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VIGÉSIMO QUINTA:

Derógase el Decreto Legislativo Nº 770, así como los Decretos Leyes Nºs 12813, 25987 y 25612, y sus disposiciones complementarias y modificatorias.

Derógase los artículos 10º, 31º, 32º, 33º, 34º y 35º de la ley de hipoteca naval, Nº. 2411; así como la primera disposición complementaria del Decreto Legislativo 857. La hipoteca naval se regirá por las normas generales del Código Civil sobre la hipoteca, y por las normas contenidas en el artículo 170º de esta ley, el artículo 6º del Código Tributario promulgado por Decreto Legislativo 816, y, en lo aplicable, por la Ley de Reestructuración Patrimonial promulgada por el Decreto Legislativo Nº 847.

Derógase los numerales 2, 4 y 7 del artículo 73º y el artículo 74º de la Ley General de Cooperativas, recogida en el Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 074-90-TR, el Decreto Ley Nº 26091, y en general toda norma que se oponga o contravenga a lo dispuesto en la presente ley.

LEY GRAL. Arts. 170, 177.

LEY 2411.

C.C. Arts. 1097 al 1122.

C.T. Art. 16.

D.LEG. 847.

D.LEG. 857.


VIGÉSIMO SEXTA: 69

Los registros públicos deberán inscribir por el solo mérito de su presentación, las resoluciones que emita la Superintendencia en virtud de los artículos 99º del numeral 2, 107º numeral y 355º. Asimismo, para efectos de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99º no son de aplicación las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, en lo que se opongan.


VIGÉSIMO SÉTIMA: 70

Los derechos y demás bienes adquiridos por terceros de buena fe durante el régimen de intervención, no son materia de reivindicación, ni son objeto de impugnación judicial o administrativa. Las certificaciones de las transferencias emitidas por la Superintendencia tienen mérito suficiente para ser inscritas en los registros públicos respectivos.

Los bienes de la empresa durante el régimen de intervención no son susceptibles de medida cautelar alguna.


VIGÉSIMO OCTAVA: 71

La Superintendencia con la finalidad de facilitar las transferencias previstas en el artículo 107º o los procesos previstos en los artículos 99º y 151º podrá, de manera temporal, exceptuar o eximir del cumplimiento de algunos de los límites establecidos en la presente Ley y en las demás disposiciones que le resulten aplicables.


VIGÉSIMO NOVENA: 72

Los supervisados tendrán derecho a ser indemnizados por la Superintendencia por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que los trabajadores y/o funcionarios presuntamente responsables hubieran obrado con dolo o negligencia grave en el ejercicio de su función. En estos casos, la Superintendencia podrá repetir judicialmente contra los trabajadores y funcionarios responsables del perjuicio, en los términos previstos en el artículo 238° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


Las medidas cautelares para futura ejecución forzada sobre los bienes de los trabajadores y funcionarios de la Superintendencia, por actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones de regulación y supervisión de acuerdo a la presente Ley, únicamente proceden si, mediante sentencia consentida o ejecutoriada, se ha declarado la responsabilidad civil de la Superintendencia por actos u omisiones realizados por el trabajador o funcionarios cuyos bienes son objeto de la solicitud de afectación.


En toda denuncia de carácter penal que sea interpuesta contra un trabajador o funcionario de la Superintendencia, por actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones de regulación y supervisión de acuerdo a la presente Ley, la autoridad que conozca de dicha denuncia deberá solicitar a la Superintendencia, con anterioridad a cualquier pronunciamiento, un informe técnico que señale el alcance de las funciones del referido trabajador o funcionario.


Lo dispuesto en el presente artículo no enerva las atribuciones del Congreso de la República y de la Contraloría General de la República, para que ejerzan su función de control y fiscalización respecto de los actos u omisiones de los trabajadores o funcionarios de la Superintendencia.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS


PRIMERA:

La presente ley rige desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo los plazos especiales establecidos en esta misma ley.

Las empresas de los sistemas financieros y de seguros que se encuentran en actividad al dictarse la presente ley deben adecuar sus operaciones y estatuto a las disposiciones que esta contiene, dentro del plazo de seis meses computados desde que entra en vigencia, salvo disposición expresa contenida en la presente ley.


En el caso de que, como consecuencia de la aplicación de las normas sobre supervisión consolidada, resultaran excesos de concentración de colocaciones, las empresas se adecuarán gradualmente a los límites establecidos en los artículos 202º a 211º de la presente ley, a más tardar al 31 de diciembre del año 2001. Sin embargo, no podrá incrementarse esos niveles de concentración.


73El plazo de adecuación al límite establecido en el artículo 202º vencerá el 31 de diciembre del año 2003, debiendo al 31 de diciembre del año 2001, no superar un monto equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) del patrimonio efectivo de la empresa y al 31 de diciembre del año 2002, no superar un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio efectivo. Sin embargo, no podrán incrementarse los niveles de concentración existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.


Asimismo, las empresas del sistema financiero se adecuarán a lo establecido en el artículo 133º de la presente ley, en los plazos que, mediante disposiciones de carácter general, determine la Superintendencia, los mismos que no excederán del 30 de junio del año 2000.


El déficit de provisiones que existiere a la entrada en vigencia de la presente ley deberá cubrirse en los plazos que hubiera establecido la Superintendencia.

CONST. Art. 109.

LEY GRAL. Arts. 133, 138, 198, 202 al 211, 25ª Disp. F. y C.


SEGUNDA:

Los bonos subordinados emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, se rigen por la ley vigente al tiempo de su emisión.

LEY GRAL. Arts. 233, 25ª Disp. F. y C. 3ª Disp. Tran.

L.M.V. Arts. 2, 86.


TERCERA:

A partir del treintiuno de diciembre del año 2000, la Superintendencia podrá autorizar, con opinión previa del Banco Central, el incremento porcentual de la porción computable de los bonos subordinados perpetuos y de largo plazo por encima del treinta por ciento del capital pagado y reservas establecido en el Decreto Legislativo Nº 770, y hasta los límites precisados en el artículo 233º.


Asimismo, a partir de esa misma fecha, la Superintendencia podrá autorizar a las empresas la emisión de bonos subordinados elegibles como patrimonio efectivo para soportar exclusivamente riesgos de mercado, y con las siguientes características y requisitos:

a) Tendrán un vencimiento original mínimo de dos (2) años.

b) Estarán sujetos a una condición especial según la cual no procederá el pago ni del interés ni del principal, aun a su vencimiento, si tales pagos significan que el patrimonio efectivo de la empresa computable para riesgos de mercado, caiga o se mantenga en un nivel inferior al requerido.

c) No es de cómputo suma mayor al doscientos cincuenta por ciento (250%) del patrimonio contable con exclusión de las acciones acumulativas y/o redimibles a plazo fijo, si las hubiere, y de las utilidades no comprometidas; y,

d) Los requisitos complementarios que sean establecidos por la Superintendencia.


En adición a las características que resultan de los párrafos anteriores, los bonos subordinados tienen las características generales establecidas en el último párrafo del artículo 233º.

LEY GRAL. Arts. 233, 349 (16), 359, 1ª Disp. F. y C., 20ª Disp. F. y C. , 2ª Disp. Tran.

L.O.B.C.R. Arts. 24 (i, j), 97.

L.M.V. Arts. 2, 86.


CUARTA:

A los activos y contingentes sujetos a riesgos de mercado se les continuará aplicando los niveles porcentuales de los factores de ponderación de riesgos establecidos en la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 770, en tanto no se emitan las regulaciones correspondientes.

LEY GRAL. Art. 186.


QUINTA:

Las cooperativas de ahorro y crédito que a la vigencia de la presente ley deseen captar recursos del público, deben adecuarse a esta ley. Al efecto, el importe de la reserva cooperativa será abonado a la cuenta de reserva legal establecida en la presente ley, no siéndole aplicable la norma del artículo 44º de la Ley General de Cooperativas, Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 074-90-TR.


La reserva cooperativa se considerará como parte del capital social aportado por los socios hasta la fecha de la transformación, reconociéndose a éstos la parte proporcional sobre dichos fondos en función de los aportes por ellos realizados a la cooperativa. Tales aportes serán representados por acciones sociales libremente transferibles a terceros.

LEY GRAL. Arts. 16 (A), 18, 289, 24ª Disp. F. y C.

D.S. 74-90-TR.


SEXTA:

El saldo de la reserva legal que hubieran constituido las empresas de seguros al amparo de lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, será transferido a la reserva legal a que hace referencia el artículo 64º de la presente ley.

El fondo de garantía deberá ser constituido dentro de un plazo no mayor de tres años, que podrá ser ampliado por la Superintendencia cuando las circunstancias lo ameriten.

LEY GRAL. Arts. 64, 67.

L.G.S. Art. 229.



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