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particularidades fácticas y normativas que rodean el asunto

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particularidades fácticas y normativas que rodean el asunto iusfundamental concreto. Asimismo, la Sala estima imprescindible tomar en consideración que el artículo 1 de la Constitución Política identifica al Estado colombiano como Social de Derecho. Este principio, se proyecta de forma inmediata en los incisos 2 y 3 del artículo 13 superior, los cuales ordenan la superación de las desigualdades materiales existentes, la promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, la adopción de medidas positivas en favor de grupos discriminados o marginados, y la salvaguarda reforzada de aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. (…) cuando la acción de tutela es presentada por personas de especial protección constitucional, el juez debe: (i) efectuar el análisis de procedibilidad formal bajo criterios amplios o flexibles dada la tutela reforzada que la Carta concede en favor de estos colectivos y, (ii) tomar en cuenta que aún dentro de la categoría de personas de especial protección constitucional existen diferencias materiales relevantes que rompen su horizontalidad y los sitúan en disímiles posiciones de vulnerabilidad que merecen distintos grados de protección.” (Énfasis agregado)

45 Cfr. Folios 25-32 del Cuaderno Principal.

46 Énfasis agregado.

47 La Sentencia T-164 de 2013 explica la naturaleza de la garantía constitucional en cuestión, de la siguiente forma: “La Seguridad Social es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional fundamental. De esta manera, los artículos 48 y 49 de la Carta Política establecen la seguridad social por un lado, como un derecho irrenunciable, y por otro lado, como un servicio público , de tal manera que, por la estructura de este derecho, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución. La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el derecho a la seguridad social es un real derecho fundamental cuya efectividad se deriva “de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad. Sin embargo, el carácter fundamental del derecho a la seguridad social no puede ser confundido con su aptitud de hacerse efectivo a través de la acción de tutela. En este sentido, la protección del derecho fundamental a la seguridad social por vía de tutela solo tiene lugar cuando (i) adquiere los rasgos de un derecho subjetivo; (ii) la falta o deficiencia de su regulación normativa vulnera gravemente un derecho fundamental al punto que impide llevar una vida digna; y (iii) cuando la acción satisface los requisitos de procedibilidad exigibles en todos los casos y respecto de todos los derechos fundamentales”. (Énfasis agregado)

48 Cfr. Sentencia T-799 de 2012

49 Cfr. Sentencias T-520 de 2015 y T-292 de 1995

50 Cfr. Sentencia T-426 de 1992

51 Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003. “Artículo. 38. Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. (Énfasis agregado)

52 Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003 Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración” (Énfasis agregado)

53 Cfr. Folios 15 al 20 del Cuaderno Principal.

54 Ibídem.

55 Ibid. Folio 13.

56 Proferida el 25 de mayo de 2016.

57 Correspondiente al 19 de diciembre de 2016.

58 Expedida el 10 de enero de 2017.

59 Del 4 de febrero de 2017.

60 Cfr. Folios 23 al 32 del Cuaderno Principal.

61 Aunque la señora Arroyave Arias se encontraba desafiliada del Sistema General de Pensiones para la fecha de estructuración de su invalidez, tal hecho no desvirtúa su cumplimiento de los presupuestos legales referidos, más aún, si se tiene en cuenta el amplio ámbito temporal del segundo requisito, a saber, tres (3) años desde el momento en el que se estructura la pérdida de capacidad laboral.

62 Específicamente, el artículo en cuestión indica: “Artículo 37: Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.

63Artículo 13. Características del sistema general de pensiones El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:(…) j). Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez.”. En sentido concordante, la Constitución dispone en su artículo 128 que: “nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público”.


64 Cfr. Consideración No. 8.1. de la Sentencia T-002 A de 2017.

65 Cita indirecta que se realiza de la Sentencia T-606 de 2014, la cual será explicada más adelante.

66 Ibídem.

67 Énfasis agregado.

68 Énfasis agregado.

69 Cfr. Acápite 6 del fallo T-596 de 2016.

70 Ibídem. Consideraciones 8.1.

71 La Sentencia afirma: “cabe señalar que en relación con el primero de los argumentos utilizado por Colpensiones para negar la pensión de vejez solicitada por el accionante, referente a que dicha prestación es incompatible con la indemnización sustitutiva que le fue reconocida, mediante Resolución N.°13796 de 1999, la Corte Constitucional ya aclaró que el reconocimiento de una indemnización sustitutiva no puede constituir una barrera para que los fondos de pensiones efectúen un reconocimiento pensional que cubra de manera más amplia las contingencias de vejez e invalidez, toda vez que la incompatibilidad planteada en el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 debe interpretarse como una imposibilidad de que los aportes al sistema financien dos prestaciones simultáneamente, cuando una de ellas se otorga con apego a las normas legales y a la Constitución.” (Énfasis agregado)

72 En relación con este punto, la Corte sostuvo: “Respecto de la edad exigida, según se ha dicho, el accionante actualmente tiene 77 años de edad, por lo que se encuentra acreditado el primero de los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Como se expuso, para el año 2005 el accionante no había acreditado más de 750 semanas de cotización, por lo que para esa fecha no cumplía con el requisito de las semanas necesarias para invocar la transición. Analizando el número de semanas exigido para el año en curso, esto es 1300, la Sala encuentra que el actor tampoco acredita esa cantidad, en tanto para el 18 de agosto de 2016, fecha del último reporte de semanas cotizadas, contaba con un total de 502 semanas de cotización.”

73 Cfr. Hecho 1.2 de la Sentencia T-606 de 2014.

74 Ibídem. Consideración 4.2 en adelante.

75 Ibídem. Consideración 4.3 en adelante. También se adujo que el argumento de Colpensiones se basaba en que: “el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 establece que ‘(…) las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez’, y que en esa dirección no era posible que a una misma persona se le reconocieran dos prestaciones con cargo al sistema de prima media”.

76 Ibídem. Consideración 4.3.2.1.

77 Ibídem. A renglón seguido, la sentencia afirma: “En estos casos el derecho a la seguridad social adquiere dimensiones de derecho fundamental, y la garantía de irrenunciabilidad se hace un tanto más importante, precisamente porque se constituye en un presupuesto para el goce efectivo de otros bienes superiores, como la vida y la dignidad humana.”

78 Énfasis agregado. Al final del párrafo citado se incluye la siguiente nota a pie de página: “Al respecto, puede observarse, entre otras, la sentencia T-003 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), en la cual se amparó el derecho a la seguridad social de una persona que reclamaba la pensión de sobrevivientes, y previamente al causante le había sido reconocida una indemnización sustitutiva. Sobre el descuento de esta última prestación se resolvió lo siguiente: “la Sala le ordenará a Colpensiones que revise la historia laboral de la señora Odeilda Franco García y en caso que cumpla con el requisito de haber cotizado 50 semanas en los últimos tres años anteriores a su fallecimiento, se ordena que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a su hijo Giovanni Jaramillo Franco. En caso que haya reclamado la indemnización sustitutiva, la entidad accionada deberá hacer un cálculo y descontarle esta prestación de manera periódica, sin que la pensión de sobrevivientes sea inferior a un salario mínimo legal”. En el mismo sentido, puede observarse la sentencia T-599 de 2012 (MP. María Victoria Calle Correa).”

79 La aplicación de este principio puede ser consultada en las siguientes Sentencias: T-832A de 2013, T-688 de 2011, T-1268 de 2005, C-168 de 1995, entre otras.

80 Cfr. Folio 26 del Cuaderno Principal.

81 Cfr. Sentencias T-145 de 2008, T-937 de 2013, T-228 de 2014, T-606 de 2014, T-861 de 2014, T-065 de 2016, T-656 de 2016, T-596 de 2016, T-002A de 2017, entre otras.

82 El cual se colige de las Sentencias T-002A de 2017, T-596 de 2016, T-606 de 2014, entre otras, referenciadas en el acápite anterior.

83 Al respecto consultar la Sentencia T-581A del 2011 que establece: “El concepto de mínimo vital, de acuerdo con la jurisprudencia, debe ser evaluado desde un punto de vista desde de la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo, por lo cual es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo, verificándose que quien alega su vulneración tenga las posibilidades de disfrutar de la satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad humana.” (Énfasis agregado)

84 En relación con esta garantía fundamental la Sentencia T-444 de 1999 afirma: “En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que el derecho constitucional fundamental a la vida no significa la simple posibilidad de existir sin tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario, supone la garantía de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales, de manera que cualquier circunstancia que impida el desarrollo normal de la persona, siendo evitable de alguna manera, compromete el derecho consagrado en el artículo 11 de la Constitución.” (Énfasis agregado)

85 De acuerdo a lo establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto 604 de 2013, las prestaciones a las cuales podría acceder la accionante en el programa BEPS serían las siguientes: (i) recibir un ingreso periódico con cargo a los recursos ahorrados, el cual no podría superar el 85% de un salario mínimo mensual; (ii) solicitar la devolución de la suma ahorrada en un único pago; (iii) pagar total o parcialmente un inmueble; o (iv) trasladar los recursos al Sistema General de Pensiones. Alternativas que resultan menos favorables que la pensión de invalidez, más aún, si se tiene en cuenta que los únicos recursos ahorrados por la accionante corresponden a la indemnización sustitutiva otorgada por Colpensiones, la cual equivale a la suma de $6’742,811.

86 Cfr. Folios 15 al 20 del Cuaderno Principal.

87 El mencionado ahorro se encuentra regulado por el numeral 5° del artículo 16 del Decreto 604 de 2013, modificado por el artículo 8° del Decreto 2983 de 2013, el cual establece: “Si la persona se encuentra afiliada al Sistema General de Pensiones en cualquiera de sus regímenes y no logra cumplir los requisitos para obtener la pensión, si lo decide voluntariamente, los recursos por concepto de devolución de saldos o indemnización sustitutiva, según aplique, podrán destinarse como ahorro al mecanismo BEPS, con el fin de obtener o incrementar la suma periódica que la persona planea contratar. Los recursos de la indemnización sustitutiva o devolución de saldos se tendrán en cuenta para el cálculo del incentivo periódico…” (Énfasis agregado)Concretamente la Resolución No.: GNR 154240 de fecha 25 de mayo de 2016 establece: “ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer el pago de una indemnización sustitutiva de la Pensión de Vejez – BEPS, por una sola vez, a favor del (a) señor(a) ARROYAVE ARIAS FANNY, ya identificado, en cuantía de $6’742,811.00 SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. ARTÍCULO SEGUNDO: El presente pago único será ingresado en la nómina del período 201606 que se girará en el período 201607 a la cuenta del FONDO BEPS, conforme lo autorizado por el asegurado.” (Énfasis agregado).



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