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ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO

( 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)

E-2014-178

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO


17ma. Asamblea 4ta. Sesión

Legislativa Ordinaria


SENADO DE PUERTO RICO


P. del S. ­­1254


4 de noviembre de 2014


Presentado por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, Torres Torres; la señora López León; los señores Fas Alzamora, Nadal Power, Rosa Rodríguez; la señora González López; los señores Nieves Pérez, Pereira Castillo, Rivera Filomeno, Rodríguez González, Rodríguez Otero, Rodríguez Valle, Ruíz Nieves, Suárez Cáceres, Tirado Rivera y Vargas Morales.


Referido a la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica


LEY


Para enmendar los Artículos 1.001, 2.001, 2.002, 2.003, 3.001, 3.002, 3.004, 3.007, 3.006, 3.007, 3.008, 3.009, 3.010, 3.014, 3.015, 4.005, 5.002, 5.003, 5.006, 5.007, 6.004, 6.007, 6.013, 6.016, 6.017, 7.001, 7.005, 7.006, 8.001, 8.009, 8.011 8.012, 8.018, 8.027, 9.011, 9.013, 9.014, 9.027, 9.031, 9.034, 9.039, 10.005, 10.013, 11.009, 12.001, 12.018 y 12.020; agregar un nuevo Artículo 8.014, de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, para cambiar el nombre de esta Ley, atender asuntos relacionados al Escrutinio General de las Primarias de los Partidos Políticos, Inscripción de Nuevos Electores, Transacciones Electorales, Estructura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Prerrogativas de los Partidos Políticos, Nombramiento del liderato de la Comisión, Escrutinio Electrónico, Definición del Voto, protección de la voluntad del elector, movilización, balance político, el Voto Ausente y Voto Adelantado y sobre los gastos en medios de difusión en el año electoral en zonas turística y en el exterior por la Compañía de Turismo, la Autoridad de Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, y la Compañía de Fomento Industrial, reiterar sus disposiciones penales y para otros fines relacionados.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


Nuestro ordenamiento constitucional y sistema de gobierno garantiza a toda persona el derecho a la igualdad, la equidad y la justicia como principios fundamentales para encaminarle la consecución de la libertad y la dignidad que aspira disfrutar como ser humano. El acceso a tales derechos reconocidos por la comunidad universal se consagra a través del ejercicio del voto, que expresa la voluntad individual y colectiva de todo un pueblo, en la conformación del gobierno de su nación.

Los derechos de los ciudadanos se honran respetando su dignidad e igualdad. El derecho a la intimidad del voto erradicó las prácticas discriminatorias del pasado que fueron repudiadas por los gobiernos que reconocieron la subordinación del orden político frente a los derechos del hombre y la mujer, porque la voluntad del pueblo es la fuente del poder público.

La Constitución del Estado Libre Asociado, en su Preámbulo establece que “El sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña; (…) donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas”.

Asimismo, las Naciones Unidas adoptaron, por unanimidad, el rol de las elecciones abiertas y transparentes como parte de ese derecho fundamental que tienen los ciudadanos del mundo a la participación en sus gobiernos.

Para garantizar que estos derechos universales no estén subordinados al dominio de unos pocos, y que estén revestidos de todas las garantías contra la opresión y la manipulación, es esencial reforzar nuestro sistema electoral mediante legislación que delinee unos procesos electorales transparentes y confiables, dirigidos a garantizar que la voluntad del individuo y de la mayoría de pueblo sea perfeccionada gracias al voto.

Por todo lo anterior, es esencial proveer la mayor garantía, transparencia y pureza legal en los procesos electorales para que quienes participen de los mismos, y sobre todo la ciudadanía ya que deposita su confianza en nuestra democracia, tenga la certeza de que la voluntad del elector expresada en las urnas, será respetada y adjudicada.

Sin embargo, las mayores garantías de transparencia y de compromisos con la justicia democrática son inútiles si no se establecen normas diáfanas, ejecutables y medibles para la manera en que los ciudadanos ejercerán su derecho al voto y la forma en que su voluntad será reconocida, contabilizada, escrutada y validada mediante el proceso electoral.

Esta Ley se propone restablecer la confianza del electorado y su expectativa en la pureza de los procesos para la selección de los aspirantes y candidatos de los partidos políticos a cargos electivos a través de las Primarias de Ley; ampliar las oportunidades para la inscripción de nuevos electores con el fin de motivar su participación en el proceso electoral y enfatizar el valor del voto y proteger la voluntad del elector, que no es otra cosa que defender los derechos que le son conferidos por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la comunidad universal.

Estos derechos fueron menoscabados por las enmiendas introducidas en el actual Código Electoral. Las disposiciones propuestas en este proyecto claramente establecen el consenso para instituir un sistema de escrutinio electrónico, incluyendo las fuentes para su financiamiento, la restitución o establecimiento de controles y medidas de seguridad que garanticen el voto independiente y secreto de todos los electores en las diferentes clasificaciones de voto adelantado o ausente, en especial, sobre la atención de los grupos de electores más vulnerables, como son los encamados, los hospitalizados y aquellas personas con discapacidades. Los cambios introducidos en las enmiendas mediante la Ley Núm. 230-2011 y las interpretaciones que adoptó el Presidente de la CEE en aquel entonces, sobre tales enmiendas, provocaron que este innovador sistema de votar en todo los Estados Unidos y Latinoamérica, se viera empañado por denuncias de malos manejos de papeletas enviadas a electores que nunca pidieron votar bajo ese sistema. Los medios de comunicación reseñaron la situación de muchos electores que en realidad nunca solicitaron ese tipo de voto adelantado y de papeletas que fueron marcadas y hasta enviadas a la CEE por personas que no eran los propios electores. Estos asuntos son corregidos de manera que se devuelva la confianza pública a un sistema que fue ejemplo para otros países y que pudo caer en descrédito por la manera en que se ejecutó en las pasadas elecciones. Es imperativo defender el derecho de los electores frágiles, estableciendo legalmente la manera en que será administrado dicho voto por juntas de balance político, protegiéndoles de que su voluntad no sea vulnerada por terceros, y consagrando su acceso a la participación en el proceso electoral.

Asimismo, con el propósito de facilitar el proceso de atender las solicitudes para reactivar, reinscribir, transferir o reubicar electores sin que este trámite represente la pérdida de controles, por el contrario, manteniendo todas las medidas de seguridad que eviten el fraude y uso indebido del sistema, se propone incorporar mecanismos y métodos electrónicos para solicitar, procesar y cumplimentar este tipo de transacción electoral exitosamente, de acuerdo con la voluntad del elector.

La Comisión Estatal de Elecciones es un organismo administrativo creado por la Ley para salvaguardar estas garantías constitucionales. Para lograr que sea una dependencia más ágil y atemperarla a la realidad económica del País, también se proponen enmiendas para su organización interna, funcional y operacional, manteniendo los principios de participación y balance político. Contrario a otras jurisdicciones, la confianza del sistema electoral del País, curiosamente descansa en la desconfianza de los partidos políticos y sus oportunidades en igualdad de fiscalizar todos y cada uno de los procesos internos desarrollados desde la propia Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Desde 1977 hasta las Elecciones Generales de 2004, ante la CEE participaban como regla general solo tres partidos políticos, manteniendo contralado los gastos operacionales, en particular los relacionados a la nómina. Uno de los cambios administrativos que se fomentan en esta legislación, está relacionado con las operaciones del ente administrativo. Por muchos años, la CEE funcionó a base de reconocer la presencia de cada partido debidamente inscrito en la inmensa mayoría de las operaciones electorales y administrativas que se desarrollaban en un cuatrienio, pero especialmente en el año de elecciones generales. Hoy, con la llegada de otros partidos políticos, mantener el presente sistema obligaría a la CEE a gastar sobre 10 millones de dólares adicionales al año para esos nuevos partidos políticos. La realidad es que treinta años después de establecida la Comisión, existen muchas áreas donde el balance político no resulta necesario, pues hoy constituyen procesos administrativos propios de la naturaleza de cualquier otra agencia.

  1. Las Juntas de Inscripción Permanentes

En el caso de las Juntas de Inscripción Permanente la operación que allí se realiza, es una más de enfoque administrativo que consiste en atender a un elector y darle un servicio a su asiento electoral, que un proceso de fiscalización entre partidos políticos. Por cierto, de los procesos administrativos que allí se llevan a cabo, cada partido político siempre tendrá la oportunidad en las reuniones de la Comisión Local para cuestionar, impugnar y defender los intereses del colectivo de cualquier proceso administrativo ejecutado por los miembros de la junta de inscripción. No hay necesidad práctica de reconocerle un derecho absoluto a cada partido que se inscribe de nombrar un representante administrativo para participar en estas operaciones.

  1. Juntas de Balance

El sistema de Juntas de Balance permitiría la fiscalización entre todos los partidos políticos en gran parte de la operación electoral y administrativa. Se reconoce que la función administrativa y en representación de los partidos políticos puede realizarse con la presencia de al menos dos (2) partidos políticos presentes, dejando la presencia indispensable de cada partido político en las áreas neurálgicas del sistema electoral.



En fin, estos cambios, unidos a otros que la propia Comisión podría realizar a partir de la aprobación de esta ley, redundarán en mayores economías en el quehacer administrativo electoral de esa agencia.

Una de las enmiendas que se introducen en esta medida, tiene que ver con reiterar en la legislación electoral que constituyen delito electoral las transferencias ilegales, así como la radicación de cualquier endoso de manera fraudulenta, sin importar si se trata para apoyar a un candidato o para la inscripción de un partido político.

Finalmente, se enmienda el Artículo 12.001 a los efectos de excluir de la prohibición de gastos de difusión pública a las campañas en las zonas turísticas o en el exterior por parte de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Autoridad de Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico y la Compañía de Fomento Industrial promocionando a la isla de Puerto Rico como destino turístico o de inversión.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:


Sección 1. - Se enmienda el Artículo 2.001 y el Artículo 2.002 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, para que lean como sigue:

Artículo 2.001.- Título.- Esta Ley se denomina “Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Artículo 2.002.- Declaración de Propósitos

El Estado por el consentimiento de los gobernados constituye la institución rectora de todo sistema democrático. La grandeza y fortaleza de esta institución descansa principalmente en la expresión y participación de los ciudadanos en los procesos electorales que dan vida a su operación y funcionamiento.

El derecho al voto se deriva de varias fuentes: primero, del derecho de todos los seres humanos a elegir sus gobiernos; segundo, de la Constitución de Estados Unidos de América; y tercero, de la Constitución de Puerto Rico que consagra el derecho al sufragio universal, igual, secreto, directo y libre, a través del cual cada ciudadano puede emitir el voto con arreglos a los dictados de su conciencia; y de los estatutos que imparten utilidad a las disposiciones constitucionales.

Tal garantía de expresión electoral representa el más eficaz instrumento de expresión y participación ciudadana en un sistema democrático de gobierno. La expresión electoral puede organizarse a través de los partidos políticos a los que se les reconoce una serie de derechos, que sin embargo están, sujetos a los derechos de los electores individuales reconocidos al amparo del Artículo 6.001 de esta Ley.

Esta Ley reconoce, la capacidad…

…”

Sección 2. - Se enmiendan los incisos (3), (7), (29), (36), (54), (58), (59), (60), (62), (63), (65), (66), (71), (81) y (92) se añaden los incisos (49), (67) y (83) y se reenumeran los restantes incisos del Artículo 2.003 de la Ley Núm. 78 de 1 de junio de 2011, según enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, para que lea como sigue:

Artículo 2.003.-Definiciones.-

A los efectos de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el significado que a continuación se expresa:

  1. Agencia de Gobierno” - Cualquier departamento, negociado, oficina, dependencia, corporación pública o subsidiarias de éstas, municipios o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(6) “Aspirante” –Toda aquella persona que participe de los procesos de selección interna de un partido político debidamente inscrito con la intención de, o que realice actividades, recaudaciones o eventos dirigidos a, ocupar cualquier cargo interno u obtener una candidatura o cargo electivo.

(7) “Balance Electoral”- El equilibrio político entre los partidos políticos principales que existirá en oficinas, y dependencias de la Comisión, según dispuesto en esta Ley, y en la reglamentación que adopte la Comisión Estatal de Elecciones. Aplica a posiciones técnicas y administrativas de dirección o administración, sin que represente duplicidad en la asignación de funciones ni la creación de posiciones paralelas o redundantes. En las oficinas y dependencias de la Comisión que se requiera balance electoral, las posiciones de director o jefe y subdirector o subjefe serán ocupadas por personas afiliadas a partidos principales distintos. Las disposiciones sobre balance electoral sólo podrán ser reclamadas por aquellos partidos que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, según la definición de “Partido Principal” que se establece más adelante.

.

(18) “Ciclo Electoral” – Periodo comprendido desde la fecha en que se abren formalmente las radicaciones de candidaturas para primarias, conforme a esta Ley y hasta el 31 de diciembre del año en que se celebren unas elecciones generales.


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