicio (15 de abril de 2015), y

d. derivado de las particularidades del presente caso con respecto a las empresas que integran la rama de producción nacional, resulta conveniente la actualización del periodo investigado.


96. Adicionalmente, IML, TMK y Sears señalaron que existen precedentes de la OMC, como la determinación del Grupo Especial en los casos de Tubería de Guatemala y de Arroz, en donde se señaló que era deseable la actualización de datos para contar con información pertinente para el análisis de daño y casualidad, ya que una investigación normalmente tarda hasta doce meses.

97. Vasconia reiteró que la información que aportó fue la más cercana disponible a la presentación de la solicitud. Indicó que dicho periodo no contraviene la legislación antidumping y precedentes internacionales; asimismo, señaló que el Órgano de Apelación de la OMC concluyó en los casos de Carne de Bovino y Arroz (WT/DS295/AB/R) que 15 meses de desfase sería violatorio del Acuerdo Antidumping, sin embargo, en este caso no existe tal desfase.

98. La Secretaría determinó que, contrario a lo que argumentan Avon y CMA, en el punto 120 de la Resolución Preliminar se explicaron las razones por las que consideró adecuado el periodo investigado propuesto por Vasconia. Asimismo, se reitera que resulta improcedente actualizar el periodo investigado y, en consecuencia, el analizado, pues dicho periodo cumple con lo establecido en el artículo 76 del RLCE y en la Recomendación de la OMC.

99. La Secretaría valoró los argumentos de IML, TMK y Sears señalados en el punto 95 de la presente Resolución. Sin embargo, consideró que no es procedente la actualización de periodo investigado debido a que existen limitaciones temporales prácticas en cuanto la recopilación y procesamiento de la información necesaria; por ejemplo, tan sólo obtener las estadísticas de importaciones de artículos para cocinar de aluminio para el periodo propuesto, haría prácticamente imposible que la investigación concluyera en los plazos previstos en la legislación.

100. Adicionalmente, la Secretaría considera que si bien es cierto que los precedentes señalados por IML, TMK y Sears indican que es deseable actualizar los datos para el análisis de daño y causalidad, también señalan que un desfase de 8 meses entre el fin del periodo investigado y el inicio de la investigación no impide un examen objetivo, como en el presente caso. El Informe del Grupo Especial del caso México-Derechos antidumping sobre las tuberías de acero procedentes de Guatemala (WT/DS331/R), del 8 de junio de 2007, respalda esta consideración. En efecto señala lo siguiente:

7.228 “…los datos examinados en relación con el dumping, el daño y la relación causal deberán incluir, en la medida de lo posible, la información más reciente, teniendo en cuenta la demora inevitable causada por la necesidad de llevar a cabo una investigación, así como los problemas prácticos de la reunión de datos en un caso determinado”.

7.233 México insiste en que el final del período objeto de investigación fue lo más cercano posible a la iniciación, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que se produjo cinco meses antes de la presentación de la solicitud”.

7.234 “…hay limitaciones temporales prácticas por lo que respecta a la producción, reunión y análisis de datos. Habida cuenta, en particular, del tiempo necesario para que se produzcan y publiquen datos del tipo de los incluidos en esta solicitud en materia antidumping, y para que posteriormente los reúna y analice el solicitante con el fin de utilizarlos en su solicitud, no fue irrazonable que la autoridad investigadora utilizara un conjunto de datos correspondientes a un período que había concluido ocho meses antes de la iniciación de la investigación”.

7.239…los desfases temporales en el presente caso no son tan grandes, y ello hace que el período objeto de investigación en el presente caso no sea tan "antiguo" como en el del arroz. Es indudable que Economía, al decidir basar su determinación de la existencia de daño en un período objeto de investigación que había finalizado ocho meses antes de que se iniciara la investigación, y no actualizar la información, carecía de la información más pertinente, creíble y fiable. Sin embargo, dadas las limitaciones temporales prácticas inherentes a la producción de los datos que posteriormente debía reunir y analizar la solicitante (para utilizarlos y presentarlos en la solicitud) y que a continuación debía analizar la autoridad investigadora, y habida cuenta de que la investigación se realizó dentro de las limitaciones temporales generales previstas en el Acuerdo, no consideramos que Guatemala haya establecido que los desfases temporales en este caso impidieran a Economía formular una determinación de la existencia de daño basada en pruebas positivas y que comprendiera un examen objetivo.

[Énfasis propio]

101. En consecuencia, el periodo que se fijó como investigado no contradice lo dispuesto en el artículo 76 del RLCE y en la Recomendación de la OMC, no obstante que hayan transcurrido cinco meses entre el término del mismo (junio de 2014) y de la presentación de la solicitud de inicio (2 de diciembre de 2014), puesto que ninguna de estas dos disposiciones precisan un número determinado de meses o directrices para cumplir con dicho requisito.


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