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Revista Americana de Urbanismo Para Juristas y Técnicos Fernando García-Moreno Rodríguez

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Revista Americana de 

Urbanismo

Para Juristas y Técnicos

Fernando García-Moreno  Rodríguez

La revista americana de urbanismo: Una ventana abierta a las nuevas concepciones y 

experianecias urbanísticas de un mundo cambiante y en continua evolución que requiere del 

máximo intercambio de información.

Martín Bassols Coma

Ante el cincuentenario de la revista de derecho urbaístico y medio ambiente. 

(Before the fifty-ninth anniversary of the magazine of urbanistic and environmental law)

Carlos E. Delpiazzo

El desafío de las “ciudades digitales”

(The challenge of “digital cities”)

Elizabeth Espinosa Dorantes

Ciudad porosa ¿ciudad sin límites?

(Porous city, city without limits?)

Celso Antonio Pacheco Fiorillo

Renata Marques Ferreira

As cidades como bens ambientais e os aglomerados subnormais (favelas) no Brasil do século XXI

(Cities as environmental goods and subnormal agglomerates (favelas) in Bbrazil of the 21st 

century)

Juan Miguel Luna Ricarte

Licencias urbanísticas y su expedición por parte de particulares. El caso colombiano

(Urban licenses and its expedition by particulars. The colombian case)

Alexey Martín López

José Manuel Jurado Almonte

La participación ciudadana en la planificación urbanística en Cuba 

(The citizen participation in the urban planning of Cuba)

Hernan Petrelli

La capacidad regulatoria territorial en la república Argentina

(Regulatory capacity territorial in the Argentine republic)

José Rosas Vera 

Carolina Hermosilla Urrutia

 

Galerías y pasajes del centro de Santiago de Chile: del canon republicano a la densidad múltiple. 

(1850-2000)

(Galleries and passages of the center of Santiago de Chile: from the republican canon to the 

multiple density. (1850-2000))

Bibliografía

GIUSEPPE FRANCO FERRARI (A CURA): LA PROSSIMÁ CITTÁ. 

Editorial MIMESIS. Milán 2017. 827 paginas.

DIRECTOR   D. Fernando García-Moreno Rodríguez

AÑO  I • NÚM.  0   • MAZO  2018



RADU

REVISTA AMERICANA 

DE URBANISMO

Para Juristas y Técnicos

Esta revista nace en el año 2017 con el propósito de convertirse en una pu-

blicación de referencia, que aborde desde una perspectiva jurídica y téc-

nica, todos los aspectos relacionados con el urbanismo iberoamericano.

Nuestra meta es difundir conocimientos urbanísticos y para ello contar en 

nuestras páginas con trabajos redactados por los más prestigiosos pro-

fesionales: magistrados, abogados, arquitectos, ingenieros, empleados 

públicos, notarios, registradores, profesores universitarios etc. que ejer-

zan en el ámbito iberoamericano. Es una revista de iberoamericanos para 

iberoamericanos.

La RADU se presenta como una publicación científica, rigurosa, práctica 

por lo que los lectores podrán encontrar en ella estudios doctrinales, tra-

bajos de divulgación, comentarios legislativos, jurisprudencia, casos prác-

ticos etc. enfocada hacia los dos grandes grupos de profesionales involu-

crados con el urbanismo, juristas y técnicos ya que el urbanismo es una 

disciplina en la que deben convivir ambas enseñanzas.

Por otro lado pretendemos que sea un lugar de encuentro a través del 

cual intercambiar y poder conocer las experiencias, problemática y en 

definitiva, realidad, que acontece en relación con tales materias en otros 

países del entorno en donde el urbanismo y el medio ambiente no es tan 

distinto al propio. Por último, la Revista Americana de Urbanismo, busca 

ser una plataforma que impulse el estudio y la mejora sensata y racional 

de tales materias en beneficio de todas las sociedades que integran la gran 

Comunidad Iberoamericana pues no hay lugar a duda, que tal evolución, 

traerá notables progresos y mejoras a esta última.

Confiamos en que en estas páginas, encuentren el contenido que les sir-

va de ayuda en su desempeño profesional, en su formación urbanística y 

disciplinas conexas.

Si quiere participar, no dude en enviarnos su artículo de acuerdo con las 

normas establecidas, así como sus ideas sugerencias u opiniones. Muchas 

gracias



La RADU no se responsabiliza necesariamente de los criterios y/u 

opiniones expuestos en los artículos que se reproducen en esta pu-

blicación, los cuales se consideran propios del autor o autores co-

rrespondientes. 

Salvo autorización expresa de sus titulares y de las excepciones pre-

vistas, en su caso, por la ley, queda prohibida cualquier forma de re-

producción, distribución, comunicación pública o transformación y/o 

almacenamiento, total o parcial, por cualquier medio, de esta obra. 

© 2018 Revista americana de urbanismo

© RDU Revistas Especializadas, S.L. 

ISSN solicitado



CONSEJO CIENTÍFICO 

ARGENTINA

Don Hernán Petrelli 

Abogado especialista en Derecho Urbano y 

Ambiental.

Don Guillermo Scheibler:

Abogado. Juez de primera instancia en lo 

Contencioso-Administrativo y Tributario de 

la ciudad de Buenos Aires.

Don Daniel Fernando Soria

Abogado especializado en Derecho 

Administrativo. Ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la provincia de Buenos 

Aires.

Don Guido Santiago Tawil

Doctor en Derecho. Abogado 

especializado en Derecho Administrativo y 

Administración Pública. Profesor Titular de 

Derecho Administrativo.

Don Sebastián Tedeschi

Abogado especialista en Derecho a la 

Vivienda, Habitat, Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.

Don Guillermo Tella

Arquitecto y Doctor en Urbanismo. 

Profesor e investigador en la Universidad 

de Buenos Aires. Coordinador de 

la Licenciatura de Urbanismo en la 

Universidad Nacional General Sarmiento.

BOLIVIA

Don Oscar Avilés Jiménez

Arquitecto. Director del Departamento de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

del Valle (UNIVALLE).

Doña María Claudia Canedo Velasco

Arquitecto, Especialista en Urbanismo, 

Docente con Permanencia de la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 

la Universidad Privada de Santa Cruz de la 

Sierra.

Don Gastón Gallardo Dávila

Arquitecto. Decano de la Facultad de 

Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de 

la Universidad Mayor de San Andrés.

Don Víctor Hugo Limpias Ortiz

Arquitecto. Decano de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad privada de Santa Cruz de la 

Sierra y Docente Investigador en dicha 

Universidad.

Don Virgilio Suarez Salas

Arquitecto. Docente con permanencia 

en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo de la Universidad de Santa Cruz 

de la Sierra.

BRASIL

Doña Daniela Campos Liborio

Abogada. Presidenta del Instituto Brasileño 

de Derecho Urbanístico (IBDU). Profesora 

en la Pontificia Universidad Católica de Sao 

Paulo.

Don Fabio Machado Baldissera

Abogado especializado en temas 

inmobiliarios. Doctor en Derecho. 

Presidente de la Asociación Gaucha de 

Abogados de Derecho Inmobiliario y 

Empresarial.

Don Celso Maran de Oliveira

Doctor en Ciencias de Ingeniería Ambiental. 

Profesor del Departamento de Ciencias 

Ambientales en la Universidad Federal de 

San Carlos.

Don Celso Antonio Pacheco Fiorillo

Abogado. Doctor en Derecho. Profesor 

libre docente en Derecho Ambiental en la 

Universidad de Sao Paulo.

PRESIDENTE DEL GRUPO EDITORIAL

Don Francisco José Alegría Martínez de Pinillos

Abogado 

DIRECTOR 

Don Fernando García-Moreno Rodríguez

Profesor Titular de Derecho Administrativo.

Universidad de Burgos


Don Nelson Saule Junior

Abogado. Vicepresidente del Instituto 

Brasileño de Derecho Urbanístico (IBDU). 

Profesor en la Pontificia Universidad 

Católica de Sao Paulo. Coordinador del 

Área de Derecho de la ciudad del Instituto 

Pólis.

CHILE

Don Sergio Leonardo Baeriswyl Rada

Arquitecto. Doctor en Urbanismo. Director 

del Departamento de Planificación y Diseño 

Urbano de la Universidad del Bio Bio 

(Concepción).

Don Juan Ignacio Baixas Figueras

Arquitecto. Académico de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Miembro 

de la oficina profesional Baixas y Del Rio 

Arquitectos.

Don Pedro Bannen Lanata

Arquitecto. Profesor titular de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Católica 

de Chile.

Don Eduardo Cordero Quinzacara

Abogado. Doctor en Derecho. Profesor 

de Derecho Administrativo y Derecho 

Urbanístico en la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaiso.

Don Carlos Muñoz Parra

Doctor Arquitecto. Académico en la 

Escuela de postgrado de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

de Chile.

Don Enrique Rajevic Mosler

Abogado. Doctor en Derecho. Especialista 

en Derecho Urbanístico y Gestión Pública. 

Profesor de la Universidad Alberto 

Hurtado.

Don José Rosas Vera

Doctor Arquitecto. Académico en Escuelas 

de Arquitectura de diversas Universidades 

de Chile.

COLOMBIA

Don Juan Manuel González Garavito

Director del departamento de Derecho 

Urbano e Inmobiliario de Pinilla, González 

& Prieto Abogados (PGP).

Don Fernando Laserna Silva

Abogado. Especialista en Derecho 

Urbanístico. Director y docente de la 

especialización en Derecho Urbanístico de 

la Facultad de Derecho de la Universidad 

Javeriana. Asesor y consultor de empresas 

del sector privado vinculadas a las áreas 

del urbanismo y edificación.

Don Miguel Alejandro Malagón Pinzón

Catedrático de Derecho Administrativo. 

Profesor asociado de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de los Andes en 

Bogotá, Colombia.

COSTA RICA

Don José Pablo Bulgarelli Bolaños

Arquitecto. Profesor de diseño urbano en la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad 

Hispanoamericana de Costa Rica.

Doña Kenia García Baltodano

Arquitecta. Profesora y Coordinadora de 

la Comisión de Posgrado de la Escuela de 

Arquitectura y Urbanismo del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica.

Don David Porras Alfaro

Doctor Arquitecto. Profesor, Investigador 

y Coordinador del Centro Internacional 

de estudios de la Escuela de Arquitectura 

y Urbanismo CIE-EAU del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica.

CUBA

Don Andry Matilla Correa

Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor 

titular de Derecho Administrativo de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de 

la Habana.

Doña Lourdes Ortega Morales

Doctora en Ciencias Técnicas (PhD). 

Profesora Titular del Departamento de 

Diseño de la Facultad de Arquitectura 

y Coordinadora de la Maestría en 

Ordenamiento Territorial y Urbanismo de 

la Universidad Tecnológica de La Habana.

ECUADOR

Doña Eddy de la Guerra Zúñiga

Abogada. Doctora en Jurisprudencia. 

Catedrática de la Universidad Andina 

Simón Bolívar.


Don Cesar Montaño Galarza

Doctor (PhD) en Derecho. Presidente del 

Centro Andino de Estudios Internacionales. 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador.

EL SALVADOR

Don Carlos Ferrufino

Arquitecto. Profesor e Investigador en 

las áreas de Diseño Arquitectónico, 

Ordenamiento y Gestión Territorial en la 

Universidad Centroamericana José Simeón 

de Cañas.

ESPAÑA

Don Fernando García-Moreno Rodríguez

Profesor Titular de Derecho Administrativo. 

Universidad de Burgos.

Don Santiago González-Varas Ibáñez

Catedrático de Derecho Administrativo. 

Universidad de Alicante.

Don Francisco Javier Jiménez de Cisneros 

Cid:    

Catedrático de Derecho Administrativo. 

Universidad Autónoma de Madrid.

Don Álvaro Sánchez Bravo

Profesor Contratado Doctor de Filosofía del 

Derecho. Universidad de Sevilla.

GUATEMALA

Don Raúl Estuardo Monterroso Juárez

Doctor en Arquitectura. Profesor Titular 

en la Facultad de Arquitectura  de la 

Universidad San Carlos.

Don David Rosales Bolaños

Arquitecto. Profesor de Legislación Urbana 

y Territorial en la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad de San Carlos.

HONDURAS

Doña Belinda Marrder

Arquitecta. Vicepresidenta del 

Consejo de Acreditación de la Agencia 

Centroamericana de acreditación de 

programas de Arquitectura e Ingeniería.

MÉJICO

Doña Estefanía Chávez de Ortega

Arquitecta. Doctora en Urbanismo. 

Presidenta y fundadora de la Asociación de 

arquitectas y urbanistas de Méjico.

Doña Elizabeth Espinosa Dorantes

Arquitecta. Doctora en Urbanismo. Jefa 

del Área de Arquitectura y Urbanismo 

Internacional Universidad Autónoma 

Metropolitana Azcapotzalco.

Don Luis Fernando Guerrero Baca

Arquitecto. Doctor en Diseño con 

especialización en conservación y 

restauración del patrimonio construido. 

Profesor-investigador de la Universidad 

Autónoma Metropolitana.

Don José María Nava Townsend

Arquitecto. Coordinador y docente del 

Departamento de Arquitectura en la 

Universidad Iberoamericana.

NICARAGUA

Don Arnoldo Guillén Monterrubio

Director ejecutivo, Fundación para 

el desarrollo local de Nicaragua 

(FUNDESONIC).

Don René Terrazas Febres

Arquitecto. Decano de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 

Iberoamericana de Ciencia y Tecnología.

PANAMÁ

Don René Pardo Ceballos

Arquitecto. Urbanista. Profesor en la 

Universidad Tecnológica de Panamá.

PARAGUAY

Doña María Luz Cubilla

Arquitecta. Vicepresidenta de la Federación 

Panamericana de Asociaciones de 

Arquitectos (FPAA).

PERÚ

Don Pedro Antonio Belaunde Martínez

Arquitecto. Profesor principal de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú.


Don Ramón Chehade Herrera

Abogado. Fundador y Presidente del 

Instituto Peruano de Derecho Urbanístico.

Don Wiley Ludeña Urquizo

Arquitecto. Doctor en Derecho Urbanístico. 

Profesor de Arquitectura. Especialista en 

Historia y Teoría del Urbanismo y planes de 

desarrollo urbano en Perú.

PORTUGAL

Don Fernando Alves Correira

Catedrático de Derecho Administrativo. 

Universidad de Coímbra.

Doña Dulce Lopes

Profesora Doctora Adjunta. Universidad de 

Coímbra. 

Don Claudio Monteiro

Juez Consejero.Tribunal Constitucional 

PUERTO RICO

Don Luis Badillo Lozano

Arquitecto. Docente y Decano de la Escuela 

de Arquitectura de la Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico.

Don Julio E. Fontanet Maldonado

Doctor en Derecho. Catedrático y Decano 

de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.

REPÚBLICA DOMINICANA

Don Gustavo Luis Moré

Arquitecto. Profesor de arquitectura en 

la Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña. Editor de la revista Archivos de 

Arquitectura Antillana y de la revista 

Arquitiempo de la Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña.

Don Omar Rancier:

Arquitecto. Profesor de Arquitectura en 

la Universidad Nacional Pedro Henríquez 

Ureña.

URUGUAY

Don Federico Bervejillo Terra

Arquitecto. Catedrático de Urbanismo, 

Ambiente y Paisaje. Profesor titular en la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad 

ORT Uruguay.

Don Carlos E. Delpiazzo

Catedrático de Derecho Administrativo en 

la Universidad de Montevideo.

Don Felipe Rotondo Tornaría

Catedrático de Derecho Administrativo en 

la Universidad de Montevideo.

VENEZUELA

Don Argimiro Castillo Gandica

Decano y Profesor de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad de 

los Andes.

Doña Loraine Mayrim Giraud Herrera

Doctora en Desarrollo Sostenible. 

Profesora adscrita al Departamento de 

Planificación Urbana y Coordinadora de 

Estudios Urbanos de la Universidad Simón 

Bolívar.

Don Oscar Olinto Camacho

Arquitecto. Profesor de Urbanismo en la 

Universidad Central de Venezuela y en la 

Universidad Simón Bolívar.

Don Armando Rodríguez García

Doctor en Derecho. Profesor Agregado y 

Coordinador del postgrado en Derecho 

Administrativo en la Universidad Central de 

Venezuela.

Don Hernán Zamora Rapale

Doctor Arquitecto. Profesor Asociado en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Central de Venezuela.


RDU Revistas especializadas, SL

Teléf. 00-34 91 574 64 11 -Fax 00-34 91 504 15 58  

rdu@rdu.es

www.rdu.es 

PRECIOS PARA EL AÑO 2018

Suscripción anual enero-diciembre 2018  ........................ 80 € (más IVA  cuando 

proceda) 


NORMAS PARA LA REMISIÓN DE 

TRABAJOS PARA SU EVALUACIÓN

DE INTERÉS PARA LOS AUTORES

Muy importante: La no observancia de alguna de las normas que a 

continuación se detallan motivará el rechazo del artículo enviado sin entrar 

en su valoración científica, siendo devuelto de inmediato para la subsana-

ción de los incumplimientos, defectos o vacíos detectados.

La presentación de trabajos para su publicación está abierta a cualquier 

interesado. Todos los trabajos que se publiquen deberán superar un 

ri-

guroso proceso previo de revisión por parte de Evaluadores externos a la 

Revista 

(“pares ciegos”), así como por el Consejo Científico de esta última, 

que valorará especialmente la originalidad, rigor e interés establecidos por 

la RDU, entre otros.

La remisión de trabajos para su publicación supone la cesión, por parte 

de todos los autores del mismo, en favor de RDU, de un derecho exclusivo 

para la publicación, reproducción y comunicación pública del mismo en 

revistas científicas, para todo el mundo y por el plazo máximo que permita 

la ley.

A continuación se detallan los requisitos que deben cumplir los trabajos 

a efectos de su revisión:

ORIGINALIDAD Y AUTORÍA

Todo trabajo remitido para su publicación deberá ser original e inédito. 

En caso de que algún trabajo sea publicado en alguna otra publicación con 

posterioridad a su remisión a esta secretaría, el autor deberá notificarlo 

inmediatamente, para proceder a la devolución del mismo.

La autoría de los trabajos remitidos debe pertenecer a quien o quienes 

lo suscriban, lo que así se hará constar en el modelo de declaración de 

autoría del trabajo (Anexo I) que deberá acompañar inexcusablemente a 

este último.

DOCUMENTACIÓN

Junto con el trabajo se deberá adjuntar, debidamente cumplimentado, 

el modelo de resumen ejecutivo del mismo, que se detalla en el Anexo II.


Los datos personales que los autores faciliten durante este proceso así 

como cualesquiera otros datos que se generen con posterioridad como 

consecuencia de su relación con la RADU, se incluirán en ficheros de los 

que RADU (con domicilio social en C/ Fray Juan Gil 7, Madrid; email: lopd@

rdu.es) es responsable (el “Responsable”). Los datos serán tratados por el 

Responsable para el desarrollo, mantenimiento y control de la relación del 

autor con la RADU y en particular, para gestionar la publicación de trabajos 

y la difusión de los mismos, así como para tramitar las peticiones que el au-

tor nos dirija, conservar las comunicaciones para mejorar nuestro servicio 

así como para efectos estadísticos. Para ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente previstos, 

el usuario debe enviar una solicitud por escrito al Responsable a la direc-

ción o al email que se señala en esta cláusula, indicando en el asunto y 

adjuntando copia del documento que acredite su identidad.

REMISIÓN

Los trabajos se remitirán al correo electrónico rdu@rdu.es El asunto del 

correo deberá indicar: Remisión de Artículo para su publicación, autor/es 

del mismo y país de procedencia. 

ESTRUCTURA Y FORMATO

La estructura de los trabajos a presentar deberá seguir el siguiente es-

quema:

 

D

 Declaración de autoría del artículo por el/los autores, conforme al 

Anexo I.

 

D

 Información sobre los autores y el trabajo, conforme al 

Anexo II.

 

D

 Título del artículo en español  y traducción del mismo al inglés.

 

D

 Resumen 

del artículo y palabras clave en español y traducción 

del resumen (Abstract) y palabras clave (Key Words) al inglés.

 

D

 Sumario o índice del trabajo (obligatorio).

 

D

 Texto del artículo.

 

D

 Conclusiones numeradas del artículo (obligatorio). 

 

D

 Bibliografía final de las fuentes bibliográficas utilizadas (obligato-

rio).


Asimismo, los trabajos deberán cumplir con las siguientes característi-

cas:

 

D

 Tanto en el Sumario como en el Texto del artículo, las partes 

principales en que se divida el mismo se indicarán en números 

romanos (I.-, II.-, III.-, etc…), los epígrafes dentro de cada uno de 

ellos arrastrando el correspondiente número romano y con nú-

meros arábigos (II.1.-, II.2.-, II.3.-, etc…), los apartados dentro de 

cada epígrafe, arrastrando los respectivos números romanos y 

arábigos y añadiendo una letra mayúscula (III.1.A.-, III.1.B.-, etc...), 

los subapartados dentro de cada apartado arrastrando todos 

los números y letras anteriores y añadiendo números arábigos 

(IV.1.A.1.-, IV.1.A.2.-, etc…).

 

D

 Extensión mínima y máxima incluyendo todas las partes que de-

ben integrar el mismo (Título, Resumen y Palabras Clave en es-

pañol Traducción de todos ellos al inglés, Sumario, Texto, Con-

clusiones y Bibliografía final): 20 páginas la mínima y 30 páginas 

la máxima. Los trabajos realizados por dos o más autores no po-

drán exceder en ningún caso el 50% de la extensión máxima de 

los trabajos realizados individualmente, por lo que aquellos no 

podrán superar las 45 páginas. De hacerlo, y a criterio del Consejo 

Científico, podrán ser objeto de división para su publicación en 

números consecutivos.

 

D

 Configuración de las páginas: 2,5 cm arriba, abajo a la derecha y a 

la izquierda.

 

D

 Tipo de letra para el texto superior o principal: Times New Roman 

12.

 

D

 Tipo de letra para las notas a pie de página: Times New Roman 10.

 

D

 Alineación: Justificada.

 

D

 Interlineado del texto superior y de las notas a pie de página: sen-

cillo.

 

D

 Citas:  Deberán  figurar  a  pie  de  página,  numeradas  correlativa-

mente, haciendo referencia al autor del contenido, título original 

de la obra, editorial, lugar, fecha y página dónde encontrar la re-

ferencia original. Las citas seguirán el modelo establecido en el 

Anexo III

 

D

 Bibliografía utilizada: Deberá figurar al final del artículo ordenada 

por orden alfabético en función de los apellidos de los autores.


 

D

 Otros elementos: Si se desea, pueden aportarse fotografías, ilus-

traciones  y/o  gráficos  para  su  publicación,  incluyendo  la  cita  y 

autorización correspondiente, en caso de no ser propiedad del 

autor, con la manifestación expresa de que los mismos no se en-

cuentran protegidos por derechos de terceros. Dichos elementos 

deberán poseer una calidad mínima de 300 puntos por pulgada y 

deberán ser entregados en uno de los siguientes formatos: JPEG, 

EPS, PSD o TIFF y 

en archivos independientes del texto del tra-

bajo indicando claramente el lugar en donde han de ser incluidos.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Una vez recibido el trabajo, se dará acuse de recibo del mismo y se pa-

sará a los correspondientes expertos evaluadores (“pares ciegos”) que el 

Consejo Científico decida para su estudio (mínimo dos). Una vez efectuado 

el mismo, se dará cuenta de manera confidencial al autor o autores del 

resultado de la evaluación y, si esta es favorable, se procederá a la publica-

ción del trabajo en el número y fecha que determine la dirección de la RDU.

En caso de que la evaluación del trabajo resultara desfavorable, se co-

municarán al autor los motivos y le será devuelto con indicación, en su 

caso, de la posibilidad de que el mismo pueda ser revisado para su reeva-

luación.


ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL TRABAJO

Señor Director de la RDU

D………………………autor/res del trabajo titulado………………………... que se 

presenta para su evaluación y, en su caso (tras su valoración científica po-

sitiva por “pares ciegos” externos a la Revista y supervisión ulterior por el 

Consejo Científico de ésta última), posible publicación en la revista, mani-

fiesto/manifestamos, que soy/somos su/sus autor/autores, que el mismo 

es original, no contiendo, por tanto, ningún tipo o clase de copia o plagio ni 

en su totalidad ni en ninguna parte del mismo, que se encuentra inédito en 

el momento de su publicación y que los gráficos, fotografías y demás ele-

mentos de apoyo están referenciadas fielmente con sus originales y fuen-

tes, o no están sujetos a derechos de terceros.

Todo lo cual declaro/declaramos bajo mi/nuestra absoluta responsa-

bilidad, siendo plenamente consciente/conscientes de las consecuencias 

jurídicas (civiles, e incluso, penales) que su vulneración e incumplimiento 

puede acarrear para mi/nuestras persona/personas.

En …….. a…….de……..de……. 

Firmado. 

El autor/ Los autores


ANEXO II

MODELO DE RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE Y APELLIDOS:

TÍTULO DEL ARTÍCULO:

TITULACIÓN ACADÉMICA, CATEGORÍA PROFESIONAL O PUESTO DE 

TRABAJO: (Indicar cómo se desea figurar al publicar el artículo. Solo titulaciones 

principales.)

BREVE CURRICULUM VITAE (Máximo 200 palabras):

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD:

DRECCIÓN POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

FIRMA:


ANEXO III

FORMA DE CITAR LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, 

JURISPRUDENCIALES Y OTRAS FUENTES

 

MONOGRAFÍA: APELLIDO APELLIDO, INICIAL DE NOMBRE., Título de la 

obra (en cursiva), Editorial, ciudad, año, pág.

 

a Ejemplo: RODRÍGUEZ ORCAJO, J., El sistema de compensación en el 

Derecho urbanístico español, Reus, Madrid, 1995, pág. 176

Repetición del mismo autor y obra:

 

a Ejemplo: RODRÍGUEZ ORCAJO, J., El sistema de…, op. cit., pág. 234.

Repetición inmediata del mismo autor y obra:

 

a Ejemplo: IBIDEM., pág. 417.

 

CAPÍTULO DE LIBRO: APELLIDO APELLIDO, INICIAL NOMBRE., “Título 

del capítulo del libro” (entrecomillado), en Título del Libro (en cursiva), 

Editorial, ciudad, año, pág.

 

a Ejemplo: NAVARRO ARENALES, R., “El suelo rústico hoy en día”,  en 

Derecho urbanístico español, Montecorvo, Madrid, 1987, págs. 426 

y ss.

Repetición del mismo autor y obra:

 

a Ejemplo: NAVARRO ARENALES, R., “El suelo rústico…”, op. cit., pág. 

444.

Repetición inmediata del mismo autor y obra:

 

a Ejemplo: IBIDEM., pág. 462.

 

ARTÍCULO DE REVISTA: APELLIDO APELLIDO, INICIAL NOMBRE., “Títu-

lo del artículo” (entrecomillado), Título de la Revista (en cursiva), núm., 

año, pág.


 

a Ejemplo: GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F., “Problemática jurídi-

ca de las Áreas de Transformación y de los suelos contaminados 

liberados por las mismas”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio 

Ambiente, núm. 216, 2005, págs. 151 y ss.

Repetición del mismo autor y obra:

 

a Ejemplo: GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, F., “Problemática jurídi-

ca…”, op. cit., pág. 160.

Repetición inmediata del mismo autor y obra:

 

a Ejemplo: IBIDEM., pág. 192.

 

JURISPRUDENCIA: Todas las Sentencias a que se aluda deberán indi-

car en nota a pie de página la referencia de la Base de Datos utilizada 

para poder ser localizadas.

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS: Todos los recursos electrónicos utilizados 

deberán indicar, además de su más completa referencia, cuándo fue-

ron recuperados los mismos. Ejemplo: (Recuperado el 4 de Noviembre 

de 2016).

 

TABLAS Y GRÁFICOS: Todas las Tablas y Gráficos deberán indicar la 

autoría o procedencia de las mismas, o en su defecto, señalar que son 

de elaboración propia.

 

BIBLIOGRAFÍA FINAL: Todas las fuentes bibliográficas utilizadas en el 

correspondiente artículo deberán detallarse al final del mismo por or-

den alfabético de los apellidos de los autores.


Páginas

La revista americana de urbanismo: Una ventana abierta a las 

nuevas concepciones y experiencias urbanísticas de un mundo 

cambiante y en continua evolución que requiere del máximo 

intercambio de información.

Fernando García-Moreno  Rodríguez

Profesor Titular de Derecho Administrativo

Facultad de Derecho. Universidad  de  Burgos

Director de la Revista Americana de Urbanismo

23-33

Ante el cincuentenario de la revista de derecho urbanístico y 

medio ambiente. 

(Before the fifty-ninth anniversary of the magazine of urbanistic 

and environmental law)

Martín Bassols Coma

Catedrático de Derecho Administrativo

Presidente de la Asociación Española de Derecho Urbanístico

35-57

El desafío de las “ciudades digitales”

(The challenge of “digital cities”)

Carlos E. Delpiazzo

Catedrático de Derecho Administrativo

Facultad de Derecho. Universidad de Montevideo

59-89

Ciudad porosa ¿ciudad sin límites?

(Porous city, city without limits?)

Elizabeth Espinosa Dorantes

Doctora en urbanismo.

Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional.

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

91-105

As cidades como bens ambientais e os aglomerados 

subnormais (favelas) no Brasil do século XXI

(Cities as environmental goods and subnormal agglomerates 

(favelas) in Bbrazil of the 21st century)

Celso Antonio Pacheco Fiorillo

É o primeiro professor Livre- Docente em Direito Ambiental do 

Brasil

bem como Doutor e Mestre em Direito das Relações Sociais pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Pau

Renata Marques Ferreira

Doutora e Mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo

107-131

SUMARIO DEL NÚMERO 0


Licencias urbanísticas y su expedición por parte de particulares. 

El caso colombiano

(Urban licenses and its expedition by particulars. The colombian 

case)

Juan Miguel Luna Ricaurte

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca

Master en Derecho en la Boston University (LL. M)

133-148

La  participación  ciudadana  en  la  planificación  urbanística  en 

Cuba 

(The citizen participation in the urban planning of Cuba)

Alexey Martín López

Doctor en Desarrollo Local y Planificación Territorial

Investigador del Instituto de Desarrollo Local Universidad de 

Huelva

José Manuel Jurado Almonte

Doctor en Geografía

Profesor Titular

Investigador del Instituto de Desarrollo Local Universidad de 

Huelva

149-178

La capacidad regulatoria territorial en la república Argentina

(Regulatory capacity territorial in the Argentine republic)

Hernan Petrelli

Abogado especialista en Derecho urbano y ambiental

179-209

Galerías y pasajes del centro de Santiago de Chile: del canon 

republicano a la densidad múltiple. (1850-2000)

(Galleries and passages of the center of Santiago de Chile: from the 

republican canon to the multiple density. (1850-2000))

José Rosas Vera 

Doctor Arquitecto

Jefe Programa de Doctorado

Carolina Hermosilla Urrutia 

Doctor Arquitecto

211-243

Bibliografía:

GIUSEPPE FRANCO FERRARI (A CURA): LA PROSSIMÁ CITTÁ. 

Editorial MIMESIS. Milán 2017. 827 paginas.

Martin Bassol Coma

Catedrático Derecho Administrativo (PH Universidad de Alcalá)

Presidente Asociación Española de Derecho Urbanístico

245-250



RADU Revista Americana de Urbanismo

ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, pág . 23-33

23

Carta del director

LA REVISTA AMERICANA DE URBANISMO: 

UNA VENTANA ABIERTA A LAS NUEVAS 

CONCEPCIONES Y EXPERIENCIAS 

URBANÍSTICAS DE UN MUNDO CAMBIANTE 

Y EN CONTINUA EVOLUCIÓN QUE 

REQUIERE DEL MÁXIMO INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN

Por Fernando García-Moreno  Rodríguez

Profesor  Titular de Derecho  Administrativo

Facultad  de Derecho. Universidad  de  Burgos

Director de la Revista Americana de Urbanismo

Parece lo más oportuno como Director de esta nueva revista 

científica que hoy ve la luz por primera vez a través de su número 

0, el hacer siquiera sea una breve presentación de la misma, motivo 

por el cual he optado como medio más idóneo para hacerlo, el es-

cribir una Carta, a modo de presentación y a la vez declaración de 

intenciones, con la que se abre dicho número 0 de la Revista Ame-

ricana de Urbanismo (para juristas y técnicos) a todos cuantos en 

el presente o en un futuro puedan estar interesados en la misma, 

bien como lectores-suscriptores, bien como colaboradores, bien 

como mero público curioso en una temática que desde múltiples 

disciplinas, querámoslo o no, termina afectándonos, pues todos, y 

salvo excepciones muy contadas, vivimos en poblaciones, bien sean 

grandes, medianas o pequeñas, regidas por la dinámica propia y ca-

racterística del urbanismo. Al hilo de ello y antes de abordar otras 

cuestiones, quiero subrayar que la Revista Americana de Urbanis-

mo (para juristas y técnicos) está por encima de cualquier concreta 

CARTA DEL DIRECTOR


RADU Revista Americana de Urbanismo

ISSN, núm. 0, Madrid, marzo 2018, pág . 23-33

24

FERNANDO GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ

disciplina o profesión, ya que la misma tiene por objeto el estudio, 

teórico y práctico, del urbanismo, el cual es patrimonio de todos y 

concierne, entre otras muchas, a materias tan dispares como el De-

recho, la Economía, la Sociología, la Ciencia Política, la Arquitectura, 

la Ingeniería, etc… Pues bien, a todos estos profesionales y a otros 

más que consideren que desde su profesión, puesto de trabajo o 

dedicación específica pueden contribuir al enriquecimiento del ur-

banismo se encuentra abierta aquella. De ahí y para no dejar ningún 

atisbo de duda que la Revista Americana de Urbanismo se subtitule 

entre paréntesis “para juristas y técnicos”.

Volviendo a la Carta en cuestión, cabe señalar que la he titulado 

del siguiente modo: “La Revista Americana de Urbanismo: Una venta-

na abierta a las nuevas concepciones y experiencias urbanísticas de un 

mundo cambiante y en continua evolución que requiere del máximo 

intercambio de información”, y ello por cuanto que, a mi modo de ver, 

describe los aspectos más relevantes y en cierta medida, el espíritu 

que late tras ella. Efectivamente, la Revista Americana de Urbanis-

mo (para juristas y técnicos) quiere ser una gran ventana abierta 

al  mundo,  cuya  finalidad  primera  y  última  es  acercar  a  los  profe-

sionales de los múltiples países a los que va dirigida la misma

1

 las 

últimas novedades y experiencias que tanto desde un punto de vis-

ta teórico como práctico están teniendo lugar en un mundo, como 

igualmente apunto, cada vez más complejo y cambiante. De ello se 

deduce, ya lo avanzo, que la Revista Americana de Urbanismo (para 

juristas y técnicos) pretende ser un referente internacional (funda-

mentalmente en toda Iberoamérica, pero no sólo en dicha zona o 

región del mundo)

2

 en el ámbito urbanístico, pero no sólo desde el 

1   Fundamentalmente, que no exclusivamente, los integrantes de la Comunidad Ibe-

roamericana, que son, por orden alfabético: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicara-

gua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, 

Venezuela.

2   Efectivamente, la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos) preten-

de ser un referente no sólo para todos aquellos países que conforman el denominado 

mundo hispano y por extensión de éste, al incorporar a los países hermanos de habla 

portuguesa, el mundo iberoamericano, sino más allá de ellos (a los cuales nos hemos re-

ferido en la nota a pie de página inmediatamente precedente a la que ahora nos ocupa) 

a cualesquiera otro en el que tenga una presencia destacada bien el idioma español o 

bien el idioma portugués, como ocurre en el primer caso, entre otros, en Estados Unidos 

(y dentro de dicho país, especialmente, en los Estados de Texas, Luisiana, Florida, Nueva 

York, California, Colorado, Arizona, Nuevo Méjico, Nevada o Arizona), Guinea Ecuatorial 

o Filipinas, y en el segundo supuesto, entre otros, en Angola, Mozambique o Cabo Verde.


RADU Revista Americana de Urbanismo

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25

Carta del director

punto de vista teórico, de las ideas, de las nuevas concepciones, sino 

también desde el punto de vista práctico, es decir desde la exitosa 

implementación de soluciones reales que ayudan a facilitarnos y a 

hacernos la vida cada vez un poco mejor y más fácil en nuestras 

complejas y competitivas urbes. Por otro lado, la Revista Americana 

de Urbanismo (para justas y técnicos), en íntima conexión con lo 

que acabo de apuntar, pretende que los diversos países a los que va 

dirigida la misma y por añadidura de los mismos, los profesionales 

y ciudadanos, en general, de aquellos, se beneficien, se enriquezcan 

de tal intercambio informativo, pues tal y como se desprende del 

título de la presente Carta, dicha reciprocidad en la información re-

sulta hoy en día condición sine qua non para que la ciencia, la técnica 

y por mor de éstas, las normas que tienden a regular nuestro día 

a día puedan evolucionar y progresar con el objetivo de satisfacer 

nuestras cada vez mayores y más exigentes demandas.

Tras esta breve introducción y aprovechando, tal y como ya he 

tenido oportunidad de señalar con anterioridad, que la presente 

Carta a los futuros lectores, colaboradores y público en general de 

la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos), no pre-

tende ser, únicamente, una presentación de esta última, sino tam-

bién y además de ello, una declaración de intenciones de la misma, 

es decir, qué pretende ésta, cuál es su finalidad y propósito, a dónde 

aspira a llegar, etc… voy a estructurar mi Carta sobre tres ejes o pi-

lares fundamentales, en donde en el primero de ellos voy a tratar 

de explicar el por qué de la Revista Americana de Urbanismo (para 

juristas y técnicos) ahora y no antes. En el segundo de los mismos, 

aunque ya he apuntado algo sobre el particular, pretendo abundar 

sobre un aspecto que se me antoja clave, a saber, a quién va dirigida 

la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos) y del 

mismo modo, quién puede participar en ella mediante sus aporta-

ciones teóricas o prácticas. Por último, en el tercero de dichos ejes o 

pilares, quiero profundizar sobre el objeto y finalidad que persigue 

la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos) tanto 

desde un punto de vista externo, es decir, en relación con los demás, 

como desde un punto de vista interno, es decir, por lo que tiene que 

ver científica y académicamente con la misma. Pues bien, con la fi-

nalidad de no demorar más la exposición de tales cuestiones paso 

de inmediato a abordar brevemente las mismas.


RADU Revista Americana de Urbanismo

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FERNANDO GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ

Por lo que al primero de dichos ejes o pilares se refiere, en el que 

como ya he avanzado con anterioridad me propongo dar cumplida 

explicación a todos cuantos va dirigida de una forma u otra la pre-

sente Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos) el 

por qué de su lanzamiento ahora y no antes, debo señalar que son 

muchos los motivos o razones que lo justifican. La primera de ellas y 

la de más peso, o quizá y siendo más preciso, no tanto ello como la 

que ha propiciado, desencadenado o precipitado el lanzamiento de 

aquella, es la celebración, este año 2017, del Cincuenta Aniversario 

del nacimiento de la revista matriz de la cual surge la Revista Ame-

ricana de Urbanismo (para juristas y técnicos) y que no es otra que 

la archiconocida y muy prestigiosa Revista de Derecho Urbanístico y 

Medio Ambiente.

3

 Efectivamente, desde las máximas instancias del 

grupo editorial responsable de la publicación de esta última se con-

sideró al albur de la celebración de dicho acontecimiento y atendien-

do, asimismo, a otros motivos y razones que tanto desde un punto 

de vista técnico, humano y económico hacían posible emprender tan 

ambicioso empeño y a los que con posterioridad aludiré, que había 

llegado el momento de poner en marcha tan importante, complejo 

y a la vez ilusionante reto, como es lanzar una revista internacional 

con visos de convertirse con el pasar de los años y el buen hacer en 

un referente en la materia.

Más allá del pistoletazo de salida que para la naciente Revista 

Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos) ha supuesto la 

celebración del Cincuenta Aniversario de la Revista de Derecho Ur-

banístico y Medio Ambiente, cabe señalar que esta última ha llegado 

prácticamente a las mayores cotas de calidad científica en España, 

y no porque lo diga yo, que en cuanto Director de un revista del 

mismo grupo editorial que aquella, podría ser, presuntamente, par-

cial,  sino  porque  lo  manifiestan  y  atestiguan  de  manera  palmaria 

e incontestable los más diversos indicadores que la contemplan y 

3   Tras mi Carta y con la finalidad de que los lectores de la Revista Americana de Ur-

banismo (para juristas y técnicos) puedan hacerse la idea de donde viene la misma y del 

camino que desde un principio, en el ya lejano año 1967, siguió la revista matriz de la 

cual ha surgido aquella, y que tal y como hemos indicado en el texto ut supra, no es otra 

que la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, se reproduce un artículo del 

Profesor Don Martín Bassols Coma (Catedrático de Derecho Administrativo y Presidente 

de la Asociación Española de Derecho Urbanístico), titulado “Ante el cincuentenario de la 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente”, el cual fue publicado en el número 311 

de la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, conmemorativo, precisamente, 

de tal evento.


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Carta del director

evalúan.

4

 Por otro lado y más allá de los mismos, que evidentemen-

te son una garantía contrastada de calidad, esta última es visible si 

se tiene en cuenta que las instituciones tanto públicas como priva-

das más prestigiosas de España se encuentran suscritas a la Revis-

ta de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente.

5

 Pues bien, este es 

uno de los motivos o razones que ha impulsado al grupo editorial a 

no querer circunscribir o acaparar tal calidad científica únicamente 

al ámbito español, queriendo hacer extensiva la misma a toda la 

Comunidad Iberoamericana y en general, a todos aquellos países y 

personas que fuera de nuestras fronteras puedan estar interesados 

en una materia tan apasionante como es el urbanismo.

Por otro lado y junto con el motivo o razón antedicho, debemos 

hacer referencia a la apabullante experiencia que atesora la Revista 

de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, pues sus números son 

lisa y llanamente abrumadores. Tal aseveración queda corroborada 

de inmediato con sólo poner de manifiesto que en la misma, en sus 

ya más de cincuenta años de existencia (pues formalmente los ha 

4  

Índices de calidad nacional e internacional de la Revista de Derecho Urbanístico y 

Medio Ambiente:

 Factor de impacto 0,319 en IN-RESH, Q1 (Primer Cuartíl). Posición: 

5 de 31 Revistas de Derecho Administrativo. Indizada también en IN-RECJ (Derecho 

Administrativo), con índice de impacto en el último año recogido (2010) de: 0,200, 

Q1 (Primer Cuartíl). Posición: 5 de 38 Revistas de Derecho Administrativo. Impacto 

Acumulativo en IN-RECJ de los años 2005-2009. Posición: 5 de 36 Revistas de Dere-

cho Administrativo. Impacto Acumulativo en IN-RECJ de los años 2000-2009. Posi-

ción: 6 de 41 Revistas de Derecho Administrativo. Impacto Acumulativo Histórico en 

IN-RECJ, de los años 1999-2009. Posición: 7 de 44 Revistas de Derecho Administrati-

vo. Indizada en IN-RECS (Urbanismo), con un índice de impacto del último año reco-

gido (2011) de: 0,109, Q1 (Primer Cuartíl). Posición: 3 de 41 Revistas de Urbanismo. 

Impacto Acumulativo en IN-RECS de los años 2005 al 2009. Posición 1 de 38 Revistas 

de Urbanismo. Impacto

 Acumulativo en IN-RECS de los años 2000 a 2009. Posición 1 de 

40 Revistas de Urbanismo. Impacto Acumulativo Histórico en IN-RECS de los años 1994-

2009. Posición 1 de 47 Revistas de Urbanismo. Bases de datos e instituciones científicas 

o académicas que indexan la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente: ANECA; 

CARHUS+2014 (Grupo A); CIRC (Grupo B); CSIC; DIALNET, DICE, ISOC, LATINDEX (Grupo C. 

27 criterios cumplidos de 33); MIAR, ULRICH’S INTERNATIONAL PERIODICAL DIRECTORY, 

URBADOC.

5   Son innumerables las instituciones tanto públicas como privadas del máximo pres-

tigio que se encuentran suscritas a la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. 

Entre ellas y sin ánimo de exhaustividad, cabe destacar al Tribunal Supremo, al Tribunal 

Constitucional, El Congreso de los Diputados, el Senado, los Ministerios, las diecisiete 

Comunidades Autónomas, innumerables Municipios, prácticamente la totalidad de las 

Universidades españolas, los Colegios profesionales de Abogados, Ingenieros, Arquitec-

tos, así como múltiples empresas privadas y profesionales liberales (Abogados, Econo-

mistas, Sociólogos, Arquitectos, Aparejadores etc…) relacionados con el sector inmobi-

liario.


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FERNANDO GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ

cumplido el mes de Febrero de 2017), se han editado más de 310 

números, más de 1.200 artículos publicados, por, ni más ni menos, 

que 800 autores de los más variados países como, entre otros mu-

chos a los que podríamos hacer referencia: España, Alemania, Italia, 

Francia, Portugal, México, Colombia, Perú o Chile. Pues bien, éste 

ha sido otro motivo o razón que ha contribuido de manera notable 

a que la dirección del grupo editorial se decidiera a dar el paso y 

con él tratar de volcar toda su experiencia y buen hacer, no sólo ya, 

como lo había hecho hasta el momento, a nivel nacional (español), 

sino a nivel de toda Iberoamérica, y ello, a pesar de ser sumamente 

consciente de las enormes dificultades, problemas y retos que ello 

entraña.

Junto con ambos motivos o razones, vamos a decir, más acadé-

micas o científicas, que han propiciado, sin lugar a dudas, el lanza-

miento de la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y téc-

nicos), debemos aludir inexcusablemente a otras, en este caso, más 

materiales, de intendencia o gestión, pero en absoluto baladíes, ya 

que sin ellas, y pese a contar con el sustrato científico y académico 

que resulta insustituible para poder iniciar con ciertas garantías de 

éxito la que no deja de ser toda una aventura académica y empresa-

rial, como es el lanzar una revista internacional con visos de conver-

tirse en pocos años en un referente dentro del ámbito urbanístico, 

tal hecho resultaría, lisa y llanamente, imposible. Con tales motivos 

o razones materiales, de intendencia o gestión me estoy queriendo 

referir a poder contar con una serie de medios humanos (Equipo 

directivo central, asistido por un personal altamente especializado 

y cualificado; Consejeros en todos los países a los que va dirigida la 

Revista Americana de Urbanismo; Revisores de las diversas publica-

ciones y colaboraciones, en todos y cada uno de dichos países, etc…) 

y sobre todo, técnicos, fundamentalmente, un sistema informático 

altamente fiable, evolucionado y específico que posibilita no sólo el 

perfecto envío y recepción de la revista a todos cuantos se suscriban 

a ella, sino diversos controles de seguimiento, seguridad y supervi-

sión para asegurarse del buen uso de la misma por los respectivos 

usuarios y asimismo, mantenerla ajena a cualquier posible ataque, 

intromisión o intento de suplantación que se pretenda contra ella. 

Por último y dentro de dichas razones materiales, de intendencia o 

gestión, debo destacar, igualmente, los medios tecnológicos e in-

fraestructuras de la información y comunicación, en general, con 

que cuentan la totalidad de los países a los que va dirigida la Revista 


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Carta del director

Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos), los cuales son 

en el presente y desde hace ya tiempo lo suficientemente potentes, 

seguros y estables para que la revista electrónica que nos propone-

mos poner en funcionamiento, pueda sin problema alguno para ella 

o sus usuarios ser una realidad incontestable.

Para terminar y como último motivo o razón, no menor, que pro-

picia igualmente el que sea éste, el presente momento, el momen-

to propicio para lanzar la Revista Americana de Urbanismo (para 

juristas y técnicos) y no antes, debemos traer a colación la actual 

situación, sostenida en el tiempo, de expansión y crecimiento eco-

nómico por el que afortunadamente y salvo alguna excepción, cier-

tamente lamentable, están pasando la práctica totalidad de países 

integrantes de la Comunidad Iberoamérica y que cómo no puede 

ser de otro modo, está repercutiendo en la concepción y panorama 

de sus ciudades, muchas de las cuáles se están viendo inmersas en 

un desarrollo sin precedentes, o bien en reformas interiores de las 

mismas de gran calado y magnitud, que, sin lugar a dudas, suponen 

desconocidos y novedosos retos urbanísticos que requieren de las 

mayores dosis de reflexión e información posibles que son preci-

samente las que se van a tratar de colmar desde la revista que con 

este número hoy ve la luz.

Por lo que al segundo eje o pilar de la Carta se refiere, en el que 

tal y como he tenido oportunidad de comentar con anterioridad, 

pretendo centrarme, aunque ya algo he dicho sobre el particular en 

la introducción de aquella, en a quién va dirigida la misma y del mis-

mo modo, quién puede participar en ella mediante sus aportaciones 

teóricas o prácticas, he de decir, en relación con el primero de di-

chos aspectos o lo que es lo mismo, en relación con los destinatarios 

de aquella, que los mismos son todas aquellas personas que estén 

interesadas o tengan curiosidad por una materia tan importante y 

transcendente para todos y cada uno de nosotros en nuestras vi-

das como es el urbanismo. Más allá de estos últimos y de manera 

más específica está especialmente pensada y diseñada para todos 

aquellos que de un modo u otro y bien sea de manera directa o 

indirecta, mediata o inmediata, se dedican profesionalmente a lo 

que viene entendiéndose y siendo el sector inmobiliario, en cuanto 

que ámbito si cabe más extenso que el propiamente urbanístico. En 

virtud de ello, los destinatarios preferentes de la Revista Americana 

de Urbanismo (para juristas y técnicos) son, entre otros muchos a 


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FERNANDO GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ

los que podríamos hacer referencia: Abogados, Economistas, Soció-

logos, Politólogos, Arquitectos, Ingenieros (en sus diversas especiali-

dades), Ambientalistas, Profesores de Universidad especializados en 

la materia, investigadores y estudiosos de la misma, Planificadores, 

Gestores de Suelo, Promotores de proyectos, viviendas y obras, en 

general, Constructores, personal de las diversas Administraciones 

Públicas que en su desempeño profesional deban lidiar con temas 

urbanísticos, Magistrados y Jueces, y por supuesto Legisladores, en 

sus diversos niveles. A todos ellos considero que les va a interesar 

sobremanera la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y 

técnicos), pues les va a aportar ideas nuevas y sobre todo les va 

a  hacer  reflexionar  sobre  diversas  cuestiones  relacionadas  con  el 

urbanismo que inexorablemente van a contribuir a que adopten las 

mejores decisiones o a que enfoquen y planteen el concreto proble-

ma al que deban enfrentarse de la manera más ventajosa y mejor 

posible para sus propios intereses, sin merma del siempre omnipre-

sente interés general.

Nótese en relación con lo apuntado en el párrafo precedente y 

aunque sólo sea para poner en contexto lo que he referido en él, 

que el potencial mercado al que va dirigida la Revista Americana 

de Urbanismo (para juristas y técnicos) supera con mucho los 600 

millones de habitantes, si bien el mercado efectivo al que realmente 

puede ir dirigida la misma, fácilmente puede superar, siendo suma-

mente conservadores, los 25 millones de personas. Piénsese sólo 

en la infinidad de profesionales que desde los más variados ámbitos 

(jurídico, económico, técnico, etc…) se dedican de un modo u otro al 

urbanismo, o los incontables colegios profesionales que albergan a 

los mismos, por no hacer referencia al abrumador número tanto de 

Universidades Públicas como Privadas existentes, las cuales lejos de 

decrecer cada vez aumentan y proliferan más, o asimismo, la ingen-

te cantidad de Administraciones Públicas, entidades u organismos 

públicos con implicaciones directas o indirectas en el sector inmobi-

liario. En fin, creo haber destacado suficientemente la ingente canti-

dad de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, a las cuales 

puede y considero que va dirigida la Revista Americana de Urbanis-

mo (para juristas y técnicos), pues bien, exactamente las mismas, tal 

y como explicitaré a continuación, son las que no sólo pueden bene-

ficiarse de los conocimientos que trata de transmitir dicha revista, 

sino participar activamente en la difusión de los mismos a través de 

sus colaboraciones y aportaciones.


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Carta del director

Efectivamente, tal y como he señalado anteriormente, pueden 

participar en la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y 

técnicos) mediante sus aportaciones tanto teóricas como prácticas 

todos aquellos profesionales que trabajando en cualesquiera Admi-

nistración Pública, Institución, Entidad, Universidad, empresa, estu-

dio de arquitectura o ingeniería, despacho de abogados, consultora, 

o bien, de manera independiente, lo deseen, al sentir o considerar 

que deben contribuir a la difusión del conocimiento y con ello, a 

la innegable mejora de la ciencia urbana. Insistir, por último, pues 

considero que es sumamente importante, que dado que la revista 

que nos ocupa se denomina Revista Americana de Urbanismo (para 

juristas y técnicos), serán bienvenidas todas las aportaciones que 

tengan que ver con tal materia desde los múltiples y más variados 

ángulos o partes que la integran y por tanto, entre otros muchos, 

como ya hemos tenido oportunidad de señalar con profusión, desde 

el mundo del Derecho, la Economía, la Sociología, la Ciencia Política, 

la Arquitectura, la Ingeniería, etc… Precisar, eso sí, habida cuenta del 

ámbito geográfico al que va dedicado el contenido de la revista y al 

que se alude expresamente en el propio título de aquella (“America-

na”), que todas las aportaciones tanto teóricas como prácticas debe-

rán versar sobre asuntos, problemas, cuestiones, etc… relacionadas 

con América, o al menos que habida cuenta de su transversalidad 

sean o puedan ser aplicables a los países que integran la misma. Ello 

no impide, nótese, que puedan escribir en dicha revista cualquier 

persona con independencia de que forme parte o no de la Comu-

nidad Iberoamericana, a la cual va dirigida principalmente la revista 

que nos ocupa, siempre y cuando el asunto o la materia sobre la 

que escriba desde un punto de vista teórico o práctico verse sobre 

una materia aplicable o alusiva a algunos de los países que integran 

dicha Comunidad a la que nos hemos referido con anterioridad.

Por último y por lo que se refiere al tercero de los ejes o pilares 

sobre los que se estructura la presente Carta, en el que pretendo lla-

mar la atención sobre el objetivo o finalidad que persigue la Revista 

Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos), quiero precisar 

y dejar constancia que dicho objetivo o finalidad es doble, ya que, 

por un lado, hay un evidente objetivo o finalidad ad extra, es decir, 

en relación con las personas a las que la revista se dirige y otro, ad 

intra, intrínseco, por lo que a la revista en sí se refiere, los cuales a 

continuación y sin más preámbulos paso a explicitar.


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FERNANDO GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ

Por lo que se refiere al objetivo o finalidad ad extra que persigue 

la Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos), es de-

cir, en relación con las personas hacia las que está pensada y conce-

bida la misma, debo señalar que el mismo no es otro, tal y como ya 

he tenido oportunidad de apuntar a lo largo y ancho de la presente 

Carta, que ser un instrumento de difusión de primer orden del cono-

cimiento inmobiliario y singularmente dentro de éste, del urbanís-

tico, y en virtud de ello, con capacidad de contribuir al cambio para 

lograr en nuestras ciudades un urbanismo más óptimo, respetuoso 

medioambientalmente y justo con todos y para todos. Desde esta 

óptica el objetivo y finalidad propuesto por la Revista Americana de 

Urbanismo (para juristas y técnicos) no es otro que tratar de difun-

dir de la mayor y mejor manera posible las nuevas concepciones, 

planteamientos y enfoques del urbanismo desde el campo teórico, 

así como todas aquellas experiencias o soluciones innovadoras o 

revolucionarias que se han implementado con éxito, e incluso que 

no han producido los resultados esperados y deseados, dado que 

es fuente de aprendizaje no sólo lo que se hace bien y supone o 

comporta un avance o una mejora, sino también todo aquello que 

no  resulta  ser  finalmente  tan  bueno  o  conveniente  como  a  priori 

se pensaba, o que siéndolo comporta determinados inconvenientes 

o efectos adversos con los que no se contaba y deben ser tenidos 

muy en cuenta. Apuntar por último en relación con tal objetivo o 

finalidad externa, que dicha difusión a que me he referido con ante-

rioridad deseo complementarla con el tiempo, con la organización 

de encuentros presenciales, bien en forma de Congresos Internacio-

nales, Regionales o Nacionales, Cursos de especialización, jornadas, 

seminarios, etc… con la finalidad de asentar e intercambiar dichos 

conocimientos como fuente inagotable de fructífero y enriquecedor 

debate.

El otro gran objetivo o finalidad que persigue la Revista America-

na de Urbanismo (para juristas y técnicos), en este caso, pensando 

ya no en su relación con los demás, sino en relación consigo misma, 

es constituirse con el pasar de los años y dentro de la normal lógica 

que ello requiere, en una revista científica referente en el ámbito 

urbanístico a nivel de toda América, incluso más allá de ella, no tanto 

por el prestigio y predicamento de los autores que en ella partici-

pen (que también), sino sobre todo por la calidad y rigurosidad de 

sus publicaciones. Éste es el objetivo que desde esta dirección se 

pretende y en virtud del cual está configurada la estructura de la 


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Carta del director

Revista Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos). Profundi-

zando en este aspecto, cabe apuntar que la estructura de la Revista 

Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos), está integrada 

por un Presidente (Don Francisco J. Alegría Martínez de Pinillos), un 

Director (quien suscribe la presente Carta) y una Comisión integra-

da por varias personalidades de reconocido prestigio en el ámbito 

urbanístico de cada uno de los países a los que va dirigida la Revis-

ta Americana de Urbanismo (para juristas y técnicos). Pues bien, la 

totalidad de los miembros anteriormente mencionados constituye 

el Consejo Redactor, Académico o Científico de la Revista America-

na de Urbanismo (para juristas y técnicos), cuyo objetivo básico y 

prioritario es asegurarse de que los artículos que se publican en la 

misma tienen la máxima calidad e interés, con el propósito final de 

que tengan el mayor impacto y difusión posible. No obstante a dicho 

Consejo Redactor, Académico o Científico de la Revista Americana 

de Urbanismo (para juristas y técnicos), le corresponde hacer la últi-

ma selección, casi, si cabe, más de oportunidad o conveniencia que 

de calidad, ya que los artículos que finalmente llegan a dicho Con-

sejo antes tienen que superar una rigurosa evaluación de forma y 

fondo llevada a cabo por “pares ciegos” del país de procedencia del 

autor que pretende publicar su artículo en la Revista Americana de 

Urbanismo (para juristas y técnicos).

Una vez presentada la Revista Americana de Urbanismo (para 

juristas y técnicos) y pormenorizados los tres ejes o pilares que con-

sidero que son los más importantes de la misma y sobre los que por 

tanto tenía que incidir en mayor medida, no me queda sino poner 

fin a la presente Carta en este año 2017 en que como ya he comen-

tado se conmemora el Cincuenta Aniversario de la Revista de Dere-

cho Urbanístico y Medio Ambiente, esperando y deseando que su 

“hija” y prolongación de la misma, a la sazón, la Revista Americana 

de Urbanismo (para juristas y técnicos) tenga la mejor de las acogi-

das posibles y que su implantación y éxito contribuya a mejorar, me-

diante el enriquecimiento mutuo, el urbanismo de todos los países 

que integran la Comunidad Iberoamericana y a la cual va especialísi-

mamente dirigida aquella.

En Burgos (España) a 8 de diciembre de 2017.



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ANTE EL CINCUENTENARIO DE LA REVISTA DE 

DERECHO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE

(BEFORE THE FIFTY-NINTH ANNIVERSARY OF THE 

MAGAZINE OF URBANISTIC AND ENVIRONMENTAL 

LAW)

Por Martín Bassols Coma

Catedrático de Derecho Administrativo

Presidente de la Asociación Española de Derecho Urbanístico

R E S U M E N

El objeto de este estudio es trazar una panorámica histórica de la Revista de 

Derecho Urbanístico y Medio Ambiente desde su fundación hasta la actualidad, 

destacando los motivos de su fundación y las sucesivas etapas experimentadas 

hasta la actualidad, así como subrayar su función de testimonio de las transforma-

ciones del Derecho Urbanístico —en el orden legislativo y doctrinal— durante este 

cincuentenario.

PALABRAS CLAVE: Cincuentenario; Revista; Derecho Urbanístico; Medio Am-

biente; Doctrina; etapas; evolución del Derecho Urbanístico; Legislación y Doctrina; 

Colaboradores; Juristas; Arquitectos y especialistas en Medio Ambiente.

A B S T R A C T

The object of this study is to draw the historical panoramic one of the ‘Revista 

de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente’ from his origins to present, emphasizing 

the motives of the foundation and the successive stages experienced up to the cu-

rrent moment. This study also shows the function of the Review as testimony of the 

transformations of the Urban Development Law —in the legislative and doctrinal 

order— in this fifty anniversary.


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MARTÍN BASSOLS COMA

KEY WORDS: Fifty anniversary. Review. Urban Development Law. Environmen-

tal Law. Doctrine. Stages. Evolution of the Urban Development Law. Legislation and 

Doctrine. Collaborators. Jurists. Architects and specialists in Environmental Law.

S U M A R I O:

 I.  GÉNESIS, EVOLUCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA REVISTA DE 

DERECHO URBANÍSTICO.

I.I. 

El proceso de fundación y difusión de la Revista de Derecho 

Urbanístico.

I.II.  Ampliación de la Revista a los temas ambientales y cambio de 

denominación de la Revista. Revista de Derecho Urbanístico y Medio 

Ambiente.

I.III.  Publicación de numerosos especiales y monográficos.

I.IV.  La Revista y las nuevas tecnologías para facilitar su difusión y uso: 

resúmenes; sumarios históricos; y ediciones CD-ROM.

I.V. 

La Revista como matriz de actividades de formación en el orden 

nacional e internacional. 

  II.  LA TEMÁTICA DE LA REVISTA COMO TESTIMONIO HISTÓRICO DE 

LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO URBANÍSTICO EN EL 

PERIODO 1967 A 2017.

II.I.

Los perfiles iniciales del Derecho Urbanístico (1967-1978).

II.II.  Impacto  de  la  Constitución  de  1978  y  la  emergencia  del  Derecho

Urbanístico de las Comunidades Autónomas (1978-1990).

II.III.  De  la  reforma  urbanística  de  1990  a  la  Sentencia  del  Tribunal

Constitucional 61/1997.

II.IV.  La liberalización del suelo y sus modificaciones normativas hasta la

crisis inmobiliaria (1998-2007).

II.V.  Hacía un nuevo modelo de Derecho Urbanístico (2007-2017).

 III.  CONCLUSIÓN.

I.  GÉNESIS, EVOLUCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 

REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO

I.I.  El proceso de fundación y difusión de la 

Revista de Derecho Urbanístico

Previa su aparición y difusión toda Revista jurídica requiere 

der un programa o idea fundacional y de un equipo huma-

no de promoción, dirección, colaboración y gestión sin la cual 

aquella sería impensable. Al haber tenido el honor de  haber 


RADU Revista Americana de Urbanismo

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Ante el cincuentenario de la revista derecho urbanistico y medio ambiente

sido testigo y participado en alguna medida en esta etapa fun-

dacional y haber mantenido la condición de colaborador asi-

duo y miembro del Consejo de Redacción creo que me legiti-

ma para trazar un panorama de la trayectoria de la Revista que 

en 2017 va a cumplir cincuenta años de existencia.

A mediados de 1966, fuimos convocados FERNANDO BLA-

NES SUREDA; FRANCISCO PERALES MADUEÑO y quien suscri-

be, —a la sazón, los tres funcionarios del Cuerpo Técnico de 

Administración Civil con destino los dos primeros en la Direc-

ción General de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda y en 

mi caso, en la Secretaria General Técnica  del mismo Ministe-

rio— a una reunión a celebrar en el despacho de la Editorial 

MONTECORVO en la calle Lejanitos 35 de Madrid. Los convo-

cantes eran JOSE MARTIN BLANCO (Profesor Adjunto de Dere-

cho Civil y) y LEANDRO ALEGRIA GONZALEZ, Abogado y propie-

tario y director de la referida Editorial MONTECORVO quienes 

nos expusieron su propósito de crear una Revista de especia-

lizada en materias urbanísticas; aun cuando el titulo definitivo 

de Revista de Derecho Urbanístico todavía no era definitivo y 

fue objeto de abundantes consideraciones y reflexiones. Me-

rece, a este respecto, recordar que en aquellos años las Revis-

tas jurídicas existentes, si exceptuamos la Revista de Estudios 

de la Vida Local, el resto como la Revista de Derecho Privado; 

Anuario de Derecho Civil, Revista de Legislación y Jurispruden-

cia, Revista Critica de Derecho Inmobiliario etc. apenas hacían 

referencia a las cuestiones urbanísticas y solo ocasionalmente 

incorporaban algún artículo o comentario sobre dichas ma-

terias. Precisamente, para que el lector actual pueda hacerse 

una cabal idea de este tratamiento, en el año 1964 había publi-

cado en Documentación Administrativa una nota bibliográfica 

sobre la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956  en la 

que  apenas  llegan  a  cien  las  referencias  bibliográficas  entre 

monografías y artículos de revista que abordaban cuestiones 

jurídico-urbanísticas; en la actualidad seria inconmensurable. 

La iniciativa nos pareció estimulante y apasionante y desde, 

el primer momento, nos pusimos a trabajar para preparar las 

Secciones complementarias sobre legislación nacional y ex-

tranjera, jurisprudencia, bibliografía y temas de actualidad; a 

nuestra colaboración poco tiempo después se añadieron RA-


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MARTÍN BASSOLS COMA

MON MARTIN MATEO y JOSE Mª ORTIZ y como colaborador en 

Barcelona EDUARDO VIVANCOS quienes todos juntos consti-

tuiríamos la primera Comisión de Trabajo de la Revista ,según 

se acredita en su número primero.

La Dirección doctrinal de la Revista corrió a cargo de JOSE 

MARTIN BLANCO y la Secretaria de la Revista la asumió LEAN-

DRO ALEGRIA GONZALEZ, El primer número ya con el título 

definitivo de  se publicó en 

. Al mismo tiempo, se había constitui-

do un  Consejo de Redacción, presidido por IGNACIO SERRA-

NO, Catedrático de Derecho Civil, e integrado por diecisiete 

miembros, representantes de la Universidad, judicatura, no-

tarios, registro de la propiedad y de la Administración Local.

En este primer número figuraba bajo el modesto título de 

 un texto clarividente y premonitorio que hoy 

transcurridos cincuenta años cobra especial significación. Su 

autor fue JOSE MARTIN BLANCO, reconocido Profesor de De-

recho Civil y que desde la atalaya privilegiada  de  la Secre-

taria de la Dirección General de Urbanismo del Ministerio de 

la Vivienda supo captar el momento histórico oportuno que 

demandaba la necesidad de profundizar en la especialización  

de los estudios jurídico-urbanísticos. A tal efecto, partía de  la 

constatación 

a fin de siglo, es decir, en poco más de treinta años, la pobla-

ción española se duplicara, pasándose de los dieciocho millo-

nes actuales de habitantes a los treinta y seis, lo que requiere 

disponer para aquella fecha de 140.000 hectáreas de terrenos 

urbanizados frente a los 75.000 que actualmente se encuen-

tran habitadas en condiciones muy necesitadas de mejora y 

superación>,  Naturalmente  este  proceso  requería  unas  nor-

mas jurídicas que lo encaucen, añadiendo 

a través de estas normas puede concebirse el planeamiento y 

ejecución de tan amplia y sugestiva problemática> Por ello pro-

ponía 

el estudio científico de sus figuras e instituciones dentro de los 

discutibles esquemas metodológicos de su sistematización, 

la ordenación y codificación de los textos legislativos y regla-

mentarios parciales y dispuso y la elaboración, interpretación 


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Ante el cincuentenario de la revista derecho urbanistico y medio ambiente

y aplicación de sus normas constituyen una autentica

 misión 

del jurista actual>. Precisamente, declaraba la Revista de Dere-

cho Urbanístico 

de ideas y pensamientos que contribuyan a la elaboración de 

la nueva rama jurídica, instrumento que aglutine opiniones y 

tendencias; medio de información y trabajo para quienes se 

ocupan de los problemas jurídicos del urbanismo ya con el or-

den práctico de su aplicación, ya en el científico y especulativo 

de su estudio e investigación>. Finalmente, se  subrayaba que 

problemas, la crítica constructiva fluyente de la serenidad de 

los juicios. La polémica y el dialogo resultantes del contraste 

científico de ideas>, concluyendo 

a través de sus páginas puede contribuir, en alguna medida. A 

la elaboración jurídica del Urbanismo, la Revista habrá logrado 

su más auténtico objetivo>

La estructura inicial de la Revista constaba de las siguien-

tes Secciones: Doctrina, Práctica, Legislación, Jurisprudencia, 

Bibliografía y Noticias. En el año 1972 (número 28, correspon-

diente a los meses de abril y-mayo), asumió las funciones de  

Director de la Revista RAFAEL MENDIZABAL ALLENDE, Magis-

trado del Tribunal Supremo (en la actualidad Magistrado emé-

rito del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional) que 

a lo largo de doce años contribuyó a consolidar la Revista y 

atraer a nuevos colaboradores de distintas ramas jurídicas, al 

tiempo que amplio los objetivos y difusión de la Revista, inau-

gurando la vertiente de celebración de Cursos y Seminarios 

sobre las novedades legislativas que se sucedían. El número 

89 de la Revista (verano 1984) anunciaba que la Dirección de 

la Revista pasaba a ser desempeñada por el propio LEANDRO 

ALEGRIA GONZALEZ

A partir del número 115 (noviembre- diciembre) de 1989  se 

incorpora  una  nueva  Sección  titulada  

CA>, cuya dirección se encargó al Doctor Arquitecto ENRIQUE 

PORTO REY. La colaboración de Arquitectos, Ingenieros e inclu-

so Economistas se venía produciendo espontáneamente des-

de los primeros números, pero ahora podías pasaba a adquirir 

un perfil institucional que no puede dejar de considerarse un 


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MARTÍN BASSOLS COMA

acierto, como lo prueban la series de colaboraciones del mun-

do de la arquitectura y la ingeniería que han resultado claves 

para la mejor comprensión de los crecientes y complejos con-

ceptos técnico-urbanísticos incorporados a nuestra legislación 

urbanística a partir especialmente de la Ley de Reforma  de la 

Ley del Suelo de 1990 y su Texto Refundido de 1992. La Revista 

creo que puede enorgullecerse de haber propiciado la inter-

disciplinariedad entre los juristas y los profesionales de la téc-

nica urbanística, al punto que pueda afirmarse que constituye 

un caso prácticamente único  en el panorama de las  revistas 

jurídicas.

El año 1990 fue especialmente triste y doloroso para la 

Revista y su equipo humano. El número 116 (enero–febrero) 

daba cuenta del grave atentado terrorista que había sufrido 

el Magistrado del Tribunal Supremo FERNANDO MATEO LAGE, 

habitual colaborador de la Revista y encargado precisamente 

de la elaboración de las Crónicas jurisprudenciales e impulsor 

de vocaciones de estudios sobre Derecho urbanístico entre los 

miembros de la Carrera judicial. Afortunadamente, salvo la vida 

y pudo desempeñar hasta su fallecimiento el cargo de Conse-

jero Permanente  de Estado y seguir figurando en el Consejo 

de Redacción de la Revista. El número 120 de la Revista, daba 

cuenta del triste fallecimiento el día 9 de noviembre de1990, 

a la edad de 70 años, de LEANDRO ALEGRIA GONZALEZ, pro-

motor, gestor, propietario y Secretario de la Revista a lo largo 

de veintitrés años. La admiración y el recuerdo entrañable de 

LEANDRO ALEGRIA quedo plasmado en la Necrológica que se 

publicó en el referido número de la Revista y  de forma espe-

cial en la emotiva glosa conmemorativa publicada en el nú-

mero 150 (noviembre–diciembre) de 1996 a cargo de JOSE Mº 

CASTAN VAZQUEZ titulada 

LA CREACIÓN DE LA REVISTA DE DERECHO URBANISTICO” en 

la que se evoca su trayectoria personal y la significación  que 

supuso la creación de la Editorial Monte corvo y la promoción 

de la Revista Su hijo FRANCISCO JOSE ALEGRIA, que ya venía 

colaborando estrechamente en las tareas de la editorial y de 

la revista, recogería la antorcha y asumiría la dirección de la 

Revista.


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Ante el cincuentenario de la revista derecho urbanistico y medio ambiente

I.II.  Ampliación de la Revista a los temas 

ambientales y cambio de denominación 

de la Revista. La Revista de Derecho 

Urbanístico y Medio Ambiente

A partir del NÚMERO 141 (ENERO-FEBRERO DE 1995) la re-

vista cambia de título y pasa a denominarse REVISTA DE DE-

RECHO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE. Este cambio de 

denominación obedecía, por una parte, que a partir de la Ley 

de Reforma de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1975 

eran cada vez más frecuentes las colaboraciones doctrinales  

que afrontaban temas de matriz ambiental (especialmente a 

partir del número 48) relacionados con el urbanismo; pero con 

independencia de ello la realidad de los hechos ponía de relie-

ve la imprescindible conexión entre el Urbanismo y el Medio 

Ambiente. El acierto de esta ampliación temática ha quedado 

perfectamente acreditado en estos veintiún año del cambio en 

titulación de la Revista, cambio que incluso se adelantó  en la 

conexión al propio reconocimiento legislativo (primero en la 

legislación autonómica y a partir de 2007 en la estatal) del prin-

cipio de la sostenibilidad ambiental como fundamento del ac-

tual Derecho Urbanístico. Al propio tiempo, las colaboraciones  

doctrinales que se van incorporando en los sucesivos números 

a partir de 1995 pone en evidencia la creciente sensibilidad 

de los tratadistas doctrinales en profundizar  en esta conexión 

de materias que no solo coadyuva a detectar nuevas interpre-

taciones normativas, si no que abre nuevos enfoques hasta 

ahora inéditos en la valoración de la incidencia ambiental cuyo 

campo de acción es  cada vez más  creciente en intensidad y en 

expansión de su campo de actuación material.

Precisamente, en atención a esta nueva denominación, la 

Revista abandona la original impresión en color blanco de su 

portada (primero con caracteres en negro y, masa adelante en 

rojo) para pasarse al color Verde, variando en sucesivos nú-

meros la mayor o menor intensidad de esta coloración hasta 

que recientemente se vuelve as combinar los colores blanco y 

verde en portada.


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MARTÍN BASSOLS COMA

I.III.  Publicaciones de números especiales y 

monográficos

La dilatación progresiva de la materia jurídico-urbanística, 

tanto en el orden jurisprudencial como en las conexiones con 

materias afines y sectoriales ha aconsejado que sin variar la 

estructura compositiva de la Revista se promoviera la intro-

ducción de un número específico cada año dedicado  al aná-

lisis  jurisprudencial de las diversas materias implicadas en el 

urbanismo (planeamiento, gestión, disciplina, Registro de la 

Propiedad, doctrina de la Dirección General de Registros y del 

Notariado etc.). De esta forma se facilita un tratamiento y vi-

sión más sistemática de la  jurisprudencia de los Tribunales 

Contencioso-Administrativos, al tiempo que  perite reflejan los 

comentarios doctrinales.

Al propio tiempo, en atención a la actualidad de temas que 

han contribuido a la ampliación del concepto inicial del Dere-

cho Urbanístico y a la propia iniciativa de los coordinadores 

promotores se ha propiciado la publicación de Números mo-

nográficos a fin de que los lectores pudieran profundizar sis-

temáticamente sobre las materias más relevantes o sobre las 

novedades legislativas más interesantes. A este respecto indi-

car que se han editado los siguientes números Monográficos.

 

● NUMERO. 145. Bis diciembre (1995) URBANISMO Y PUER-

TOS, Coordinado por F. JAVIER JIMENEZ DE CISNEROS CID, 

Catedrático de Derecho Administrativo. 335 páginas.

 

● NUMERO, 225 (abril-mayo 2006) CINCUENTENARIO DE LA 

LEY DEL SUELO, Coordinado por MARTIN BASSOLS COMA, 

Catedrático de Derecho Administrativo, 423 páginas.

 

● NUMEROS 261 (septiembre–octubre de 2010) y 265 (abril 

mayo 2011) URBANISMO Y AGUAS (I 187 páginas y II 189 

páginas)

 

● NUMERO 285. (Septiembre–octubre 2013) 

HABILITACION, RENOVACION Y REGENERACION URBANAS> 

218 páginas.

 

● NUMERO 295 (ENERO–FEBRERO 2015) COSTAS. SU NUEVO 

REGLAMENTO. 205 PÁGINAS.

 

● NUMERO 297 Bis. (Abril-mayo 2015).

DA Y DERECHOS: UNA APROXIMACION INTERNACIONAL E 


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Ante el cincuentenario de la revista derecho urbanistico y medio ambiente

INTERDISCIPLINARIA>  Coordinado  por  JULI  PONCE  SOLE, 

Catedrático de Derecho Administrativo U. Barcelona 371 

páginas.

 

● NUMERO.  300    (Coordinado  por  PAULA 

ALAMAN HERBERA (arquitecto Urbanista) 190 págs.

 

● NUMERO 308 (SEPTIEMBRE –OCTUBRE DE 2016) SOBRE LA 

NUEVA LEY DEL SUELO DE GALICIA, 206 PÁGINAS.

I.IV  La Revista y las nuevas tecnologías para 

facilitar su difusión y uso: resúmenes; 

sumarios históricos; y ediciones CD-ROM

La publicación correspondiente al trimestre Octubre-Di-

ciembre de 1986 coincidió con el número 100 de la Revista; 

es decir con los primeros 19 años completos de aparición de 

la misma. Esta primera conmemoración centenaria se mate-

rializo en un numero ordinario, precedido por una nota  in-

troductoria conmemorativa de su promotor y director LEAN-

DRO ALEGRIA, titulado , quien se 

congratulaba como a modo de indicio solvente del arraigo que 

había conseguido la Revista que la misma era conocida en los 

medios profesionales y doctrinales como la ; es decir 

un a sigla propia, pues precisaba 

es más que importante, definitivo a la hora de dar una valo-

ración crítica de una obra o de una institución. Nada que no 

posea ya una sigla particular puede ser  considerado impor-

tante>, añadiendo con su habitual sentido del humor, que 

en esto d ella sigla R.D.U, ha arraigado de tal manera en su 

identificación con la Revista de Derecho Urbanístico que ni si-

quiera ha podido con ella la coincidencia de iniciales, con, por 

ejemplo, el Reglamento de Disciplina Urbanística; éste, en todo 

caso, podrá ser  de R.D.U; pero la nuestra es, desde mucho 

tiempo antes, . Por último, concluía —con acierto y 

perspectiva de futuro que hoy vemos corroborada por la ce-

lebración de este número 300— que 

que nos hallamos no es un punto de llegada; es simplemente, 

una etapa de transito>.

Fue un propósito inicial hacer coincidir la publicación de 

este número Cien con la de un índice general de la revista. 


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MARTÍN BASSOLS COMA

Este propósito tuvo que posponerse cuatro años más tarde 

ante la envergadura de la labor sistematizadora que llevo a 

cabo su autor, en soporte de papel e informático el Secreta-

rio de la Revista FRANCISCO ALEGRIA MARTINEZ DE PINILLOS 

Efectivamente en 1990 se publica por primera vez los Índices 

de  la  Revista  (1967-1988),  especificándose  al  respecto  que 

cien primeros números. Los retrasos sufridos vieron cómo se 

iba desbordando la cifra de los publicados y esto aconsejo ex-

tenderse hasta los ciento diez. Se rompía  la redondez de la 

cifra, pero se aumentaba un diez por ciento el cuestionario>. 

La exhaustividad de la publicación se materializa en la exten-

sión del volumen publicado que alcanza 469 páginas en la que 

figuran sistemáticamente todos y cada uno de los trabajos pu-

blicados en la Revista. En el orden doctrinal se estructuran los 

artículos científicos en 74 descriptores temáticos y  el tema del 

Planeamiento comprende 28 subconceptos. Al mismo tiempo 

se esquematiza la referencias a los tema que bajo el concepto 

de Practica se publicaban en la Revista; todas la referencias 

al legislación urbanística (española; autonómica y extranjera); 

la Jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo y de las 

Audiencias Territoriales y Provinciales); todas las resoluciones 

publicada das en materia urbanística en el Boletín Oficial del 

Estado y la sistematización correspondiente a la Bibliografía 

recensionada a lo largo del referido periodo temporal (Arqui-

tectura, Derecho Administrativo; Derecho Comunitario y Dere-

cho Urbanístico, este último estructurado en 28 su epígrafes. 

El volumen se cierra con un Índice de autores de los trabajos 

publicados en la parte doctrinal y en Practica; Págs. 377 a 421) 

y  un índice de autores de las obras examinadas en la Biblio-

grafía (págs. 421 a 425). En este volumen se contiene la infor-

mación más completa a lo largo de este periodo de 21 años 

(1967-1988) de la doctrina y jurisprudencia existente sobre De-

recho Urbanístico en pleno proceso de consolidación, a la par 

que ofrece un panorama imprescindible para la valoración  y 

enjuiciamiento critico de esta etapa.

En el mes de marzo del año 2003 , la Revista alcanzo la pu-

blicación de su número 200, su Director F.J. ALEGRIA publicaba 

una nota previa  recordando los orígenes de la Revista y sus di-

ficultades iniciales, no obstante se felicitaba por su trayectoria, 


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Ante el cincuentenario de la revista derecho urbanistico y medio ambiente

destacando que para llegar a dicha cifra 

jurídica, periódica y dedicada a un tema tan especifico como 

el derecho urbanístico es casi un milagro ,aunque suponemos 

que algo debemos hacer bien cuando llegamos a dicha cifra>. 

Para conmemorar este evento, el numero 200 publicaría una 

serie de cinco estudios doctrinales sobre diversos temas a 

cargo de BASSOLS COMA; GALLEGO ANABITARTE; MENENDEZ 

REXACH, PAREJO ALFONSO Y PORTO REY.

El número 300 de la Revista se publicaba en el correspon-

diente a septiembre-octubre de 2015. Precisamente para 

solemnizar este aniversario su formato se presentaba como 

número monográfico dedicado a un tema de la máxima actua-

lidad como es el de las , con aportaciones  de 

Derecho Comparado y las posibles perspectivas de su implan-

tación y difusión en España.

Coincidiendo con este  aniversario, se daba a  conocer en 

formato  el  DE LA Revista de 

Derecho Urbanístico y Medio Ambiente que a lo largo de 458 

páginas incluye un resumen de todos los artículos publicados 

en la Revista desde su primer número (año 1967), con mención 

del título, autor, año, número y materia, con la correspondien-

te referencia en inglés. Esta publicación —de acceso gratuito y 

única en su género— constituye una aportación decisiva para 

el conocimiento y difusión doctrinal de nuestro Derecho Urba-

nístico y Ambiental a lo largo de estos últimos cincuenta años y  

un instrumento valioso e imprescindible para su consulta para 

lectores nacionales e internacionales.

I.V.  La Revista como matriz de actividades 

de formación en el orden nacional e 

internacional

La Revista de Derecho Urbanístico a lo largo de estos cin-

cuenta años no se ha limitado a la función de información doc-

trinal y normativa sino que ha venido actuando como plata-

forma en el campo de la formación y perfeccionamiento de 

los profesionales del Derecho Urbanístico y del personal de las 

distintas Administraciones públicas con competencias urba-

nísticas, especialmente para funcionarios y contratados de las 


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MARTÍN BASSOLS COMA

Administraciones locales. Resultaría imposible resumir aquí 

la multitud de Cursos, Conferencias, Coloquios, Seminarios y 

Congresos de Derecho Urbanístico y de materias directamente 

vinculadas a este sector del ordenamiento jurídico que se han 

promovido en estos cincuenta años por la Revista a lo largo 

de la geografía española (prácticamente en la totalidad de las 

capitales provinciales y grandes municipios), bien directamen-

te o en colaboración con Administraciones Publicas, Colegios 

Profesionales, Asociaciones de promotores, y Agentes socioe-

conómicos. Esta labor de difusión de la cultura urbanística a 

cargo de los principales colaboradores de la Revista junto a ju-

ristas, técnicos, funcionarios y profesionales de cada localidad 

de celebración, ha contribuido extraordinariamente a la pre-

paración y formación de expertos en Derecho Urbanístico y al 

fomento de vocaciones de estudio de esta rama tan compleja 

del Derecho que, en algunos casos, ha permitido la incorpora-

ción de nuevos colaboraciones. La Revista. Ha convocado pe-

riódicamente Premios nacionales de Urbanismo para fomen-

tar los estudios urbanísticos o distinguir a sus colaboradores

Esta vocación difusora de nuestra cultura jurídico-urbanísti-

ca  no se ha limitado al orden interno, sino que se ha proyecta-

do también en el orden internacional. En el seno de la Revista 

se gestó la formación de la Asociación Española de Derecho 

Urbanístico ,constituida en 1994 y que celebro Congresos na-

cionales en Santander (1998;  Santiago de Compostela (2001) y 

Pamplona (2005 ), La Asociación fue admitida como miembro 

de la Association Internationale de Droit de l’ Urbanisme (AI-

DRU), constituida en Paris el 14 de mayo de 1993 y con sede 

en dicha ciudad con la finalidad de agrupar las Asociaciones 

de  los diversos países especializados exclusivamente en el 

estudio del Derecho Urbanístico. El primer presidente de la 

asociación española por elección fue el Prof. ANGEL MENEN-

DEZ REXACH y a partir de 2005 hasta la actualidad la presiden-

cia por elección ha correspondido al Prof. MARTIN BASSOLS 

COMA. El Secretario de la Asociación desde su fundación ha 

sido D. Francisco JOSE ALEGRIA

La Asociación ha participado en los Coloquios organizados 

bianualmente por AIDRU en Toulouse (1999); Louvain-la-Neuve 

(2001); Roma (2003); Ginebra (2005); Paris (2007); Tesalónica 


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Ante el cincuentenario de la revista derecho urbanistico y medio ambiente

(2009); Coímbra (2011); Bucarest (2013) y; Lieja (2015). En 

estos Coloquios, cuyas crónicas de celebración han aparecido, 

junto con el texto de la Ponencia española, en la Revista de  

Derecho Urbanístico correspondiente a cada celebración, los  

Ponentes españoles han propiciado en la esfera internacional 

la difusión de nuestra la doctrina y legislación urbanísticas, 

al tiempo que al publicar AIDRU el conjunto de las Ponencias 

generales y las respectivas de cada país han permitido valorar 

las aportaciones en el marco del Derecho Comparado. La 

Asociación española de Derecho Urbanístico ha asumido el 

compromiso de organizar la celebración del Coloquio AIDRU 

correspondiente al año 2017 que se celebrara en Barcelona, 

organizado en colaboración con la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Barcelona en el mes de septiembre 

de dicho año que al coincidir con el cincuenta aniversario de 

la aparición de la Revista de Derecho Urbanístico se dedicara 

una sesión especial a la presentación de nuestra Revista y de 

su número conmemorativo para un mejor conocimiento de  su 

contenido y trayectoria para el público internacional.

II.  LA TEMÁTICA DE LA REVISTA COMO TESTIMONIO 

HISTÓRICO DE LAS TRANSFORMACIONES DEL 

DERECHO URBANÍSTICO EN EL PERIODO 1967 A 

2017

II.I.  Los perfiles iniciales del Derecho Urbanístico 

(1967-1978)

La Revista nace, como hemos dicho, en 1967 en pleno pro-

ceso del llamado Desarrollismo económico que se había he-

cho  visible  a  través  de  la  llamada  Planificación  económica  y 

social a partir de 1962, aún cuando empezaban a percibirse 

los primeros síntomas de agotamiento del modelo económi-

co subyacente y de la aparición de  importantes disfunciones 

en el orden especulativo,  indisciplina urbanística y también 

primeras crisis ambientales La Ley del Suelo de Ordenación 

Urbana de 1956. Con su escaso desarrollo reglamentario (solo 

se habían dictado los Reglamentos de Edificación forzosa y de 


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MARTÍN BASSOLS COMA

Reparcelaciones) y sus reformas parciales en materia de Va-

loraciones) y zonas verdes (1963), evidenciaba su incapacidad 

para encauzar el intensivo desarrollo urbanístico, a pesar de 

contar con nuevos aparatos administrativos (se creó en 1957 

el Ministerio de la Vivienda, y 1959 la Gerencia de Urbaniza-

ción) y exigía la necesidad de un cambio o una renovación.

Las colaboraciones doctrinales aparecidas en el periodo 

de los años 1967 a 1971 reflejaban —a pesar de algunas crí-

ticas ante el fenómeno especulativo— un propósito funda-

mentalmente de asimilación y de construcción dogmática de 

los nuevos conceptos implicados en la legislación urbanística, 

especialmente los referidos a dos temas estrella: la naturale-

za jurídica de los Planes de Urbanismo y el tratamiento de las 

limitaciones urbanísticas a la propiedad privada, cuestiones 

que concitaron la atención tanto de privatistas como de culti-

vadores de derecho público. La temática de las expropiaciones 

urbanísticas, valoración y  fiscalidad del suelo que ya gozaban 

de atención preferente con anterioridad a la aparición de la 

Revista, siguieron siendo objeto de seguimiento y tratamiento 

puntual desde un punto de vista exegético. En estos primeros 

números, destacaba la importante atención prestada al Dere-

cho comparado y a la doctrina extranjera (anglosajona, italiana 

y francesa) como instrumentos de análisis de las directrices 

de la política urbanística a la par que criterios hermenéuticos 

para la interpretación de nuestra legislación urbanística. Esta 

preocupación por el derecho comparado se completaba con 

una atención preferente a la bibliografía comparada. Los es-

tudios y crónicas jurisprudenciales también merecieron una  

atención especial, tanto la del Tribunal Supremo como las de 

las Audiencias Provinciales cuya información era suministrada 

por los correspondientes corresponsales de la Revista.

A partir del anuncio de la Reforma de la  Ley del Suelo en 

1972 —cuya aprobación se demoraría por la crisis política de 

los últimos años del franquismo hasta 1975—, se produjo un 

cambio en el marco de la temática que cultivaba la Revista (nú-

meros 31 a 42) hacia planteamientos y enfoques más  críticos 

sobre la función de las instituciones urbanísticas con un se-

guimiento muy atento al proceso de elaboración y aprobación 

de la Ley de Reforma de la Ley del Suelo que, como es sabido, 


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Ante el cincuentenario de la revista derecho urbanistico y medio ambiente

se aprobaría como Ley19/1975 de 2 de mayo. A las reformas 

del Derecho comparo de la época (Inglaterra, Francia e Italia) 

se le prestaría también especial atención tanto por parte de 

los autores nacionales como —y ello constituyo una novedad 

digna de subrayarse—, como por la participación de autores 

extranjeros. A partir de 1973 aflora un nuevo tema de análisis 

y tratamiento al calor de la crisis energética y aparición de los 

primeros conflictos de contaminación atmosférica en las gran-

des ciudades. La promulgación primero de la Ley de Protec-

ción  del Ambiente Atmosférico en 1972 y, posteriormente, en 

1975 de la Ley 15/1975 de 2 de mayo sobre Espacios Naturales 

Protegidos, significaran las toma en consideración del ambien-

te urbano y el ambiente natural como cuestiones que no pue-

den ser ajenos a la problemática urbanística. De esta suerte en 

la Revista aparecen los primeros artículos que apuntan hacia 

esta toma en consideración del medio ambiente  vinculado al 

urbanismo si bien todavía su tratamiento se produce desde un 

enfoque puramente exegético, pero que constituirá un punto 

de referencia para justificar el cambio posterior de la incorpo-

ración del Medio Ambiente al título de la Revista de  Derecho 

Urbanístico.

La promulgación de la Ley de Reforma de la Ley del Sue-

lo en 1975 y especialmente su Texto Refundido (Real Decreto 

1346/1976 de 9 de abrí, así como la aparición durante la transi-

ción política en 1978 de los tres Reglamentos de  Planeamien-

to, Gestión y Disciplina Urbanística, asi como la creación del 

nuevo Ministerio de Obras públicas y Urbanismo van a cen-

trar de nuevo la temática de la Revista en el núcleo esencial 

del Derecho Urbanístico en sentido clásico. El tratamiento de 

las novedades de la Ley, especialmente el nuevo concepto del 

Aprovechamiento Medio, dotaciones y equipamientos y las 

novedades en la disciplina urbanística, asi como las distintas 

clases de suelo, especialmente el urbanizado (programado y 

no programado) y el no urbanizable van a acaparar la principal 

preocupación de las colaboraciones publicadas, no solamente 

en términos de mera glosa o comentario ,sino en forma de  

análisis dogmáticos y de fortalecimiento de un sistema propio 

del Derecho Urbanístico. Este espíritu constructivo en lo doc-

trinal va a perdurar a lo largo de la década de los años ochenta, 


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MARTÍN BASSOLS COMA

aun cuando pueda apreciarse una cierta debilitación por las 

circunstancias que vamos destacar a continuación.

II.II  Impacto de la Constitución de 1978 y la 

emergencia del Derecho Urbanístico de las 

Comunidades Autónomas (1978- 1990)

La promulgación de la Constitución de 1978 al reconocer 

en el art 47 el Derecho a la Vivienda; la utilización del suelo de 

acuerdo con el interés general para impedir la especulación; y 

la participación de la Comunidad en las plusvalías que genere 

la acción urbanística para impedir la especulación, comporta-

ba. Por una parte, la confirmación en cierto sentido de los prin-

cipios tradicionales que habían sancionado las leyes del Suelo 

de  1956 y de 1976; pero por otra parte, marcaba claramente 

un programa de reforma o renovación de dichos principios. La 

frustración de los  primeros intentos de reformas legislativas 

—estas no tuvieron lugar hasta 1990— desviaron la atención 

preferente de las colaboraciones  doctrinales. No obstante, la 

Constitución en su art 148.1.3 reconoce como novedad fun-

damental la competencia de las Comunidades Autónomas en 

materia de vivienda, suelo y ordenación del territorio, para  

cuyo despliegue hubo que esperar a la constitución del mapa 

autonómico al año 1983. (El numero 293 septiembre-octubre 

2014 contiene una colaboración mía que resume el periodo de 

la transición democrática y la Constitución)

Todos estos factores ayudan a explicar que en el decenio 

1980-1990 (del número 66 al número 115) la temática de la 

Revista fuera muy dispersa y difícil de caracterizar; en modo 

alguno perdió vigor y actualidad, sino que la variedad y com-

plejidad de los temas tratados imposibilitan  ofrecer una ima-

gen visión unitaria o un balance claro. Para ello, basta tener en 

cuenta  que  nada  menos  aflorar  como  cuestiones  nuevas:  el 

tratamiento constitucional del Urbanismo como materia pro-

piamente dicha y el cuestionamiento de la titularidad de las 

competencias urbanísticas;  análisis de los estatutos de auto-

nomía en las referidas materias; emergencia de las primeras 

leyes autonómicas dictadas en materia urbanística y también 

las primeras sentencias del Tribunal Constitucional sobre las 


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Ante el cincuentenario de la revista derecho urbanistico y medio ambiente

mismas; cuestionamiento de la visión tradicional de la Orde-

nación del Territorio en el doble sentido de aparición de leyes 

autonómicas y emergencia de las leyes estatales sobre Cos-

tas, Puertos Carreteras, Transportes con su correspondiente 

incidencia en las propias técnicas y competencias urbanísticas; 

la problemática indemnizatoria  con ocasión de los cambios 

o revisiones del planeamiento surgimiento desde el ámbito 

municipal y autonómico, ante la frustración de la reforma de 

la legislación estatal del suelo de nuevas técnicas como los 

Convenios Urbanísticos; transferencias de aprovechamiento 

reparcelación económica; incremento de cesiones y dotacio-

nes  y  clasificación  de  terrenos  para  viviendas  de  protección 

oficial. Todo ello unido a la continuidad de la aplicación de la 

legislación estatal d e1976 y sus reglamentos que generaban 

importantes cuestiones aplicativas en un nuevo marco econó-

mico que ya no se correspondía con el desarrollismo, sino en 

una situación de crisis urbana que requería una nueva visión 

y tratamiento del urbanismo. La Revista ofrece en esta etapa 

una quizás acumulación de temas que le otorgan este carác-

ter disperso a que aludíamos, pero que, sin embargo, seguía  

conservando su ilusión inicial de contraste científico y de pre-

ocupación y elaboración jurídica para responder a los retos le-

gislativos y sociales.

II.III  De la reforma urbanística de 1990 a la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 

61/1997

La reforma urbanística mediante la Ley 8/1990 sobre Régi-

men Urbanístico y Valoraciones del Suelo de 1990 y su texto 

refundido 1/1992 de 26 de junio van imponer un nuevo cam-

bio de ruta en la temática de la Revista volviéndose a centrarse 

de nuevo en los técnicas estrictamente jurídico-urbanísticas, 

aunque en el nuevo marco innovador de la polémica de las 

competencias estatales y autonómicas y la ya presencia abun-

dante de nuevas leyes autonómicas en ordenación del territo-

rio y urbanismo, de las que la Revista de 1990 a 1999 ( núme-

ros (116 a 166) dio cumplida cuenta. A partir de esta reforma 

una catarata de nuevos conceptos y técnicas jurídicas van a 

estimular la atención de nuevos autores en sus colaboracio-


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MARTÍN BASSOLS COMA

nes y ello desde una perspectiva eminentemente critica, tanto 

en apoyo de estas novedades como de cuestionamiento de 

las mismas desde una perspectiva doctrinal pero también —y 

esto constituía una novedad— ideológica. De esta suerte, las 

reflexiones sobre los nuevos conceptos y reformulaciones de 

instituciones tales como Adquisición gradual de facultades ur-

banísticas; deberes urbanísticos; Aprovechamiento tipo y Áreas 

de Reparto; Aprovechamiento susceptible de apropiación; De-

recho a edificar y Derecho a la Edificación; actuaciones siste-

máticas y asistemáticas; Transferencias de Aprovechamiento y 

sus complejas técnicas de actuación; valoraciones y justiprecio 

del suelo, incidencia del tiempo en la adquisición de derechos; 

régimen de expropiaciones y venta forzosa; patrimonios públi-

cos de suelo; derechos de tanteo y retracto: remodelación del 

régimen de infracciones y sanciones etc. Pasarían a  centrar la 

mayor parte de atención de las colaboraciones  publicadas en 

la Revista

Todo este novedoso complejo de técnicas renovadoras se 

asentaba en un difícil equilibrio de distribución de competen-

cias urbanísticas entre el Estado y las Comunidades Autónomas 

que precisamente la Disposición final Única del Texto Refundi-

do afrontaría con una clasificación de sus, 310 artículos como 

competencias estatales de carácter Básicas ( arts. 149,1.1º. 8, 

13, 18 y23 CE ); de Aplicación plena (149.1.8 y18); y el resto 

como de Aplicación supletoria en defecto de regulación espe-

cífica por las Comunidades Autónomas. La impugnación por 

varias Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucio-

nal del referido Texto Refundido dio lugar a la famosa Senten-

cia 61/1997 de 20 de marzo con la consiguiente declaración de 

inconstitucionalidad por razones exclusivas de competencia a 

la totalidad de los preceptos calificados de aplicación supleto-

ria y a una gran cantidad de los calificados como básicos y de 

aplicación plena. La Sentencia causo un auténtico seísmo por 

cuanto despejaba las autolimitaciones que inicialmente se ha-

bían marcado las Comunidades Autónomas y venía a legitimar 

la consolidación de un Derecho Urbanístico Autonómico del 

que ya venía ocupándose la Revista y que a partir de este mo-

mento va a constituir un tratamiento normal y habitual de la 

temática de la Revista. La Sentencia 61/1997 por este cambio 

que imprimió y la su densidad doctrinal de su fundamentación 


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Ante el cincuentenario de la revista derecho urbanistico y medio ambiente

fue objeto de vivos y críticos análisis en diversos números de la 

Revista. La perspectiva del análisis constitucional del Derecho 

Urbanístico quedaba de esta forma definitivamente consolida-

da, al punto que desde dicha fecha la mayoría de las Leyes, 

tanto estatales como autonómica, son objeto de impugnación 

ante el Tribunal Constitucional y se cuenta con una abundante 

jurisprudencia constitucional urbanística.

Debe  anotarse  finalmente    que  durante  la  década  de  los 

años noventa van aparecer dos nuevas materias que se con-

forman como de tratamiento habitual en la Revista. Por una 

parte, la cuestión penal del urbanismo a raíz de la reforma del 

Código Penal de 1995 al tipificar los delitos relativos a la Orde-

nación del Territorio y de Protección del Patrimonio Histórico  

y Medio Ambiente. Y, por otra parte, la codificación del Dere-

cho Urbanístico Registral con la promulgación del Reglamento 

Hipotecario urbanístico (Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio 

que  contribuiría a aportar innovaciones y soluciones operati-

vas en  especial en el campo urbanístico-edificatorio y que, en 

general, ofrecía un nuevo marco de seguridad jurídica para la 

ejecución de las operaciones urbanísticas.

II.IV La liberalización del suelo y sus 

modificaciones  normativas  hasta  la  crisis 

inmobiliaria (1998- 2007)

Si la reforma urbanística 1990-1992 presentaba innovacio-

nes  relevantes en las técnicas jurídicas, en el fondo no altera-

ba el modelo urbanístico de las Leyes de 1956 y 1976; como 

enfáticamente se destacaría aquellas, antes al contrario ve-

nían a extraer y consolidar sus últimas y plenas  consecuencias 

normativas. Paradójicamente sin embargo, de forma simultá-

nea a la promulgación de las Leyes de 1990-92 se iniciaba el 

proceso del cuestionamiento del modelo urbanístico, bajo la 

divisa de  a raíz del Informe del Tri-

bunal de Defensa de la Competencia (1993) y el planteamiento 

a nivel autonómico (Ley de la Comunidad Valenciana 6/1994 

de 15 de noviembre) de un nuevo modelo urbanístico basa-

do principalmente en la intervención de la iniciativa privada 

personificada en la figura del Agente Urbanizador. De ambos 

aspectos —liberalización del suelo y participación de la inicia-


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MARTÍN BASSOLS COMA

tiva privada— se ocupó abundantemente los números de la 

Revista de aquella etapa. 

La promulgación del Real Decreto-Ley 5/1996 de 7 de junio, 

bajo la rúbrica de 

lo y Colegios Profesionales> inauguraba a nivel estatal el pro-

ceso de liberalización del suelo con la abolición de la distinción 

entre suelo urbanizable programado y no programado y la re-

ducción de cesiones de aprovechamiento tipo del 15% al 10%. 

La pretensión de instaurar un nuevo modelo de urbanismo li-

beralizado tuvo lugar con la Ley 6/1998 d e 13 de abril sobre 

Régimen del Suelo y Valoraciones cuyo objetivo principal era 

flexibilizar la legislación con el objeto de evitar la escasez de 

suelo y la absoluta discrecionalidad de las autoridades urbanís-

ticas, estableciendo como principio básico que  el suelo 

no tenga la condición de urbano o de no urbanizable tendrá la 

consideración de urbanizable>, al tiempo que se distinguía en-

tre suelo urbano consolidado y no consolidado, cambios en los 

métodos de valoración del suelo e indemnizaciones, asi como 

otorgar más garantías a las iniciativas de los particulares. Las 

innovaciones de la nueva Ley  merecieron, salvo en un aspecto 

puntual, la conformidad constitucional con la STC 164/2001. 

Sin embargo, tanto en el orden ideológico como en el doctrinal  

como se reflejan en los números de la Revista de este periodo 

(del 167al 231) aparecen abundantes análisis sobre el proceso 

de liberalización del suelo y sus nuevas técnicas de actuación 

en los distintos tipos de suelo y especialmente en el sistema 

de valoraciones del suelo. El propio proceso de liberalización 

requirió de sucesivas rectificaciones, primero con  el Real De-

creto-Ley 4/2000 de 23 de junio (cuyo debate parlamentario 

de conversión en Ley ordinaria se dilataría más de tres años 

y finalmente su artículo 1 fue declarado inconstitucional por 

Sentencia del Tribunal Constitucional 137/2011 de 14 de sep-

tiembre) y la modificación parcial del sistema de valoraciones  

del suelo para infraestructuras y servicios públicos de interés 

supramunicipal. Lógicamente, todas estas alteraciones tuvie-

ron su reflejo en la Revista, asi como la problemática de la es-

peculación del suelo en un periodo de máxima actividad cons-

tructiva que contrastaba con las limitaciones para grandes 

capas de la población al acceso a una vivienda asequible por lo 


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Ante el cincuentenario de la revista derecho urbanistico y medio ambiente

que muchas autores en sus colaboraciones postulaban formas 

jurídicas apropiadas para vincular el suelo con la promoción 

de viviendas de Protección Oficial.

Con independencia de esta problemática de la política del 

suelo, la mayoría de las colaboraciones de este periodo versa-

ron sobre el análisis de la proliferación de leyes urbanísticas 

autonómicas y sus sucesivas modificaciones, explorando sus 

novedades, vinculación con la Ley estatal y sus opciones libe-

ralizadoras o por el contrario manteniéndose en una posición 

más continuista, aunque como denominador común pueda 

señalarse que el papel de la iniciativa privada y la figura del 

Agente Urbanizador fue imponiéndose en el sistema de eje-

cución del planeamiento, bien como sistema único o bien en 

combinación con los tradicionales que , a su vez, fueron objeto 

de revisión. El tema de los Convenios Urbanísticos a nivel de 

la legislación autonómica experimento una gran expansión y 

pronto se suscitarían los problemas de su posible colisión con 

la contratación administrativa ,especialmente con las Directi-

vas europeas sobre la materia que generaron incluso episo-

dios de pronunciamientos de censura por parte de algunos 

organismos europeos de los cuales se hizo eco la Revista y con 

ello se daba entrada a un nuevo capítulo de tratamiento doc-

trinal: el Derecho Urbanístico comunitario o europeo desde la 

perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Jus-

ticia.

Junto a los temas clásicos de tratamiento, la Revista duran-

te este periodo deja constancia de la necesidad de abordar 

nuevas cuestiones como las de planificación territorial  y sus 

manifestaciones sectoriales (en el ámbito estatal y autonó-

mico); la preocupación por la problemática del subsuelo, la 

cuestión d ellos riesgos naturales e industriales; la creciente 

preocupación por el medio ambiente y el cambio climático y 

una atención exponencial a la conservación del Paisaje. Todo 

este panorama de nuevas materias explica que la Revista com-

plementara sus números ordinarios con otros específicos de-

dicados exclusivamente al tratamiento jurisprudencial o bien, 

como se ha señalado en la primera parte, a elaborar números 


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MARTÍN BASSOLS COMA

monográficos sobre distintas materias que en cada momento 

demandaba la actualidad.

II.V  Hacía un nuevo modelo de Derecho 

Urbanístico (2007 – 2017)

A partir de 2008 tiene lugar en nuestro país la mayor crisis 

y burbuja inmobiliaria de su historia; dictaminar si esta crisis 

es productiva de la propia estructura normativa urbanística, 

o de la crisis financiera mundial es una cuestión que corres-

ponde dirimir a los politólogos y economistas. La Revista en 

muchas de sus colaboraciones había advertido ya desde  una 

perspectiva jurídica de algunos excesos inquietantes que pre-

ludiaban futuros desajustes y se aconsejaba una rectificación 

o modificación del modelo urbanístico existente. Finalmente, 

el legislador estatal por una nueva Ley , Ley 8/2007 

de 28 de mayo que da lugar a un nuevo Texto Refundido (Real 

Decreto Legislativo 2/2008 de 30 de junio  y con un nuevo Re-

glamento de Valoraciones (Real Decreto 1492/23011) iniciaba 

un  proceso  de  rectificación  y  de  contención  de  los    excesos 

denunciados, abandonaba una institución tan determinante 

como  la  clasificación  del  suelo  y  lo  sustituía  por  la  exclusiva 

situación de suelo urbanizado y rural, a la par que otorgaba un 

estatuto jurídico nuevo a los ciudadanos de signo participati-

vo; a la iniciativa privada y a los propietarios del suelo. La asi-

milación de estas importantes novedades ocuparía la atención 

de la Revista en el periodo 2007-2013, (números 231 a 279), al 

tiempo que se dedicaba atención preferente la incidencia de la 

Directiva europea de Servicios sobre los instrumentos de inter-

vención de las actividades de los particulares. Paralelamente, 

la legislación de las Comunidades Autónomas ha seguido in-

crementándose, bien por nuevas opciones regulatorias, bien 

para coordinarse con la nueva normativa estatal, por lo que  

ha sido objeto de especial atención y tratamiento.

Finalmente, se promulga al Ley estatal 8/2013 de 26 de junio 

de 

título ya pone de manifiesto el propósito al menos formal de  

encauzar un nuevo modelo urbanístico centrado fundamen-

talmente en la ciudad existente frente al desarrollismo urba-


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Ante el cincuentenario de la revista derecho urbanistico y medio ambiente

nístico y que a pesar de los problemas de la crisis económica y 

financiera se pretende implantar con el apoyo de las opciones 

legislativas de las propias Comunidades Autónomas  Este cam-

bio de orientación ha exigido dictar un  nuevo Texto Refundi-

do estatal (Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre) y 

una nueva ola de leyes autonómicas de adaptación a la nueva 

situación. Ante este nuevo acontecimiento, la Revista inmedia-

tamente (número 285 de diciembre de 2013) organización un 

número monográfico para analizar las innovaciones y perspec-

tivas de esta nueva normativa que  hace concebir esperanzas 

de iniciarse un nuevo rumbo. Los objetivos de la Ley —en línea 

con el Derecho europeo y con la legislación comparada— van 

a exigir la incorporación a nuestro acervo jurídico-urbanístico 

de nuevos conceptos de raíz sociológica como los de cohesión 

social, interdicción de la discriminación y exclusión social, mez-

cla de usos en los tejidos urbanos y barrios, evaluación am-

biental y edificatoria, movilidad sostenible y otros conceptos 

paralelos que en última instancia vuelven a dar fundamento 

y relieva al precepto constitucional del urbanismo al servicio 

del Derecho a una vivienda digna. A partir del referido número 

285 de 2013 hasta el último número publicado se analizan el 

acomodo de estas nuevas técnicas, con referencias al Derecho 

comparado y a los números monográficos sobre Derechos en 

vivienda y urbanismo desde una perspectiva interdisciplinaria 

(nº 297) las Ciudades inteligentes (Smart cities nº 300) y

III.- CONCLUSIÓN

Esta apretada síntesis de las temáticas abordadas en estos cin-

cuenta años que cumple la Revista en 2017, a pesar de las distintas 

coyunturas económico-sociales que se han sucedido, la dilatación 

que ha experimentado el Derecho Urbanístico en sus fines, instru-

mentos y campos de actuación, la propia evolución de las técnicas  

de interpretación del Derecho, así como los cambios generacionales  

que se han producido en su cuadro de juristas, colaboradores y au-

tores, permiten sostener que la Revista sigue fiel a sus objetivos ini-

ciales expuestos en el nº 1. 

de ideas y pensamientos que contribuyan a la elaboración de la nue-

va (ahora ya no tan nueva) rama jurídica> del Derecho Urbanístico 

en proceso constante de cambio y de asunción de nuevos objetivos. 



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EL DESAFÍO DE LAS “CIUDADES DIGITALES”

(THE CHALLENGE OF “DIGITAL CITIES”)

Por Carlos E. Delpiazzo 

1

Catedrático de Derecho Administrativo

Facultad de Derecho. Universidad de Montevideo

R E S U M E N

En la sociedad de la información, las nuevas tecnologías de la informática y las 

telecomunicaciones están transformando las relaciones entre autoridades, habi-

tantes e instituciones intermedias de la sociedad urbana, dando lugar a las deno-

minadas “ciudades digitales” en las cuales se verifican cambios en la organización 

territorial y en la gobernanza local, potenciándose el ejercicio de los derechos ciu-

dadanos.

1  Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de la República 

Oriental del Uruguay. Catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Montevideo. Ex Catedrático de Derecho Administrativo, de Derecho 

Informático y de Derecho Telemático en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor 

de la República. Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uru-

guay Dámaso Antonio Larrañaga. Autor de 75 libros y más de 500 trabajos publicados 

en el país y en el exterior. Profesor Invitado del Instituto Nacional de Administración Pú-

blica (España). Profesor Visitante de la Especialización en Derecho Administrativo de la 

Universidad de Belgrano (Argentina). Profesor Extraordinario Visitante de la Universidad 

Católica de Salta (Argentina). Miembro del Comité Académico de la Maestría de Derecho 

Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (Argentina) y de la 

Comisión Académica del Programa de Doctorado de Derecho Administrativo Iberoame-

ricano liderado por la Universidad de La Coruña (España). Ex Director y miembro del Ins-

tituto Uruguayo de Derecho Administrativo, del Instituto de Derecho Administrativo de 

la Universidad Notarial Argentina, de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, 

de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, de la Asociación Centroamericana 

de Derecho Administrativo, de la Academia Internacional de Derecho Comparado, de la 

Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, y del Instituto Internacional de 

Derecho Administrativo. Secretario General del Foro Iberoamericano de Derecho Admi-

nistrativo.


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CARLOS E. DELPIAZZO 

PALABRAS CLAVE:  Ciudad digital. Municipio electrónico. Gobernanza global. 

Acceso a la información. Participación.

A B S T R A C T

In the information society, the new information technologies and telecommu-

nications are transforming the relations between authorities, inhabitants and in-

termediate institutions of urban society, giving rise to the so-called “digital cities” in 

which changes can be verified through the territorial organization and local gover-

nance, strengthening the exercise of citizens’ rights. 

KEY WORDS: Digital city. Digital Local Authority. Global governance. Freedom 

for information. Participation.

S U M A R I O

  I.-  EL FENÓMENO DE LAS “CIUDADES DIGITALES”. CARACTERIZACIÓN 

Y FACTORES DETERMINANTES.

 II.-  INCIDENCIA EN LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.

II.I.- Noción. 

II.II.- Alcance.

 III.-   FACILITACIÓN DE LA GOBERNANZA LOCAL.

III.I.- Noción. 

III.II.- Alcance.

 

IV.-  POTENCIACIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS. NUEVO 

ROSTRO DEL ACCESO Y LA PARTICIPACIÓN.

 V.-  CONCLUSIÓN. IMPORTANCIA DE LA VITALIZACIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES MEDIANTE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS.

I.- 

EL FENÓMENO DE LAS “CIUDADES 

DIGITALES”. CARACTERIZACIÓN Y FACTORES 

DETERMINANTES

Para caracterizar a las denominadas “ciudades digitales” se im-

pone lógicamente indagar qué agrega el calificativo “digitales” al sus-

tantivo “ciudades”.

En cuanto a 

la noción de ciudad, bien se ha dicho que es un fe-

nómeno social que, “a pesar de tener un importante componente de 


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El desafío de las"ciudades digitales"

su expresión en lo físico, en lo espacial, no se agota en esa manifes-

tación. En su esencia, es algo mucho más complejo y abstracto, que 

comprende y comporta una manera de vivir diferente, una forma de 

vida con características específicas, que la hace distinta al modo de 

vida rural y, en consecuencia, marca sus peculiaridades”

2

.

Como tal, la ciudad está en la base de las estructuras políticas y 

de las instituciones jurídicas, como surge de la propia etimología. 

En efecto, tanto la expresión lingüística como la noción de “políti-

ca” está indisolublemente asociada a la palabra y al concepto de la 

“polis” griega. A su vez, el vocablo “ciudadano” evoca al término “ciu-

dad”.

No obstante, el vínculo entre las expresiones citadas se remonta 

a la más lejana antigüedad, asociándose a la ciudad como epicentro 

de la vida y la concepción política, como eje y origen del manejo 

institucional de los asuntos colectivos, en los cuales el ciudadano 

asume el rol de actor de las decisiones colectivas y protagonista de 

la construcción de las instituciones.

Según se ha destacado, hay evidencia de la existencia de asenta-

mientos urbanos susceptibles de ser calificados como ciudades en 

el tercer milenio antes de Cristo, en el tránsito de la vida nómade a 

la vida sedentaria

3

Posteriormente, es destacable la evolución de las expresiones 

urbanas en Grecia y Roma. Precisamente, en la cultura romana, 

mientras el vocablo “urbs” alude a la manifestación física del asen-

tamiento, la expresión “civitas” es más amplia, abarcando no sólo a 

dicha realidad morfológica de la agrupación humana, sino también 

la consideración de la estructura social con características de asen-

tamiento y organización

4

.

En la Edad Media se produce un decaimiento de la vida urbana 

acompañado de una transformación en la fisonomía de las ciuda-

des causada fundamentalmente por su acotamiento por murallas. 

El posterior poblamiento de América mediante la fundación de ciu-

2  RODRIGUEZ, A., Fundamentos de Derecho Urbanístico: una aproximación jurídica a la 

ciudad, Caracas, 2010, pág. 49.

3  Antonio GARCIA Y BELLIDO, A., Urbanística de las ciudades en el mundo antiguo,  

Madrid, 1966, pág. 7.

4  RODRIGUEZ, A., Fundamentos de..., op. cit., pág. 80.


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dades y el advenimiento de la revolución industrial en el siglo XVIII 

instalan una nueva realidad, en la cual el fenómeno urbano alcanza 

dimensiones cuantitativas y cualitativas incomparables con cual-

quier referencia anterior.

La realidad contemporánea exhibe un crecimiento exponencial 

del proceso de urbanización, que se concreta en el llamado “regio-

nalismo urbanístico” desbordante de la ciudad y que se manifiesta 

en la consolidación de las áreas metropolitanas 

5

.

En este estado, el advenimiento y difusión de las nuevas tecno-

logías de la información y las comunicaciones en el ámbito urbano 

determina que comience a hablarse de “ciudades digitales”, donde 

el calificativo digital añade al concepto de ciudad la singularidad 

de que sus componentes pueden relacionarse no sólo en el mundo 

real sino también en un entorno virtual mediante el empleo de di-

chas nuevas tecnologías.

En tal sentido, en el Libro Blanco sobre Ciudades Digitales en Ibe-

roamérica se caracteriza a la ciudad digital como “aquella en la que, 

utilizando los recursos que brinda la infraestructura de telecomu-

nicaciones y de informática existentes, entre ellas la denominada 

Internet, brinda a sus habitantes un conjunto de servicios digitales a 

fin de mejorar el nivel de desarrollo humano, económico y cultural 

de esa comunidad, tanto en el ámbito individual como colectivo” 

6

.

Con carácter más descriptivo, también se ha dicho que “ciudad 

digital es aquel entorno de ámbito local en el que exista una consi-

derable implantación de la sociedad de la información, tanto en el 

conjunto de los ciudadanos en sus ámbitos residencial, de trabajo o 

en la utilización de servicios públicos, como de las empresas e insti-

tuciones en temas tales como la teleadministración, el teletrabajo, 

teleformación, telemedicina, gestión de servicios de uso público, en-

tre otras, y donde la Administración pública constituye el motor in-

tegrador del resto de la iniciativa. Todo ello basado en redes de alta 

velocidad y a partir de que una considerable parte de la población 

5  GARCIA DE ENTERRIA, E., y PAREJO ALFONSO, L., Lecciones de Derecho Urbanístico

Civitas, Madrid, 1981, pág. 56 y ss.

6  BERMUDEZ MOGNI, P., y ARAOS URIBE, C., Libro Blanco sobre Ciudades Digitales en 

Iberoamérica, AHCIET, 2004, pág. 103. En igual sentido: ZUBIETA, R., y WOODLEY. T., 

Manual para el Desarrollo de Ciudades Digitales en Iberoamérica, AHCIET, 2006, pág. 11.


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El desafío de las"ciudades digitales"

está formada en aplicaciones telemáticas y en particular en el uso 

de Internet” 

7

.

Siendo así, se considera que son factores de desarrollo de una 

ciudad digital los siguientes 

8

:

a)  un compromiso político compartido por la sociedad civil;

b)  recursos humanos preparados para el desafío;

c)  infraestructura acorde;

d)  servicialidad pública;

e)  presencia de un liderazgo visible;

f)  capacidad de comunicación;

g)  reingeniería de procesos y gestión; y

h) sostenibilidad.

En mi opinión, la referencia a “ciudades digitales” constituye una 

expresión gráfica para aludir a la informatización de las relaciones 

entre autoridades, habitantes e instituciones intermedias de la so-

ciedad urbana con proyecciones en la organización administrativa 

(“Municipios electrónicos”) y en la actividad tanto de la Administra-

ción (“gobernanza local”) como de los ciudadanos (potenciando sus 

derechos).

II.-  INCIDENCIA EN LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

II.I.- Noción

Del mismo modo que es ilustrativo hablar de “ciudades digitales”, 

puede resultar igualmente gráfico hablar de “Municipio electrónico” 

para designar a la manifestación local del “Gobierno electrónico”.

Al respecto, puede decirse que el 

Gobierno electrónico refiere 

a una nueva forma de relacionamiento entre los Gobiernos y las so-

7  NAHABETIAN BRUNET, L., “Ciudades digitales: ¿necesidad de la modernización?”, en 

Anuario “Derecho Informático”, F.C.U., Montevideo, 2007, tomo VII, pág. 163.

8  NAHABETIAN BRUNET, L.,  “Ciudades digitales…” op. cit., págs. 167 a 169.


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CARLOS E. DELPIAZZO 

ciedades respectivas, valiéndose para ello de las nuevas tecnologías 

de la información y las comunicaciones 

9

.

Más  específicamente,  la  E-government  Act  de  Estados Unidos 

(2002) lo define como “el uso por el Gobierno de aplicaciones ba-

sadas en Internet y otras tecnologías de la información, combinado 

con el proceso que implementa estas tecnologías para:

a)  desarrollar el acceso y envío de información gubernamental 

y servicios; o

b)   llevar a cabo mejoras en las operaciones gubernamentales”.

A su vez, el portal informativo de la Unión Europea caracteriza al 

Gobierno electrónico como “el uso de las tecnologías de la informa-

ción y comunicación en las Administraciones públicas -combinado 

con el cambio organizacional y nuevas habilidades- para mejorar los 

servicios y el proceso democrático y para reforzar el apoyo a las po-

líticas públicas”, procurando que los organismos gubernamentales 

sean:

a)  más abiertos y transparentes, permitiendo reforzar el pro-

ceso democrático;

b)  más orientados al bien servir, proveyendo servicios person-

alizados e inclusivos; y

c)   más productivos, maximizando el uso del dinero recaudado 

a los contribuyentes.

En mi opinión, conviene distinguir entre la Administración elec-

trónica y la Democracia electrónica como dos aspectos relevantes y 

diferenciables del Gobierno electrónico genéricamente considera-

do

10

.

En cuanto a la Administración electrónica  -también llamada “ci-

ber Administración”, “Administración virtual”, “Administración digi-

tal”, “Administración on line” o “tele Administración”-  puede decirse 

que la misma comprende y designa todos aquellos mecanismos e 

9  DELPIAZZO, C. E., “Transformaciones de la Administración frente a las 

telecomunicaciones”, en Jorge FERNANDEZ RUIZ y Javier SANTIAGO SANCHEZ 

(Coordinadores), Régimen jurídico de la radio, televisión y telecomunicaciones en general

UNAM, México, 2007, pág. 113 y ss.

10  DELPIAZZO, C. E., y VIEGA, M. J., Lecciones de Derecho Telemático, F.C.U., Montevideo, 

2009, tomo II, pág. 107 y ss.


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El desafío de las"ciudades digitales"

infraestructuras informáticas y telemáticas que permiten la presta-

ción de servicios, tanto a los ciudadanos como a las empresas, así 

como los que facilitan la interconexión y la gestión integrada de los 

asuntos internos entre los distintos órganos y organismos que com-

ponen la Administración

11

.

Al poner la atención en la Administración electrónica como un 

capítulo dentro del Gobierno electrónico, es preciso examinar qué 

agrega el calificativo “electrónica” al sustantivo “Administración”.

En tal sentido, corresponde recordar que, en sentido etimológi-

co, la palabra “administrar” proviene del latín “ad” y “ministrare”, que 

significa “servir a”. Quiere decir que la propia génesis de la palabra 

está poniendo de relieve el carácter servicial de la Administración 

para la procura del bien común, entendido como el conjunto de 

condiciones de la vida social que posibilitan a los individuos y a las 

comunidades intermedias que ellos forman el logro más pleno de 

su perfección

12

.

A partir de dicha significación de base, en sentido técnico, el vo-

cablo admite dos acepciones:

a)   desde el punto de vista objetivo, refiere a la actividad que se 

traduce en las tareas o cometidos direccionados al logro del 

aludido bien común, expresado generalmente en el Dere-

cho positivo como interés público o interés general;

b)  desde el punto de vista subjetivo, es el conjunto de órganos 

que realizan dicha actividad, o sea, la organización que la 

tiene a su cargo y que suele denominarse como Adminis-

tración pública (en singular) o Administraciones públicas (en 

plural) para significar su complejidad actual.

La calificación de “electrónica” aplicada a la “Administración” no 

altera la esencia de ésta sino que designa su objetivo de procurar la 

mejora de los servicios al ciudadano, utilizando las posibilidades que 

11  DELPIAZZO, C. E., “Telecomunicaciones y Administración”, en Fernando GALINDO 

(Coordinador),  Gobierno, Derecho y Tecnología: las actividades de los Poderes públicos

Civitas, Madrid, 2006, pág. 449 y ss.

12  DELPIAZZO, C. E., Derecho Administrativo Uruguayo, UNAM - Porrúa, México, 2005, 

pág. 7.


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CARLOS E. DELPIAZZO 

brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones

13

Por lo tanto, en concordancia con el sentido natural y la misión vi-

carial de la Administración, se destaca el propósito de mejorar los 

servicios a los integrantes del cuerpo social y, de ese modo, cumplir 

de mejor modo con lo que es su razón de ser.

Pero la noción de Gobierno electrónico es más abarcativa que 

la de Administración electrónica porque comprende asimismo a la 

Democracia electrónica  -también llamada “ciber Democracia” o “De-

mocracia virtual”-  entendida como ámbito de participación popular 

para la toma de decisiones posibilitada por el empleo de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones y su puesta a 

disposición de todos mediante la superación de la “brecha tecnoló-

gica”.

Según  se  ha  destacado,  la  Democracia  electrónica  puede  defi-

nirse por el empleo de los medios de comunicación que permiten 

“empoderar” (en el sentido de dar poder) al ciudadano y volver más 

prestador de cuentas al Gobierno por sus acciones

14

. Dependiendo 

de los aspectos de la democracia que se quieran promover, la De-

mocracia electrónica puede emplear diferentes técnicas, a saber:

a)   incrementar la transparencia de los procesos políticos;

b)  elevar el involucramiento directo de los ciudadanos; y

c)   mejorar la calidad en la formación de opinión, abriendo nue-

vos espacios de información y deliberación.

Se trata de un fenómeno que “abre insospechadas consecuen-

cias para el ejercicio del poder ciudadano, para una mayor participa-

ción de amplias capas en la cosa pública, y un contacto más estrecho 

e interactivo entre gobernantes y gobernados”

15

.

Aplicando lo antedicho al ámbito local, cabe hablar de 

Municipio 

electrónico para aludir al Gobierno electrónico de las comunidades 

sociales, especialmente urbanas.

13  DELPIAZZO, C. E., “Administración electrónica y tratamiento de la información”, en 

Anuario Derecho Informático, F.C.U., Montevideo, 2008, tomo VIII, pág. 390 y ss.

14  BUSQUETS, J. M., “Balance preliminar de las investigaciones sobre e-government y 

e-democracy en el mundo”, en Anuario Derecho Informático, Montevideo, 2007, tomo VI, 

pág. 17 y ss.

15  BAUZA, M., “Enfoque y experiencias de e-democracy”, en Anuario Derecho Informático

Montevideo, 2003, tomo III, pág. 277 y ss.


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El desafío de las"ciudades digitales"

En efecto, por Municipio cabe entender, bajo un enfoque socio-

lógico, que el mismo es el resultado de la transfiguración del grupo 

local llamado vecindario (entendido como agregado de familias y 

personas que viven habitualmente en un mismo lugar) en institu-

ción, la cual ha sufrido los avatares del crecimiento de las concen-

traciones humanas, de las diferencias entre el vecindario urbano y 

el rural, y de la puja entre las corrientes centralizadoras y descentra-

lizadoras

16

Jurídicamente,  se  ha  definido  al  Municipio  como  la  “institución 

político administrativa territorial, basada en la vecindad, organizada 

jurídicamente dentro del Estado, para satisfacer las necesidades de 

vida de la comunidad local, en coordinación con otros entes territo-

riales y servicios estatales”

17

De tal caracterización se desprende que la población es el ele-

mento básico del Municipio ya que son las necesidades de la vecin-

dad las que determinan su competencia y, precisamente, vecino es 

el que habita con otros en el mismo pueblo, barrio o lugar, es decir, 

con contigüidad. A su vez, la atención de tales necesidades son las 

que hacen municipal toda actividad pública de predominante inte-

rés vecinal, que tienda a satisfacer las necesidades de vida de la co-

munidad local y el bienestar integral de sus habitantes. Tal aserto, 

que ofrece un criterio claro para distinguir entre la competencia lo-

cal y la nacional, no siempre resulta de fácil aplicación práctica como 

consecuencia de que la competencia municipal tiende a la univer-

salidad en orden a abarcar todo lo relativo al bienestar material y 

espiritual de la comunidad vecinal.

Con respecto al Estado, que también es una institución político 

administrativa territorial, la diferencia específica del Municipio está 

dada por su fin, que no es el bien común general (o nacional) sino el 

local, vinculado a la vecindad, cuya convivencia se supone que nadie 

va a administrar mejor que los propios vecinos.

En las relaciones entre Estado y Municipio, cabe individualizar 

dos tendencias: por un lado, existe una inspirada en el Derecho na-

tural, que considera al Municipio anterior e independiente del Esta-

do, como una asociación natural de personas y bienes, reconocida 

16  DELPIAZZO, C. E., Autoridades departamentales y locales, A.M.F., Montevideo, 2010, 

pág. 8.

17  MARTINS, D. H., El Municipio Contemporáneo, F.C.U., Montevideo, 1978.


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CARLOS E. DELPIAZZO 

por el Derecho, determinada por las relaciones de vecindad, dentro 

de un territorio determinado; mientras que, por otro lado, existe 

otra surgida de la ideología del imperio napoleónico, que reduce el 

Municipio a una mera subdivisión administrativa del territorio

18

.

Agregando a lo antedicho la perspectiva tecnológica, fácil resulta 

advertir que el Municipio será electrónico en la medida que desarro-

lle estrategias de incorporación a la sociedad de la información en lo 

que le es propio a fin de brindar a los ciudadanos no sólo informa-

ción y servicios sino canales apropiados de acceso y participación. 

II.II.- Alcance

Al igual que respecto al Gobierno electrónico (referido al ámbito 

estatal), la viabilidad del Municipio electrónico exige una infraestruc-

tura tecnológica y una adecuación jurídica

19

.

Bajo una perspectiva tecnológica, pueden distinguirse cuatro 

grandes etapas en la implementación informática y telemática, las 

cuales pautan a la vez el grado de evolución en que se encuentra la 

Administración de que se trate

20

:

a)   la 

primera etapa consiste en la creación de un portal in-

stitucional, lo que implica utilizar Internet para hacer dis-

ponible información de interés (publicación de objetivos y 

metas, datos estadísticos, información sobre trámites, etc.), 

la cual fluye en un solo sentido, como ocurre en muchos si-

tios web de organismos gubernamentales;

b)  La 

segunda etapa requiere la posibilidad de una comuni-

cación en ambos sentidos, comenzando con la simple im-

plantación de una dirección de “e-mail” donde se permita a 

los ciudadanos dar información, realizar consultas y efectu-

ar reclamos, como ocurre también en una cantidad impor-

tante de sitios web de entidades estatales;

c)   la 

tercera etapa supone implantar funcionalidades estruc-

turadas que permitan a los particulares realizar transac-

18  DELPIAZZO, C. E., Derecho Administrativo Especial,  A.M.F., Montevideo, 2009, volumen 

I, segunda edición actualizada y ampliada, pág. 127.

19  DELPIAZZO, C. E.,  y VIEGA, M. J., Lecciones…, op. cit., tomo II, pág. 109.

20  ABO, J., “Los gobiernos e Internet”, en Rev. de Antiguos Alumnos del Instituto de Estudios 

Empresariales de Montevideo, Montevideo, 2000, Año 3, Nº 3, pág. 24 y ss.


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El desafío de las"ciudades digitales"

ciones por medio de este nuevo canal de comunicación con 

cada Administración (tales como renovación de una licencia, 

pago de una multa o inscripción para un curso o actividad, 

y el ingreso de la nómina de trabajadores de las empresas a 

efectos de sus aportes sociales o de las declaraciones jura-

das de impuestos respectivamente);

d)  la 

cuarta etapa implica la instalación de un portal integra-

dor que vincule a multiplicidad de Administraciones, abar-

cando todos los servicios posibles desde Internet.

Jurídicamente, para que el cambio tecnológico sea asumido y no 

sufrido por la Administración y también por la sociedad, se requiere 

que el Derecho se adecue a la nueva realidad emergente

21

.

Al respecto, bien se ha dicho que “una vez aceptada la validez 

jurídica de los documentos electrónicos y el reconocimiento de la 

firma electrónica con valor igual entre la Administración pública y 

los privados, la convergencia permite a la Administración pública co-

municarse entre sus distintas dependencias y con los ciudadanos”

22

.

En su mérito, reconocida la plena validez del documento elec-

trónico

23

 y de la firma electrónica

24

, será posible avanzar en la re-

21  DELPIAZZO, C. E., - “Marco legal de la automatización de la actividad administrativa”, 

en Rev. Iberoamericana de Derecho Informático, UNED, Mérida, 1998, Nº 19-22, pág. 699 

y ss.; y “Automatización de la actividad administrativa en el marco de la reforma del 

Estado”, en Anuario de Derecho Administrativo; Montevideo, 1998, tomo VI, pág. 17 y ss.

22  MARTINO, A., “E-government: la convergencia es su motor, la privacy su límite”, en 

Anales de las 30 Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa, Buenos Aires, 

2001, pág. 508.

23  DELPIAZZO, C. E., Derecho Informático Uruguayo, Idea, Montevideo, 1995, pág. 45 y 

ss.; “El documento y la firma ante las N.T.I. en Uruguay”, en XVIII Jornadas Iberoamericanas 

y XI Jornadas Uruguayas de Derecho Procesal; F.C.U., Montevideo, 2002, pág. 734 y ss.; 

“El documento electrónico frente a la integración”, en VI Congreso Iberoamericano de 

Derecho e Informática, Montevideo, 1998, pág. 333 y ss.; y “Documentación electrónica 

de los negocios en Internet”, en VIII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática

México, 2000, pág. 462 y ss.

24  DELPIAZZO, C. E., “Adecuación del Derecho a la necesidad de la firma electrónica”, 

en  Informática y Derecho, Depalma, Buenos Aires, 2001, volumen 7, pág. 113 y ss.; 

“Autenticación de las operaciones en Internet”, en Anuario “Derecho Informático”, F.C.U., 

Montevideo, 2001, tomo I, pág. 253 y ss.; “Validez y eficacia de la firma electrónica”, en 

Tribuna del Abogado, Montevideo, 2000, Nº 117, págs. 16 y 17; “De la firma manuscrita a 

la firma electrónica: un caso de impacto de la Tecnología sobre el Derecho”, en Rev. de 

Antiguos Alumnos del Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo, Montevideo, 2001, 

Año 4, Nº 1, pág. 76 y ss.; “De la caligrafía a la criptografía”, en Anales de las 30 Jornadas 


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CARLOS E. DELPIAZZO 

gulación del expediente electrónico

25

 y dar pasos específicos en lo 

que refiere a la actuación estatal unilateral

26

 y la contratación admi-

nistrativa por vía telemática

27

.

Satisfechos los requerimientos tecnológicos básicos y existien-

do una adecuación jurídica mínima, las proyecciones del “Municipio 

electrónico” son amplísimas.

Con especial referencia a las “ciudades digitales”, se ha señalado 

que los servicios inteligentes más típicos son los siguientes 

28

:

a)   información general y correspondencia;

b)  consulta al Gobierno local;

c)   trámites y transacciones ante el Gobierno local;

d)  gestión de servicios públicos municipales;

Argentinas de Informática e Investigación operativa; Buenos Aires, 2001, pág. 209 y ss.; y 

“Relevancia jurídica de la encriptación y la firma electrónica en el comercio actual”, en VIII 

Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, México, 2000, pág. 130 y ss.

25  DELPIAZZO, C. E., “El procedimiento administrativo y las nuevas tecnologías de 

la información”, en Rev. Uruguaya de Derecho Constitucional y Político, Montevideo, 

1992, tomo VIII, Nº 48, pág. 420 y ss.; “Informatización de la actividad administrativa. 

Hacia el expediente electrónico en Uruguay”, en Rev. Actualidad en el Derecho Público

Buenos Aires, 1997, Nº 6, pág. 3 y ss.; “Regulación del procedimiento administrativo 

electrónico”, en Procedimiento Administrativo Electrónico, O.N.S.C., Montevideo, 1998, 

pág. 151 y ss.; “Nuevo horizonte para la automatización administrativa en Uruguay. A 

propósito de la aprobación del Decreto Nº 65/998 sobre procedimiento administrativo 

electrónico”, en Rev. Derecho de la Alta Tecnología, Buenos Aires, 1998, Año X, Nº 116, pág. 

24 y ss.; e “Informatización del procedimiento administrativo común”, en VI Congreso 

Iberoamericano de Derecho e Informática, Montevideo, 1998, pág. 776 y ss.

26  DELPIAZZO, C. E., “Acto administrativo automático”, en VI Congreso Iberoamericano de 

Derecho e Informática, Montevideo, 1998, pág. 943 y ss.; “El procedimiento administrativo 

electrónico y el acto administrativo automático”, en Recopilación de conferencias y 

exposiciones, UTE, Montevideo, 1999, pág. 46 y ss.; “Acto administrativo y reglamento en 

el Derecho uruguayo”, en Jornadas sobre Acto Administrativo y Reglamento, R.A.P., Buenos 

Aires, 2002, pág. 574 y ss.; “Notas para una caracterización actual del acto administrativo”, 

en Anuario de Derecho Administrativo, Montevideo, 2002, tomo IX, pág. 25 y ss.

27 DELPIAZZO, C. E., “El e-procurement o el nuevo rostro de la contratación 

administrativa”, en Anuario “Derecho Informático”, F.C.U., Montevideo, 2003, tomo III, págs. 

325 y ss.; “Estado actual de la contratación administrativa”, en Rev. de Derecho Público

Montevideo, 2000, Nº 17, págs. 127 y 128; y “Normas y principios de la contratación 

administrativa”, F.C.U., Montevideo, 2002, pág. 38 y ss.; “Caracteres e innovaciones en la 

contratación administrativa”, en Rev. de Direito Administrativo & Constitucional (Curitiba, 

2003), Nº 13, pág. 97 y ss.

28  PEDREÑO, C. M., Libro Blanco de Ciudades Digitales en Argentina, AHCIET, 2007, págs. 

15 y 16.


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El desafío de las"ciudades digitales"

e)   teleducación local;

f)   telemedicina local;

g)   servicios para la actividad económica;

h)  servicios de acción social; y

j)   servicios culturales.

 

En rigor, dependiendo del Derecho positivo de cada lugar, las 

posibilidades de hacer verdad la servicialidad administrativa que el 

Municipio debe a los integrantes de la comunidad respectiva -“ciu-

dad digital”- pueden ser del más amplio espectro.

Con carácter general, interesa destacar las proyecciones que el 

Municipio electrónico tiene en materia de gobernanza local y poten-

ciación de los derechos ciudadanos.

III.- FACILITACIÓN DE LA GOBERNANZA LOCAL

III.I.- Noción

La palabra “gobernanza” tiene el mismo origen que el vocablo 

“gobierno”, del que también deriva la expresión “gobernabilidad”, 

aunque traduce hoy un significado propio y diferente a ambos

29

.

Respecto al 

gobierno, se lo ha definido como la totalidad del sis-

tema orgánico de autoridades a través del cual se expresa el poder 

etático, creando, afirmando y desenvolviendo el orden jurídico

30

.

Más descriptivamente, se ha dicho que el gobierno puede ser 

entendido en dos sentidos

31

:

a)  objetivamente, consiste en el ejercicio de la autoridad que 

asegura la dirección política y jurídica de un país (y, por ex-

tensión, de cualquier institución); y

29  DELPIAZZO, C. E., “Marco conceptual de la gobernanza con especial referencia a 

Internet”, en Anuario Derecho Informático, F.C.U., Montevideo, 2009, tomo IX, pág. 33 y 

ss.; y DELPIAZZO, C. E., y VIEGA, M. J., Lecciones de …, op. cit., tomo II, pág. 77 y ss.

30  JIMENEZ DE ARECHAGA, J., Teoría del Gobierno, F.C.U., Montevideo, 1974, tomo I, pág. 

4 y ss.

31  DE LA BIGNE DE VILLENEUVE, M., Traité Générale de l’ Etat, París, 1931, tomo II, pág. 7 

y ss.


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CARLOS E. DELPIAZZO 

b)  subjetivamente, significa el conjunto de individuos que ejer-

cen dicha autoridad, lo que puede ser entendido en un sen-

tido amplio (abarcando a quienes cumplen tanto la función 

ejecutiva como legislativa y jurisdiccional) o en un sentido 

restringido (comprendiendo únicamente a los primeros). 

Junto a dicha noción eminentemente jurídica, emerge la de 

go-

bernabilidad, palabra con la que se suele designar en perspectiva 

política la forma en que el sistema gubernamental, comprensivo de 

sus distintas ramas (especialmente la legislativa y la ejecutiva), tra-

baja conjuntamente de modo eficiente, utilizando distintos medios 

según se trate de regímenes parlamentarios o presidencialistas

32

(

.

Quiere decir que la gobernabilidad refiere a la manera en que se 

efectivamente se gobierna, comprendiendo especialmente la articu-

lación entre los partidos políticos 

33

.

Frente a ambos conceptos, la 

gobernanza tiene un sentido más 

técnico y renovador, arrinconando la noción de gobierno como ex-

presiva del viejo poder jerárquico (vertical) para promover una nue-

va modalidad (horizontal) de gestión del poder, impuesta y a la vez 

posibilitada por la globalización.

En tal sentido, la expresión “gobernanza” sugiere una toma de 

decisiones colectivas basada en una amplia inclusión de quienes se 

vean afectados por las mismas, junto a una necesaria coordinación. 

De este modo, la frontera entre lo público y lo privado tiende a diluir-

se (aunque no a borrarse o desaparecer) ya que “existe un amplio 

espacio de aspectos y consideraciones que son de aplicación tanto 

al gobierno de instituciones públicas como privadas puesto que, en 

ambos casos, el arte de la dirección o del gobierno requiere de un 

32  CAJARVILLE PELUFFO, J. P., Sobre Derecho Administrativo, F.C.U., Montevideo, 2007, 

tomo I, pág. 43 y ss.

33  FERREIRA ALDUNATE, W., Discurso de 1º de diciembre de 1984, en la Explanada 

Municipal de Montevideo, en el que antepuso a cualquier interés sectorial o partidario 

la afirmación de la institucionalidad. “Nuestro primer deber,  -dijo-  el deber de todos, es 

asegurar la gobernabilidad del país y si no se asegura, enemigos de los cuales creemos 

habernos librado, están acechando prontos para aplicar su nuevo zarpazo”. Continuó 

diciendo: “No hay objetivo más importante que el de consolidar las instituciones 

democráticas. Y para consolidarlas nosotros vamos a estar detrás del gobierno que el 

país se ha dado, aunque no nos guste, porque lo importante es no correr siquiera el 

riesgo de que pueda sucedernos nuevamente esta pesadilla de la que estamos tratando 

de salir” Ver: CORBO, D., “Wilson Ferreira Aldunate. Semblanza del último caudillo” 

(Montevideo, 1998), pág. 12.


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conjunto de actitudes y aptitudes comunes que permiten hablar de 

una teoría general de la dirección, gestión, gobierno o administra-

ción según los casos, de proyección indistinta al ámbito público y al 

privado” 

34

.

El contexto determinante de la aparición del concepto de “gober-

nanza” está estrechamente relacionado con los cambios aconteci-

dos en las últimas décadas en el mundo. La globalización en todas 

sus formas, el progreso tecnológico (particularmente en el campo 

de la información y las comunicaciones), el protagonismo adquiri-

do por las organizaciones no gubernamentales y la concientización 

por la sociedad civil de su importancia, han determinado que los 

gobiernos dejen de ser los únicos actores que enfrentan las grandes 

cuestiones a decidir y que en la definición de estrategias aumente 

su interacción con una multiplicidad de actores privados y públicos, 

tanto a nivel nacional como internacional

35

.

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española en su 22ª edi-

ción, la primera acepción actual de la palabra gobernanza es “arte o 

manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 

desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo 

un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de 

la economía”.

Por lo tanto, significa gobernar no sólo en base a la autoridad y la 

sanción sino también en base al consenso y el diálogo entre los dife-

rentes actores políticos, sociales y económicos comprendidos en las 

cuestiones que les afectan y compartiendo responsabilidades.

III.II.- Alcance

En rigor, puede decirse que existen distintas dimensiones y espe-

cies de gobernanza.

Así, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) ha identificado cuatro dimensiones de la gobernanza

36

:

34  RODRIGUEZ ARANA MUÑOZ, J., El Buen Gobierno y la Buena Administración de 

Instituciones Públicas, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pág. 10.

35  GRAÑA, F., Diálogo  social  y  gobernanza  en  la  era  del  Estado  mínimo, Cinterfor, 

Montevideo, 2005, pág. 14.

36 PNUD - “Public Sector Management, Governance and Sustainable Human 

Development, New York, 1995, y Reconceptualising Governance, New York, 1997.


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a)  económica, consistente en un orden económico de merca-

do, competitivo y no discriminatorio, que favorece el crec-

imiento económico;

b)  política, expresada en instituciones políticas democráticas, 

legítimas, participativas, pluralistas y accesibles;

c)   administrativa,  significada  en  una  Administración  pública 

eficiente, transparente y responsable; y

d)  sistémica, conformada por instituciones sociales que prote-

gen los valores culturales y religiosos, contribuyen a garan-

tizar la libertad y la seguridad, y promueven la igualdad de 

oportunidades para el ejercicio de capacidades personales.

Mientras que las primeras tres dimensiones constituyen la es-

tructura formal y organizativa de la toma de decisiones del Estado 

moderno, la cuarta pone de relieve que el Estado se engarza en un 

contexto más amplio de orden social.

Teniendo en cuenta los actores que coparticipan en la gestión 

del poder (banqueros, empresarios, sindicatos, colectivos ciudada-

nos y organizaciones no gubernamentales de diversa índole), se han 

señalado cinco dimensiones de la gobernanza

37

:

a)  en ella intervienen numerosos sujetos no pertenecientes a 

los gobiernos centrales, constatándose la importancia creci-

ente de autoridades locales y regionales, así como el desar-

rollo de la cooperación público privada;

b) los límites y responsabilidades de cada quien en la acción 

social son menos discernibles;

c) existe una interdependencia creciente entre las instituciones 

orientadas a la acción colectiva;

d) las formas cooperativas tienden a constituir redes autóno-

mas de grupos de interés que buscan no sólo influir sobre el 

gobierno sino que a menudo prescinden del mismo; y

e) se parte del principio de que la acción es posible sin que sea 

indispensable la intervención de la autoridad, privilegiando 

la coordinación e integración de esfuerzos.

No se trata de negar el rol de las entidades estatales ni de pos-

tular su reducción al mínimo, sino de promover una participación 

37  GRAÑA, F., Diálogo social y..., op. cit., pág. 15 y ss.


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de la sociedad civil en lo que le es propio, que redunde en un for-

talecimiento de la democracia y en un saneamiento de estructuras 

corruptas o caducas.

A su vez, puede distinguirse entre distintas especies de gobernan-

za, hablándose de “gobernanza global”

38

 o mundial por oposición 

a “gobernanza nacional”, acotada por las clásicas fronteras territo-

riales de los Estados, o “gobernanza local”, referida a un concreto 

ámbito espacial (ciudad o región).

También se habla de “gobernanza multinivel”

39

 para aludir a la 

situación, relaciones y ejercicio de poderes que se verifica en el seno 

de los espacios integrados (como es el caso de la Unión Europea y 

sus Estados miembros).

En todos los casos –también a nivel local– la noción de gobernan-

za se asocia a las de buen gobierno y buena administración, aspi-

rando a colocar en el centro del sistema a la persona y sus derechos 

fundamentales

40

.

En la medida que el centro de la acción pública es la persona, el 

individuo humano no puede ser entendido como un sujeto pasivo, 

mero receptor o destinatario de las decisiones políticas. Como bien 

se ha destacado, “Definir a la persona como centro de la acción pú-

blica significa no sólo, ni principalmente, calificarla como centro de 

atención sino, sobre todo, considerarla el protagonista por excelen-

cia de la vida política. Aquí se encuentra una de las expresiones más 

acabadas de lo que entiendo por buen gobierno, por buena admi-

nistración en el marco democrático… Afirmar que la libertad de los 

ciudadanos es el objetivo primero de la acción política significa, en 

primer lugar, perfeccionar, mejorar los mecanismos constituciona-

les, políticos y jurídicos que definen el Estado de Derecho como mar-

co de libertades. Pero en segundo lugar, y de modo más importante 

aún, significa crear las condiciones para que cada hombre y cada 

mujer encuentre a su alrededor el campo efectivo, la cancha, en la 

38  KINGSBURY, B., KRISCH, N., y STEWART, R. B., “El surgimiento del Derecho 

Administrativo Global”, en Res Pública Argentina, Año 2007, Nº 3, pág. 25 y ss.; y DELPIAZZO, 

C. E., “Global Administrative Law and Comparative Administrative Law in Latin America”, 

en ROBALINO, J y RODRIGUEZ ARANA, J (Editores),  Global Administrative Law. Towards a 

Lex Administrativa, Cameron May, Londres, 2010, pág. 99 y ss.

39  MORATA, F (Editor), Gobernanza multinivel en la Unión Europea, Valencia, 2004.

40  RODRIGUEZ ARANA MUÑOZ, J., El Buen Gobierno y…., op. cit., pág. 34 y ss.


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que jugar libremente su papel activo, en el que desarrollar su opción 

personal, en la que realizar creativamente su aportación al desarro-

llo de la sociedad en la que está integrado. Creadas esas condicio-

nes, el ejercicio real de la libertad depende inmediata y únicamente 

de los propios ciudadanos, de cada ciudadano. El buen gobierno, la 

buena administración ha de mirar precisamente a la generación de 

ese ambiente en el que cada ciudadano pueda ejercer su libertad en 

forma solidaria”

41

.

Sin que este sea el lugar para distinguir entre gobierno y admi-

nistración, cabe recordar que “La acción de gobierno no es función 

administrativa sino intrínsecamente política, en el sentido más vul-

gar del arte de lo posible y en el más técnico de asignación autorita-

ria de prioridades, de acuerdo a la captación por el gobernante de 

las demandas del grupo gobernado”

42

.

El concepto de buena administración refiere a “la adecuada elec-

ción de los medios y de la oportunidad de ejercicio de las competen-

cias con relación al fin específico que se quiere satisfacer”

43

. Se trata 

de una nota propia de la función administrativa ya que la misma 

debe cumplirse de la forma más oportuna y más adecuada para la 

obtención de los fines objeto de la función pública.

Tradicionalmente vinculado al mérito (oportunidad o convenien-

cia) del obrar administrativo, la noción de buena administración re-

fiere en realidad a la legitimidad de dicho obrar ya que “la Adminis-

tración no puede ser sino buena; si no lo es, resulta ilegítima. Esa 

ilegitimidad radica en no hacer bien las cosas, es decir, en un actuar 

ineficaz. Esta conducta implica un desconocimiento del principio de 

eficacia en sentido sustantivo”, de modo que un acto contrario a la 

buena administración es un acto ilegítimo por violatorio del princi-

pio de eficacia

44

.

41  RODRIGUEZ ARANA MUÑOZ, J., El Buen Gobierno y…, op. cit., págs. 52, 54 y ss.

42  JIMENEZ NIETO, J. I., Política y Administración, Tecnos, Madrid, 1977, pág. 34.

43  GIORGI, H., “El mérito y la validez del acto administrativo.  El concepto de buena 

administración en la Constitución uruguaya”, en Escritos Jurídicos, F.C.U., Montevideo, 

1976, pág. 91.

44  DURAN MARTINEZ, A., “Principio de eficacia y Estado subsidiario”, en Liber Amicorum 

Discipulorumque José Aníbal Cagnoni, F.C.U., Montevideo, 2005, pág. 154.


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El desafío de las"ciudades digitales"

El uso de las nuevas tecnologías de la información y las comuni-

caciones constituye una herramienta fundamental para facilitar la 

gobernanza en todos los niveles y, específicamente, en el ámbito lo-

cal ya que, desde el punto de vista de la Administración (el Municipio 

electrónico), multiplica las posibles interrelaciones con los sujetos a 

los que dirige su obrar y, desde el punto de vista de los individuos, 

potencia sus derechos ciudadanos.

IV.- POTENCIACIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS

Teniendo en cuenta lo que viene de señalarse, en la medida que 

el “Municipio electrónico” –manifestación local del Gobierno electró-

nico– haga verdad en su ámbito la centralidad de la persona hu-

mana (en tanto habitante, ciudadano o vecino), podrá potenciarse 

significativamente el ejercicio y la protección de sus derechos fun-

damentales.

En correspondencia con el grado de avance tecnológico del Mu-

nicipio electrónico y la adecuación del marco jurídico aplicable, dis-

tinta será la intensidad de la relación entre el mismo y los sujetos 

a los que se debe. Obviamente, no es lo mismo brindar acceso a 

determinadas informaciones que poder interactuar con los vecinos, 

atender sus requerimientos y habilitar su participación en el proce-

so de toma de decisiones.

En primer lugar, el tránsito hacia a la Administración electrónica 

impone que se garantice la 

accesibilidad ciudadana a la informa-

ción y servicios que correspondan. 

Ello implica no sólo superar la denominada “brecha tecnológica” 

que separa a “enchufados y desenchufados” a la red de redes 

45(44)

 

mediante la extensión de las telecomunicaciones, sino garantizar 

efectivamente la generalización de la disponibilidad de Internet, sea 

incluyéndola en la cobertura del servicio universal de telecomunica-

ciones, sea a través de otras soluciones facilitadoras en tal sentido

46

.

45 DELPIAZZO, C. E., “Regulación de Internet”, en Anuario Derecho Informático, 

Montevideo, 2001, tomo I, págs. 79 y 80.

46  DE LA CUETARA, J. M., “El acceso a Internet: Modalidades y posibles vías de 

generalización”, en A.A.V.V., Derecho sobre Internet, Banco Santander Central Hispano, 

Madrid, s/f, Nº 3, pág. 7 y ss.


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CARLOS E. DELPIAZZO 

Las nuevas tecnologías constituyen un instrumento fundamen-

tal para luchar contra el “secretismo” administrativo que muestran 

algunas  oficinas  y  funcionarios  que  desconocen  los  principios  re-

publicanos y actúan como dueños privados de los expedientes que 

tramitan, invirtiendo la regla y exigiendo un acto positivo para dar 

acceso a las actuaciones inherentes a su gestión

47

.

En tal sentido, posibilitan una gestión transparente, condigna 

con la servicialidad debida. Cuando se habla de transparencia de la 

gestión administrativa, “se quiere dar un paso más respecto a la pu-

blicidad... como que la publicidad implica mostrar pero la transpa-

rencia implica algo más que mostrar, implica dejar ver; simplemente 

que el actuar de la Administración se deje ver como a través de un 

cristal”

48

.

Más allá de la publicidad, la transparencia refiere a la diafanidad 

del obrar público, permitiendo ver con claridad el actuar de la Ad-

ministración en la disposición y uso de los fondos públicos y en el 

obrar de sus funcionarios; “constituye una consecuencia de la muy 

elemental presunción de que el gobierno pertenece al pueblo, quien 

tiene derecho a saber qué hacen los servidores públicos, por qué y 

cómo lo hacen”

49

.

Se trata de subrayar cómo la sociedad quiere que sea la Adminis-

tración de principios del siglo XXI: no sólo debe servir sino que debe 

mostrar cómo sirve, lo cual exige que sea abierta a la información y 

al control democrático, con un funcionamiento transparente que la 

transforme en una verdadera casa de cristal.

47  DELPIAZZO, C. E., “Ética en el ejercicio de la función administrativa”, en Rev. 

Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, San José de Costa Rica, 2003, Nº 3, 

pág. 27 y ss.; y “Juridización de la ética pública”, en Rev. de Derecho de la Universidad de 

Montevideo, Montevideo, 2004, Año III, Nº 6, pág. 7 y ss., y en Rev. Ius Publicum, Santiago 

de Chile, 2005, Nº 15.

48  DELPIAZZO, C. E., “La regulación legal del control social y transparencia”, en Rev. 

de Antiguos Alumnos del Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo, Montevideo, 

2002, Año 5, Nº 1, pág. 29 y ss.; “Control social de la Administración y transparencia”, 

en Rev. Ius Publicum, Santiago de Chile, 2003, Nº 11, pág. 43 y ss.; y “De la publicidad a 

la transparencia en la gestión administrativa”, en Rev. de Derecho de la Universidad de 

Montevideo, Montevideo, 2003, Año II, Nº 3, pág. 113 y ss.

49  WERKSMAN, R. S., y MAMFRONI, C., “La transparencia y la Convención Interamericana 

contra la Corrupción”, en Rev. de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1996, Año 8, Nº 

21-23, pág. 346.


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El desafío de las"ciudades digitales"

En segundo lugar, existiendo accesibilidad real, se abre un ancho 

cauce de 


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