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Secretario: jorge luis revilla de la torre

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I. Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio, y


II. Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.


Ahora bien, por lo que se refiere al segundo de los requisitos antes mencionados, el propio punto Primero del Acuerdo en cita señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, estos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, o bien, en casos análogos.


Corrobora lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J 64/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la novena época, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, diciembre de 2001, página 315, que es del tenor literal siguiente:


REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente.”


En virtud de lo anterior, debe señalarse que el recurso de mérito sí cumple con los requisitos antes aludidos, en virtud de que se interpuso oportunamente; en la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado del conocimiento analizó el problema de constitucionalidad planteado por la parte quejosa en relación con los artículos 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado y 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social, desestimando sus planteamientos; además de que la resolución de dicha cuestión se estima de importancia y trascendencia, toda vez que no existe jurisprudencia sobre la totalidad de los problemas de constitucionalidad planteados por la parte quejosa, por lo que se estima necesario abordar su estudio.


QUINTO.- Por lo que se refiere al agravio que quedó sintetizado en el inciso a) del considerando tercero de esta ejecutoria, a través del cual la parte quejosa, en esencia, sostiene que el Tribunal Colegiado del conocimiento, realizó un indebido estudio del planteamiento a través del cual señaló que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, viola el principio de legalidad tributaria que prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir que se le determine un crédito fiscal a los patrones a partir de sus “experiencias”, ya que ello provoca el que se desconozcan los parámetros y los elementos en los cuales se apoyó la autoridad para determinarle un crédito fiscal; el mismo resulta fundado en atención a las siguientes consideraciones:


En el décimo concepto de violación del escrito inicial de demanda, la parte quejosa señaló que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, transgrede el principio de legalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer la posibilidad de que el Instituto Mexicano del Seguro Social determine un crédito fiscal con base en: a) los datos con los que cuente; b) las experiencias del propio Instituto y c) las experiencias que considere como probables; ya que ello provoca que no se cuente con la certeza de los elementos que tomó en consideración la autoridad al momento de determinar el crédito fiscal, toda vez que se trata de aspectos que no están definidos en una norma jurídica, sino de cuestiones netamente subjetivas.


No obstante ello, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a fin de desestimar dicho planteamiento, en esencia, señalaron que dicho numeral no transgrede el principio de legalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, sobre la base de que si bien es cierto que los estudios técnicos que formula el Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar el costo de la mano de obra por metro cuadrado o el factor que representa la mano de obra, así como los avisos correspondientes que se publican en el Diario Oficial de la Federación, son emitidos por la autoridad administrativa y no por el Congreso de la Unión, también lo es que ello no implica que dicho Instituto en forma arbitraria y unilateral determine dicho costo o factor, sino que lo hace en estricto cumplimiento a lo que dispone el propio artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, por lo que no queda a su arbitrio el establecimiento de uno de los elementos esenciales del tributo; por la otra, en virtud de que no se deja al arbitrio del referido Instituto la forma en que habrá de determinar el crédito fiscal de que se trate, ya que lo único que hace la autoridad es aplicar las disposiciones de observancia general y obligatoria en las que se establece la forma en que se determinará el importe de la mano de obra por metro cuadrado o el factor que represente dicho aspecto.


De lo anterior se desprende que el Tribunal Colegiado del conocimiento no dio respuesta al planteamiento formulado por la quejosa en el sentido de que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, transgrede el principio de legalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer la posibilidad de que el Instituto Mexicano del Seguro Social determine un crédito fiscal con base en: a) los datos con los que cuente; b) las experiencias del propio Instituto y c) las experiencias que considere como probables; ya que ello provoca que no se cuente con la certeza de los elementos que tomó en consideración la autoridad al momento de determinar el crédito fiscal, toda vez que se trata de aspectos que no están definidos en una norma jurídica, sino de cuestiones netamente subjetivas; motivo por el cual esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, realizará su estudio en los siguientes términos:


Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que el principio de legalidad tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no significa tan solo que el acto creador del impuesto debe emanar de aquel poder que conforme a la Constitución esté encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de modo tal que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular.


Corrobora lo anterior el criterio que se sostuvo en la quinta época por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXI, página cinco mil setecientos cincuenta y tres, que es del tenor literal siguiente:


IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos "de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", y está además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informan nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de su explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto debe emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual, ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos o autorizados por disposición legal anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, debe considerarse absolutamente proscrito en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que se pretenda justificársele.”


Bajo este orden de ideas se pone de manifiesto que lo que exige el principio de legalidad tributaria es precisamente que en una ley, en sentido formal y material, se definan con precisión todos los conceptos relativos al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago y sanciones aplicables, de modo que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales, a fin de no dejar en estado de inseguridad jurídica a los contribuyentes del impuesto.


Una vez precisado lo anterior, procede analizar si el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o por Tiempo Determinado, transgrede o no el principio de legalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir que se le determine un crédito fiscal a los patrones a partir de sus “experiencias”, ya que ello provoca el que se desconozcan los parámetros y los elementos en los cuales se apoyó la autoridad para determinarle un crédito fiscal.


El artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o por Tiempo Determinado, textualmente establece:


Artículo 18.- Cuando los patrones no cumplan con las obligaciones a su cargo previstas en la Ley y en sus reglamentos, serán notificados por el Instituto, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, le proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas.


Transcurrido dicho plazo sin que el patrón haya entregado tales elementos, el Instituto, en ejercicio de sus facultades, fijará en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, aplicando en su caso, los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables, siguiendo a tal efecto, el procedimiento que a continuación se detalla.


I. Se precisará el número de metros cuadrados de construcción, el tipo de obra de que se trate y el periodo de realización de la misma;


II. Se estimará el monto de la mano de obra total utilizada en la construcción de que se trate, multiplicando la superficie en metros cuadrados de construcción, por el costo de la mano de obra por metro cuadrado que de acuerdo al tipo y periodo de construcción establezca el Instituto;


III. El monto de la mano de obra total, se dividirá entre el número de días comprendidos dentro del período de construcción, estableciéndose de esta manera, el importe de la mano de obra diaria;


IV. El importe de la mano de obra diaria, se multiplicará por el número de días que corresponda a cada uno de los meses transcurridos en el período no cubierto, obteniéndose el monto de los salarios base de cotización mensual, y


V. A los salarios base de cotización mensuales respectivos se les aplicarán los porcentajes de las cuotas obrero patronales establecidas en la Ley, obteniéndose así los montos a cubrir por concepto de dichas cuotas.


Por cuanto hace a las obras cuya contratación se rija por lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el monto total de la mano de obra empleada se obtendrá aplicando el importe total del contrato, el factor que representa la mano de obra determinada por el Instituto por tipo y período de construcción, aplicándose las fórmulas establecidas en las fracciones III, IV y V anteriores, a efecto de determinar el monto de la cuotas obrero patronales a cubrir.


El Instituto establecerá en cada ocasión en que se incrementen los salarios mínimos generales y de acuerdo al tipo de construcción de que se trate, el importe de mano de obra por metro cuadrado o el factor que represente la mano de obra sobre el importe de los contratos regidos por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Los resultados de los estudios técnicos que al efecto formule el Instituto aplicando sus experiencias, deberán ser publicados invariablemente en el Diario Oficial de la Federación.



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