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c. sus bases de datos están plagadas de inconsistencias o conceptos inaplicables, o bien, de los cuales carecen de sustento, cuestiones reconocidas por las propias contrapartes y que la propia Secretaría destacó en el punto 199 de la Resolución Preliminar;

d. Vasconia constató que la información de transacciones reportadas en las bases de datos proporcionadas no es representativa del mercado nacional de Brasil, ya que sólo representan una parte muy pequeña del mercado brasileño, motivo por el cual no puede ser aceptada para el cálculo del valor normal;

e. por su parte, las empresas Avon y CMA presentaron en conjunto no más de 50 facturas, de las cuales al menos 15 de ellas no hacen referencia al producto objeto de investigación, por lo que el universo de facturas tomado en cuenta para verificar la información es muy pequeño;

f. en contraste, Vasconia presentó 409 referencias de precios de Brasil seleccionadas de manera objetiva y que cubren precios de 20 marcas de productos brasileños, por el contrario, las contrapartes presentan marcas de tan sólo 3 productores, y

g. las referencias de precios presentadas por la Solicitante sí son representativas del mercado brasileño, mientras que las de las contrapartes claramente no lo son.


G. Debido a las deficiencias y lo poco fiable que es la información proporcionada por las contrapartes para el cálculo del valor normal en el país sustituto, la Secretaría debe determinar que la mejor información disponible para calcular el valor normal es la presentada por Vasconia.

H. La Secretaría no debe aplicar ningún otro ajuste por cargas impositivas más que los que se consignan en las propias facturas. Incluso Vasconia notó que los porcentajes de algunos impuestos son menores a los que había estimado y considerado en un inicio, como es el caso del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Prestación de Servicios (ICMS). Es por ello que la Secretaría debe cerciorarse que los impuestos sean los realmente aplicables y no considerar otros ajustes por cargas impositivas. Asimismo, las contrapartes omitieron presentar información suficiente para que procedan ajustes al valor normal por términos y condiciones de venta, flete y seguro terrestre y cargas impositivas, en términos del artículo 36 de la LCE.

I. La Secretaría actuó apegada a derecho al determinar en la Resolución Preliminar como improcedentes las solicitudes de las empresas Imusa, Larroc y Seb Asia respecto a que se les determinara un margen de discriminación de precios individual, debido a que como las propias partes señalan, ellas son comercializadoras, más no productoras, del producto objeto de investigación.

J. La Resolución Preliminar constata que la Solicitante acreditó debidamente el daño a la rama de producción nacional derivado de las importaciones de artículos para cocinar de aluminio a precios discriminados, y así debe ser confirmado en la Resolución final.

K. Ninguna de las contrapartes presentó prueba alguna para desacreditar las pruebas del daño causado por el producto objeto de investigación. Las contrapartes se limitaron a alegar sin ningún sustento que las importaciones investigadas no causaron daño a la industria nacional, para ello presentaron argumentos que no son ni pertinentes ni positivos para la presente investigación, por lo que deben de ser desechados. Tales como los siguientes:


a. las importadoras IML, Sears y TMK, pretenden utilizar una encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para decir lo contrario a lo demostrado por Vasconia, y si bien esa encuesta señala que aumentó la producción de los artículos para cocinar de aluminio, también lo es que dicha encuesta toma en cuenta productos que no están siendo investigados e incluye compañías que no forman parte de la rama de producción nacional;

b. otras contrapartes, haciendo uso equivocado de información de los reportes financieros publicados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alegan que Vasconia no sufrió daño y que incluso sus indicadores financieros tienen un comportamiento positivo, pero nuevamente se equivocan ya que la información a la que refieren corresponde a todo Vasconia, por lo que incluye líneas de negocio que no corresponden al producto objeto de investigación, y

c. las contrapartes no demostraron que el daño sostenido y demostrado por la rama de producción nacional se debiera a otros factores de daño, como el supuesto aumento en la demanda por productos distintos a los nacionales o el supuesto desplazamiento de otros productos que no son de aluminio, como ollas de peltre y acero, o bien, como los supuestos problemas en la proveeduría de la Solicitante.


L. La imposición del monto completo de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones del producto objeto de investigación, es la única forma de eliminar el daño causado por las mismas. Debido a que montos de cuotas compensatorias menores a los márgenes de discriminación de precios no serán suficientes para impedir que continúe el daño a la rama de producción nacional de artículos para cocinar de aluminio.


24. Vasconia presentó a los principales productores de artículos para cocinar de aluminio en Brasil, obtenidos de la página de Internet http://www.siamfesp.org.br/novo/conteudo/associados/associados.asp?ordem=4#, consultada el 3 de febrero de 2016.

25. El 11 de febrero de 2016 Cinsa manifestó que se adhiere en todos los términos a los argumentos y pruebas complementarias que presentó Vasconia.

3. Importadoras

26. El 11 de febrero de 2016 Avon manifestó:


A. La Resolución Preliminar contraviene lo dispuesto por los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping y 39 del RLCE, toda vez que al momento de calcular el margen de discriminación de precios supuestamente aplicable, no se calculó un margen de discriminación individualizado por producto previo a la ponderación del mismo.

B. La determinación de la Secretaría de que no se puede realizar una segmentación del producto objeto de investigación pues las partes en la investigación no señalaron la participación de cada elemento en la estructura de costos de producción de la mercancía investigada, deja en estado de indefensión jurídica a Avon, pues la Secretaría pretende imponerle la carga de la prueba respecto de cuestiones a las que no tienen acceso.

C. La Secretaría debe considerar ajustes adicionales a los realizados a las facturas de ventas en Brasil. Lo anterior, en virtud de que si bien dichas facturas corresponden a mercancías adquiridas directamente del fabricante en Brasil, presentan características especiales que deben ser consideradas, tales como:


a. que los créditos otorgados por los fabricantes brasileños representan cuentas por cobrar para éstos y cuentas por pagar para su filial brasileña, lo cual tiene un impacto sobre las ventas y el costo de ventas de los fabricantes brasileños;

b. las diferencias en términos de compra y venta pueden distorsionar el costo de ventas y los ingresos por concepto de ventas de un grupo de empresas, para eliminar esta distorsión deberán hacerse ajustes a los precios de venta de los productos analizados, y

c. de conformidad con los artículos 38 y 39 del RLCE y 2.4 del Acuerdo Antidumping, la Secretaría deberá de realizar todos los ajustes necesarios al valor normal del producto objeto de investigación por diferencias físicas, entre otros. Lo anterior es necesario cuando el producto objeto de investigación comprenda una cantidad considerable de mercancías entre las cuales existan diferencias notables, como es el caso concreto.


D. La Secretaría estableció que las diferencias que se señalaron a lo largo de la investigación, no comprometen la similitud entre el producto objeto de investigación y el de producción nacional. Lo anterior, es del todo falso y por lo tanto incorrecto, pues contrario a lo dicho por la Secretaría, las mercancías que integran el producto objeto de investigación sí cuentan con diferencias fundamentales que incluso llegan a tener como consecuencia que las mismas no puedan ser intercambiables entre sí.

E. La Secretaría no realiza una correcta interpretación de lo dispuesto por los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping y 76 del RLCE, así como de lo resuelto por el Comité de Prácticas Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su “Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” contenido en el documento G/ADP/6 (en adelante “la Recomendación de la OMC”). Lo anterior en razón de lo siguiente:


a. el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC considera conveniente que el periodo de recopilación de datos para las investigaciones antidumping deberá terminar en la fecha más cercana posible a la fecha de inicio de la investigación, a fin de obtener datos que reflejen de forma correcta si las importaciones investigadas se realizaron o no en condiciones de discriminación de precios y si en dicho periodo afectaron a la producción nacional. Sin embargo, el periodo investigado del presente procedimiento se encuentra a cinco meses de distancia de la presentación de la solicitud de inicio. No obstante lo anterior, la Secretaría desconoce tal circunstancia y señala que ninguna de las disposiciones aplicables (artículo 76 del RLCE y Recomendación de la OMC) fija un plazo máximo para determinar el periodo investigado;

b. la Secretaría consideró qué, si bien transcurrieron 5 meses de la solicitud de inicio al término de la misma, dicha circunstancia supuestamente aconteció en virtud de que la Solicitante tuvo diversas limitaciones temporales de carácter práctico para la recopilación de la información, así como que lo argumentado por Avon y diversas comparecientes resulta infundado, pues supuestamente no se aportaron pruebas ni argumentos objetivos que justificaran su decir. No obstante lo anterior, y contrario a lo señalado por la Secretaría, sí se aportaron argumentaciones suficientes para determinar la improcedencia de la presente investigación, por la falta de establecer un periodo de investigación adecuado, y

c. la Secretaría no realizó pronunciamiento alguno respecto a que en ningún momento se justificaron las consideraciones que tomaron en cuenta para fijar el periodo investigado, a efecto de que las partes interesadas en comparecer en dicha investigación conocieran las razones y criterios que dicha autoridad consideró idóneos para determinar que la investigación antidumping se centraría en dicho periodo, a fin de respetar sus derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica.


F. La Secretaría consideró un solo periodo de cambios para realizar sus conclusiones en relación con el análisis de daño en la rama de la producción nacional, lo cual no demuestra el comportamiento que tuvo esta variable durante todo el periodo de análisis, contrario a lo que exige los artículos 41 de la LCE y 64 y 65 del RLCE. Por lo que tal determinación es incorrecta pues se debió tomar en cuenta los resultados de las variables económicas de todo el periodo analizado y no únicamente del periodo investigado.


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