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Sentencia Tribunal Superior de Justicia País Vasco (Sala de lo Social), de 22 enero 2002

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Sentencia Tribunal Superior de Justicia  País Vasco (Sala de lo Social), de 22 enero 2002


Jurisdicción: Social


Recurso de Suplicación núm. 2904/2001.


Ponente: Ilma. Sra. Dª. María José Hernández Vitoria.


RECLAMACION PREVIA: Seguridad Social: procedimiento y normativa aplicable; presentación: plazos; agotamiento: desestimación: nueva solicitud, tras resolución inicial desestimatoria no recurrida. DERECHOS FUNDAMENTALES: derecho a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales: indefensión: desestimación: sentencia: apreciación de la excepción de caducidad de la instancia. INCAPACIDAD PERMANENTE: procedimiento.

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por el demandante contra la Sentencia, de 01-10-2001, del Juzgado de lo Social núm. 3 de los de San Sebastián, dictada en autos promovidos en reclamación sobre determinación de la contingencia causante de la incapacidad permanente.


Texto:


En la Villa de Bilbao, a veintidós de enero de dos mil dos.


La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los Ilmos. Sres. D. Pablo Sesma de Luis, Presidente en Funciones, D. Modesto Iruretagoyena Iturri y Dª María José Hernández Vitoria, Magistrados, ha pronunciado, la siguiente,


EN NOMBRE DEL REY


SENTENCIA


En el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación letrada de don Ignacio R. A., contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de los de San Sebastián, de fecha 1 de octubre de 2001, dictada en proceso sobre determinación de contingencia (AEL), y entablado por el recurrente, don Ignacio R. A., frente a la Empresa «Armendi, SL», la Entidad Asequradora «Pakea» Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 48 y los Organismos Instituto Nacional de la Seguridad («INSS») y Tesorería General de la Seguridad Social («TGSS»), y respectivamente, es Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª María José Hernandez Vitoria, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO La única instancia del proceso en curso se inició por Demanda y terminó por Sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:


«I.-Don Ignacio R. A., DNI ..., nacido el 28-3-1961, está afiliado al Régimen General de la Seguridad Social con el número ...


II.-Mientras estaba trabajando para la empresa «Armendi, SL», dedicada a la construcción, como Albañil encofrador, sufrió un accidente de trabajo el 26-7-1999 a consecuencia del cual se le produjo fractura de la meseta tibial externa en la rodilla izquierda, fractura subcapital del 4º metatarsiano base de falange del 5º dedo y fractura de cuboides en pie derecho.


III.-A consecuencia de este accidente, recibió asistencia sanitaria y percibió prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta el 14-1-2000 de la Mutua «Pakea», quien le tramitó expediente de secuelas que fueron calificadas por el INSS en resolución de 19-4-2000, como lesiones permanentes no invalidantes, derivadas de accidente de trabajo, indemnizables con arreglo al Baremo 110. Esta calificación fue confirmada por la Sentencia del Juzgado de lo Social Número Dos de San Sebastián en sentencia de 16-11-2000, si bien aumentando la cuantía de la indemnización dentro del mismo baremo.


IV.-Se le ha tramitado expediente administrativo de invalidez permanente, derivada de enfermedad común, que ha culminado, previo dictamen de la UVAMI de 2-6-2000, con resolución del INSS de 16-6-2000, en cuya virtud se le declara afecto de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común. Dicha resolución le es notificada en fecha 27-6-2000.


V.-En fecha 26-3-2001, el demandante presenta escrito ante el INSS interponiendo reclamación previa sobre contingencia de incapacidad permanente total, y pidiendo que se reconozca que la situación sea como derivada de accidente de trabajo. El INSS dicta resolución en fecha 4-4-2001, en cuya virtud desestima la reclamación administrativa previa, por estar interpuesta fuera de plazo. Interpone demanda para ante este Juzgado en fecha 4-5-2001, pretendiendo que se declare que la situación de invalidez permanente es derivada de accidente de trabajo.


VI.-La base reguladora de la prestación derivada de enfermedad común asciende a 159.395 ptas. mensuales en catorce pagas, y la fecha a partir de la cual se le reconoce la pensión es de 2-6-2000. La base reguladora de la prestación derivada de accidente de trabajo asciende a 2.773.061 ptas. anuales.


VII.-El actor se halla aquejado de las siguientes lesiones: Cuadropatía tricompartimental severa en rodilla derecha con gonalgias mecánicas. Movilidad limitada y dolorosa.


-Genu valgo bilateral acusado en rodilla derecha.


-Subluxación rotuliana.


Tras la intervención quirúrgica derivada del accidente de 1999, presenta molestias en rodilla izquierda (compartimento interno y femoropatelar). Se le practica artroscopia en fecha 6-2-2001. Se encuentran cuerpos libres cartilaginosos. Se comprueba que no hay lesión de menisco. Se legran las condropatías y se lava el derrame».


SEGUNDO La Parte Dispositiva de la Sentencia de Instancia dice:


«Que apreciando la caducidad de la instancia en vía administrativa, y desestimando la demanda interpuesta por don Ignacio R. A., y confirmando la resolución impugnada de 04-04-2001, debo absolver y absuelvo a los demandados Instituto nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, «Pakea» Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 48, y «Armendi, SL», de todos los pedimentos de la demanda».


TERCERO Frente a dicha Resolución se interpuso el Recurso de Suplicación anteriormente reseñado, que fue impugnado por la letrada actuante en nombre y representación de la Entidad Aseguradora demandada «Ipakea» Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 48.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO El juzgado de lo social núm. 3 de San Sebastián dictó en fecha 1-10-2001 sentencia por la que apreció la caducidad de la instancia en la demanda promovida por el señor R. A., frente a «Armendi, SL», «Pakea», Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social. Llegaba a tal conclusión partiendo de los siguientes hechos: 1) El citado trabajador sufrió accidente laboral en 26-197-1999. 2) Tramitó expediente de incapacidad permanente derivado de tal contingencia, siéndole concedido baremo por lesiones permanentes no invalidantes, con criterio que fue confirmado por sentencia de fecha 16-11-2000, que devino firme. 3) Se incoó también expediente de incapacidad permanente por enfermedad común en el que se le reconoció el grado de total para su profesión habitual, en virtud de resolución administrativa de 16-6-2000. 4) El día 26-3-2001 el señor R., presentó escrito cuyo encabezamiento especificaba que se trataba de «reclamación previa sobre contingencia de incapacidad permanente», que se desestimó por considerar había sido formulado extemporáneamente.


El actor interpone suplicación valiéndose de tres motivos, que ampara, respectivamente, en los apdos. a), b) y c) del art. 191 LPL (RCL 1995, 1144, 1563). En el primero de ellos denuncia la infracción del art. 24.1 CE (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875), razonando, en síntesis, que el escrito de 26-3-2001 ha de considerarse una petición inicial con valor de reclamación previa de las previstas en el art. 71.3 LPL que da lugar al inicio de nuevo expediente administrativo, así como que por medio de él ha satisfecho la finalidad que cumple la reclamación previa, que no es otra sino permitir que la Administración conozca la intención del administrado de litigar frente a alguna de sus resoluciones.


En el segundo motivo insta la revisión de los ordinales quinto y séptimo del relato fáctico; primeramente con el fin de que se dé por probado el valor de petición inicial con valor de reclamación previa que atribuye al escrito de 26-3-2001, y más tarde para lograr la nueva redacción de lesiones que estima concurren en él. En el tercer motivo se alega infracción del art. 1966 CC en relación con el 419 LECiv, manifestando que la falta de reclamación previa no implica la pérdida de un derecho, pudiéndose iniciar un nuevo expediente administrativo en el que se dilucide la contingencia que es atribuible al grado de incapacidad permanente total que ha sido reconocido por la Administración.


Dada la profunda conexión que guarda el motivo primero con la revisión del hecho declarado probado quinto, puesto que la petición de nulidad que aquél defiende se basa en el carácter de petición inicial con valor de reclamación previa que se quiere atribuir al escrito de 26-3-2001 por la vía de revisión del relato fáctico, esta última cuestión se examinará de modo prioritario.


Previamente, debe reseñarse que el único escrito de impugnación que se opone al recurso ha sido formulado fuera de plazo, según resulta de los folios de autos 150 y 155.


SEGUNDO Al pedir la parte recurrente la modificación del hecho declaro probado quinto se apoya en que este ordinal «hay que relacionarlo con el relato fáctico que contiene el fundamento de derecho segundo de la sentencia, en cuanto el magistrado de primera instancia establece que el escrito presentado el 26 de marzo de 2001 es la reclamación previa contra la resolución dictada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social el 16 de junio de 2000 y visto el tiempo transcurrido ha caducado la vía administrativa, sin entrar por tanto a discutir el fondo del asunto». Así pues, es de destacar, ante todo, que la revisión objeto de examen se funda es diversas elucubraciones y no cumple el requisito de precisar qué prueba documental evidencia error en el juzgador de instancia, pues ni tan siquiera menciona el folio de autos donde aparece documentado el escrito de 26-3-2000 sobre cuyo valor se especula. Esto sería suficiente para denegar la revisión.


Pero, aun prescindiendo de tal hecho, si examinamos el escrito en cuestión (que aparece recogido al folio 36 de autos), vemos que el encabezamiento del mismo identifica su naturaleza en los mismos términos que el magistrado de instancia precisa en el fundamento de derecho tercero de sentencia («reclamación previa sobre contingencia de incapacidad permanente»), es decir, que no efectúa referencia alguna a que se trate de petición inicial con valor de reclamación previa, como tampoco a lo largo de las alegaciones que en él se formulan se contiene cita del art. 71.3 LPL. Del mismo modo, el suplico pide se tenga por interpuesta reclamación previa y no solicitud inicial con valor de reclamación previa.


Consecuentemente, cuando el juzgador de instancia da por probado que en fecha 26-3-2001 el demandante presentó reclamación previa contra el acuerdo de 16-6-2000, no incurre en error, ni, por lo mismo, caber revisar el hecho declarado probado quinto.


Tampoco cabe hacerlo del séptimo, dado el carácter manifiestamente intrascendente de la revisión que se propone, puesto que: A) según se ha dicho, se intenta en él una nueva redacción de lesiones que aquejan al recurrente a pesar de que no se discute el grado de incapacidad permanente que le aqueja y, por consiguiente, los datos que se intentan aportar no son relevantes en orden a resolver el tema referente a la determinación de la contingencia determinante de la incapacidad. B) No se construye ningún motivo de recurso dirigido a pedir que se declare la incapacidad derivada de accidente laboral, por lo que a nada conducen los hechos de referencia.


TERCERO Pasamos seguidamente a determinar si existe fundamento para acoger la petición de nulidad de actuaciones que propugna la parte recurrente por haber estimado el magistrado «a quo» la caducidad de la instancia.


En la tramitación de la prestación de seguridad social por incapacidad permanente el procedimiento a seguir es el regulado en el RD 1300/1995, de 21 de julio (RCL 1995, 2446), por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (RCL 1994, 3564 y RCL 1995, 515).


Dicha norma reglamentaria, siguiendo el esquema básico de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), distingue entre las fases de iniciación (art. 4), instrucción (art. 5) y resolución del procedimiento (art. 6).


Esta resolución inicial se impugnará por el administrado en fase preprocesal por medio de reclamación previa, a la que seguirá demanda en caso de instarse actuaciones judiciales. En concreto, estos trámites se regulan del siguiente modo: 1) Petición inicial de incapacidad permanente y resolución de la misma. Señala el art. 6.1 del RD 1300/1995 que el INSS debe dictar resolución expresa en todos los procedimientos de incapacidad permanente, precisando que cuando no se haga así en el plazo de ciento treinta y cinco días «la solicitud se entenderá denegada por silencio administrativo, en cuyo caso el interesado podrá ejercitar las acciones que le confiere el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral».


2) Interposición de reclamación previa. Establecen los arts. 71 y 139 LPL, así como el art. 120 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que es requisito necesario para formular demanda laboral en materia de Seguridad Social que los interesados interpongan reclamación previa ante la Entidad Gestora o Tesorería General de la Seguridad Social. El primero de los preceptos citados diferencia dos vías a través de las cuales ha de producirse su agotamiento:


A.) Casos en que la petición inicial del administrado ha sido respondida expresamente por la Administración: en este supuesto el interesado habrá de interponer reclamación previa «ante el órgano que lo dictó en el plazo de 30 días siguientes a la fecha en que se le hubiera notificado el acuerdo» (ap. 2 del citado art. 71).


B.) Supuestos en que no exista resolución de la petición inicial: en estos casos «el interesado podrá solicitar que se dicte por la entidad correspondiente, teniendo esta solicitud valor de reclamación previa» (ap. 3 del mismo art. 71).


3.) Resolución de la reclamación previa. La redacción original del art. 71.4 de la vigente LPL establecía que el plazo de resolución de las reclamaciones previas en materia de seguridad social era de 45 días. Pero el art. 46 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, sustituyó la expresión «plazo de 45 días» de que hablaba ese precepto por la de «plazos reglamentariamente establecidos», de manera que desde su entrada en vigor el tiempo de que dispone la Administración para resolver reclamaciones previas en materia de incapacidad permanente será el que fijen las normas que regulen el correspondiente procedimiento. Pero el RD 1300/1995 nada dispuso al respecto. Por tanto, desde la vigencia de esta disposición reglamentaria no existe precepto específico que regule esta cuestión, por lo que, a nuestro juicio, a falta de norma especial habrá que acudir a la general contenida en el art. 125 de la Ley 30/1992, precepto por el que se ordena que la Administración debe resolver la reclamación previa a la vía judicial laboral en plazo de un mes, transcurrido el cual «sin haber sido notificada resolución alguna el trabajador podrá considerar desestimada la reclamación a los efectos de la acción judicial laboral». 4.) Interposición de demanda judicial. Resuelta la reclamación previa, el administrado puede accionar judicialmente presentando demanda en plazo de 30 días, computados desde la fecha en que produce esa resolución, tanto si es expresa como si lo es por silencio administrativo (art. 71.5).


Conforme a estas previsiones legales los pasos a seguir en este caso hasta llegar al presente proceso debieron haber sido los siguientes: A) El procedimiento administrativo de declaración de incapacidad permanente instado por el señor R., dio lugar a resolución inicial de fecha 16-6-2000, de la que no hay dato alguno para apreciar se dictase extemporáneamente. B) Dado que hubo resolución expresa, la presentación de la reclamación previa pudo formularse dentro de los 30 días siguientes a su notificación, siendo sólo computables los días hábiles, según el art. 48.1 de la Ley 30/1992. C) A partir de dicha fecha el INSS, hubiera dispuesto de un mes para resolver, computándose este plazo de fecha a fecha, según el art. 48.2 de la Ley 30/1992. E) Desde el momento en que se resolviese esa reclamación o transcurriese el plazo de un mes con que contaba la Administración para hacerlo, el trabajador disponía de 30 días para presentar demanda.


Consecuencia de lo anterior es que la reclamación previa de 26-3-2001 está interpuesta fuera de plazo frente a la resolución de 16-6-2000 que se notificó a quien hoy es recurrente el 27-6-2000, tal como resuelve la Entidad Gestora en acuerdo de 4-4-2001, y la falta de impugnación en tiempo y forma del acuerdo que pone fin al procedimiento administrativo determina la caducidad de ese concreto procedimiento y de la instancia judicial en que se impugna. No hay, por tanto, razón alguna para entender que el magistrado «a quo» haya incurrido en defecto procesal causante de indefensión que obligue a acordar la nulidad de actuaciones.


CUARTO No cabe admitir que el escrito de 26-3-2001 tuviera el valor de petición formulada al amparo del art. 71.3 LPL. No sólo porque, como hemos visto, no lo hizo así el trabajador, sino, además, porque, de haberlo hecho, hubiera acudido a una vía procedimental que no le estaba permitida, pues el citado art. 71.3 sólo entra en juego cuando la Administración no dicta resolución que ponga fin a la petición inicial de un procedimiento administrativo, lo que no era el caso del señor R., donde hemos visto se dictó resolución expresa en tiempo y forma.


Y tampoco cabe plantear, como hace el recurso, que, en última instancia se debió haber dado por el INSS al tan repetido escrito de 26-3-2001 valor de simple petición inicial, aun sin carácter de reclamación previa, y admitir después contra su denegación otra reclamación previa, ya que tal cuestión no consta se plantease en la instancia, de modo que no cabe introducirle en fase de recurso por primera vez, y, en todo caso, la Administración se ha limitado a resolver lo que se le pedía por parte del administrado, no lo que pudiera entender se le debía haber pedido.


QUINTO Corolario de lo anterior es que no hay vulneración alguna del art. 24.1 CE (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875). La infracción de este precepto se hubiera producido en caso de que la Administración hubiera exigido un trámite preprocesal (doble reclamación previa) que supusiera un obstáculo para llegar al proceso. Pero lo sucedido en la realidad no ha sido esto.


Cuando un administrado solicita una prestación de seguridad social se inicia el oportuno procedimiento administrativo, en el cual recaerá el acuerdo de resolución correspondiente, pudiendo existir, después de terminado el expediente propiamente dicho, otra resolución administrativa, si bien en este caso se adoptará en respuesta a la reclamación previa interpuesta en fase preprocesal. No cabe confundir resolución inicial administrativa (preceptiva tanto en del procedimiento materia de seguridad social como en cualquier otra materia administrativa) con la resolución que responde a la impugnación formulada ante la propia Administración para darle ocasión de revisar si su actuación se acomoda a la legalidad vigente, posibilidad ésta que se traduce bien en la formulación de reclamación previa (caso de impugnación de acuerdos sobre prestaciones de seguridad social) bien en el ejercicio de los recursos administrativos preceptivamente establecidos (caso de que la impugnación judicial del acuerdo en cuestión deba efectuarse ante el orden contencioso-administrativo). De entender que la presentación de reclamación previa contra la resolución inicial que pone fin al procedimiento administrativo encierra un doble trámite administrativo contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, igualmente debería concluirse -a nuestro juicio- que todo recurso administrativo de los regulados en la Ley 30/1992 interpuesto contra el acuerdo inicial que pone fin al procedimiento administrativo encierra ese doble trámite y, por las mismas razones, esos recursos administrativos serían inconstitucionales.


También hay que tener claro que cada petición que se formule ante la Administración requiere un procedimiento administrativo y una reclamación previa si se pretende su impugnación en vía judicial. Por eso, si una solicitud oportunamente resuelta no se combate en vía administrativa, cabrá, según los casos (en función de los plazos de prescripción), instar una nueva petición y contra lo que en ella se decida, interponer reclamación previa, sin que ello suponga que se está ejercitando reclamación previa contra el acuerdo que resolvió la primera petición, ni que se está exigiendo una doble reclamación previa dentro de un mismo procedimiento administrativo.


En este caso, recapitulando lo sucedido, encontramos que la petición inicial de incapacidad permanente del Sr. Ruiz se resolvió por acuerdo de 16-6-2000, sin que se impugnase en tiempo y forma esa decisión. Por ello, el administrado, caso de no estar conforme con lo resuelto, debió iniciar nuevo expediente administrativo y, contra la petición inicial que en él hubiera recaído, presentar reclamación previa. Lo que no cabe es que en marzo del 2001 intente resucitar, por medio de una reclamación previa, un expediente administrativo correctamente terminado nueve meses antes, pues esto ni lo permite la Ley ni resulta acorde con el principio de seguridad jurídica.


La necesidad de que los acuerdos recaídos en materia de seguridad social se impugnen en el tiempo y forma marcados por Ley resulta particularmente relevante en casos de incapacidad permanente. En el presente proceso el recurrente lo que impugna es el origen de la contingencia que ha dado lugar a la invalidez que le fue reconocida por mor de resolución de 16-6-2000, pero podía suceder igualmente que lo que pretendiera impugnar fuera la denegación de su pensión, o el grado que le fue reconocido, y, en tal caso, resultaría que por medio de lo que denomina «petición inicial con valor de reclamación previa» estaría intentando reabrir el período de impugnación contra una resolución administrativa que fue consentida y que se adoptó en función de las circunstancias concurrentes en un determinado momento (hecho causante), que no tienen porqué coincidir con las constatables nueve meses más tarde o, incluso, en un período muy posterior, caso de que la reanudación se intente varios años después de resolverse el expediente inicial de invalidez. Esta problemática ya se expuso en la sentencia de este Tribunal Superior de Justicia de fecha 23-11-1999 [AS 1999, 7005] (rec. 2082/1999) y la de 27-1-1998 [AS 1998, 5111) (rec. 1403/1997), frente a la cual se interpuso recurso de casación para unificación de doctrina que fue resuelta por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3-3-1999 (RJ 1999, 2060), donde se manifestó que «Todo ello es palmario de la lectura del art. 72 LPL, que establece un deber de congruencia entre una primera fase extrajudicial de reclamación y la pretensión a través de la que se ejercita la acción procesal, puesto que si, durante todo el plazo material de prescripción, interrumpible «ex» art. 73 LPL, pudiera quien es particular interesado en el expediente administrativo de invalidez producir escritos de solicitud al que conceder valor de reclamación previa forzando un enjuiciamiento, quedaría la puerta abierta a introducir indefinidamente hechos nuevos en base a los arts. 72.1 y 80.1 c) LPL, quedando sin sentido la misma noción de hecho causante de la acción protectora de la seguridad social y de la revisión del grado por agravación de lesiones del art. 143 LGSS (RCL 1994, 1825)».


Por cuanto antecede, cabe resumir que el juzgador de instancia no incurre en infracción del art. 24.1 CE (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) cuando aprecia la excepción de caducidad de la instancia y deja imprejuzgada la acción en cuanto al fondo. Tampoco la hay de los arts. 1966 CC y 419 LECiv, cuya hipotética vulneración no se explicita en recurso ni se comprende su invocación, toda vez que aquel precepto regula los plazos de prescripción de determinadas clase de acciones que nada tienen que ver con las prestaciones de Seguridad Social.


SEXTO La desestimación del recurso no conlleva la imposición de costas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 233.1 de la LPL, dado que la parte recurrente dispone del beneficio de asistencia jurídica gratuita, de conformidad con el art. 2, apdo. d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero (RCL 1996, 89).


FALLAMOS




Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por don Ignacio R. A., contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de los de San Sebastián, de fecha 1 de octubre de 2001; en autos núm. 259-2001, promovidos por el citado recurrente contra «Armendi, SL», «Pakea» Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 48, Instituto Nacional de la Seguridad Social («INSS») y Tesorería General de la Seguridad Social («TGSS»), y, en su consecuencia, confirmamos la sentencia impugnada, sin imposición de costas.


Notifíquese esta Sentencia a las partes litigantes y al Ministerio Fiscal.


Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para dar cumplimiento al Fallo recaído.


Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el mismo día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrada-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


ADVERTENCIAS LEGALES


Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.


Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BBV cta. número ..., a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.


El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 50.000 ptas. en la entidad de crédito BBV c/c ..., Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.


Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.



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