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Secretario: jorge luis revilla de la torre

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“Artículo 304 B. Las infracciones señaladas en el artículo anterior, se sancionarán considerando la gravedad, condiciones particulares del infractor y en su caso la reincidencia, en la forma siguiente:



III. Las previstas en las fracciones VI, IX y XV con multa equivalente al importe de veinte a doscientas diez veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, y


…”


De dicho numeral se desprende que las infracciones a que hace alusión el artículo 304 A de la Ley del Seguro Social, se sancionarán considerando la gravedad, las condiciones particulares del infractor y en su caso si es o no reincidente, de la manera siguiente; tratándose de las fracciones VI (presentar al Instituto los avisos afiliatorios, formularios, comprobantes de afiliación, registros de obras o cédulas de determinación de cuotas obrero patronales con datos falsos, salvo aquéllos que por su naturaleza no sean de su responsabilidad) IX (no proporcionar, cuando el Instituto se lo requiera, los elementos necesarios para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo o hacerlo con documentación alterada o falsa) y XV (no presentar la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo o hacerlo extemporáneamente o con datos falsos o incompletos, en relación con el período y plazos señalados en el reglamento correspondiente) con multa equivalente al importe de veinte a doscientas diez veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.


Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que tal como lo señaló el Tribunal Colegiado del conocimiento, el artículo 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social no establece una multa de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece un monto mínimo y uno máximo (veinte a doscientas diez veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal), a fin de que la autoridad administrativa esté en posibilidad de imponer la sanción que corresponda, tomando en cuenta la capacidad económica del infractor, la reincidencia, la gravedad o levedad de la infracción, así como cualquier otro elemento jurídicamente relevante para poder individualizarla en cada caso concreto; motivo por el cual debe desestimarse ese planteamiento.


Asimismo, debe señalarse que, contrariamente a lo aducido por el recurrente en el escrito de expresión de agravios, es el propio artículo 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social, el que, en el caso concreto, permite a la autoridad individualizar la sanción atendiendo a las circunstancias específicas de la infracción y a la situación particular del infractor, atendiendo a las circunstancias específicas del hecho, en relación con lo dispuesto por el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, tal y como lo señalaron los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en la sentencia recurrida.


Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis 2a./J. 242/2007, sustentada en la novena época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página doscientos siete, que es del tenor literal siguiente:


"MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE LA AUTORIDAD DEBE VALORAR PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRÁN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se respeta por el legislador a través de disposiciones de observancia general que establecen sanciones administrativas a los gobernados, sí generan certidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, además, se acota en la medida necesaria y razonable tal atribución, impidiendo a la autoridad actuar arbitraria o caprichosamente. En tal virtud, tratándose de sanciones pecuniarias la indicada garantía se acata cuando en la norma respectiva se establece una máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa, independientemente de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá, pues ante ese contexto normativo tendrá delimitado su campo de acción ya que, por una parte, no podrá sobrepasar el máximo legal y, por otra, la decisión que adopte sobre la cuantía a la que ascienda la sanción, superior al mínimo, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 16 deberá especificarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla."


Finalmente, debe indicarse que el hecho de que la parte quejosa señale que su argumento es procedente, en virtud de que en el caso concreto la multa que se le impuso no está debidamente fundada ni motivada, resulta inoperante, toda vez que se trata de aspectos de mera legalidad que no tienen por objeto demostrar la inconstitucionalidad del artículo 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social.


Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 53/98 sustentada en la novena época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, página trescientos veintiséis, misma que es del tenor literal siguiente:


REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES. Conforme a los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan el recurso de revisión en amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia deberá examinar las cuestiones propiamente constitucionales; por consiguiente, si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes.”


Asimismo, resulta aplicable la tesis 1a./J. 56/2007 sustentada en la novena época por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de dos mil siete, página setecientos treinta, misma que es del tenor literal siguiente:


REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE ADUZCAN CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD. Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, relativos al recurso de revisión en amparo directo, es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia el estudio de cuestiones propiamente constitucionales. Por tanto, si se plantean tanto agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de preceptos de la Constitución, como argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes.”


En virtud de lo anterior, es que debe declararse infundado e inoperante el planteamiento de la recurrente en el sentido de que el artículo 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social, contempla una multa excesiva que transgrede lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


DÉCIMO.- Por lo que se refiere al agravio que quedó sintetizado en el inciso f) del considerando tercero de esta ejecutoria, a través del cual la parte quejosa, en esencia, sostiene que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó un indebido estudio del planteamiento a través del cual sostuvo que el artículo 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social, transgrede la garantía de audiencia previa que prevé el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no establece la posibilidad de que el particular pueda ser oído previamente a la imposición de la sanción; el mismo resulta infundado en atención a las siguientes consideraciones:


A fin de estar en posibilidad de analizar dicho planteamiento, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima necesario transcribir nuevamente el contenido del artículo 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social, mismo que establece:


Artículo 304 B. Las infracciones señaladas en el artículo anterior, se sancionarán considerando la gravedad, condiciones particulares del infractor y en su caso la reincidencia, en la forma siguiente:



III. Las previstas en las fracciones VI, IX y XV con multa equivalente al importe de veinte a doscientas diez veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, y


…”


De dicho numeral se desprende que las infracciones a que hace alusión el artículo 304 A de la Ley del Seguro Social, se sancionarán considerando la gravedad, las condiciones particulares del infractor y en su caso si es o no reincidente, de la manera siguiente; tratándose de las fracciones VI (presentar al Instituto los avisos afiliatorios, formularios, comprobantes de afiliación, registros de obras o cédulas de determinación de cuotas obrero patronales con datos falsos, salvo aquéllos que por su naturaleza no sean de su responsabilidad) IX (no proporcionar, cuando el Instituto se lo requiera, los elementos necesarios para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo o hacerlo con documentación alterada o falsa) y XV (no presentar la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo o hacerlo extemporáneamente o con datos falsos o incompletos, en relación con el período y plazos señalados en el reglamento correspondiente) con multa equivalente al importe de veinte a doscientas diez veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.


A este respecto, debe precisarse que la facultad de requerir información es una expresión del ejercicio de la potestad económico coactiva, que al Estado le permite llevar a cabo la recaudación a fin de atender los servicios públicos y satisfacer las necesidades colectivas. Por ello se considera que el referido precepto legal tutela la facultad de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, a fin de proteger el sistema y régimen tributario, en tanto que es la fuente de ingresos para el Estado.


En esa tesitura, debe ponerse de manifiesto que el artículo 304-B, fracción III, de la Ley del Seguro Social, tutela y respalda la facultad del Instituto Mexicano del Seguro Social de comprobar y verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los particulares; de tal manera que el hecho de que se presenten al Instituto avisos afiliatorios, formularios, comprobantes de afiliación, registros de obras o cédulas de determinación de cuotas obrero patronales, con datos falsos; no se proporcione, cuando el Instituto lo requiera, los elementos necesarios para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo, o cuando lo hagan en forma alterada o falsa o no presenten la revisión anual obligatoria de siniestralidad y determinación de la prima del seguro por riesgos de trabajo o hacerlo extemporáneamente o con datos falsos o incompletos; obstaculiza y entorpece la actividad fiscalizadora del Estado, lo que a su vez se traduce en una afectación a la recaudación oportuna de las contribuciones.


En este orden de ideas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que las obligaciones formales, como las reguladas en el artículo 304 B, fracción III, de la Ley del Seguro Social, están estrechamente vinculadas con la actividad recaudatoria, ya que aquellas obligaciones constituyen deberes que favorecen o facilitan la tributación; de ahí que no resulte aplicable al caso concreto lo resuelto por esta Sala al fallar el amparo directo en revisión 564/2007, ya que la multa prevista en el artículo 82, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, al estar referida a lo que dispone dicho precepto legal, no requiere de que al particular se le otorgue la garantía de audiencia previamente a la imposición de la sanción, debido a que la infracción prevista en dicha disposición legal está directamente vinculada con la obligación de pagar contribuciones, pues en todo caso el contribuyente puede ser escuchado en defensa de su interés, a través de los diversos medios de impugnación que establecen las leyes.


Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis aislada 2a. CLXXV/2007 sustentada en la novena época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página doscientos treinta y nueve, misma que es del tenor literal siguiente:


"MULTA FISCAL. TRATÁNDOSE DE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PUEDE OTORGARSE CON POSTERIORIDAD A SU IMPOSICIÓN. El citado precepto establece que los particulares que incumplan o no acaten en tiempo el requerimiento de exhibición de declaraciones, solicitudes, avisos o constancias, incurren en una infracción que se sanciona con multa. Por otra parte, la facultad de requerir documentación se tutela por el referido ordenamiento legal porque está integrada en un sistema normativo que establece diversas obligaciones a cargo de los particulares cuyo incumplimiento puede derivar, tanto en la omisión de pago de una contribución, como en la obstaculización y entorpecimiento de la actividad fiscalizadora que debe llevar a cabo la autoridad competente, lo que afecta a la hacienda pública pues, en el primer supuesto, el Estado deja de recaudar el dinero que requiere para satisfacer el gasto público y, en el segundo, se le impide allegarse oportunamente la información necesaria para estar en aptitud de determinar si un particular cumplió o no con sus obligaciones tributarias. Esto es, las obligaciones formales que el Código Fiscal de la Federación impone a los particulares están estrechamente vinculadas con el pago de las contribuciones, ya que aquéllas constituyen deberes establecidos en interés de la tributación, en tanto que permiten a las autoridades fiscales, entre otras cuestiones, conocer la capacidad contributiva de los gobernados y, en consecuencia, determinar sus obligaciones sustantivas. Atento a lo anterior, resulta indudable que respecto de la multa prevista en el artículo 82, fracción I, inciso b), del Código indicado, no rige la garantía de previa audiencia, pues la infracción establecida en éste se vincula directamente con la obligación de pagar las contribuciones que el Estado impone de manera imperativa y unilateral, por lo que el derecho fundamental establecido en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respeta si el particular es escuchado en su defensa con posterioridad a la imposición de la sanción económica."


Amparo directo en revisión 1242/2007.


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