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Secretario: jorge luis revilla de la torre

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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2531/2011.



amparo directo en revisión 2531/2011.

QUEJOSO: **********.




mINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE.


Vo. Bo.


México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día dieciocho de enero de dos mil doce.


V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:


PRIMERO.- Por escrito presentado el cuatro de julio de dos mil once, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se especifican:


AUTORIDAD RESPONSABLE:


  • La Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.


ACTO RECLAMADO:


  • La sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil once, en los autos del juicio **********.


SEGUNDO.- La parte quejosa invocó como preceptos violados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.


TERCERO.- El Magistrado Presidente de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante oficio número **********, de fecha **********, remitió al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, la demanda de amparo instaurada por la actora.


CUARTO.- Por auto de **********, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente ********** y; previos los trámites de ley; en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil once, se dictó sentencia, en la cual se determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, respecto de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil once por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los autos del juicio de nulidad **********.


QUINTO.- Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa, interpuso recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado del conocimiento, cuyo Presidente mediante acuerdo de veinte de octubre de dos mil once, ordenó el envío de los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.


SEXTO.- Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil once, el Presidente de este Alto Tribunal, en primer lugar, admitió el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, mismo que quedó registrado bajo el expediente 2531/2011; en segundo lugar, señaló que se tienen como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas que se mencionan en el pliego de agravios de la recurrente; en tercer lugar, ordenó que se le turnaran los autos del asunto a la señora Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas; en cuarto lugar, precisó que si la Ministra Ponente o la Sala respectiva consideraba innecesaria la intervención del Pleno, previo dictamen o acuerdo que se emitiera, recibido el asunto en la Subsecretaría General de Acuerdos, previa certificación del titular de ésta, que se hiciera constar dicha determinación y que se remitiera a la Sala de su adscripción para los efectos legales correspondientes y, que igual procedimiento, debía llevarse a cabo en caso de que el expediente ya se encontrara radicado en Sala y se solicitara que lo resolviera el Pleno y; finalmente, señaló que dicho proveído que se notificara por medio de oficio a la autoridad responsable, a las señaladas con el carácter de tercero perjudicadas y al Procurador General de la República, por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación.


Previo dictamen realizado por la Ministra Ponente, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió el asunto a la Primera Sala en la que su Presidente acordó que se avocara al conocimiento del mismo, habiéndose devuelto los autos a la propia Ponente.


C O N S I D E R A N D O :


PRIMERO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de los amparos directos en revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto Cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintinueve de junio de dos mil uno, reformado mediante Acuerdo General Plenario 3/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en el que se hizo valer, entre otras cuestiones, como concepto de violación, la inconstitucionalidad de los artículos 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado y 304 B, fracción III de la Ley del Seguro Social y, subsiste en esta instancia el problema de constitucionalidad planteado, sin que su resolución implique un criterio relevante para el orden jurídico nacional o revista un interés excepcional, ni tampoco existe alguna otra causa ni la solicitud por parte de algún Ministro de que el asunto se remita al Tribunal Pleno.


SEGUNDO.- En primer lugar, debe establecerse si el recurso de revisión se interpuso de manera oportuna.


En el presente asunto, la ejecutoria pronunciada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito se notificó personalmente a la parte quejosa a través de uno de sus autorizados, el tres de octubre de dos mil once (según se aprecia de la constancia de notificación que obra agregada en la foja ciento sesenta y ocho del expediente relativo al juicio de amparo), surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción I, de la Ley de Amparo y, corriendo el término para su interposición a partir del cinco y hasta el diecinueve de octubre de esta anualidad, en términos de lo establecido por el artículo 24 de dicha ley, pues fueron inhábiles los días ocho, nueve, quince y dieciséis de octubre, por ser sábados y domingos, respectivamente; así como el día doce de octubre de dos mil once por ser inhábil de conformidad con lo que señala el artículo 23 de dicho cuerpo normativo.


Por tanto, si el recurso de mérito se interpuso el dieciocho de octubre de dos mil once (según se aprecia del sello que consta en la parte superior del escrito que aparece agregado a fojas tres a sesenta y cuatro del cuaderno relativo al amparo directo en revisión) debe tenerse por presentado en tiempo.


TERCERO.- La parte quejosa, en esencia, manifestó lo siguiente en el escrito de expresión de agravios:


  1. Que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó un indebido análisis del planteamiento a través del cual sostuvo que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, viola el principio de legalidad tributaria que prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir que se le determine un crédito fiscal a los patrones a partir de sus “experiencias”, ya que ello provoca el que se desconozcan los parámetros y los elementos en los cuales se apoyó la autoridad para determinarle un crédito fiscal; dejándolo en un completo estado de incertidumbre y de inseguridad jurídica.


  1. Que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó un indebido estudio del planteamiento a través del cual sostuvo que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, transgrede la garantía de audiencia que dispone el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no prever la posibilidad de defensa previa para los gobernados, ya que no establece un plazo o término para que el contribuyente pueda desvirtuar los hechos u omisiones consignados por la autoridad, previamente a la determinación del crédito fiscal.


  1. Que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó un indebido análisis del planteamiento a través del cual sostuvo que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, contraviene lo dispuesto en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer un procedimiento que no se encuentra contemplado en la Ley de la Materia.


  1. Que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó un indebido estudio del planteamiento a través del cual sostuvo que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer de forma genérica el supuesto de ley, pues solo señala que “cuando los patrones no cumplan con las obligaciones a su cargo previstas en la Ley y en sus Reglamentos”, lo que es evidentemente inconstitucional ya que no señala en qué momento y con qué elementos, la autoridad puede considerar que se trata de un patrón y que éste “no ha cumplido con las obligaciones a su cargo”, dejando al arbitrio de la autoridad el caso en que es procedente emitir un requerimiento de documentación, sin motivo ni fundamento alguno.


  1. Que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó un indebido estudio del planteamiento a través del cual sostuvo que el artículo 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social, transgrede lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer una multa excesiva, ya que no permite tomar en consideración la situación económica del particular.


  1. Que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó un indebido estudio del planteamiento a través del cual sostuvo que el artículo 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social, transgrede la garantía de audiencia previa que dispone el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no establece la posibilidad de que el particular pueda ser oído previamente a la imposición de la sanción.


  1. Que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó un indebido estudio del planteamiento a través del cual sostuvo que el artículo 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social, transgrede el principio de proporcionalidad de las penas que consagra el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al sancionar con la misma severidad diversas conductas, siendo que la gravedad de las infracciones y la naturaleza de las mismas, no puede tener idéntica consecuencia; por lo que no puede sancionarse de la misma forma al que cumple en forma parcial como al que no cumple.

CUARTO.- En primer lugar, se debe analizar si el presente asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el punto Primero del Acuerdo General Plenario 5/1999, que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de junio de dicho año, para verificar si es o no procedente el recurso de revisión que nos ocupa.


La exposición de motivos de la reforma constitucional a la fracción IX del artículo 107 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, establece que las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, como sucede respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto que este Alto Tribunal deje de conocer aquellos asuntos en los que no deba entrar al fondo para fijar un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual se pretende fortalecer el carácter de máximo órgano jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en congruencia del carácter uni-instancial del amparo directo, a fin de que por excepción se abra y resuelva la segunda instancia, sólo en aquellos casos que resulte imprescindible la intervención de este Alto Tribunal.


Es por ello que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo 5/1999, cuyo punto Primero establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los siguientes supuestos:



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