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Secretario: jorge luis revilla de la torre

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SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. La facultad que prevé el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda determinar presuntivamente en cantidad líquida los créditos cuyo pago se hubiera omitido por el contribuyente, con la aplicación de los datos con los que cuente, y con los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables, no viola el principio tributario de subordinación jerárquica, toda vez que de la interpretación sistemática de los artículos 39-C y 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social, se desprende la facultad del Instituto para determinar presuntivamente el monto de las cuotas obrero patronales, de ahí que el Reglamento no va más allá de lo que la ley de la materia contempla.”


Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que al existir jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve el tema de constitucionalidad planteado por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda; resulta evidente que el Tribunal Colegiado del conocimiento estuvo en lo correcto al declarar la inoperancia de dicho planteamiento; de ahí que se estime que el mismo resulta infundado.


Por otra parte, debe señalarse que los demás planteamientos que hizo valer la parte quejosa en este agravio, resultan inoperantes, en virtud de que ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal que es innecesario analizar las consideraciones que sustentan la inoperancia de los planteamientos hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta integral al tema de fondo planteado, tal como sucede en el caso concreto con la tesis que se ha hecho referencia.


Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 14/97 sustentada en la novena época por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, abril de mil novecientos noventa y siete, página 21, que es del tenor literal siguiente:


AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado.”


OCTAVO.- Por lo que se refiere al agravio que quedó sintetizado en el inciso d) del considerando tercero de esta ejecutoria, a través del cual la parte quejosa, en esencia, sostiene que el Tribunal Colegiado del conocimiento omitió realizar el estudio del planteamiento a través del cual señaló que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer de forma genérica el supuesto de ley, pues solo señala que “cuando los patrones no cumplan con las obligaciones a su cargo previstas en la Ley y en sus Reglamentos”, lo que es evidentemente inconstitucional ya que no señala en qué momento y con qué elementos, la autoridad puede considerar que se trata de un patrón y que éste “no ha cumplido con las obligaciones a su cargo”, dejando al arbitrio de la autoridad el caso en que es procedente emitir un requerimiento de documentación, sin motivo ni fundamento alguno; el mismo resulta fundado, en atención a las siguientes consideraciones:


En el décimo quinto concepto de violación del escrito inicial de demanda, la parte quejosa, en esencia, señaló que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no señalar en forma precisa lo que debe considerarse como “patrones”; cuándo debe entenderse que “los patrones no cumplen con las obligaciones a su cargo”; cuáles son “los reglamentos” a que hace referencia o a partir de qué momento se considerará que “los patrones no cumplen con las obligaciones a su cargo”; por lo que queda al arbitrio de las autoridades definir esos aspectos.


No obstante ello, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito omitieron analizar dicho planteamiento, motivo por el cual esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procederá a su análisis, en los siguientes términos:


Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se consideran violados, disponen en la parte que interesa, lo siguiente:


Artículo 14.- …

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.


…”


Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.


...”


De dichos preceptos jurídicos se desprenden las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, las cuales buscan, por una parte, otorgar certeza jurídica a los gobernados en cuanto a que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; así como que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento y; por la otra, evitar actuaciones arbitrarias o caprichosas por parte de las autoridades que puedan dejar en estado de indefensión o incertidumbre jurídica a los gobernados.


Asimismo, a fin de dar respuesta a los planteamientos que formuló la parte quejosa en el décimo quinto concepto de violación del escrito inicial de demanda, debe señalarse que este Alto Tribunal, también ha sostenido el criterio de que si bien es cierto que la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, también lo es que ningún artículo constitucional exige que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados en aquéllas, pues tal exigencia tornaría imposible su función, en vista de que implicaría una labor interminable e impráctica, provocando que no se cumpliera oportunamente con la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas; por tanto, es incorrecto pretender que una ley sea inconstitucional por no definir un vocablo o por irregularidad en su redacción, pues la contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad contra los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno.


Corrobora lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 117/2007 sustentada en la novena época por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, página doscientos sesenta y siete y que es del tenor literal siguiente:


LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien es cierto que la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, también lo es que ningún artículo constitucional exige que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados en aquéllas, pues tal exigencia tornaría imposible su función, en vista de que implicaría una labor interminable e impráctica, provocando que no se cumpliera oportunamente con la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas. Por tanto, es incorrecto pretender que una ley sea inconstitucional por no definir un vocablo o por irregularidad en su redacción, pues la contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad contra los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, de los artículos 14, 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Constitución Federal, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez a que sean claras en su redacción y en los términos que emplean.”


De igual forma, resulta aplicable, en lo conducente, al caso concreto la tesis P. XI/96 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la novena época y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, página ciento sesenta y nueve, misma que es del tenor literal siguiente:


LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTE OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS TÉRMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY. Lo que exige el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, es que la determinación de los sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y, en general, sus elementos esenciales, se encuentren en la ley y para ello es suficiente que en ellas se precisen en forma razonable, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales. No se puede pretender que se llegue al absurdo de exigir que el legislador defina, como si formulara un diccionario, cada una de las palabras que emplea, si las que eligió tienen un uso que revela que en el medio son de clara comprensión. De acuerdo con ello, expresiones como "uso doméstico", "uso no doméstico", "uso doméstico residencial", "uso doméstico popular" o "uso del sector público" son, por sí solas, comprensibles, sin que pueda aceptarse que su empleo en la ley sea violatorio del principio de legalidad tributaria, ni tampoco exigirse que en la sentencia que establece estas conclusiones se definan esas expresiones, exactamente por la misma razón. Además, si las autoridades administrativas al aplicar las disposiciones relativas se apartan del contenido usual de las expresiones al examinar en amparo la constitucionalidad de las resoluciones relativas, la correcta interpretación de la ley bastaría para corregir el posible abuso, sin que ello pudiera significar que se hubieran delegado en las autoridades administrativas facultades legislativas y que, por ello, la ley fuera inconstitucional.”


Una vez precisado lo anterior, procede analizar si el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no señalar en forma precisa lo que debe considerarse como “patrones”; cuándo debe entenderse que “los patrones no cumplen con las obligaciones a su cargo”; cuáles son “los reglamentos” a que hace referencia o a partir de qué momento se considerará que “los patrones no cumplen con las obligaciones a su cargo”; por lo que queda al arbitrio de las autoridades definir esos aspectos.


Dicho precepto jurídico, en la parte que interesa, textualmente establece:


Artículo 18.- Cuando los patrones no cumplan con las obligaciones a su cargo previstas en la Ley y en sus reglamentos, serán notificados por el Instituto, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, le proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas.”


De ese párrafo se sigue que cuando los patrones no cumplan con las obligaciones a su cargo previstas en la Ley y en sus reglamentos, serán notificados por el Instituto, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva, le proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas.


Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que contrariamente a lo que señala la parte quejosa, el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado no genera incertidumbre o inseguridad jurídica para los gobernados, al no definir con precisión qué es lo que debe entenderse por “patrones”, ya que del análisis que se haga de la Ley del Seguro Social y del propio Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; se desprende tal concepto.


En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5-A, fracción IV, de la Ley del Seguro Social, se entiende por patrón, la persona física o moral que tenga ese carácter en términos de la Ley Federal del Trabajo, esto es, aquella que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores (artículo 10 del segundo cuerpo normativo a que se ha hecho alusión); mientras que por patrón dedicado a la industria de la construcción, en términos del artículo 1 del Reglamento de la Ley del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, se entiende a las personas físicas o morales que encuadren dentro de los supuestos previstos en las fracciones II y III del artículo 5 de ese Reglamento.


A fin de corroborar lo anterior, se estima pertinente transcribir el contenido del artículo 5-A, fracción IV, de la Ley del Seguro Social, así como los artículos 1 y 5 del mencionado Reglamento, en donde se establece:


LEY DEL SEGURO SOCIAL


Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:




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