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Sentencia t-728/17

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(ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia. Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad, entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos.” 46


  1. Problema jurídico

Tras acreditar la procedibilidad formal de la acción de tutela, la Corte pasará a resolver el siguiente problema jurídico: ¿Se desconocen los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de un afiliado, al negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo el argumento de haberle otorgado previamente una indemnización sustitutiva?


Para obtener la respuesta al interrogante referido y resolver el caso concreto, se abordarán los siguientes cuestionamientos: (i) ¿La accionante cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez?; y (ii) ¿La asignación previa de una indemnización sustitutiva a la señora Arroyave Arias es una razón suficiente para negarle el reconocimiento de la prestación reclamada?


La solución a estas preguntas se realizará de manera progresiva, para lo cual se reiterarán las subreglas de derecho aplicables al asunto sub iudice y se plantearán las conclusiones correspondientes.


  1. Requisitos para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común


En el marco del Sistema General de Seguridad Social y el derecho fundamental contemplado en el artículo 48 Superior47, la pensión de invalidez tiene como finalidad amparar a las personas que han sufrido una disminución considerable de su capacidad laboral, ya sea por enfermedad o accidente (común o profesional), dado que ello impacta negativamente su calidad de vida y su entorno familiar48.


El aseguramiento de dicha contingencia pretende compensar la situación de infortunio que ha sufrido el afectado mediante el otorgamiento de unas prestaciones económicas y de salud que garanticen sus necesidades básicas, así como su subsistencia en condiciones dignas49.


Del mismo modo, esta prestación social permite la materialización del mandato previsto en el artículo 13 Superior, según el cual: “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”.


Lo cual involucra la aplicación real y efectiva del derecho a la igualdad, en tanto fundamento del Estado Social de Derecho. Sobre este tópico, la Corte Constitucional ha sostenido que:


El Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección.

Del principio de Estado social de derecho se deducen diversos mandatos y obligaciones constitucionales: primariamente, el Congreso tiene la tarea de adoptar las medidas legislativas necesarias para construir un orden político, económico y social justo (Preámbulo, CP art. 2). Por otra parte, el Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la solidaridad (CP art.1), deben contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para una existencia digna.

El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad.”50


En tal sentido, la legislación sobre la materia ha previsto los requisitos necesarios para que los ciudadanos puedan acceder a las prestaciones del Sistema General de Seguridad Social, en lo que respecta a la pensión de invalidez por riesgo común, los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 exigen: (i) tener una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%51; y (ii) haber “cotizado cincuenta (50) semanas o más dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración52.

Cumplimiento de los requisitos en el caso concreto:


De conformidad con los hechos probados en el expediente, la señora Fanny Arroyave Arias cumple los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, tal como pasa a explicarse a continuación:


  • Pérdida de capacidad laboral: El Dictamen No. 20161B1918BB de Colpensiones, realizado el día 12 de octubre de 2016, indica que la accionante tiene una discapacidad laboral de 64.28%, con fecha de estructuración del 1° de octubre de la misma anualidad53.


Adicionalmente, incluye el siguiente diagnóstico: (i) Esclerosis Sistémica Progresiva; (ii) Desnutrición Proteicocalórica no especificada; (iii) Hemorragia Gastrointestinal no especificada; y (iv) Esofagitis54.


  • Número de semanas cotizadas: El reporte oficial de semanas cotizadas por la señora Arroyave Arias55, así como las Resoluciones GNR 15424056, GNR 3863057, GNR 422558 y GNR 4052259 emitidas por Colpensiones60, señalan que la actora cotizó 123,43 semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración, es decir, en el período comprendido entre el 1° de octubre de 2013 y el 1° de octubre de 2016.


Así las cosas, la accionante cumple con los requisitos para que le sea reconocida la pensión de invalidez61. Sin embargo, la accionada refiere que la señora Arroyave Arias no tiene derecho a tal prestación, debido a que otorgó previamente una indemnización sustitutiva por el riesgo de vejez. Por tanto, la Sala pasa a analizar dicho argumento a la luz de la jurisprudencia constitucional.


  1. El otorgamiento previo de una indemnización sustitutiva y el reconocimiento de la pensión de invalidez


El artículo 37 de la Ley 100 de 1993 dispone que las personas tienen derecho a percibir una indemnización sustitutiva cuando hayan cumplido la edad correspondiente para obtener una pensión de vejez, pero carezcan de las semanas necesarias para el efecto y, además, manifiesten su imposibilidad de continuar realizando aportes al Sistema de Seguridad Social62.


Esta indemnización tiene un carácter subsidiario o residual respecto a la pensión de vejez y, en consecuencia, está sujeta a la incompatibilidad señalada en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, según la cual, ningún afiliado puede recibir simultáneamente rentas que cubran los riesgos de vejez e invalidez63.


Sin embargo, la Corte Constitucional ha reiterado que la asignación previa de una indemnización sustitutiva, no imposibilita el reconocimiento de una pensión, subregla constitucional que se sustenta, entre otros, en los precedentes que se explican a continuación:

En la Sentencia T-002A de 2017, la Sala Sexta de Revisión resolvió el caso del señor Ricardo César Fontalvo Mejía, a quien Colpensiones le negó su solicitud de pensión de invalidez con fundamento en: (i) la inaplicación del principio de la condición más beneficiosa y (ii) “por habérsele cancelado una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez”64.


Con relación a este último aspecto, las consideraciones generales del fallo señalan lo siguiente:


La Corte ha indicado que haber entregado a una persona ‘la indemnización sustitutiva no impide que pueda examinarse nuevamente la posibilidad de reconocerle la pensión de invalidez. La jurisprudencia constitucional ha interpretado que la incompatibilidad de esas prestaciones no significa que a una persona que ya se le reconoció el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, no pueda volvérsele a examinar el derecho a una pensión, que cubra de manera más amplia las contingencias de la discapacidad’65.


En consecuencia, la incompatibilidad de los beneficios pensionales no es una barrera para evaluar nuevamente los casos, ni efectuar un reconocimiento pensional, sino que debe interpretarse como una imposibilidad de que los aportes al sistema financien dos prestaciones simultáneamente, cuando una de ellas se otorgó con apego a las normas legales y a la Constitución’66.


En conclusión, la jurisprudencia protege a quienes habiendo cumplido la edad para obtener una pensión no cotizaron el mínimo de semanas exigidas y declararon su imposibilidad de continuar haciéndolo, otorgándoles la opción de acceder a una indemnización,


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