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Sentencia nº juzgado nº

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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala VIII


Expediente Nº 31.156/2007


  1. SENTENCIA Nº 38669 JUZGADO Nº 23

  2. AUTOS: “MASSE PABLO ALBERTO c/ PRUDENTIAL SEGUROS S.A. s/ DESPIDO”.


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de febrero

de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:



EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:


I.- La sentencia de primera instancia que rechazó la demanda en lo principal, suscita la queja de ambas partes, a tenor de los memoriales presentados por el actor y la demandada a fs. 540/553 y fs. 554/558, respectivamente. Asimismo, el perito informático cuestiona los emolumentos regulados a su favor, por estimarlos reducidos.

II.- Por cuestiones metodológicas trataré en primer término los planteos del accionante.

La Sra. Juez “a quo” consideró injustificada la decisión del actor de extinguir la relación laboral y, como correlato, desestimó la pretensión indemnizatoria. Para así resolver, sostuvo que la prueba testimonial- no permitía formar convicción sobre el acaecer de los hechos puntuales tachados de injuriosos en los que se pretendió justificar el cese; vg. –entre otros- “la efectiva prestación de tareas durante el mes de enero de 2007, sin la debida contraprestación salarial”.

Contra tal decisión recurre la parte actora y objeta, en lo principal, que se haya omitido ponderar la prueba pericial contable (a su criterio, ésta revestiría particular relevancia en orden a acreditar que trabajó para la demandada durante el lapso cuestionado) y las consecuencias derivadas del cumplimiento parcial de la requerida, cuando intimada a poner a disposición del juzgado determinada documentación en los términos del art. 388 del C.P.C.C.N. (pólizas emitidas en enero 2007). Asimismo, sustenta el recurso de apelación deducido a fs. 151/154 y concedido en los términos del art. 110 de la L.O. por resolución de fecha 06/06/2008 (fs. 268/269), contra el auto de apertura a prueba que no admitió la prueba testimonial a producirse en extraña jurisdicción, frente al incumplimiento de los recaudos exigidos por el art. 453 in fine del C.P.C.C.N (art. 155, L.O.).

Desde este último cuestionamiento, anticipo que la mera remisión a supuestos jurisprudenciales, sin precisar –mínimamente- cúales aspectos de la litis podrían haber sido esclarecidos por los testigos Simes, Reyna y Gavier (ver, planteo de fs. 550/553) y, para más, una eventual “intención” no exteriorizada de hacerlos comparecer a la sede del juzgado, no constituye técnicamente un agravio, por lo que la queja será desestimada (art. 116, L.O.).

Zanjado este aspecto, llega firme a esta Alzada: que el actor ingresó a prestar servicios para la demandada con fecha 1º de agosto de 2006; categoría de agente comercial “Life Planner” (tareas de promoción, información y asistencia en plaza de los seguros de vida ofrecidos por la demandada); remuneración fija de $ 4.500 durante 24 meses (integrada por variables compensables entre sí durante el período TAP; ver informe del perito contador a fs. 349 y fs. 29, reconocida a fs. 199); que con fecha 14 de febrero de 2007 remitió el TCL Nº 69189702, intimando al pago de la suma de $ 4.500 correspondiente a los haberes del mes de enero 2007, el cese de los supuestos hostigamientos por parte del Sr. Galizia y de toda actitud persecutoria en su contra (ver, TCL Nº 69278699 transcripto a fs. 8 y fs. 121); y que, con fecha 6 de marzo de 2007 se consideró injuriado y despedido (TCL Nº 69278699, ver fs. 9 vta/10 y fs. 123), ante el responde de la demandada negando la procedencia de cualquier contraprestación salarial y cuanto más de alguna conducta reñida con la buena fe por parte de la empresa.

Ahora bien, el actor adujo que aun cuando había suscripto los pedidos de licencia “sin goce de sueldo” durante los meses de enero y febrero (ver, fs. 69 y 70), lo cierto es que ello habría atendido a una actitud caprichosa del empleador frente a sus reiterados pedidos de días libres y permisos para acompañar a su esposa enferma, siendo que, en los hechos, habría continuado prestando los servicios que detalla a fs. 6 (entrega de póliza Nº 000049383 al Sr. Gabrielli el 10 de enero de 2007; entrega de póliza al Sr. Héctor Javier Feuerman; recibo de la póliza vendida a la Sra. Sander, aclarando que no entregó la póliza porque la adquirente se encontraba de vacaciones; modificación y entrega de la póliza al Sr. Reyna) y por los que había exigido el pago de la contraprestación salarial mensual omitida.

En este sentido, si bien el perito contador informó que efectivameante las pólizas de la Sra. Sander, Sr. Feuerman y del Sr. Gabrielli se habían emitido el 15/01/2007 (ver, fs. 353), 23/01/2007 (ver, fs. 355), y el 5/1/2007, respectivamente, en tanto respecto del Sr. Reyna aclaró que el actor había sido designado su Life Planner a partir del 14 de diciembre de 2006, en mi opinión y en lo que aquí interesa, aún cuando la prueba testimonial (en particular, la declaración de Gabrielli a fs. 266/267) permite afirmar que el actor efectivamente hizo entrega de las pólizas reseñadas a sus clientes, de ello no se desprende -ni existe prueba alguna al respecto- que permita formar convicción en orden a que la demandada lo instó al cumplimiento de esas actividades durante la licencia que le había concedido.

Es dable destacar que el contrato de trabajo da origen a un entramado de obligaciones que provienen de distintas fuentes jurídicas, clasificadas, tradicionalmente, en deberes de prestación y de conducta. Ello así, y en lo que atañe a los deberes de prestación -únicos que se suspenden durante cualquier período de licencia-, los sujetos de la relación laboral están constreñidos a un determinado comportamiento, sea para dar o para hacer algo. Empero, reitero, las constancias de lo actuado no dan cuenta de que la entrega de las mentadas pólizas de seguro (tres en total) haya derivado del ejercicio de las facultades jerárquicas del empleador, y por lo tanto, que éste hubiera constreñido al trabajador al cumplimiento de un deber prestacional al que no estaba sujeto, en virtud de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo durante el mes de enero de 2007.

Desde tal perspectiva, en la medida que la actividad desplegada por el trabajador sólo puede atribuirse a una decisión unilateral de su parte dentro del marco de los deberes de conducta vigentes aún durante el período de licencia (dicho sea de paso, ni siquiera surge de autos que la accionada hubiese estado en conocimiento de ello), y que tampoco se ha acreditado alguna conducta de hostigamiento tal como fue denunciado en el intercambio postal, no cabe más que confirmar el fallo apelado en cuanto reputó injustificado el cese dispuesto por el trabajador, con las consecuencias que de ello se derivan en materia indemnizatoria. Así lo voto.

III.- En otro orden, el actor objeta que no se haya hecho lugar al pago de comisiones y, claramente, sin razón.

Digo esto, habida cuenta de que las mentadas comisiones y/o cualquier diferencia salarial por tal concepto no fue articulado en el escrito inicial, y por ende, no integraron las cuestiones que fueron materia de decisión en la etapa anterior (arts. 271 y 277 del C.P.C.C.N. y art. 155 de la L.O.).

IV.- Respecto al pago de la liquidación final y contrariamente a lo arguido en el planteo revisor, lo cierto es que el perito contador informó a fs. 349 que la demandada abonó la suma de $ 2.443,00, omnicompresiva de los siguientes conceptos: a) comisión mínima garnatizada: $ 240; b) asignación temporaria: $ 1.110; c) SAC prop. 112,50; d) vacaciones no tomadas el año anterior: $ 1.080; e) SAC vacaciones no tomadas: $ 90,00; total bruto: $ 2.633,14 menos deducciones.

Asimismo, advierto que dicha suma ($ 2.443) se condice con la expresada en el cheque Serie “A” Nº 71528167, emitido por la demandada a favor del Sr. Masse el 13 de marzo de 2007 (ver, copia a fs. 72), de cuya autenticidad da cuenta el informe evacuado por el Citibank NA Bank a fs. 178.

En este contexto, tengo por acreditado el pago del SAC proporcional reclamado, no así de las vacaciones proporcionales. Digo ésto, habida cuenta de que la suma de $ 1.080 se corresponde con las vacaciones correspondientes al año 2006, habiéndose omitido el pago de las vacaciones proporcionales 2007.

Por lo expuesto, sugiero diferir a condena la suma de $ 493,64 ($ 4.500/25x14x66/365 + SAC). Así lo voto.

V.- Por último, coincido con el demandante en que el formulario PS62 de la ANSES que la demandada acompañó con la contestación de demanda (ver, 73), sólo implicó el cumplimiento parcial de la obligación que le impone el art. 80 de la L.C.T. y que, en definitiva, prescribe claramente que al momento de extinguirse la relación laboral es obligación del empleador entregar dos certificados (el destacado es mío). Uno, conteniendo constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social (apartado segundo) y otro –precisamente el que se ha omitido- en el que consten: la indicación del tiempo de prestación de los servicios (fecha de ingreso y egreso); la naturaleza de los servicios (tareas, cargos, categoría profesional, etc.); la constancia de los sueldos percibidos; la constancia de haber efectuado aportes y contribuciones con destino a los organismos de la seguridad social y la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación.

Desde tal perspectiva, corresponde dejar sin efecto lo resuelto a fs, 530, 3º párrafo, y en su mérito, condenar a la demandada a hacer entrega del certificado de trabajo en los términos expuestos precedentemente, bajo apercibimiento de imponer astreintes que, de resultar procedente, determinará la Sra. Juez “a quo” en su oportunidad.

VI.- Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, asiste razón a la demandada en cuanto objeta el progreso de la indemnización prevista en el art. 80, 3º párrafo de la L.C.T.

En efecto, si bien el actor intimó a la entrega de los certificados previstos en la norma, ello lo hizo antes del plazo a que alude el artículo 3 del Decreto 146/01, por lo que el emplazamiento resultó extemporáneo, por prematuro (ver, C.D. Nº 848597615, a fs. 123).

Desde tal perspectiva y en mi opinión, corresponde revocar lo decidido y dejar sin efecto la condena a pagar la suma de $ 13.500 ($ 4.500 x 3), en los términos del art. 80, 3º párrafo de la LCT –t.o. ley 25.345, y decreto 146/01-.

Sólo a mayor abundamiento, cabe destacar que reiteradamente me he pronunciado a favor de la razonabilidad de la norma reglamentaria; a la sazón, no cuestionada en el particular supuesto.

Al respecto, sostuve que en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución, para averiguar si guardan o no conformidad con ésta y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición a ellas, constituye uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos. Es misión del Poder Judicial, sostener la observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo de decidir las causas de cualquiera de los otros poderes que estén en oposición con ella (Fallos: 1:548; 12:155; 18:172; 32:128; 33:194).

De ello se desprende que, la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal, es la más delicada de las funciones encomendadas a un tribunal de justicia, y sólo practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere. La gravedad de tales declaraciones judiciales de inconstitucionalidad lleva a sostener que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera. Pero para que ello tenga lugar, es necesario que, conforme lo sostiene nuestro más Alto Tribunal, el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma demuestre claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales (C.S.J.N., 15.4.93 Moño Azul S.A., J.A. 1995-III, pág. 310, síntesis). Por ello, no basta cuestionar la constitucionalidad de normas legales, sin detenerse a demostrar claramente el perjuicio que su aplicación le irroga.

En el presente caso, no considero que lo que el artículo 3 del decreto 146/01 constituya un exceso reglamentario tal como sostiene la parte actora. Lo que allí se efectúa, en mi criterio, es una prudente aclaración de lo que el artículo 80 de la L.C.T. –con la sanción de la ley 25.435-, establece. En efecto, a través del mismo, se dispone que el trabajador queda habilitado para hacer el requerimiento cuando el empleador no hubiera hecho entrega de los certificados dentro de los treinta días (plazo que entiendo razonable) de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo. Simplemente, la actividad que se requería del trabajador era la emisión de un despacho telegráfico a los treinta días de finalizado el vínculo laborativo. No advierto conculcamiento de derecho constitucional alguno en esta disposición reglamentaria, máxime que la norma no pone límite temporal al momento hasta el cual puede el trabajador intimar la entrega, por lo que debe entenderse que tiene todo el plazo de la prescripción.

En otras palabras, nada le impedía al actor reiterar el reclamo de los certificados y, su omisión, por ende, sella la suerte favorable de la queja.

En este sentido, nuestro más Alto Tribunal ha sostenido que “no vulneran el principio contenido en el artículo 99, inciso 2º de la Constitución Nacional, los reglamentos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes, cuando la norma de grado inferior mantenga inalterables los fines y el sentido con que la ley haya sido sancionada”, “así como que la conformidad que debe guardar un decreto, respecto de la ley, no consiste en una coincidencia textual entre ambas normas, sino de espíritu” (Fallos 318:1707; 322:775).

VII.- En concreto, a partir de las consideraciones vertidas en los apartados IV.- y VI.- , sugiero diferir a condena la suma de $ 493,64, con más los accesorios dispuestos en la instancia anterior, que llegan firmes a esta Alzada.

VIII.- A influjo de las solución propiciada y conforme a las directivas contenidas en el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde emitir un nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios.

Mi propuesta implica imponer las costas de primera instancia a la parte actora vencida en lo sustancial (art. 68 del C.P.C.C.N.) y fijar los honorarios de su representante legal, del letrado apoderado de la demandada, los honorarios del perito contador y del perito informático, en las sumas fijas y a valores actuales de $ 5.000, $ 7.200, $ 2.700 y $ 1.600, respectivamente (cf. art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19, 37, 39 y cconc. de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57).

IX.- En cuanto a las costas de Alzada, propongo que se impongan en un 90 % a la parte actora y el 10 % restante a la demandada, en atención al resultado obtenido en esta instancia, y fijar los honorarios de los letrados intervinientes en el 25 % de lo que les corresponde por las tareas realizadas en la anterior instancia (cf. art. 14 ley 21.839).


EL DR. LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.-


Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

  1. Confirmar la sentencia de grado en cuanto rechazó la demanda en lo principal, y fijar el capital nominal en la suma de $ 493,64 (PESOS CUATROSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS), con más los intereses allí establecidos;

  2. Condenar a la demandada a hacer entrega del certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la L.C.T.;

  3. Imponer las costas de primera instancia a la parte actora y regular los honorarios de su representante legal, del letrado apoderado de la demandada, y los honorarios del perito contador y del perito informático, en las sumas fijas y a valores actuales de $ 5.000, $ 7.200, $ 2.700 y $ 1.600, respectivamente;

  4. Imponer las costas de Alzadas en un 90 % a la parte actora y el 10 % restante a la demandada;

  5. Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados para la anterior instancia.-

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.-

    1. D.S.



VICTOR A. PESINO LUIS A. CATARDO

JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA


    1. Ante mí:


      1. ALICIA E. MESERI

        1. SECRETARIA




7





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