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Tasa de interés aplicable a los honorarios. Caso federal

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TASA DE INTERÉS APLICABLE A LOS HONORARIOS. CASO FEDERAL. 

Para el momento oportuno, solicito a V.S. tenga presente que la tasa de interés a aplicar sobre los honorarios en mora debe ser la tasa activa establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo expresamente establecido por el art. 54, inc. “b” de la Ley 8904.

En relación con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia provincial en autos "ISLA, Sara E. c/Provincia de Buenos Aires s/Amparo s/Recurso extraordinario", hago saber a V.S. que -contrariamente a lo allí establecido- la mencionada tasa de interés no implica en modo alguno una indexación o repotenciación de deudas.

(i) En primer lugar, porque no puede confundirse conceptualmente una tasa de interés –cualquiera sea su guarismo- con un mecanismo de repotenciación o indexación de deudas, tal como lo hace la mayoría en el fallo citado.

La repotenciación de la deuda tiene por objetivo mantener intangible el crédito. En cambio, la aplicación de los intereses moratorios presupone compensar al acreedor por la demora en el cobro de ese crédito. Aunque se dispusiera el pago de intereses moratorios a una tasa que superara la medida del envilecimiento de la moneda –lo que no necesariamente ocurre en el caso de la tasa activa- ello no significa que se esté indexando la deuda, sino que tan sólo se decide, en un lapso en que la ley no tolera repotenciaciones, cuál es el interés moratorio aplicable (CNCiv. y Com. Fed, Sala I, causa 2094/92 del 26/05/1994 y sus citas).

Así, la función del interés moratorio en las obligaciones de dar sumas de dinero es compensar al acreedor de los perjuicios e intereses que debe el deudor moroso (v. nota al art. 622 del Código Civil) de modo tal de cumplir con el requisito la integralidad del pago plasmado en el texto del art. 505 del mismo Código. Tanto así que el art. 1740 del Código Civil y Comercial establece que la plena reparación del daño debe consistir en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, lo que obviamente incluye el pago de los intereses respectivos a una tasa que cumpla tal función resarcitoria.

(ii) En segundo término, porque actualmente se aplican tasas muchísimo más altas que la prevista por el art. 54 inc. “b” de la Ley 8904 sin que resulten tachadas de inconstitucionales o indexatorias. Por lo tanto, vedar su imposición a los honorarios profesionales implicaría una violación a las garantías de igualdad ante la ley y protección de la propiedad (arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional).

En efecto, los artículos 96 y 104 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires imponen intereses a la tasa activa por sobregiro en cuenta corriente –que es la más alta disponible- incrementada en un 100% y 150% respectivamente. Si se admitiese el criterio de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia (in re"Isla", ya citado) según el cual la aplicación de la tasa activa a los honorarios profesionales implica una indexación en razón del porcentaje del interés, con mucho más razón habría que admitir entonces que las tasas de interés previstas por el Código Fiscal resultarían todavía más indexatorias e inconstitucionales que la Ley 8904.

Por otro lado, son varias las disposiciones legales que establecen tasas de interés que exceden incluso a la tasa activa. Además de lo ya expuesto respecto del Código Fiscal, el art. 552 del Código Civil y Comercial impone a los alimentos atrasados los intereses a la tasa más alta que se permita a los bancos cobrar, con más la que el juez determine. Y los arts. 565 del Código de Comercio y  52 del Decreto 5965/63 establecen la aplicación de la tasa activa, sin que se haya declarado nunca su inconstitucionalidad por una supuesta colisión con la Ley 23.928. 

De su lado, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que los intereses que cabe reconocer a partir del 1° de abril de 1991 deben calcularse a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (Fallos 324:155).

(iii) En tercer lugar, la interpretación sistémica de la norma impone admitir que el inc. “a” del art. 54 citado se refería a la indexación, mientras que el inc. “b” alude sólo a intereses, conceptos que –como se ha visto- no pueden confundirse.

(iv) Finalmente, porque la aplicación de la tasa pasiva a los honorarios profesionales resulta violatoria de la Constitución Nacional en tanto no sólo no alcanza a reparar el daño moratorio, sino que ni tan siquiera mantiene el valor del crédito alimentario que los honorarios representan, premiando en cambio al deudor que se beneficia con la falta de pago a través del “dinero judicial barato” (CNTrab., Sala VIII, causa 34.235/2007, sent.: 34446 del 14/08/2011).

Y así se ha dicho que mediante la aplicación de la tasa pasiva a los honorarios de abogados “…se estaría beneficiando el interés ilegítimo del deudor moroso en contra del derecho a la dignidad de la persona del acreedor, manifestada por la expresión y el reconocimiento de la actividad que fue fuente generadora de los recursos por el trabajo desplegado; acreedor que vería menguado su patrimonio recibiendo un trato desigual al de otros acreedores de deudas dinerarias en las mismas condiciones económicas imperantes; todo ello en clara contraposición a los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 28 y 31 de la Constitución Nacional…” (CNFedCivyCom, Sala II, in re “A., A. D. y Otros c. Estado Nacional Prefectura Naval Argentina s/ cobro de sumas de dinero”, del 29/05/2015, en LL 2015-C, 613).

Lo anterior resulta agraviante a las garantías asignadas por la Constitución Nacional al trabajo personal, a la igualdad y a la propiedad (arts. 14 bis, 16 y 17). Máxime cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que "... El crédito por honorarios está amparado por el derecho constitucional a la justa retribución por el trabajo personal…” (art. 14 bis de la Constitución Nacional; C.S.J.N., Fallos 293:239 cons. 7 in fine) y es, por ende, de carácter alimentario (C.S.J.N. Fallos: 294, 434 cons. 10).

Por lo señalado dejo planteado el caso federal en los términos arriba expuestos para el eventual supuesto en que V.S. considere improcedente la aplicación de la tasa expresamente prevista por el art. 54 inc. “b” de la Ley 8904.





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