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Sala de lo contencioso administrativo de la corte suprema de justicia: San Salvador, a las doce horas treinta minutos del dieciséis de junio de dos mil diecisiete

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15-2011

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las doce horas treinta minutos del dieciséis de junio de dos mil diecisiete.

El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por la sociedad NEGOCIOS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia NEGOCIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., por medio de la apoderada especial Lorena Patricia Palacios Martínez, contra el Administrador de la Aduana Terrestre de San Salvador, el Director General de Aduanas y el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, por la supuesta ilegalidad de los actos administrativos siguientes:

  1. Resolución No. 214, emitida por el Señor Administrador de la Aduana Terrestre de San Bartolo, a las diecisiete horas con treinta minutos del día veintiséis de febrero de dos mil nueve, mediante la cual determina derechos arancelarios a la importación (DAI) la cantidad de ocho mil trescientos cincuenta y nueve 71/100 dólares ($ 8,359.71); Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) la cantidad de mil ochenta y seis 81/100 dólares ($1,086.81), dejados de pagar en la declaración de mercancías número 4-91281 de fecha cinco de diciembre del año dos mil ocho; y sanciona, por la comisión ' de la infracción tributaria tipificada en el artículo 8 letras a) y b) de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, con multa por veintiocho mil trescientos treinta y nueve 56/100 dólares ($ 28,339.56).

  1. Resolución DJCA/639/J-07/09, emitida por la Dirección General de Aduanas, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de octubre del año dos mil, mediante la cual confirmo la resolución anterior.

iii. Resolución proveída por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas a las once horas treinta minutos del día once de octubre de dos mil diez, en cuanto confirmó como legales las resoluciones citadas anteriormente.

Han intervenido en el juicio: la parte actora en la forma relacionada, las autoridades demandadas; y la licenciadas Mirna Mercedes Flores Quijada, en carácter de agente auxiliar y en representación del Fiscal General de la República sustituida posteriormente por la licenciada Kattia Lorena Sánchez Pineda.

I. La sociedad demandante, por medio de su apoderada licenciada Palacios Martínez, manifiesta que con las resoluciones impugnadas, las autoridades demandadas han violado las disposiciones legales siguientes: artículo 2 de la Constitución de la República, artículo III del Tratado General de Integración Económica Centroamericana; y artículo 4 literal f) de la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas.

Relata la sociedad que “(...) la mercancía de origen costarricense que se está importando proveniente de la República de Honduras ha perdido su condición de originaria al haber sido nacionalizada primero en territorio aduanero hondureño y haber permanecido por consiguiente en dicho territorio sin control aduanero, por lo que se afirma que mi representada debió haber pagado una tarifa arancelaria de tercer país lo que supone a juicio de mi representada una violación de lo establecido por el Artículo III del Tratado General de Integración Económica Centroamericana que garantiza tratamiento de libre comercio para las mercancías cuyo origen sea certificado mediante el correspondiente FAUCA, por lo que se determinó el Derecho Arancelario a la Importación (DAI) que corresponde a cada una de las mercancías costarricenses internadas en el FAUCA antes mencionado, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 17 Numeral 1 Literal b) y d) Numeral 2 del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, interpretación con la cual mi representada no está de acuerdo en razón de que la hipótesis legal contenida en la disposición reglamentaria antes citada no se corresponde con el caso que nos ocupa, (...)

Que conforme con el Epígrafe del Artículo 17 del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, el cual reza: “TRANSBORDO y EXPEDICION DIRECTA o TRANSITO INTERNACIONAL”, en consonancia con la letra de dicha disposición legal, los supuestos jurídicos de este artículo no se cumplen en el caso de que se trata, ya que tanto el relacionado epígrafe como el enunciado contenido en el Primer Párrafo del Numeral 1 de dicho artículo permiten inferir que los supuestos jurídicos en que se aplican las reglas y condiciones establecidas en esa disposición legal son aquellos en los cuales una mercancía es expedida de forma directa por un exportador situado en un Estado Parte para un importador situado en otro de los Estados Parte, y durante el envío dicha carga tiene que pasar por territorios aduaneros de otros Estados Parte (en calidad de tránsito aduanero internacional), evento en el cual, la mercancía es trasbordada o almacenada transitoriamente en algún recinto fiscal, o es nacionalizada en cualquier de los territorios de tránsito que no es el caso que nos ocupa. La mercancía de que se trata, no se encuentra en la situación antes descrita por las razones siguientes:

  1. En la transacción de la mercancía objeto del presente caso, no nos encontramos ante un caso de expedición directa desde el país de origen (Costa Rica) hacia el de destino para consumo (El Salvador), ya que la mercancía no procede directamente desde Costa Rica, sino que procede desde un tercer país que también es parte del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que para el caso es la República de Honduras y que figura como el país exportador.

  2. La mercancía no se encontraba en territorio hondureño siendo objeto de una operación de tránsito aduanero internacional entre el país de origen (Costa Rica) y el de consumo final (El Salvador), ni siendo objeto tampoco de una operación de trasbordo, ya que la mercancía fue nacionalizada en la República de Honduras, con lo este país no era un territorio de tránsito ni de trasbordo, por lo que no se cumplen a cabalidad los supuestos jurídicos del Artículo 17 del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías.

  3. Consecuentemente, la nacionalización de la mercancía en el país de tránsito aduanero o de trasbordo que es uno de los supuestos jurídicos de la disposición reglamentaria citada en el literal anterior no se ha cumplido, con lo que se comprueba que dicha disposición legal es inaplicable al caso que nos ocupa en razón de no encuadrar los supuestos jurídicos de la misma con los hechos que caracterizan este caso.

Lo que se dio en el caso que nos ocupa fue una operación de redestino, perfectamente permitida en el marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, la cual se operatíviza mediante la utilización de la Casilla 19 del FA UCA, la cual se llena según el Instructivo de Llenado del FAUCA contenido como Anexo de la Resolución 18-96 (COMRIEDRE III), emitida por el Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y del Desarrollo Regional, el 19 de marzo de 1996, anotando nombre de/país al - que se redestina la mercancía'. Este tipo de operaciones se dan cuando una mercancía que fue importada a uno de los Estados Parte redestina dicha mercancía a otro país parte del Tratado en cuestión. Es por ello que en el FAUCA respectivo se consignó en la Casilla 19 como país de REDESTINO: El Salvador.

Por lo tanto tenemos que, si los supuestos jurídicos del Artículo 17 del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías no se cumplen, no puede aplicarse tampoco a un caso concreto la consecuencia jurídica del cumplimiento de tales supuestos jurídicos, por lo que si el caso que nos ocupa no constituye en modo alguno un caso de expedición de forma directa entre un proveedor centroamericano ubicado en un país centroamericano hacia otro, situado en la misma región, en la que se tiene que usar el territorio de un tercer Estado centroamericano dentro del cual, en el evento de una operación de tránsito aduanero internacional o de ejecutarse un trasbordo termina siendo nacionalizada la mercancía objeto de tal transacción, no se puede concluir negando el tratamiento de libre comercio a la mercancía sobre la base de dicha disposición legal.

En el caso que nos ocupa, tenemos a un exportador situado en la República de Honduras que está redestinando mercancías que no son originarias de ese país, sino dé un tercero (Costa Rica), por lo que tanto en el FAUCA como en la declaración de mercancías se detalla que el origen de las mercancías de exportación es Costa Rica. Esta operación no solamente es legítima y permitida por la legislación centroamericana sino que permite dar cumplimiento al principio de libre movilidad en los países de la región a las mercancías de origen centroamericano.

Un ejercicio que nos puede permitir demostrar la inaplicabilidad del Artículo 17 del actual Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías a casos como el examinado, es el de dar una mirada retrospectiva a versiones anteriores del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías que ya fueron derogadas, únicamente con fines de ilustración, es decir, sin pretender que se apliquen al caso concreto normas ya derogadas. La utilidad de este ejercicio es poder apreciar que en esas versiones de Reglamento habían disposiciones que regulaban por separado los hechos que atañen al caso que nos ocupa debido a que se trataba de supuestos fácticos completamente diferentes lo que justificaba su regulación en disposiciones legales diferentes. Así, podremos observar que por una parte se regulaba el caso de una mercancía que con ocasión de encontrarse siendo objeto de una operación de tránsito aduanero internacional o de un operación de trasbordo es nacionalizada en un país diferente a aquél al cual había sido originalmente expedida, que es el caso regulado por el actual Artículo 17 del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, y el caso de una mercancía originaria de Centroamérica que no obstante haber sido nacionalizada era exportada a otro Estado Parte sin que ese hecho le hiciera perder el origen centroamericano ni el tratamiento de libre comercio. Veamos por ejemplo las regulaciones contenidas en el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías que fue aprobado mediante la Resolución 20-98 (COMIECO-XXII), de fecha 5 de marzo de 1998, que estuvo en vigencia desde esa fecha hasta el 25 de septiembre del año 2005, el que trataba los asuntos antes relacionados en sus Artículos 18 (Trasbordo o Tránsito Internacional) y 18 (De la reexportación), los cuales literalmente establecían:

Articulo 18. Transbordo o Tránsito Internacional. Una mercancía originaria no perderá tal condición, cuando se exporte de una Parte Contratante a otra Parte Contratante y en su transportación pase por el territorio de otros países Parte o no Parte, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos; (...)”

Artículo 22. De la reexportación: Cuando una mercancía originaria de una parte contratante ha sido internada en el territorio de otra Parte Contratante y se exporta de este último a otra Parte Contratante, la Certificación de Origen será avalada por el exportador del país de internación, indicando en el Formulario Aduanero que la mercancía no ha sido transformada; adjuntando fotocopia del Formulario Aduanero original.”

Como puede observarse en los textos legales antes trascritos, pertenecientes como ya se dijo, al Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías que estuvo vigente entre el 5 de marzo del año mil novecientos noventa y ocho y el 25 de septiembre de 2005, la internación de una mercancía originaria del área centroamericana desde un Estado Parte en que había sido previamente importado se regulaba de manera separada al caso de la mercancía que se internaba en un Estado Parte en el que la mercancía se encontraba siendo objeto de una operación de tránsito aduanero internacional o de una operación de trasbordo, en razón de que ambos supuestos fácticos son claramente diferentes. Como puede observarse, el texto del Artículo 18 de ese reglamento ya derogado, contiene todos los elementos que contiene actualmente el Artículo 17 del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías vigente, más sin embargo, el caso de mercancías exportadas desde un Estado Parte al que se habían internado previamente era tratado fuera del sentido y alcance del Artículo equivalente al actual Artículo 17 del mencionado Reglamento, lo cual muestra que los supuestos jurídicos de este artículo no consideran el caso de mi representada. Posteriormente, cuando se sustituye el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías de 1998, al ser derogado por la Resolución No. 146- 2005 (COMIECO XXXII), del 26 de septiembre del año 2005, el nuevo texto del citado Reglamento, que estuvo vigente durante el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2006 al 6 de julio de 2006, reguló en su Artículo 17 el tema de las mercancías que se internaban durante el tránsito internacional o siendo objeto de una operación de transbordo, sin que se hubiera incluido un artículo para considerar los casos de mercancías que se internaban después de ser exportadas desde un Estado Parte al que habían sido previamente' internadas, omisión que también se repitió en el siguiente Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías aprobado mediante Resolución No. 156-2006 (COMIECO-EX), de fecha 7 de junio de 2006, que es el vigente, siendo reincorporada la regulación relativa a las internaciones sucesivas entre Estados Parte al reformarse este reglamento mediante la Resolución No. 247-2009 (COMIECO-EX), de fecha 19 de junio de 2009, al aprobarse la incorporación de un nuevo artículo 17 Bis, el cual se leerá de la siguiente manera:

Artículo 17 (Bis). De las mercancías originarias importadas entre las Partes (…)”

Por otra parte, se ha negado origen centroamericano a una parte de la mercancía internada argumentando que tiene etiquetas que la identifican como de origen colombiano, cuando dichas marcas de origen no son suficientes por sí solas para denegar el tratamiento de libre comercio, ya que en todo caso, dichas marcas son a lo sumo, elementos de juicio que justificaría una verificación o investigación de origen como claramente lo dispone el Artículo 25 Párrafo 3 del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, por lo que la consideración de este motivo para negar además trato de libre comercio es ilegal, ya que solamente un proceso de verificación de origen puede determinar si dicho origen se cumple o no. En lo que respecta a los señalamientos de la Dirección General de Aduanas sobre deficiencias del llenado de la certificación de origen que contiene el FAUCA de mérito, por no haber sido dichas consideraciones el motivo de negación del trato arancelario de libre comercio por parte de la aduana actuante, no procede su argumentación, ya que ese hecho no ha sido objeto de litigio en el curso del proceso administrativo seguido en contra de mi representada. Por lo demás, considerar no originaria la mercancía bajo dichos criterios que no permiten demostrar de forma objetiva el no cumplimiento de las reglas de origen supone una violación además al Principio de Verdad Material que recoge el Artículo 4 literal f) de la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas puesto que no se ha comprobado mediante el procedimiento de ley que tales mercancías no han cumplido con los requisitos necesarios para ser consideradas no originarias del área centroamericana.

Queda demostrada así la inaplicabilidad al caso que nos ocupa del Artículo 17 del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, y la violación de las demás normas que se consideran violadas, siendo por tanto ilegal la determinación de impuestos y aplicación de sanción sustentadas en dicha disposición legal, ya que dicha determinación supone una violación del compromiso adquirido en el país.

Consecuentemente, ha sido ilegal la determinación de responsabilidades pecuniarias en concepto de impuestos y multa efectuada en la resolución emitida por la Aduana Terrestre de San Salvador, como ilegal también es la resolución apelada emitida por el Director General de Aduanas.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que tanto el Artículo III del Tratado General de Integración Económica Centroamericana como el Artículo 7 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Honduras) propugnan por una libre movilidad en el territorio aduanero de todos los países centroamericanos suscriptores de dichos Instrumentos, de las mercancías originarías de tales países, hasta el punto de otorgar a dichas mercancías un trato nacional, es decir, como si hubieran sido producidas en territorio del país a que se internen, por lo que dentro de este Principio de Libre Movilidad de las mercancías originadas de Centroamérica es permitido el realizar redestínos de mercancías internadas a cualquiera de los países de la región a través de un FAUCA, como se desprende de lo explicado por el Instructivo para el Llenado del Formulario Aduanero Único Centroamericano cuando explica el contenido de la Casilla 19 del FAUCA llamada: REDESTINO, el cual fue aprobado mediante la Resolución 18-96 (COMRIEDRE III) emitida por el Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y


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