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Sentencia. Apremio. Prescripción de accion del Fisco provincial. Inconstitucionalidad del art. 133 del Código Fiscal. Causa "Filcrosa" (Corte Nacional) y “Escudero”, “Fadra S. R. L.”

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Sentencia. Apremio. Prescripción de accion del Fisco provincial. Inconstitucionalidad del art. 133 del Código Fiscal. Causa "Filcrosa" (Corte Nacional) y “Escudero”, “Fadra S.R.L.” (Corte Provincial). Plazos de prescripción de las obligaciones. Momento en que debe comenzar a computarse aquel plazo extintivo.-


Con fecha 24 de mayo de 2011, Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, en la causa "FISCO de la Pcia. de Bs. As. c/ SALVA HECTOR s/ Apremio” (expte. 12,874), resolvió hacer lugar parcialmente a la excepción de prescripción interpuesta por el accionado, declarando la inconstitucionalidad del art. 133 del Código Fiscal.-


RESULTA:

1.- Que a fs.11/13 se presenta el Dr. Marcelo Andrés Linares en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, iniciando ejecución tributaria contra Héctor Salva, por la suma de ocho mil doscientos pesos con noventa y ocho centavos ($8.200,98). Los títulos que traen aparejada la ejecución resultan ser las liquidaciones de deuda por impuesto a los Ingresos Brutos agregadas a fs.8/10.-

2.- Que citado a oponer excepciones, se presenta -a fs.27/28, el accionado planteando incidente de nulidad de la ejecución, y opone falta de personería de la actora y finalmente deja planteada excepción de prescripción.-

En cuanto a la pretendida nulidad, expone la accionada que el mandamiento fue diligenciado con fecha 13 de octubre de 2010 en la calle Río Negro 1385 de la ciudad de 9 de Julio y que no siendo atendido, el oficial de justicia ad hoc, dejó el respectivo mandamiento en el garaje del domicilio.-

Por tal motivo -continúa- tomo conocimiento tardíamente de esa notificación, perjudicando su defensa, pues le impide oponer en legal tiempo y forma las excepciones que corresponden.-

Agrega que la notificación debe realizarse en un marco de absoluta seguridad para no violentar las garantías constitucionales como las del debido proceso legal o defensa en juicio, por lo que subraya, debe observarse con sumo cuidado la notificación al obligado deudor.-

Como sustento de la excepción de falta de personería, objeta que el poder que se agrega fue otorgado en el año 2005 y que no se han transcripto pruebas de potestad representativa. Afirma, que tampoco se ha certificado sobre la personería de quien dio y sobre su propio poder, tanto a la fecha de otorgamiento como en la actualidad.-

En tal sentido sostiene que no basta que el escribano diga que existe facultad suficiente para dar poder sino que hay que resumir en detalle las fuentes del poder o facultades, o a falta de ellas deben ser transcriptas.-

Finalmente opone excepción de prescripción por haber transcurrido el plazo de cinco años establecidos por el Código Fiscal en relación a la deuda conforme surge del formulario R-129, expediente 2360-0252577/2010 con el importe total reclamado de estos por las suma de pesos $390 con los coeficientes de actualización e intereses que ascienden a la suma de $ 1077,76.-

3.- Que a fs.43/44vta. el apoderado fiscal interviniente contesta las defensas opuestas.-

En cuanto a la nulidad planteada, manifiesta que la misma no se ajusta a lo normado en nuestro ordenamiento procesal y es efectuado fuera de término. Ello por cuanto, funda la nulidad en el art. 543 del C.P.C.C. y habiendo elegido la via incidental -aclara- debió ajustarse a lo previsto en el art. 169 y sig.. y art. 175 del C.P.C.C.-

Afirma que el accionado esta presentado fuera del plazo de los cinco días por el cual fue intimado de pago y tratándose de un incidente debió hacerlo en el plazo legal determinado en el art. 543 inc. 1 o depositar las sumas fijadas en el mandamiento.-

Que el encuadre pretendido por el accionado en base al art. 14 de la ley 9122 tampoco corresponde, pues fue reemplazado por el art. 24 de la ley 13.406, dando cuenta este ultimo que la intimación de pago realizada por el oficial ad hoc se ajusta a derecho en razón de estar hecha en el domicilio fiscal.-

Respecto a la falta de personería, destaca que el carácter de apoderado fiscal se encuentra acreditado con la resolución del 07/07/10.-

De igual manera alega que tratándose de poder general judicial, tiene dicho nuestro ordenamiento jurídico que basta con la presentación de la copia firmada por el apoderado, a efectos del traslado de la contraparte.-

Por último y en relación a la prescripción, entiende que tampoco puede prosperar.-

Que al respecto, el art. 131 del la Ley 10.397 determina que el termino de prescripción comenzara a regir a partir del 1º de enero del año siguiente en que se produzca su vencimiento y que siendo en el caso las obligaciones en mora del año 2005, el término de prescripción comenzaría en enero del año 2006 y la demanda fue iniciada con fecha 29/06/2010, lo que motivaría el rechazo de esta excepción.-

4.- Que a fs.45 en atención al estado del tramite, se llama autos para sentencia y;

CONSIDERANDO:

1) Es del caso dilucidar entonces, si algunas de las circunstancias fácticas alegadas por la accionada en su descargo, tienen el alcance de modificar o extinguir la obligación tributaria que la ley le destina.-

Que la demandada ha dejado planteada en primer término la nulidad de la presente ejecución fundando la misma en no haberse realizado legalmente la intimación de pago.-

Cabe aclarar al respecto, que no advierto -como alega la actora- error en la via utilizada por la accionada para dejar planteada la presente nulidad, pues conforme a lo dispuesto por el art. 543 inc. 1 del C.P.C.C., el interesado podrá hacer uso de la opción de depositar las sumas fijadas en el mandamiento o como es del caso, oponer las excepciones que crea corresponder, extremo cumplimentado en esta causa.-

En cuanto a la extemporaneidad pretendida del fisco accionante, la misma no puede tener acogida en tanto y por cuanto, conforme a la fecha que se desprende del cargo impuesto en la presentación de fs. 27/28 -21 de octubre de 2010- y confrontada esta con la fecha en que se ha efectivizado la diligencia - 13 de octubre de 2010.- las defensas han sido opuesta en el plazo que para hacerlo tenia el accionado -6 días- (art. 7 ley 13.406 y art. 158 del C.P.C.C.).-

Ahora bien, atendiendo al acto mismo de la intimación y conforme la documentación glosada a fs. 29/30, la misma, se ha cumplimentado en el domicilio que emana del título ejecutivo (domicilio fiscal art. 24 Ley 13.406), no advirtiéndose del examen del mismo, razones que perjudiquen la verosimilitud que la ley le otorga por lo que, no puede sino concluirse, que la intimación producida en el domicilio fiscal indicado es valida y ha surtido los efectos que le son propios (cfr. art.2, art. 24 Ley 13406).-

Que el objetivo de los actos procesales es precisamente el de proteger el adecuado ejercicio del derecho de defensa, y atendiendo el resultado de la diligencia de intimación, no se advierte vulnerado aquel derecho.-

Consecuentemente, no existiendo nulidad por la nulidad misma, toda vez que el acto ha cumplido su finalidad perseguida no corresponde sancionarlo con la nulidad (arts. 169, 172 del C. P. C. C.), lo que así decido.-

2) Incumbe en esta parcela examinar si efectivamente media falta de personería en el accionante, en los extremos en que ha quedado planteada.-

Al respecto explica Enrique M. Falcón que esta excepción se corresponde con el remedio judicial por el cual se discute la capacidad civil para actuar en el proceso o cuando una persona o "representante" o "apoderado" no tiene el poder o representación para actuar por otro o este es insuficiente.- (Procesos de Ejecución Tº I Juicio Ejecutivo -Enrique M. Falcón pág. 298 - Ed. Rubinzal-Culzoni).-

Es de señalar, que respecto al planteo relativo a la falta de mención sobre las pruebas de potestad representativa o de las circunstancias, de modo de poder apreciar la personería de quien otorgó el poder y su propio poder, entiendo que en el caso de autos no resulta atendible.-

Lo expuesto se afianza en el art. 1003 del C.C. reformado por ley 15.875, del cual se desprende que no resulta viable el cuestionamiento de la falta de personería por no contener el mandato la transcripción del poder o autorización correspondiente, pues resulta suficiente en relación a los poderes y documentos habilitantes, que el escribano otorgante exprese que se le han presentado y los anexe al protocolo.-

Y en tal sentido habiéndosele otorgado al fedatario los correspondientes poderes, incumbe en su caso al impugnante la carga de probar la insuficiencia de aquel mandato, cuestión que no se encuentra abastecida en autos (art. 375 del C.P.C.C.).-

Por lo demás, esto es la fecha de otorgamiento de este poder (año 2005) tampoco encuentra una respuesta favorable, pues si bien puede suceder el cambio institucional de autoridades, atendiendo a la materia que se trata, es conteste la doctrina en priorizar la continuidad de los mandatos en el área de la función pública, salvo un supuesto de revocación explicita. Así el art. 11 del dec. ley 7543/69 (T.O. por decreto 969/87), dispone que la sustitución en la representación se mantendrá no obstante la cesación del Fiscal de Estado que la efectuase (CC0201 LP, B 68445 RSD-268-89 S 7-11-1989 "Fisco Pcia.Bs.As. c/ Empresa La Gioconda s/ Apremio").-

Es por ello que resulta ajustado a derecho, rechazar la falta de personería planteada.-

3) Solo resta en la presente ejecución indagar sobre la pretendida liberación de la obligación bajo el instituto de la prescripción traída como ultima defensa.-

Cabe reseñar, que del titulo ejecutivo glosado a fs. 8/10 de esta causa, se desprende que el tributo reclamado se refiere a los Ingresos brutos por los períodos 1, 2, 3, 4 y 6 del año 2005; 1, 3 y 6 del año 2006 y los periodos 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2007 y 2 a 10 del año 2008.-

Sin perjuicio de lo expuesto, debo puntualizar que los periodos que se encuentran bajo análisis, son solo aquellos que el accionado cuestiona (ver fs. 27 vta. apartado III) limitándose a las obligaciones que se corresponden con el año 2005 contenidas en el titulo ejecutivo Nº 487.882.-

A los efectos de llevar adelante su procedencia, deviene necesario tener presente la doctrina sentada tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la denominada causa "Filcrosa S.A." (Fallo 326:3899), como por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa 81.253 "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta" (sentencia del 30/05/2007), en cuanto reconocieron que en virtud de lo normado por el art. 75 inc. 12 de la C.N. es potestad del legislador nacional regular los aspectos sustanciales del régimen general de las obligaciones y sus modos de extinción, estando vedado a las jurisdicciones locales dictar reglas incompatibles con las consagradas en aquellos códigos.-

Mas recientemente la Corte Provincial se ha expresado en igual sentido en las causas SCBA 102.213, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Escudero, Jorge Roberto s/ Apremio" del 14 de julio de 2010 y en la causa C. 99.094, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fadra S.R.L., López Osvaldo y Lobato Emilio Tomás s/ Apremio":

Así ha declarado nuestro Tribunal provincial: "...no podía entenderse que al reservarse las provincias la facultad de determinar hechos imponibles y establecer tributos sobre esa base, se haya reservado también la potestad de regular otros aspectos que hacen a la obligación fiscal y que pertenecen a la regulación general de las obligaciones. Ello no sólo en virtud de la prelación que el art. 31 de la Constitución nacional acuerda a las leyes nacionales en materia sustantiva (art. 75 inc. 12, Const. nac.) sino también porque entiendo que el art. 131 del Código Fiscal sienta las bases para una discriminación incompatible con el principio de igualdad (art. 16, Const. nac.) (SCBA c 102.213, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Escudero, Jorge Roberto. Apremio" 14/07/2010 - Voto del Dr. Negri).-

Entiendo por lo expuesto, que en materia de fijación de los plazos de prescripción de las obligaciones, como el modo de computarlo y las causales de suspensión e interrupción, los estados provinciales -en orden a lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional- deben adecuar su regulación a las pautas ya consagradas del Código Civil, en tanto y por cuanto solo el Estado Nacional es quien ostenta la facultad de regular estos aspectos que hacen a las obligaciones en general.-

Si bien a la luz de lo expuesto por el accionado, no ha dejado planteada la inconstitucionalidad de las normas integrativas del código fiscal, no es óbice ello para desechar tal colisión.-

Así lo ha reiterado nuestro Máximo Tribunal Provincial "De nada valdría afirmar enfáticamente la supremacía constitucional frente a toda norma inferior, si luego se la limita al extremo de obligar a los jueces a aplicar normas repugnantes a la Constitución nacional, por la sola circunstancia que las partes no advirtieron tal colisión; si el juez debe acatar en primer lugar la Constitución, así debe ser en toda circunstancia; si no se discute que el magistrado está vinculado a los hechos que resultan afirmados y probados o admitidos en el litigio y no al derecho que invoquen las partes, es inexplicable que pueda elegir la norma inferior que considera adecuada al caso, pero no pueda hacer lo mismo con la norma máxima (Constitución) a la que las primeras están subordinadas y debe adecuarse so pena de descalificación (SCBA, C 79083 S 18-11-2009 ,"Dirección General Impositiva, s/ Incidente de revisión art. 37, en autos "Cía. Omnibus La Unión S.R.L..Concurso preventivo"; ver tambien SCBA. "Zarinatto" L. 83.781, sent. del 22/12/2004).-

"La declaración oficiosa de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan. El tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes" (SCBA, C 94663 S 18-2-2009 , CARATULA: I.,M. c/ H.,d. s/ Reclamación de filiación, petición herencia y beneficio de litigar sin gastos" - SCBA, L 92095 S 1-9-2010 "Moyano, José Omar y otros c/ Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca s/ Indemnización por despido" entre otros).-

Bajo tales precedentes y reiterando lo resuelto en la causa "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Silva Eduardo Manuel s/ Apremio" Expte. Nº 8073 con fecha 28/04/2011 de este mismo juzgado, solo puedo concluir que la defensa de prescripción opuesta, debe ser juzgada de acuerdo a las normas de la ley de fondo, para determinar en la especie, si existe incompatibilidad con las disposiciones del Código Fiscal que conlleven necesariamente a la declaración de inconstitucionalidad pretendida.-

Es preciso señalar que no media en la especie controversia entre las partes, respecto al plazo quinquenal de prescripción (art. 131 del Código Fiscal ley 10.397 y art. 4027 del C.C.).-

Por el contrario, no encuentro tal convergencia en relación al momento en que debe comenzar a computarse aquel plazo extintivo.-

Por su lado, el art. 3956 del Código Civil establece "La prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienzan a correr desde la fecha del título de la obligación".-

Y si bien, como lo ha destacado la doctrina, la mención "fecha del titulo de la obligación" no es muy efectiva, desde antiguo se ha interpretado con un criterio amplio y la Corte ha establecido que "El termino de la prescripción comienza a correr, como resulta del art.3956 CCiv, desde que la obligación del deudor sea exigible para el acreedor; es decir desde el día en que éste pueda ejercer la acción correspondiente, pidiendo el pago de la deuda o el cumplimiento de la obligación" (v. Lema, Rodrigo "La prescripción de las obligaciones tributarias provinciales y municipales" Lexis Nº 0003/015325, y su cita de Fallos 193:359)

En cambio, el actual art. 133 del C.F. -t.o 2004-, prescribe: "Los términos de prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código, comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1º de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen..".-

Resulta claro, que en esta última norma el legislador ha tomado como punto de partida, el año siguiente a la fecha de vencimiento del plazo que tiene el contribuyente para presentar las declaraciones juradas.-

Sin embargo no puede pasar inadvertido, que sin perjuicio de tratarse los ingresos brutos de una obligación de período fiscal anual, el gravamen se ingresara mediante anticipos mensuales -o bimestrales- liquidados por la autoridad de aplicación (v. art.182 C.F. -t.o. año 2004-).

Debiendo ingresarse esos anticipos -conforme lo dispone el art.183- "... dentro del mes calendario siguiente al vencimiento de aquellos...".-

Al mismo tiempo el art. 185 del mismo cuerpo legal dispone: "En los casos de contribuyentes o responsables que no presenten una o mas declaraciones juradas y no abonen sus anticipos en los términos establecidos, se procederá conforme lo dispuesto en el art. 50..." (art. 50: Facultad de la Agencia de Recaudación de requerir por via de apremio el pago a cuenta del gravamen no ingresado).-

Examinados los preceptos transcriptos, me permiten concluir que el hecho de que se trate un tributo determinado anualmente, en nada afecta la exigibilidad "individual" de cada anticipo por la actividad gravada.-

Y es desde esta óptica en que corresponde ser analizado el momento desde el cual debe comenzar a computarse el plazo liberatorio, esto es, no desde el vencimiento para la presentacion de las declaraciones juradas, sino desde el momento en que le es exigible el anticipo al que se refiere el art. 182 del C.F. Ley 10.397 (t.o 2004).-

Así las cosas, solo puede concluirse que el legislador provincial ha extendido indebidamente el plazo prescriptivo y desde este razonamiento, importando un apartamiento a lo reglado por el art. 3956 del C.C. se impone decretar la declaración de inconstitucionalidad del actual art. 133 t.o. 2004.-

4) Y es sobre tales lineamientos, que solo resta examinar bajo las disposiciones del Código Civil, si los periodos reclamados en la boleta de deuda, se encontraban prescriptos al momento de inicio de la presente ejecución.-

Considerando el momento de exigibilidad de los anticipos, tomando el primer periodo del año 2005 reclamado -01/2005- correspondiente a enero febrero, por tratarse de un contribuyente de obligación bimestral (ver parte superior del titulo) se tornó exigible el 17 marzo de 2005 (ARBA - Disposición Normativa-Serie "A" Nº 073/04 - Anexo III Impuesto a los Ingresos Brutos).-

En tal sentido y no mediando causal de suspensión que pueda extender aquel plazo, pues no solo, ningunas de las partes ha invocado tal extremo, sino que tampoco se encuentran agregadas las actuaciones administrativas relacionadas que permitan verificarlo, la solución solo se limita a un calculo matemático.-

Así determinado que el plazo comenzó a correr el 17 de marzo de 2005 para el primer periodo, solo podríamos considerar prescripta la obligación si al 17 marzo de 2010 no mediare causal interruptiva del plazo liberatorio.-

Vista la presente ejecución y conforme expone el cargo impuesto en el escrito de demanda, la misma tiene fecha de inicio el 29 de junio de 2010, esto es, con posterioridad al cumplimiento de los cinco años dispuestos por ley para tener por extinguida la obligación fiscal (art. 131 C.F.).-

Sobre este razonamiento debe examinarse a los demás periodos, así para la obligación 02/2005 -correspondiente a marzo y abril- el plazo comenzó correr el 18 de mayo de 2005 por ser allí donde resultó exigible el anticipo, concluyendo de igual modo que la ejecución ha sido presentada extemporáneamente (Disposición Normativa-Serie "A" Nº 073/04 cita ut-supra).-

No avizoro igual resultado respecto al periodo 03/2005, pues correspondiéndose a los meses de mayo y junio, el anticipo resultó exigible recién el 19 de julio de ese mismo año, momento en el cual comenzó a transcurrir el plazo liberatorio, concluyendo en la prescripción solo si esta ejecución se hubiera iniciado con posterioridad del limite establecido -19 de julio de 2005-, lo que no es del caso, en tanto y por cuanto la presentación contiene cargo de fecha 29 de junio de 2010.-

Igual suerte corre para los restantes periodos, así para el periodo 04 que se corresponde a los meses de julio y agosto, el anticipo resultó exigible el 19 de septiembre de ese año, y verificado ya la fecha de la presente acción -29 junio de 2010- solo se puede concluir que la ejecución ha sido iniciada en su debido tiempo, concluyendo en tal sentido que corresponde igual destino para el periodo 06/2005.-

Así las cosas solo puede tenerse por extinguida parcialmente esta ejecución y solo por las obligaciones correspondientes a los periodos 01 y 02 del 2005.- 5) Que en consecuencia de lo expresado, corresponde mandar llevar adelante la ejecución por las sumas correspondientes a los periodos 3, 4, y 6 del 2005; 1, 3 y 6 del año 2006; 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2007 y 2 a 10 del año 2008, hasta tanto el demandado Héctor Salva, haga íntegro pago al accionante, Fisco de la Provincia de Buenos Aires, del capital reclamado en pesos siete mil quinientos sesenta con cuarenta y dos centavos ($ 7.560,42). A dicho monto se le aplicarán los intereses conforme lo prescripto por el artículo 95 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha de interposición de la demanda, esto es, el día 29 de junio de 2010 y hasta su efectivo pago.

Por ello, doctrina y jurisprudencia citada, lo dispuesto por los arts.31 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional; arts.2 inc.8 y 76 bis de la ley 12.008 y sus modif.; arts. 1, 2 inc.1), 9 inc.b) y e), y 25 Ley 13.406; arts. 169, 543, 549 y cctes.del CPCC; arts. 4027 inc. 3 y 3956 del Código Civil; y demás citas legales dadas;

RESUELVO:

I.- Rechazar la nulidad pretendida.-

II.- Rechazar la excepción de falta de personería.-

III.- Declarar la inconstitucionalidad del art. 133 del Código Fiscal -Ley 10.397 t.o. 2004- en su aplicación al presente caso y con los alcances fijados en los considerandos precedentes.-

IV.- Hacer lugar a la excepción de prescripción interpuesta por los periodos 01 y 02 de 2005.-

V.- Mandar llevar adelante la ejecución por los periodos 3, 4, y 6 del 2005; 1, 3 y 6 del año 2006; 2, 3, 4, 5 y 6 del año 2007 y 2 a 10 del año 2008, condenando al demandado Héctor Salva, haga íntegro pago al accionante, Fisco de la Provincia de Buenos Aires, de la suma de pesos siete mil quinientos sesenta con cuarenta y dos centavos ($ 7.560,42). A dicho monto se le aplicarán los intereses conforme lo prescripto por el artículo 95 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha de interposición de la demanda, esto es, el día 29 de junio de 2010 y hasta su efectivo pago.

VI.- En atención a como se resuelve la litis, impongo las costas en un 90% a la demandada y en un 10 % al fisco accionante (arts.51 inc.2 ap."a" CPCA, arts.71 y 556 del C.P.C.C.).-

VII) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 51 del Decreto- Ley Nº 8.904).- NOTIFÍQUESE y REGÍSTRESE.- Fda. Dr. Luis Oscar Laserna. Juez.-



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