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CONSIDERACIONES DE LA CORTE


Con el ánimo de precisar el marco conceptual sobre el cual se desarrolla la presente controversia, se hace menester un recuento tentativo sobre el concepto de los derechos colectivos, así como de los individuales homogéneos, e indagar por su origen y los mecanismos de protección que para ellos se han establecido. A ello procederá la Corte, luego de lo cual abordará tal temática desde la perspectiva de esas instituciones en el derecho patrio, para más adelante dar respuesta a los cargos formulados.


1. Los derechos supra-individuales


No siempre la ciencia jurídica se encasilla en el bifrontismo entre derechos privados y derechos públicos, esto es, entre aquellos cuya titularidad corresponde a las personas singularmente consideradas y aquellos que por su generalidad se hallan en cabeza de todos los miembros del conglomerado social.


En el intermedio, atravesando la referida dualidad de categorías y rompiendo esa estructura tradicional dicotómica, se encuentran los que la doctrina ha llamado derechos supra-individuales (también conocidos como derechos colectivos en sentido amplio, meta-individuales, sobre-individuales o trans-individuales), es decir, los que corresponden a una determinada comunidad o colectividad, o si se quiere, a agrupaciones con uniformidad de características y condiciones que, por su posicionamiento y su trascendencia social, merecen ser concebidas por la ley como un todo y, por lo mismo, ameritan recibir el tratamiento de entidades (ideales en todo caso) autónomas e independientes.


Básicamente, constituyen tipologías jurídicas que encontraron realce de la mano del discurso cosmopolita sobre los derechos humanos y, en especial, de los caracterizados como derechos de la tercera generación. Al respecto, es de recordar que “después de la conferencia de la ONU de Estocolmo sobre medio ambiente -en 1972- surgió el concepto de derechos humanos de tercera generación, cuyo autor original fue el jurista checoslovaco, Karel Vasak. Años después, sobre todo a partir de 1981 en la conferencia de Aix-en-Provenze, se consolidó esta expresión. La doctrina jurídica francesa ha hecho en este campo una contribución aceptada mundialmente la cual… complementa la concepción romanista de los intereses difusos y la da a ésta dimensión futura y global” 2.


Esos derechos, se ha dicho, fueron impulsados por la doctrina en la segunda mitad del siglo XX con miras a incentivar el progreso social, elevar el nivel de vida de los pueblos y lograr la protección de los consumidores y del medio ambiente, con fundamento en principios como la solidaridad, la dignidad humana y la cooperación, desarrollados al abrigo de la noción del Estado Social de Derecho. Recuérdese que “el reconocimiento y la necesidad de tutela de esos intereses pusieron de relieve su configuración política. En consecuencia, la teoría de las libertades públicas forjó una nueva ‘generación’ de derechos fundamentales. A los derechos clásicos de ‘primera generación’, representados por las tradicionales libertades negativas, propias del Estado liberal, con el correspondiente deber de abstención por parte del Poder Público; a los derechos de ‘segunda generación’, de carácter económico-social, compuestos por libertades positivas, con el correlativo deber del Estado a un dar, hacer o prestar, la teoría constitucional agregó una ‘tercera generación’ de derechos fundamentales, representados por los derechos de solidaridad, resultantes de los referidos intereses sociales” 3.


Sin embargo, hay que señalar que de los derechos supra-individuales o colectivos en sentido amplio, ya había noticia desde antaño. Así lo registran “los estudiosos del derecho romano -el profesor Andrea di Porti, Universidad de Turín- refieren que existió el interdicto pretorio, para proteger intereses sobre-individuales, como la contaminación de la vía pública, tanto para prohibir actos, en su forma inhibitoria, como para exigir el pago de daños, en forma de indemnización. Era la tutela de la salubritas y de la res pública. Sobre estas instituciones romanas se apoyó Vitorio Scialoja hace más de cien años, en el siglo XIX, para expresar la idea de los intereses difusos: ‘diritti diffusi in tutti i membri della comunitá, da esercitarsi percio da ciascuno di essi’…


Cuando Scialoja expresa que son intereses y derechos difusos de todos los miembros de la comunidad, entiende que era en su época -siglo XIX- la comunidad nacional o regional.… ahora debe entenderse que es la comunidad internacional, debido a la globalización que existe a fines del siglo XX, por las fuerzas crecientes del comercio internacional y del consumo masivo, por la explosión demográfica y urbana y, sobre todo, por las fuentes de consumo de energía y tecnología que contaminan sin tener límites.


Scialoja entiende que cada uno de los miembros de la comunidad puede ejercitar acciones ante los Tribunales para proteger sus intereses y derechos difusos, su idea conduce a que exista la acción popular -actio popularis, en el derecho romano- en el sentido que cada persona debe tener a su alcance el acceso a la justicia… En el derecho romano se protegían las res in uso público, os loca publica: áreas agrícolas, urbanas, edificios, calles, presas, caminos, ríos y cloacas públicas. La tutela de la res pública se efectuaba por el civis, quivis e populo, por los interdictos populares.


Eran acciones qua suum ius populi tuentur. Protegían el diritto público diffuso, como acción del individuo y miembro del pueblo, cuyo fundamento era el derecho de los ciudadanos sobre el uso común de la res publica. La base se encuentra en Ulpiano (Digesto 43, 8, 2, 2), que dice: loca enim pública utique privatorum usibus deserviunt jure scilicet sibatatis, non cuasi propria cuiusque. El populus romanos se concibe como una pluralidad de ciudadanos, no como una entidad abstracta distinta a los cives que la integran4.


Los ‘derechos’ e ‘intereses’ supra-individuales, según viene de verse, constituyen una conquista posterior a la que subyace en la consagración política de los derechos civiles y políticos, así como la de los derechos sociales, económicos y culturales. Hoy por hoy, son reconocidos como garantías, poderes o simples conveniencias sociales que van más allá del individuo y que tienen como fin la protección de agrupaciones que fungen como verdaderos actores sociales y económicos. Bueno es aclarar, además, que según tiene dicho la doctrina, “existe identidad entre los conceptos de ‘interés’ y ‘derechos’ porque, una vez que los intereses pasan a ser amparados por el ordenamiento jurídico, ellos asumen el mismo status de un derecho, desapareciendo cualquier razón práctica o teórica que los diferencie5.


De esa manera, el ordenamiento jurídico reconoce una realidad y concibe una respuesta para regularla, pues advierte que existen actividades capaces de afectar simultáneamente vastos sectores de la sociedad y, ante ello, crea mecanismos para que se proteja al conjunto, al colectivo, a la masa, o si se quiere, a la agrupación de individuos mirada como tal, aunque no tenga personalidad jurídica propiamente dicha.


Así, por ejemplo, cabe mencionar a los consumidores de determinados productos, a los habitantes de una localidad, a categorías especiales de personas como pensionados, niños, discapacitados o ancianos, a ciertos gremios, etc., que por diversas circunstancias pueden llegar a tener intereses afines y comunes que deben ser salvaguardados por el derecho, no sólo por su importancia para la vida en sociedad, sino, además, porque con ello se posibilita el control para quienes desarrollan actividades de repercusión múltiple, al paso que se promueve una dimensión especial del acceso efectivo a la administración de justicia para casos en los cuales se discuten cuestiones que individualmente vistas pudieran carecer de valor, pero que para el grupo y la colectividad en general pueden tener una indiscutible relevancia.


De hecho, cuando no existe relación adecuada entre el costo y el beneficio de proteger un derecho, hay una tendencia al abandono, pues los dispendios de la protección y las barreras del acceso a la justicia inhiben a la víctima, lo cual crea un espacio de impunidad en el que medran grandes sujetos económicos que, en veces, se prevalen de ese escaso interés subjetivo y de la merma de protección que ello apareja para derivar de allí pingües ganancias.


Surgió, pues, la necesidad de brindar tutela jurisdiccional a situaciones derivadas de la masificación y estandarización en los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, así como por las nuevas estructuras de la economía, la consolidación de monopolios, la constante explosión demográfica, los avances tecnológicos y científicos y otros factores que rompen el equilibrio del mercado, fomentan asimetrías de hecho en las relaciones de poder y resienten el ideal del desarrollo humano sostenible. Precisamente la tendencia del Estado moderno es propiciar el reconocimiento de dichas agrupaciones como organismos independientes con el fin de que, en pie de igualdad y prevalidos de la fuerza que se deriva del ánimo gregario, reclamen sus derechos en procura de lograr un mayor grado de armonía y ecuanimidad en las relaciones sociales.


Como enseñó el profesor Mauro Cappeletti en las XIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal “para darnos cuenta de la novedad e importancia del fenómeno, debemos observarlo en sus aspectos sociales. El ‘problema social’ planteado por esos ‘nuevos derechos’, se explica solamente a la luz de una visión moderna de las sociedades contemporáneas. En ellas han surgido con gran urgencia relaciones típicas de las economías modernas, como el hecho de que la producción, distribución y consumo de los bienes se desarrolle en gran escala, y ya no más en una relación de ‘uno a uno’. De aquí deriva la necesidad del proceso civil, de reflejar en sus estructuras esta transformación revolucionaria de las relaciones económicas y sociales. Los ejemplos más evidentes son los de la protección de los consumidores y del medio ambiente. Un defecto aun secundario de un solo producto puede convertirse en perjudicial para miles, y hasta millones de consumidores; es similar el caso de la contaminación ambiental por parte de los grandes complejos industriales.


Si se debiera pretender la individualización de dicho daño, se obtendría, por un lado, la inmersión de las cortes de justicia en un sinnúmero de causas frecuentemente insignificantes, y se produciría, por el otro, de hecho, una verdadera denegación de justicia, porque la gran mayoría de consumidores y ambientalistas dañados no tendrían motivación, tiempo, poder económico, ni información suficientes para iniciar un proceso contra el potente productor o contaminador; y en el caso en que esto sucediera, el resultado del procedimiento sería tan irrisorio que el productor masivo y el gran contaminador no se verían efectivamente persuadidos de abandonar la actividad productora del daño…6.


2.Clasificación de los derechos supra-individuales


Precisamente a ello se debe que -recientemente- las legislaciones de los países que hacen parte de la familia del civil law -entre ellas las de Iberoamérica- se hayan visto avocadas a superar la perspectiva individualista del ordenamiento jurídico, para dar cabida a una concepción con tono social, lo cual ha llevado a que por esa vía, se consagren positivamente -aunque sin ánimo de taxatividad-, los derechos que tienen la connotación de supra-individuales, haciendo incluso taxonomías que sirven al propósito de comprender mejor su alcance y contenido.


Recuérdese, en ese sentido, que dentro de los derechos colectivos en sentido amplio, la doctrina especializada ha distinguido entre los derechos difusos y los derechos colectivos propiamente dichos (stricto sensu), señalando, por ejemplo, que “…cuando el grupo de personas que se encuentran de forma común y simultánea en una misma situación jurídica con respecto a un bien que todos ellos disfrutan conjunta y solidariamente y respecto del que experimentan una común necesidad, sea determinado o determinable en su composición, en sus miembros, puede hablarse de interés colectivo. Cuando, por el contrario, se trata de una comunidad amplia e indeterminada de sujetos puede hablarse de interés difuso. Normalmente en el caso de los intereses colectivos existirá una vinculación jurídica de los miembros del grupo con un tercero o entre sí; en los difusos, en cambio, no existirá dicho vínculo jurídico y el único nexo entre los sujetos interesados estará formado por circunstancias fácticas contingentes. Ello hace que la comunidad de referencia del interés colectivo esté caracterizada por una mayor permanencia, a diferencia del interés difuso, que lo está más por las notas de mutabilidad u ocasionalidad” 7.

Conforme se aprecia, los derechos difusos son indivisibles y pertenecen a comunidades compuestas por una cantidad difícilmente determinable de sujetos que no están atados entre sí por ningún vínculo jurídico, sino que resultan ligados por hechos o circunstancias concretas que los aglutina a todos. Por ende, la defensa de ese tipo de derechos puede ser promovida por cualquiera que pertenezca a la comunidad, pues, al fin y al cabo, no actúa para sí, sino para aquélla.


Por su parte, los derechos colectivos stricto sensu -que también son indivisibles- pertenecen a conjuntos de individuos relacionados previamente, o sea, colectividades integradas por miembros determinados o determinables que comparten un vínculo jurídico previo -o relación jurídica de base-, ya sea entre ellos o respecto de un tercero, de modo que se crea una situación de comunicabilidad que -aquí también- habilita a cualquiera de los interesados para representar los intereses del todo.



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