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Sentencia t-728/17

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enfermedades que padece la accionante (esclerodermia, entre otras, no tienen cura y le originaron el porcentaje mayor al 50% de pérdida de capacidad laboral), 2. Ya se agotó la vía gubernativa ante la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones (…), 3. Mi mandante es una persona de la tercera edad con 60 años de edad con un deterioro agresivo y progresivo por el padecimiento de las enfermedades de alto riesgo que padece, 4. Tiene un nivel socio económico clasificado en el Sisbén tipo 1, quien convive en la vereda el placer, con una hermana en condiciones de discapacidad, 5. Su nivel educativo es nulo pues escasamente sabe leer y escribir, y 6. No posee ningún tipo de renta, pensión o subsidio que le permitan vivir en condiciones dignas”18.


3.4.2 Por último, manifiesta que la accionante no ha recibido beneficio económico alguno por parte del programa BEPS y agrega que la incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva y la pensión de invalidez no justifica la negación de los derechos fundamentales de su poderdante.


Segunda instancia


3.5 En sentencia del 22 de mayo de 2017, la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali −Valle del Cauca− confirmó la decisión del a quo. Para tal efecto, sostuvo que:

  1. El medio de defensa ordinario es efectivo en el caso concreto, toda vez que, si bien la actora tiene una condición de salud delicada, recibió por parte de Colpensiones la suma de $6’742.811 como producto de la indemnización sustitutiva.


  1. Aceptar la procedencia del amparo equivaldría a sostener que no tiene un carácter residual, sino que constituye un mecanismo alternativo al cual se puede acudir de forma discrecional19.


Remisión del expediente a la Corte Constitucional


3.6 Mediante oficio No. 6364 del 23 de mayo de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali −Valle del Cauca− remitió el expediente de tutela a esta Corte para su eventual revisión20, conforme al artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.


4. Material probatorio que obra en el expediente


4.1 Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Fanny Arroyave Arias21.


4.2 Copia del carné de afiliación al régimen subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud -Sisbén nivel I-22.


4.3 Copia de la historia laboral de la accionante23.


4.4 Copia del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral24.


4.5 Copia de la Resolución No. GNR 154240 proferida el 25 de mayo de 201625.


4.6 Copia de la Resolución No. GNR 383630 proferida el 19 de diciembre de 201626.


4.7 Copia de la Resolución No. GNR 4225 proferida el 10 de enero de 201727.


4.8 Copia de la Resolución No. GNR 40522 proferida el 4 de febrero de 201728.


4.9 Copia de la historia clínica de la accionante29.


5. Selección del expediente por parte de la Corte Constitucional


Mediante Auto del 25 de agosto de 2017, la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho, conformada por las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger, escogió el expediente de la referencia y lo asignó, previo reparto, al Magistrado Alberto Rojas Ríos para efectuar su revisión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, indicando como criterio objetivo de selección: desconocimiento del precedente.


II. CONSIDERACIONES


  1. Competencia


Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos proferidos dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.


  1. Planteamiento del caso


2.1 La pretensión de la ciudadana Fanny Arroyave Arias es el reconocimiento y pago a su favor de la pensión de invalidez de origen común. En su concepto, el reconocimiento previo de una indemnización sustitutiva no implica la pérdida de su derecho pensional.


2.2 La demandada considera que: (i) La acción de tutela es improcedente debido a que, a su juicio, el asunto debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria laboral; y (ii) No es posible reconocer una segunda prestación social a la accionante, por cuanto la indemnización sustitutiva es incompatible con la pensión de invalidez.


2.3 Teniendo en cuenta que los jueces de instancia declararon el amparo improcedente, la Sala estudiará de manera previa si la acción de tutela cumple con los requisitos formales de procedibilidad. De llegar a superarse tal examen, planteará el problema jurídico respectivo a efectos de resolver los aspectos sustantivos del asunto sub examine.


  1. Cuestión previa: procedibilidad de la acción de tutela en el asunto de la referencia


Legitimación por activa y pasiva


La señora Fanny Arroyave Arias formula el amparo actuando en su propia defensa, por su parte la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones− es la entidad que presuntamente vulneró los derechos fundamentales de la accionante. En tal sentido, las partes mencionadas están directamente implicadas en el proceso y se encuentran legitimadas en la causa −por activa y pasiva− de conformidad con el artículo 86 Superior y los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.


Inmediatez


Mediante Resolución GNR 40522 del 4 de febrero de 2017, Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por la demandante. A su vez, la acción de tutela fue instaurada el 14 de marzo de 2017, por lo cual se evidencia que, a la luz de la jurisprudencia constitucional30, la presentación del amparo fue oportuna, en tanto se formuló con un mes de posterioridad al hecho que presuntamente desconoció sus garantías ius fundamentales31.


Subsidiariedad


La ciudadana Fanny Arroyave Arias tiene a su disposición la acción ordinaria laboral para resolver la controversia suscitada, no obstante, resulta necesario analizar sus circunstancias específicas, a fin de verificar la idoneidad y eficacia que tendría dicho medio judicial en el caso concreto32.


Conforme a lo probado en el expediente, la Sala encuentra que la actora:


  • Cuenta con 60 años de edad33;


  • Carece de ingresos económicos o rentas34;


  • Convive únicamente con su hermana −quien tiene una discapacidad cognoscitiva−35;


  • Se encuentra en el nivel 1° del Sisben 36;


  • Su diagnóstico incluye las siguientes afecciones de salud: esclerodermia sistémica progresiva37, soriasis38, dermatitis crónica aguda con degeneración de huesos deformativa39, edema pulmonar40, desnutrición proteicocalórica41, esofagitis42, úlceras gástricas, disfuncionalidad de bronquios y riñones, así como inflamación de tejidos, vasos y venas43.


En consecuencia, la Sala corrobora que la accionante atraviesa por múltiples circunstancias de vulnerabilidad y, por tanto, reviste la calidad de sujeto de especial protección constitucional. Esta Corporación ha sostenido al respecto, que se requiere una salvaguarda reforzada de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en un estado de debilidad manifiesta44.


Lo cual conlleva la posibilidad excepcional de acudir a la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, aspecto que se aborda en la Sentencia T-503 de 2017, la cual indica:


Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

(…)

En Sentencia T-533 de 2010 la Corte reiteró la línea establecida en la sentencia antes mencionada [T-653 de 2004], al reconocer que cuando se formula una acción de tutela en aras lograr el reconocimiento de una pensión de invalidez, se trata de un derecho fundamental per se, “susceptible de protección por vía del amparo constitucional, particularmente por coincidir dos elementos fundamentales:


(i) por una parte, la calidad del sujeto que la reclama. Es claro que las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta de una persona declarada inválida, hacen necesaria la inmediata protección del derecho a la pensión de invalidez, asegurando de esa manera la garantía y respeto de derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física y el mínimo vital entre otros;


(ii) En segundo lugar, porque la importancia de tal reconocimiento radica en el hecho de que en la gran mayoría de los casos, esta prestación se constituye en el único sustento económico con el que contaría la persona y su grupo familiar dependiente para sobrellevar su existencia en condiciones más dignas y justas.”


De allí que, exigirle a la accionante que interponga una acción ordinaria laboral resultaría a todas luces desproporcionado, más aún, si se tiene en cuenta que ha sido diligente en la defensa de sus derechos, por cuanto formuló los recursos de reposición y apelación contra la Resolución No. GNR 383630 del 19 de diciembre de 201645.


Así las cosas, dadas las particularidades del caso concreto, la acción referida es ineficaz para la salvaguarda oportuna de las garantías fundamentales de la señora Arroyave Arias. Razón por la cual, el amparo resulta procedente formalmente como mecanismo definitivo de conformidad con las reglas jurisprudenciales reiteradas por esta Corporación en las Sentencias T-471 de 2017, T-250 de 2015, T-800 de 2012, entre otras:


La procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones pensionales se sujeta a las siguientes reglas: (i) procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa para el reconocimiento de la prestación, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario;


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