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Secretario: jorge luis revilla de la torre

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SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO, NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. La Ley del Seguro Social vigente, en sus artículos 11, 12, fracción I, 15, fracciones I, II y III, 27, 28, 28 A, 30, 39, 70, 71, 72, 105, 106, 146, 147, 167, 168 y 211, prevé todos los elementos esenciales de las aportaciones de seguridad social, como son: el sujeto obligado (patrones), y el sujeto de aseguramiento (trabajadores asalariados); el objeto (el aseguramiento de los trabajadores en el régimen obligatorio del seguro social); la base (el salario percibido por los trabajadores por su trabajo); la tasa o tarifa (los porcentajes que para cada ramo de aseguramiento se aplican a la base); y la época de pago (a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al en que se causaron las cuotas relativas). De esta manera, el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, en la parte que dispone que el Instituto Mexicano del Seguro Social fijará en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, con los "datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables", no contraviene la garantía de legalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que dicha porción no constituye un elemento propio de la contribución de seguridad social, porque no define al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y época de pago, los cuales se encuentran expresamente consignados en la Ley del Seguro Social; en todo caso, constituye un elemento referencial que sirve al Instituto para determinar presuntivamente el monto de las cuotas omitidas ante el incumplimiento del patrón de proporcionar la información y documentación requeridas.”


Amparo directo en revisión 1142/2011. Daniel **********. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.


Finalmente, debe señalarse que tampoco le asiste la razón a la parte quejosa cuando sostiene que se le deja en estado de incertidumbre al no conocer con precisión los elementos que le sirven de base a la autoridad para determinarle un crédito fiscal, ya que es el propio artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o por Tiempo Determinado el que establece la forma en que el Instituto Mexicano del Seguro Social fijará en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, ya que dispone que lo hará aplicando, en su caso, los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables, siguiendo para tal efecto el procedimiento que a continuación se detalla:


  1. Se precisará el número de metros cuadrados de construcción, el tipo de obra de que se trate y el periodo de realización de la misma.


  1. Se estimará el monto de la mano de obra total utilizada en la construcción de que se trate, multiplicando la superficie en metros cuadrados de construcción, por el costo de la mano de obra por metro cuadrado que de acuerdo al tipo y periodo de construcción establezca el Instituto.


  1. El monto de la mano de obra total, se dividirá entre el número de días comprendidos dentro del período de construcción, estableciéndose de esta manera, el importe de la mano de obra diaria.


  1. El importe de la mano de obra diaria, se multiplicará por el número de días que corresponda a cada uno de los meses transcurridos en el período no cubierto, obteniéndose el monto de los salarios base de cotización mensual, y


  1. A los salarios base de cotización mensuales respectivos se les aplicarán los porcentajes de las cuotas obrero patronales establecidas en la Ley, obteniéndose así los montos a cubrir por concepto de dichas cuotas.


Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que contrariamente a lo que señala la parte quejosa, el particular cuenta con los elementos suficientes para conocer la forma en que se le está determinando ese crédito fiscal de manera presuntiva, ante el incumplimiento en que incurre de proporcionar la información y documentación requeridas, en ejercicio de la facultad que establece la fracción XV del artículo 251 de la Ley del Seguro Social1; además de que el último párrafo del artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, dispone que una vez formulada la liquidación respectiva por el Instituto, la notificará al patrón para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, aduzca las aclaraciones que estime pertinentes; por lo que tendrá la certeza de los elementos que tomó en consideración el referido Instituto, al momento de determinarle el crédito fiscal correspondiente; de ahí que se estime que resulta infundado dicho planteamiento.


SEXTO.- Por lo que se refiere al agravio que quedó sintetizado en el inciso b) del considerando tercero de esta ejecutoria, a través del cual la parte quejosa, en esencia, sostiene que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó un indebido estudio del planteamiento a través del cual sostuvo que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, transgrede la garantía de audiencia que prevé el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no prever la posibilidad de defensa previa para los gobernados, ya que no establece un plazo o término para que el contribuyente pueda desvirtuar los hechos u omisiones consignados por la autoridad, previamente a la determinación del crédito fiscal; el mismo resulta infundado, en atención a las siguientes consideraciones:


El segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece:


Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”


De dicho precepto jurídico se desprende la garantía de audiencia previa, al señalar que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.


Ahora bien, en torno a dicho principio, este Alto Tribunal ha establecido que en materia tributaria, la garantía de audiencia que se debe otorgar a los contribuyentes es siempre posterior, pues es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el monto y el cobro correspondiente de que se trate.


Lo anterior es así, en virtud de que para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, basta que la ley otorgue a los causantes el derecho de combatir la fijación de la contribución, una vez que ha sido determinada por las autoridades fiscales, es decir, en la materia de que se trata el referido derecho fundamental se concede a los particulares con posterioridad a la emisión del acto correspondiente (determinación de la contribución).


Como se ve, en la materia impositiva, tal como lo señaló el Tribunal Colegiado del conocimiento, no rige la garantía de audiencia previa establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, no es necesario que se tramite un procedimiento seguido en forma de juicio previamente a la emisión del acto privativo. Ello se justifica porque dicha facultad constituye una atribución del fisco que le permite hacer efectivos los créditos a favor de la hacienda pública, en otras palabras, es un medio que tiene el Estado para lograr la recaudación de los ingresos fiscales y cuya existencia se justifica por la necesidad que tiene aquél de afrontar el gasto que le significa satisfacer las necesidades colectivas o sociales.


De ahí se sigue lógicamente que los actos o determinaciones que constituyan la exteriorización de la referida facultad económica coactiva pueden ser emitidos por las autoridades tributarias sin necesidad de sujetarse a la garantía de audiencia previa, pues precisamente por estar dirigidos a hacer efectivos los créditos a favor de la hacienda pública, debe prevalecer la subsistencia del Estado y sus instituciones por encima del derecho de los particulares a ser escuchados, máxime cuando éstos pueden impugnar el acto correspondiente una vez que tengan conocimiento del mismo mediante los recursos y juicios procedentes, en los que incluso pueden ofrecer los elementos de convicción que estimen necesarios para desvirtuar el hecho en el que aquél se sustenta.


Lo expuesto en párrafos anteriores revela que la garantía de audiencia no es absoluta, sino que encuentra su límite en lo que dispone el propio texto constitucional, pues existen supuestos previstos en la Constitución General de la República, en los que dicho derecho fundamental no debe observarse o, en su caso, debe acatarse con ciertas modalidades, ya que la audiencia que se otorgue al interesado puede válidamente ser posterior a la emisión del acto de autoridad correspondiente, mediante el recurso que resulte procedente.


Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada en la séptima época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo sesenta y seis, primera parte, página setenta y siete, que es del tenor literal siguiente:


"AUDIENCIA, GARANTÍA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos."


A mayor abundamiento, cabe señalar que en el caso concreto, el último párrafo del artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, expresamente dispone que una vez formulada la liquidación respectiva por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se la notificará al patrón para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, aduzca las aclaraciones que estime pertinentes o para que, en su caso, entere las cuotas adeudadas con la actualización y los recargos correspondientes en términos del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social; con lo que se respeta la garantía de audiencia en materia tributaria; motivo por el cual debe declararse infundado dicho planteamiento.


Finalmente, debe señalarse que también resulta infundado el planteamiento que hace valer la recurrente, en el sentido de que es aplicable al caso concreto lo resuelto por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 564/2007, en donde se consideró que el artículo 82, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de la Federación transgrede la garantía de audiencia previa que dispone el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ese asunto, a diferencia de éste, se estableció que la imposición de la sanción no derivó de la falta de pago de una contribución, sino de la falta de cumplimiento de una obligación formal; lo que no acontece en la especie, en virtud de que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, establece la determinación presuntiva de cuotas obrero patronales, que tienen la naturaleza de contribuciones en términos de lo dispuesto por el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación.


Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 18/95, sustentada en la novena época por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, página sesenta y dos, que es del tenor literal siguiente:


"SEGURO SOCIAL, CUOTAS DEL. SON CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS. Del examen de lo dispuesto en los artículos 2o. del Código Fiscal de la Federación y 260, 268, 269, 271 y demás relativos de la Ley del Seguro Social, se desprende que las cuotas al Seguro Social son contribuciones, no sólo por la calificación formal que de ellas hace el primero de los preceptos citados, al concebirlas como aportaciones de seguridad social a cargo de las personas que son substituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley en materia de seguridad social, o de las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado sino que, por su naturaleza, son obligaciones fiscales que deben ceñirse a los principios tributarios, ya que se advierte de la evolución legislativa que el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituido desde sus orígenes como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, se convirtió en un organismo fiscal autónomo encargado de prestar el servicio público de seguridad social, investido de la facultad de determinar los créditos a cargo de los sujetos obligados y de cobrarlos a través del procedimiento económico-coactivo y que, por lo mismo, en su actuación debe observar las mismas limitaciones que corresponden a la potestad tributaria en materia de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público."


En virtud de lo anterior, es que no resulta aplicable al caso concreto lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar el amparo directo en revisión 564/2007, motivo por el cual debe declararse infundado dicho planteamiento.


Similares consideraciones sostuvo esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar en sesión de veintiséis de agosto de dos mil nueve, por unanimidad de cuatro votos (ausente el Ministro Sergio A. Valls Hernández), el amparo directo en revisión 1269/2009, bajo la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.


SÉPTIMO.- Por lo que se refiere al agravio que quedó sintetizado en el inciso c) del considerando tercero de esta ejecutoria, a través del cual la parte quejosa, en esencia, sostiene que el Tribunal Colegiado del conocimiento omitió realizar el estudio del concepto de violación a través del cual sostuvo que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, contraviene lo dispuesto en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer un procedimiento que no se encuentra contemplado en la Ley de la Materia; el mismo resulta, en una parte, infundado y, en la otra, inoperante, en atención a las siguientes consideraciones:


En primer lugar, debe señalarse que contrariamente a lo señalado por la parte quejosa, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, sí se pronunciaron en relación con dicho planteamiento, al resolver que resultaba innecesario realizar el estudio del mismo, en virtud de que en torno a ese mismo tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido jurisprudencia en el sentido de que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, no transgrede el principio de subordinación jerárquica que prevé el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de la interpretación sistemática de los artículos 39-C y 251, fracción XIV, de la Ley del Seguro Social, se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social está facultado para emitir determinaciones presuntivas derivadas de cuotas obrero patronales que no hayan sido cubiertas por los patrones en observancia de las obligaciones que de la misma ley se derivan; de ahí que el reglamento cuestionado no va más allá de lo que la ley de la materia contempla; apoyándose para ello en la tesis aislada “JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL.”


Lo anterior es así, en virtud de que en torno a ese mismo planteamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la novena época la tesis de jurisprudencia 2a./J. 89/2009 que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, julio de dos mil nueve, página cuatrocientos cincuenta y seis, y que es del tenor literal siguiente:



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