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SENTENCIA NUMERO: DOS

En la ciudad de Córdoba, a veintiún días del mes de febrero del dos mil trece, siendo día y hora de audiencia a los fines de la lectura de sentencia, se constituye el Tribunal Unipersonal Número Dos de la Sala Tercera de Trabajo, a cargo del Dr. Federico Guillermo Provensale quien procede a dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados “FERREYRA, ROLANDO ERNESTO c/ PROVINCIA ART SA -ORDINARIO-ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS)-“ (Expte. nº 100763/37) de los que resulta: I. Que a fs. 1/11 comparece el Sr. Ferreryra, Rolando Ernesto, DNI N° 16.082.720, interponiendo formal demanda en contra de " PROVINCIA ART SA", con domicilio en calle Maipú n° 402, de esta ciudad, persiguiendo el pago de la suma de pesos VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UNO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($29.061,32), en concepto de indemnización por incapacidad, con más los intereses y costas. Manifiesta que viene por el presente a demandar, recurrir o apelar en tiempo y forma el arbitrario dictamen emitido por la comisión médica n° 05 B expte. n° 05B-L-05310/07. Expresa que es empleado de DISCO SA donde se desempeña como carnicero. Que el día 30/08/2007 al alzar un cajón de carne siente exacerbación de un dolor en el hombro izquierdo. Que fue atendido por la aseguradora recibiendo tratamiento kinesiológico por 60 días luego le confirieron el alta con derivación a la obra social. Actualmente le siguen efectuando infiltraciones y continua con baja laboral. Dichos hechos y actos fueron dictaminados y no apelados por la ART por lo que han quedado firmes y sin controversia alguna. Impugna el dictamen emitido por la Comisión Médica Jurisdiccional n° 05B, en virtud de que la misma incurrió en un error de juzgamiento al omitir e infravalorar científicamente conforme al baremo 659/96 las patologías que padece y que no fueron valoradas por dicho cuerpo médico en dictamen que apela, y que de haber sido tenidas en cuenta aumentaría su porcentaje de incapacidad; por tal motivo dicho dictamen resulta vago, impreciso, contradictorio y totalmente infundado. El dictamen le ocasiona un agravio porque si bien considera que sufrió un accidente de trabajo con fecha 30/08/2007, no determina 1) porcentaje de incapacidad que padece; 2) no considera patologías sufridas; que según lo establecido por el Dr. Carlos Manuel Delera padece de tendinopatía de hombro izquierdo con limitación funcional; dichas afecciones mencionadas son entidades nosológicas que le ocasionan una incapacidad laboral de tipo parcial y permanente, y total sumándose los factores de ponderación del 28 % de la T. O. Asimismo expresa que no le han realizado el examen médico preocupacional, ni los exámenes médicos periódicos, los cuales son responsabilidad exclusiva de la ART y/o patronal por lo que no se le puede imputar afección alguna, anterior al accidente en su contra. Cita jurisprudencia. Asimismo, manifiesta que al comienzo de haber sucedido su accidente sufrió severa depresión que luego con el transcurso del tiempo se transformó en inestabilidad emocional; en ocasiones siente una profunda frustración, estados de ansiedad; en definitiva se encuentra en inferioridad de condiciones, con baja autoestima; por lo que solicita que se le determine una incapacidad de tipo permanente grado parcial, carácter definitivo en cuanto a la incapacidad psiquiátrica grado II del 10%. Planeta inconstitucionalidad del art. 26 decreto 717/96 y art. 14, párrafo 2 inc. 2 parte segunda de la ley 24.557; inaplicabilidad de los arts. 8, 9,14, 22, 46 y 49 de la ley 24.557 y del decreto 1278/00. Hace reserva del Caso Federal. II. Que designada audiencia de conciliación, la misma tiene lugar de conformidad al acta obrante a fs. 30, a la que comparecen el accionante, con su letrado patrocinante, y el apoderado de la demandada, oportunidad en que las partes no se avienen, ratificándose el actor de su demanda inicial en todas sus partes, solicitando se haga lugar a la misma con intereses y costas. La demandada responde a tenor del memorial obrante a fs. 27/29. Niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por el actor, con excepción de aquellos que sean motivos de expreso y especial reconocimiento en este responde. En particular niega, porque no le consta: que el actor sea empleado y desarrolle tareas como carnicero en la firma DISCO SA, que el día 30/08/2012 el actor como consecuencia de alzar un cajón de carne haya sentido una exacerbación de un dolor en el hombro izquierdo. Es falso que la comisión médica haya incurrido en un error de juzgamiento al omitir e infravalorar científicamente al baremo 659/96 las patologías que supuestamente padece el actor y que las supuestas patologías que dice padecer el mismo no hayan sido valoradas en el dictamen efectuado por la Comisión Médica referida; niega que el dictamen médico impugnado sea vago, impreciso, contradictorio ni mucho menos totalmente infundado. Niega que el dictamen le cause al actor un gravamen irreparable, médica y económicamente y que se vea conculcado de forma alguna el derecho patrimonial, laboral provisional y de defensa del actor, de no proceder el recurso. Es falso que el dictamen agravie al actor por no considerar porcentaje de incapacidad que dice padecer el actor producto de su accidente de trabajo. Niega que el actor padezca de tendinopatía de hombro izquierdo con limitación funcional; que dichas afecciones sean entidades nosológicas que ocasionan al actor una incapacidad laboral de tipo parcial y permanente del 28% de la t.o con factores de ponderación. Niega e impugna la autenticidad y el contenido del certificado médico suscripto por el Dr. Delera. Es falso que el al actor no se le haya realizado los exámenes los cuales son responsabilidad exclusiva de la ART y/o patronal. No es cierto que el actor padezca en la actualidad tantos imposibilidad como limitación para la realización del trabajo padeciendo intensos dolores, que el actor haya sufrido daño psicológico alguno o que haya sufrido una severa depresión y/o inestabilidad emocional, que se vea imposibilitado en manera alguna de realizar las tareas propias de su vida cotidiana. Niega que el ingreso base medio ascienda a la suma de $1400; niega e impugna el monto reclamado en concepto de indemnización. Asimismo expresa que las supuestas lesiones sufridas por el accioanante y reclamadas mediante la demanda la cual no guarda relación de causalidad alguna con el trabajo. A continuación manifiesta que el recurso no se encuentra debidamente fundado. El accionante no funda médicamente su disidencia, no da razones que importen la impugnación médica de los estudios realizados y del dictamen de la comisión médica. Contesta planteos de Inconstitucionalidad. Formula reservas. III. Abierta a prueba la causa, la actora ofrece a fs. 33/33 vta.: Documental, Pericial médica, Perito médico de control, Informativa, Pericial contable subsidiaria. A fs. 34/35 la demandada propone: Confesional, Testimonial, Documental, Reconocimiento, Pericial Médica, Informativa, Presunciones. IV. Que avocado el Tribunal al conocimiento de autos y designada audiencia de vista de la causa, la misma se recepciona de conformidad a las actas de fs. 121. Que ha fs. 122 en uso de la facultad procesal prevista por el art. 60 de la ley 7987 se dicta como medida para mejor proveer, librar oficio ala Comisión Médica n° 05 A, a fin de que sirva remitir copias autenticadas completas de las actuaciones labradas bajo el expte. n° 05B-L-05310/07, el cual es reservado en secretaria conforme constancias de autos, fs. 126. Que a fs. 127 se fija audiencia al los fines de recepetar los alegatos de las partes, lo cual es cumplimentado a fs. 130 /138 vta. quedando en consecuencia los autos en estado de ser resueltos. Del análisis del caso y a los fines de su resolución, corresponde el planteo de dos cuestiones a dilucidar: Del análisis del caso y a los fines de su resolución, corresponde el planteo de dos cuestiones a dilucidar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿ES PROCEDENTE EL RECLAMO FORMULADO POR LA PARTE ACTORA?. SEGUNDA CUESTIÓN: ¿QUÉ RESOLUCIÓN CORRESPONDE DICTAR?. A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. VOCAL FEDERICO GUILLERMO PROVENSALE, dijo: I) TRABA DE LA LITIS. En primer lugar, corresponde determinar a partir de lo manifestado por las partes en sus respectivos escritos de demanda y de contestación, cuáles son los hechos controvertidos, ello a tenor de lo dispuesto por el art. 192 del C. de P. C. y C., de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto por el art. 114 de la ley 7987, a los fines de establecer los términos en que se trabó la litis en estos autos y en consecuencia lo que debió ser objeto de actividad probatoria por las partes. 1. Hechos no controvertidos. a) No está controvertido que “Provincia A.R.T. S.A.” sea la aseguradora de riesgos del trabajo contratada por la firma “Disco S.A.”. b) Tampoco se ha controvertido la existencia de las actuaciones labradas bajo el Expte. N° 05B-L-05310/07 en las que la Comisión Médica N° 5 B de esta ciudad emitió dictamen con fecha 08/02/08 en relación al siniestro laboral que el actor dice haber sufrido el día 30/08/07.. 2. Hechos controvertidos. A juicio del suscripto, se pueden señalar los siguientes puntos de debate con relevancia jurídica a los fines de la resolución de la presente contienda, en cuanto la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada ha negado: a) Que el Sr. Ferreyra sea empleado y desarrolle tareas como carnicero en la firma “Disco S.A.”. b) Que con fecha 30/08/07, al alzar un cajón de carne, haya sentido una exacerbación de un dolor en el hombro izquierdo. c) También se ha controvertido que el actor padezca de tendinopatía de hombro izquierdo con limitación funcional, que se encuentre afectado en el plano psicológico, y que ello le ocasione una disminución de su capacidad laboral del orden del veintiocho por ciento (28 %) de la Total Obrera, incluyendo factores de ponderación; por lo que impugna el certificado médico suscripto por el Dr. Carlos M. Delera acompañado al escrito de demanda. c) La accionada ha negado que el pronunciamiento de la Comisión Médica sea impreciso, infundado y contradictorio y cause al accionante un gravamen irreparable. d) Por último, la representación legal de “Provincia A.R.T.” niega que el ingreso base del actor sea de mil cuatrocientos pesos ($ 1.400). II) LAS PRUEBAS DIRIMENTES RENDIDAS EN AUTOS.- 1. Reconocimiento de documental. A fs. 40 se certifica que en razón de la incomparecencia de las partes no tuvo lugar la audiencia fijada a través del decreto de fecha 26/05/09 para el día 02/07/09 a los fines del reconocimiento por parte del actor de la documental ofrecida por la Aseguradora en los puntos b) (informe de audiencia de de fecha 03/12/07), c) (servicio de terapia física y rehabilitación, y planilla de firma del paciente) y d) (constancia de alta médica) del apartado III.- según escrito de fs. 34/35. 2. Prueba pericial médica. A fs. 72/75 luce informe pericial médico oficial elaborado por el Sr. Perito Médico designado a tal efecto en autos, el Dr. Francisco Antonio Fornés, quien a tenor de lo considerado en los capítulos expositivo, clínico y de evaluación, en el conclusivo señala: “Evaluando los antecedentes médicos incluidos en la documental correspondiente al expediente de los presentes autos, de la anamnesis y examen físico del actor, dictamino que el señor Rolando Ernesto Ferreyra tiene en la actualidad las siguientes enfermedades: TENDINOPATÍA DE HOMBRO IZQUIERDO OPERADO CON LIMITACIÓN FUNCIONAL, CALIFICÁNDOLA COMO ACCIDENTE DE TRABAJO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2007, LO QUE LE PRODUCE UNA INCAPACIDAD PARCIAL, PERMANENTE Y DEFINITIVA DEL 15,84% (QUINCE CON OCHENTA Y CUATRO POR CIENTO) DE LA TOTAL OBRERA(fs. 75)(la mayúscula y negrita pertenecen al texto original). A fs. 98 obra escrito de impugnación de dictamen presentado por la parte demandada, la que a su vez solicitó ampliación de aquél. A fs. 102/103 el Sr. Perito Oficial Dr. Fornés cumplimenta con la ampliación requerida. A fs. 99/100 luce informe médico en disidencia elaborado por la perito de control designada por “Provincia A.R.T.”, Dra. Ilda Maris Gonella. 3. Absolución de posiciones y testimoniales. La parte demandada renunció a la confesional y testimoniales ofrecidas, según consta en acta obrante a fs. 121. 4. Medida para mejor proveer. Conforme surge de fs. 122, mediante decreto de fecha 10/08/12 y en uso de la facultad establecida por el art. 60 de la ley ritual, este Tribunal dispuso el libramiento de un oficio a la Comisión Médica N° 5 B de esta ciudad a fin de que se sirviera remitir copias autenticadas completas de las actuaciones labradas bajo el Expte. N° 05B-L-05310/07, fecho lo cual fue reservado en Secretaría, dándose noticia a las partes (decreto de fecha 17/10/12, fs. 126). III) VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN ORDEN A LOS HECHOS CONTROVERTIDOS. Conforme surge de autos (apartado I) punto 2), siendo varias las cuestiones en litigio, corresponde su tratamiento por separado (art. 331 del C. de P. C. y C.) a la luz de las pruebas rendidas en estas actuaciones. a) Existencia de relación laboral y tareas. Como se ha visto en el punto I) 2. de esta cuestión, la Aseguradora accionada niega que el Sr. Ferreyra sea empleado y desarrolle tareas como carnicero en la firma “Disco S.A.”. Conforme se ve infra, la demandada prestó atención médica al Sr. Ferreyra en razón del siniestro laboral que sufriera prestando servicios para la firma “Disco S.A.”, de la cual no se ha negado que “Provincia A.R.T. S.A.” haya sido la Aseguradora al momento de producirse el hecho (v. punto I) 1. a) de esta primera cuestión). b) El accidente de trabajo. De las constancias del Expte. N° 05B-L-05310/07 se extrae que, entre los antecedentes del reclamo administrativo a fs. 15 luce “Declaración jurada de accidente de trabajo”, con membrete de la firma “Disco S.A.” y firmas del Sr. Mauro Zitta en carácter de “Encargado operativo Planta de carnes” y del actor, en la que se consigna como fecha del accidente el 30/08/07 a las 18,05 horas. Se indica en el formulario que abandonó su trabajo al día siguiente, es decir, el día 31 a las 16,00 horas (cumplía según lo allí señalado un horario de 14,00 a 22,00 horas). En la descripción del siniestro se dice “Estaba alzando un cajón con matambre cuando le dio un tirón en el hombro izquierdo” . A fs. 17 de dicho expediente administrativo luce un “Informe de atención médica inicial de A.R.T.” con membrete del Hospital Italiano, suscripto por la Dra. María Inés Coronda, en el que se califica el siniestro como accidente de trabajo y se señala como fecha de la primera curación el 31 de agosto de 2007 a las 17,34 horas. A fs. 18, 19 y 20 obran constancias de la historia clínica del actor en el Hospital Italiano, en las que se da cuenta de la aplicación de sesiones de fisioterapia y controles médicos, todo ello suscripto oportunamente por los Dres. Verónica Vega, Rodolfo y María Inés Coronda, hasta el 26/10/07 en que con firma del segundo de los facultativos nombrados se da por finalizado el tratamiento, se dispone el alta y se deriva a la obra social. A fs. 31 luce “constancia de alta médica” con fecha de reinicio laboral el 27/10/07, indicándose en “observaciones” que se deriva a obra social. De tales constancias del expediente tramitado ante la Comisión Médica local se puede concluir afirmando que la empresa “Disco S.A.”, en cumplimiento de la obligación prevista por el inc. c) del segundo apartado del art. 31 de la ley 24.557 y 1° del decreto 717/96, denunció de manera inmediata el siniestro laboral a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada; la que prestó atención médica a través del Hospital Italiano desde la fecha del siniestro durante casi dos meses, excediendo de ese modo el plazo establecido por el art. 6 del decreto 717/96; conducta de la que debe inferirse que aceptó la pretensión del accionante, resultando por lo tanto extemporánea y contraria a derecho su derivación a la obra social. En consecuencia, tengo por acreditado que con fecha 30 de agosto de 2007 el Sr. Rolando Ernesto Ferreyra sufrió el accidente de trabajo (art. 6 de la L.R.T.) que narra en su escrito de demanda. c) Afecciones, relación causal y grado de incapacidad laboral, y c) El dictamen de la Comisión Médica. La demandada también ha negado que el actor padezca de tendinopatía de hombro izquierdo con limitación funcional, que se encuentre afectado en el plano psicológico, y que ello le ocasione una disminución de su capacidad laboral del veintiocho por ciento (28 %) de la Total Obrera, incluyendo factores de ponderación; por lo que impugna el certificado médico suscripto por el Dr. Carlos M. Delera acompañado al escrito de demanda. En el dictamen emitido por el Sr. Perito Oficial Dr. Francisco A. Fornés, como se ha indicado ut supra se diagnostica la existencia de una tendinopatía de hombro izquierdo operado con limitación funcional, la que se califica como accidente de trabajo de fecha 30 de agosto de 2007, con una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 15,84 % (quince con ochenta y cuatro por ciento) de la total obrera. En el capítulo expositivo el Sr. Perito Oficial señala que “Como antecedentes patológicos personales y de la enfermedad actual, el actor relata que ha tenido las enfermedades infectocontagiosas propias de la infancia sin complicaciones, no ha tenido traumatismos severos ni fracturas. ...” (fs. 72). Más adelante, al desarrollar el capítulo clínico, haciendo referencia específica al examen físico dice: “... Al examen de hombro izquierdo se observa hipotrofia del deltoides, hay una cicatriz de 6 centímetros de longitud correspondiente a la incisión quirúrgica, siendo de características normales. Hay dolor a la palpación del hombro en la zona correspondiente a la inserción del manguito rotador. Los puntos dolorosos al supraespinoso, deltoides y bicipital son positivos. Los movimientos pasivos están limitados...” . En lo que hace a los movimientos activos medidos a través de goniómetro, el Dr. Fornés indica que en el caso de la abdo elevación corresponde asignar noventa grados (4 %), como también en el de elevación anterior (4 %); en el de aducción cuarenta (0 %), al igual que en el de la elevación posterior (0 %). Por último, al movimiento de rotación interna atribuye treinta grados (1 %), y al de rotación externa sesenta (3 %), todo lo cual totaliza una discapacidad del doce por ciento (12 %) (fs. 73). Del estudio ecográfico practicado el 30/09/10 en el Instituto Ferrer, el Sr. Perito Oficial observa que el manguito rotador “… muestra continuidad conservada. Se observan cambios de ecorrefringencia en la zona de inserción y la superficie ósea muestra discretas alteraciones con fijación quirúrgica mediante apones (sic) (plástica ligamentaria). …” (fs. 73/74). Por otra parte, en el capítulo de evaluación el Sr. Perito Oficial sostiene: “... El actor presenta en la actualidad una enfermedad de su hombro izquierdo por lesión postraumática del manguito rotador. La enfermedad de su hombro izquierdo es consecuencia de la lesión y ruptura del tendón supraespinoso del denominado manguito rotador del hombro, los cuales son los encargados de efectuar los movimientos normales del hombro, lo que le produce incapacidad funcional. Esta enfermedad se inició el día del accidente de trabajo de fecha 30 de agosto de 2008 donde se lesiona el hombro izquierdo. La lesión inicial fue un desgarro de los tendones del manguito rotador donde luego de los estudios correspondientes, se le efectuó una intervención quirúrgica con una reinserción de los tendones mediante un anclaje quirúrgico. ... La evolución posterior mediante el tratamiento kinesiofisioterapéutico no fue satisfactoria quedando el actor con una incapacidad funcional del hombro izquierdo”. Determinado el grado de incapacidad laboral resultante (12 %) conforme lo previsto por el baremo establecido en el decreto 659/96, el Sr. Perito Oficial atribuye un veinte por ciento (20 %) al factor de ponderación de actividad (dificultad alta), un diez por ciento (10 %) por ameritar recalificación y un dos por ciento (2 %) por el factor edad (más de 31 años). Multiplicada la sumatoria de estos últimos porcentajes (32 %) por el doce por ciento (12 %) de incapacidad arroja a criterio del Dr. Fornés un quince coma ochenta y cuatro por ciento (15,84 %) en concepto de incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva. A fs. 98 obra escrito de impugnación del informe pericial, presentado por la parte accionada, la que además solicita ampliación requiriendo al Dr. Fornés que informe si la intervención quirúrgica que por cuenta de su obra social habría efectuado al actor el Dr. Pasaglia en la Clínica “Sanagec” cuenta con respaldo documental, en cuyo caso pide que tal documentación fuera agregada; y en segundo lugar, para que aclare si al considerar la ausencia de dolencias pre-existentes ha valorado lo declarado por el Sr. Ferreyra, quien sostuvo ante la Comisión Médica local que al momento del hecho habría sentido “… exacerbación de un dolor en el hombro izquierdo el cual presentaba desde tiempo atrás”, según surge del acápite “Descripción del Siniestro/Enfermedad” del dictamen administrativo (fs. 9). En su escrito de ampliación del informe pericial, el Dr. Fornés respondió a la primera cuestión que “… En el expediente no hay historia clínica del Sanatorio SANAGEC ni el actor aportó documental referida a dicha operación”. En relación al restante requerimiento, el Sr. Perito Oficial sostiene que “Según los dichos del actor, se le efectuó el examen médico de preingreso, pero no se aportaron a los fines de esta pericia los exámenes médicos de preingreso ni periódicos, por lo tanto no están dadas las condiciones para la calificación de preexistencia. Tampoco se determinó en la anamnesis, examen físico y estudios complementarios, anomalías congénitas ni clínicas en el aparato locomotor del actor que puedan determinar y/o agravar las dolencias invocadas. Se tuvo en cuenta que el actor relata en su demanda (fs. 2) “que el día 30-08-07 al alzar un cajón de carne, siento exacerbación de un dolor en el hombro izquierdo”, lo cual también está reflejado en la descripción del Siniestro en el Dictamen de la Comisión Médica (fs. 9), pero esto no es una enfermedad pre-existente, sólo es un antecedente de que le dolía el hombro sin haber diagnóstico de la causa del mismo, que podría haber sido otra patología…” (fs. 103). A juicio del suscripto, dicho dictamen reúne suficiente valor convictivo por encontrarse debidamente fundado desde el punto de vista médico, y por ello debe prevalecer respecto del dictamen que con fecha 08/02/08 emitió la Comisión Médica N° 5 B de esta ciudad en el mencionado Expte. N° 05B-L-05310/07; el que aparece contradictorio e infundado en tanto señala que en oportunidad del examen físico de fecha 03/12/07 se constató “dolor a la palpación de la corredera bicipital, y con la movilización,…” a la vez que “… sin limitación funcional”. Al momento en que se le practicó el examen médico por ante el organismo administrativo, el actor manifestó que se le estaban efectuando inflitraciones y que continuaba con baja laboral (fs. 36 de dicho expediente). Los estudios médicos en que se basa el dictamen de la Comisión no dan cuenta de una intervención quirúrgica, la que por lo tanto le fue practicada con posterioridad, según surge de la ecografía a la que refiere el Dr. Francisco A. Fornés en su informe pericial. Por lo tanto, el pronunciamiento que emitió la Comisión Médica, en el que se establece la inexistencia de limitación funcional y por ende de incapacidad laboral, no condice con el dolor constatado por la propia junta médica en su hombro izquierdo al efectuarse el examen físico y la operación ulterior a la que debió someterse el Sr. Ferreyra. Debe ser desechado asimismo el informe en disidencia presentado por la perito de control Dra. Ilda M. Gonella, quien se limita a hacer un juicio comparativo entre el dictamen de la Comisión Médica y el informe pericial emitido por el Dr. Francisco A. Fornés, siendo que este último señala que “Al acto pericial no concurrieron los peritos médicos de control designados” (fs. 72). La inasistencia de la perito de control a dicho acto y las consideraciones que formula en su presentación sin haber tenido contacto alguno con el accionante ni con los estudios médicos que le fueran practicados restan a su informe todo valor científico. Por último, la ausencia de apoyo técnico en un informe en disidencia eficaz hace a la vez infundada la impugnación efectuada por la parte demandada al informe pericial oficial. Dice la jurisprudencia:“Para oponerse al criterio de un experto en una materia específica -médica- no bastan los dichos de legos, toda vez, que como es harto notorio, sus conceptos y/o apreciaciones no poseen andamiaje científico alguno” (CCCom. de Lomas de Zamora, sala II, 26/08/04, en autos “Cáceres Sanabria, Josefa c/ Lomardi, Eduardo”). A mayor abundamiento, la parte demandada señala en su alegato que el hallazgo de arpones sobre la cabeza del húmero evidenciaría la presencia de una lesión anterior, lo que desde el punto de vista médico es erróneo en tanto el Dr. Fornés indicó que los arpones allí encontrados respondían a la plástica ligamentaria, esto es, a la operación que se practicó al Sr. Ferreyra en razón de su accidente; y desde el punto de vista jurídico resulta irrelevante en tanto la accionada no acreditó a través del examen médico de ingreso la supuesta preexistencia de la afección, conforme la eximente de responsabilidad prevista por el inc. b) del apartado tercero del art. 6 de la ley 24.557. d) El ingreso base mensual del actor. Por último, la representación legal de “Provincia A.R.T.” niega que el ingreso base del actor sea de mil cuatrocientos pesos ($ 1.400). La parte accionante tenía a su cargo el “onus probandi” de su afirmación. Sin embargo, ninguna documentación acompañó ni produjo prueba alguna en orden a acreditar su tesis en este punto. IV) PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEMANDADA. 1. Planteos de inconstitucionalidad de los arts. 8, 9, 22, 46 y 49 de la L.R.T., art. 26 del decreto 717/96 y decreto 1278/00. La parte actora solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas citadas, al sostener la incompetencia de la Justicia Federal para entender en el presente reclamo; en tanto la parte accionada manifiesta que en lo que refiere al art. 46 de la ley 24.557 la cuestión deviene abstracta en tanto no ha cuestionado la competencia de los Tribunales del Trabajo provinciales al contestar la demanda; y que en relación al art. 26 del decreto 717/96, si el actor dejó transcurrir los diez días establecidos para recurrir el dictamen administrativo, no hay vulneración de derecho constitucional alguno. Al respecto, comparto el análisis formulado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en distintos pronunciamientos (v. gr. “Oviedo, Enrique Adelmo c/ H. I. H. Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y/o QBE ART S.A. - Incap. - Recs. de Casación e Inconstitucionalidad”, Sentencia Nº doscientos cinco del 24/10/07 en cuanto allí se dice que encontrándonos en un “… proceso de transición generado por la declaración de inconstitucionalidad de numerosas normas del régimen, justifica que no se priorice, en el particular, la cuestión formal de la temporaneidad de la apelación por sobre el derecho sustancial del trabajador”. A lo dicho debe agregarse en razón de su trascendencia lo dicho recientemente por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en sentencia de fecha 17 de abril del cte. año, dictada en los autos “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Obregón, Francisco Víctor c/ Liberty A.R.T.”, en los que se había acogido la defensa de falta de acción interpuesta por la demandada: “... 3°) Que la solución del litigio en los términos indicados importó, asimismo, una inequívoca desatención de la doctrina constitucional afirmada por esta Corte en “Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.” (Fallos: 327:3610-2004). En efecto, si bien ese precedente no se pronunció sobre la validez intrínseca del varias veces mentado trámite, fue del todo explícito en cuanto a que la habilitación de los estrados provinciales a que su aplicación dé lugar no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante “organismos de orden federal”, como son las comisiones médicas previstas en los arts. 21 y 22 de la LRT (Castillo, cit., pág. 3620 y su cita)”. En cuanto a la solicitud de declaración de inconstitucionalidad formulada por la parte actora respecto de las normas legales y reglamentarias mencionadas supra, a la falta de cuestionamiento de la competencia de los Tribunales del Trabajo de la Provincia de parte de la Aseguradora accionada debe añadirse a mayor abundamiento que el acto solicitado constituye -conforme lo ha dicho en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación- “... por importar un acto de suma gravedad institucional, una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, la “ultima ratio” del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía” (C.S.J.N., in re “Cocchia Jorge D. c/ Estado Nacional y otro” 2/12/93 citado en “La Constitución, su Jurisprudencia y los tratados concordados” de Amanda B. Caubet y Javier Fernández Madrid, pág. 209, y Fallos, 328:1416, 327:831, 316:779, 315:923, 314:923, 314:407 y 312:2315, entre muchos otros), entiendo que no resulta necesaria tal declaración. 2. Planteo de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio fijado por el art. 14 apartado 2. inc. a) de la L.R.T. La parte actora solicita asimismo en su escrito de demanda la declaración de inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 14 apartado 2. inciso a) de la ley 24.557, el que dispone que la suma resultante de la fórmula: 53 x Ingreso Base Mensual x Grado de Incapacidad x el Coeficiente que surge de dividir 65 por la edad al momento del accidente o de la primera manifestación invalidante “... en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar pesos ciento ochenta mil ($ 180.000) por el porcentaje de incapacidad”. Funda su pedido en considerar dicho tope como confiscatorio por cuanto por porcentaje de la reducción supera -dice- el treinta y tres por ciento. Si bien he sostenido la inconstitucionalidad del referido tope conforme criterio expuesto en la sentencia N° treinta del día 18/08/11 en autos “Cuadrado, Hugo Antonio c/ Asociart A.R.T.-Ordinario- Enfermedad accidente- Ley de Riesgos” (Expte. N° 101726/37), la postura restrictiva que emana de la doctrina de la Excma. C.S.J.N. indicada en el punto anterior implica que el acto requerido sólo puede tener lugar ante el caso concreto que presenten las partes; estando por lo tanto la parte peticionaria de tal declaración a cargo no sólo de su alegación sino también de su prueba. Quien promueve tal pedido no ejerce otra cosa que una acción y ésta como tal está sometida a las cargas de afirmación y de prueba de cualquier acción principal o incidental. Así las cosas las razones que hacen a la oportunidad, mérito y conveniencia del sistema legal atacado no pueden ser sometidas al control judicial de constitucionalidad, quedando éste sólo reservado para la aplicación en casos concretos. En particular y a los fines del tratamiento del planteo, la parte actora no ha presentado recibos de haberes (v. lo dicho en punto III) d), sin que exista algún otro elemento probatorio que permita extraer los datos necesarios a los fines del cálculo ordenado por el art. 12 de la ley 24.557 a fin de la obtención del Ingreso Base Mensual. Ello a su vez impide formalizar el cómputo de la fórmula tarifada establecida por el inciso a) del segundo apartado del art. 14 de la ley 24.557 (53 I.B.M. x grado de incapacidad x coeficiente de edad) y visualizar en concreto la incidencia del tope de ciento ochenta mil pesos ($ 180.000) previsto en dicho art. 14. No procede a juicio del suscripto -siendo ésta la única oportunidad procesal pertinente a tal fin- expedirse en abstracto sobre tal cuestión. A mayor abundamiento, el ingreso base mensual denunciado por el propio actor ($ 1.400) es inferior a la suma dineraria proporcional mínima ($ 1.800) que debe multiplicarse por el porcentaje de incapacidad. Por todo ello, tal pedido de declaración de inconstitucionalidad debe ser también objeto de rechazo. 3. Planteo de inconstitucionalidad del art. 16 del decreto 1694/09. En oportunidad de su alegato, la parte accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad de lo establecido por la norma citada, la que dispone que las normas del decreto “… entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias establecidas en la Ley 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha”. Tal publicación tuvo lugar el 05/11/09. A juicio de la peticionante, la disposición citada “… quebranta el derecho de propiedad del trabajador como el caso de autos que tenía su reclamo pendiente de resolución, teniendo en cuenta que la pericial médica (momento en el cual se considera configurado el daño) es de fecha 23-11-11 o sea en plena vigencia del respectivo decreto y produciendo un menoscabo patrimonial al actor al tener que percibir un monto sustancialmente diferente al que le corresponde conforme la eliminación de topes máximos y fijación de topes mínimos; produciéndose un grave quebrantamiento de la indemnización que le corresponde percibir por la diferencia de incapacidad al actor” (fs. 131). Tal planteo de inconstitucionalidad debe ser desestimado en tanto ha sido formulado de manera extemporánea, en tanto no fue formulado en la primera oportunidad procesal después de la entrada en vigencia del mismo. Así fue resuelto -dice la Sra. Vocal de esta Sala Dra. Graciela M. Galoppo en sentencia N° 52 dictada el 26/09/12 en autos “Altamirano, Luciano c/ Provincia A.R.T. S.A.- Ordinario - Accidente in itinere” (Expte. N° 16821/37)”, en criterio que comparto- por la Sala Penal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, afirmando “Sabido es que reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido que la procedencia del reclamo constitucional exige que el mismo haya sido introducido tempestivamente, esto es, en la primera oportunidad en que la cuestión se suscitó o podía preverse que se suscitaría” (TSJ, en pleno, “E.F.V.E.E.S.R.L. c/ Ochipinti”, Boletín Judicial Cba, 1959, III.P. 497, “Crespín”, A. Nº 135, 30/12/88, “Fernández”, A. Nº 77, 11/10/89, “Mazzochetti”, a. Nº 93, 2-11-90, “Aliendo”, A. Nº 37, 7-5-92, “Edelstein”, A. Nº 19, 1-3-93. “Acquesta”,A. Nº 19, 1-3-96, “Martínez”, A. Nº 151, 6-12-96, entre otros). A ello debe agregarse, a mayor abundamiento, que la aplicación retroactiva que se pide está en el sub examine vedada en virtud de lo dispuesto por el art. 3 del Código Civil. Esta última norma admite la aplicación de las leyes a partir de su entrada en vigencia “… a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, no siendo éste el caso en tanto no subsisten una “relación” o “situación” jurídicas, sino el trámite de un reclamo en sede judicial cuya causa material es un hecho pasado (un accidente de trabajo que ha producido una disminución ya consolidada de la capacidad laboral del actor) que ha agotado la virtualidad que le es propia y por ende en este sentido no puede ser alcanzado por la nueva ley. “Ante un conflicto de leyes en el tiempo resulta necesario indagar el momento en que se produjo el hecho, realizó el acto o surgió la relación jurídica de la que emerge la respectiva obligación y en función de tal determinación temporal quedará señalada la ley aplicable. En consecuencia, cuando una situación se ha desarrollado íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de un nuevo régimen no puede juzgarse la existencia, la extensión y la cuantificación de la responsabilidad de acuerdo a la nueva norma legal. De hacerlo se violaría el principio de irretroactividad de la ley -art. 3 CC-.” (voto de la Dra. Blanc de Arabel en autos “Pérez Edgar Norberto c/ Máxima S.A. A.F.J.P.-Ordinario-Certificación de servicios y remuneraciones (art. 80, LCT)-Recurso de casación” Actualidad Jurídica 161). Por lo tanto, tal petición debe ser objeto de rechazo. A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. VOCAL FEDERICO GUILLERMO PROVENSALE, dijo: Por lo expresado ut supra, procede hacer lugar a la demanda en cuanto el Sr. Rolando Ernesto Ferreyra reclama contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo “Provincia A.R.T. S.A.” el pago de la indemnización por una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva, la que según lo visto en razón de la dolencia constatada a través de la prueba pericial médica -tendinopatía de hombro izquierdo operado con limitación funcional, calificada como accidente de trabajo en los términos del art. 6 de la L.R.T.- asciende al quince coma ochenta y cuatro por ciento (15,84 %) de la Total Obrera; todo ello según las pautas y conforme los fundamentos fácticos y jurídicos señalados al tratar la primera cuestión. Asimismo y en otro orden, en virtud de las razones expresadas al tratar la primera cuestión (punto IV) 1.), deben rechazarse los planteos de inconstitucionalidad formulados por la parte accionante respecto de los arts. 8, 9, 22, 46 y 49 de la L.R.T., art. 26 del decreto 717/96, decreto 1278/00 y art. 16 del decreto 1694/09. A los fines de establecer el capital indemnizatorio objeto de la condena deberá remitirse en la etapa previa de ejecución de sentencia informativa a la firma “Disco S.A.” para que se sirva remitir copias autenticadas de los recibos de haberes del actor correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha del accidente laboral sufrido (art. 12 de la ley 24.557). Ahora bien: recientemente, en sentencia de fecha 04/02/13 dictada en autos "Torres, Manuel Rodolfo c/ La Segunda A.R.T. S.A. - Ordinario- Accidente (Ley de Riesgos)” Expte. Nº 146808/37 me he pronunciado a favor de la aplicación inmediata de lo dispuesto por el inciso sexto del art. 17 de la ley 26.733. Dicha norma dispone que “Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010. La actualización general prevista en el artículo 8° de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la ley 24.241, modificado por su similar 26.417”. La disposición legal citada -que integra parte del Derecho vigente a la fecha del dictado de esta sentencia, no estando por ello su aplicación supeditada a petición de parte- refiere a las prestaciones en dinero por incapacidad permanente “… previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09,…” las que deben ajustarse a la fecha de entrada en vigencia de esa ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010. La mención expresa de las modificatorias de la ley 24.557 (el decreto 1278/00) y del decreto 1694/09 da a entender que el legislador ha querido establecer -teniendo presentes el proceso inflacionario vivido en nuestro país durante los últimos años, y el carácter alimentario de las prestaciones de la L.R.T. (art. 11)- un mecanismo de ajuste para aquellas prestaciones dinerarias respecto de las que el derecho a la percepción se ha generado con anterioridad a la vigencia de la ley 26.773. Adhiero en este punto al análisis formulado por la Sala Unipersonal de la Excma. Cámara del Trabajo de la ciudad de Mendoza, a cargo del Dr. Sergio Simó en la sentencia dictada con fecha 12/11/12 en los autos caratulados “Godoy, Diego Maximiliano vs. Mapfre Argentina A.R.T. S.A. s/ Accidente”: “El mensaje de elevación del P.E. del proyecto de ley que, luego del trámite parlamentario fuera sancionado como Ley 26773 avala esta postura al sostener que: "Se prescribe, en otro orden, un ajuste general de los importes por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación de acuerdo a la variación del índice RIPTE publicado por la S.S.S. del M.T.S.S.". Me resulta incuestionable a partir del texto mismo del proyecto de ley remitido por el P.E.N. al P.L. y que, finalmente, fuera sancionado por el Congreso Nacional que, el Estado Nacional, tenía el objetivo de ajustar las prestaciones dinerarias por incapacidad permanentes producidas durante la vigencias de la L.R.T, el Decreto 1278/00 y el Decreto 1694/09, dado que de lo contrario hubiera hecho referencia solamente a las prestaciones dinerarias que cayeran bajo la vigencia temporal de la nueva ley y no a un "... ajuste general de los importes por incapacidad laboral previstos en las normas de reparación..." tal, como en definitiva, quedó plasmado en el mensaje de elevación, lo cual, reitero, resulta indudable que estaba haciendo alusión no solo a las prestaciones alcanzadas por la nueva legislación, sino a todas "... las normas de reparación...", lo cual lleva a sostener, sin ninguna hesitación, que comprendía a las que cayeron bajo la vigencia de la L.R.T., al Decreto 1278/00 y al Decreto 1694/09. …, al disponer que estas se ajustarán "a la fecha de entrada en vigencia de la ley conforme al índice RIPTE desde el día 1-1-10. Y no a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanentes que caen bajo la aplicación temporal de la Ley 26773, es decir, para aquellas contingencias laborales cuya "primera manifestación invalidante" sean posteriores a su publicación en el B.O., para las cuales rige no el art. 17, inc. 6) de la Ley 26773 sino el art. 8 de la Ley 26773 que manda a ajustar semestralmente las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente según la variación del índice RIPTE. La diferencia conceptual y de aplicación temporal existente entre lo normado por el art. 17, inc. 6) y el art. 8 de la Ley 26773 ratifica por esta vía de interpretación de la temática en cuestión la postura que he adoptado sobre ella”. Sin perjuicio de la claridad de tales fundamentos, si se alegara una supuesta colisión de tal hermenéutica con la regla establecida por el inciso quinto del art. 17 de la ley 26.773, a mayor abundamiento conviene recordar la regla derivada del principio protectorio que en caso de duda predica la interpretación del sentido más favorable de la norma (art. 9 de la L.C.T.). INTERESES En lo que refiere a los intereses, corresponde a la luz de los efectos económicos de la aplicación de la nueva legislación una revisión del régimen aplicable, revisión que comprende lo resuelto por el suscripto recientemente en mi sentencia dictada en el mencionado caso "Torres, Manuel Rodolfo...”. Ha sostenido el máximo Tribunal de nuestra Provincia en reiteradas oportunidades que la determinación de la tasa de interés queda en el marco discrecional de los jueces de la causa, sin perjuicio de lo cual en ejercicio de su función unificadora de la jurisprudencia, a partir de la ley de convertibilidad en virtud de la estabilidad del mercado financiero y la consiguiente baja de intereses se fijaron los accesorios legales computables a partir de su vigencia, en las sentencias N° 69/92, ("Bustos...") y N° 105/94 ("Zapata..."), en los que se decidió que resguardaba el contenido del crédito la aplicación de la tasa pasiva bancaria que publica el B.C.R.A., con más un uno por ciento nominal mensual, en el primer caso, y sólo el medio por ciento nominal mensual, en el segundo. La alteración de la situación económica y el proceso de desvalorización monetaria reiniciado a partir del dictado de la ley 25.561 exigieron un nuevo ajuste en tal criterio, y es así que a partir de la Sentencia Nº 39 del 25-06-2002 dictada en autos “Hernández, Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A., ratificado en Sentencia Nº 74 del 23/08/2.006, in re “Zárate, Eduardo Eliseo c/ Liliana Beatriz Ramírez de Urquiza y/u otra - demanda laboral - Recurso de Casación” se dispuso que a partir de la vigencia de la ley 25.561 permanezca la tasa pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A. como variable que regula las fluctuaciones del costo monetario con más un parámetro constante del dos por ciento (2%) nominal mensual; aclarando que no obstante ello, cualquier solución que se adoptara en materia de intereses moratorios es esencialmente provisional, ya que responde a las fluctuantes condiciones de la economía de un país. Es en el marco de esas condiciones cambiantes -en este caso se trata de una modificación legislativa- que -siempre con el fin de "mantener la estricta igualdad de la prestación debida conforme las circunstancias del caso" (C.S.J.N. "Vieytes de Fernández -Suc.- v. Provincia de Bs. As.", Fallos 295:973)- considero que al presente caso deben aplicarse las pautas que a continuación se señalan. Sobre la suma dineraria resultante de la aplicación de la fórmula establecida por el art. 14 de la ley 24.557 (53 I.B.M. x grado de incapacidad x 65/edad) -respecto de la cual deberá eventualmente determinarse la incidencia del tope indemnizatorio establecido en esa norma, según lo visto en el punto IV) 2.- deberá calcularse desde que es debida -el vencimiento de los quince días hábiles contados desde la notificación del dictamen emitido por la Comisión Médica -lo que se produjo en el caso de la aseguradora el día 15/02/08 (fs. 41 del Expte. 05B-L-05310/07), según lo dispuesto por la Resolución Nº 104/98 de la S.R.T.- y hasta el 1°/01/10 el interés equivalente al dos por ciento (2 %) mensual más la tasa pasiva promedio mensual publicada por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), de conformidad al criterio sentado al respecto por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en los autos “Hernández, ...”. Por otro lado, sobre el capital indemnizatorio referido que deberá actualizarse a través del mecanismo preceptuado por el inciso sexto del art. 17 de la ley 26.773 - para lo cual se aplicará, según se ha dicho supra, el índice semestral de variación del RIPTE publicado en términos del art. 8 de dicho cuerpo legal vigente al momento del efectivo pago- se calcularán y se adicionarán además desde el 1°/01/10 y hasta su efectivo pago intereses moratorios equivalentes al doce por ciento (12 %) anual, los que considero razonables para justipreciar desde aquella fecha la demora en el pago del monto dinerario de la condena. Tal fue el interés moratorio que en su momento fijó el decreto 529/91, reglamentario de la ley de convertibilidad 23.298. Por otra parte, pueden tomarse como referencia los intereses resarcitorios y punitorios que la Administración Federal de Ingresos Públicos ha fijado para las deudas tributarias a partir de enero de 2011: un tres por ciento mensual en el primer caso (esto es, un 36 % anual), y un cuatro por ciento mensual en el segundo (art. 1° y 2° de la resolución N° 314/04, modificados por la N° 841/10, B.O. 14/12/10, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, reglamentaria del art. 37 de la ley 11.683). En razón de todo ello -y habida cuenta del mecanismo de ajuste establecido recientemente por el inc. 6) del art. 17 de la ley 26.773- entiendo prudente la fijación del interés establecido supra, referido en este caso a la mora en el pago de deudas de clara naturaleza alimentaria (art. 11 de la ley 24.557). Volviendo al cálculo del monto dinerario a abonarse en virtud de lo resuelto en la presente, en otras palabras: al capital actualizado mediante el índice RIPTE se deberán sumar por un lado los intereses correspondientes al período anterior al 1°/01/10 -los que se calcularán sobre el capital histórico-, y por otro los fijados para la etapa posterior a esa fecha, los que se computarán respecto del monto indemnizatorio actualizado mediante el RIPTE. Todo ello deberá tener lugar a través del procedimiento previo a la etapa de ejecución de sentencia (arts. 84 de la ley 7.987, y 802 y siguientes del C. de P. C. y C.). Las costas serán a cargo de la parte demandada en virtud del principio del vencimiento objetivo contenido en el art. 28 de la ley 7.987, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para cuando exista base económica líquida y actualizada para ello (art. 26 de la ley 9.459). Hago presente que he valorado la totalidad de las pruebas rendidas en la presente causa a través del criterio de la sana crítica racional, sólo mencionando las que he considerado esenciales y decisivas para el fallo de la causa (arts. 63 de la ley 7987 y 327 del C. de P. C. y C., de aplicación supletoria). Por todo ello, y en razón de lo dispuesto por los arts. 6, 14, y concordantes de la ley 24.557, y demás normas citadas en los considerandos, RESUELVO:Hacer lugar a la demanda en cuanto el Sr. Rolando Ernesto Ferreyra reclama contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo “Provincia A.R.T. S.A.” el pago de la indemnización por una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva, la que según lo visto en razón de la dolencia constatada a través de la prueba pericial médica -tendinopatía de hombro izquierdo operado con limitación funcional, calificada como accidente de trabajo en los términos del art. 6 de la L.R.T.- asciende al quince coma ochenta y cuatro por ciento (15,84 %) de la Total Obrera; todo ello según las pautas y conforme los fundamentos fácticos y jurídicos señalados al tratar la primera cuestión. II. Rechazar los planteos de inconstitucionalidad formulados por la parte accionante respecto de los arts. 8, 9, 22, 46 y 49 de la L.R.T., art. 26 del decreto 717/96, decreto 1278/00 y art. 16 del decreto 1694/09. III. Las costas serán a cargo de la parte demandada en virtud del principio del vencimiento objetivo contenido en el art. 28 de la ley 7.987, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para cuando exista base económica líquida y actualizada para ello (art. 26 de la ley 9.459). IV. Los montos por los que prosperan las acreencias admitidas deben determinarse conforme las pautas dadas ut-supra y las legales aplicables, por el procedimiento establecido por los arts. 812 y siguientes del C. de P.C., con más los intereses determinados en el considerando respectivo, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago. Las sumas resultantes se abonarán dentro de los diez días de notificada la resolución aprobatoria pertinente. Protocolícese. Con lo que terminó el acto firmado S.E. y comparecientes todo por ante mí que doy fe.





















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