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Tribunal superior de pereira

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SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°26

RADICACIÓN: 660013109004201600043-01

ACCIONANTE: RODRIGO GONZÁLEZ GAVIRIA

CONFIRMA


REPÚBLICA DE COLOMBIA

PEREIRA-RISARALDA


RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA

SALA de decisión PENAL

Magistrado Ponente

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE


Pereira, cuatro (04) de mayo de dos mil dieciséis (2016)



Acta de Aprobación No 384

Hora: 11:50 a.m.


1.- VISTOS


Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el apoderado del señor RODRIGO GONZÁLEZ GAVIRIA, contra la sentencia proferida por la Juez Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), con ocasión de la acción de tutela presentada en contra de COLPENSIONES.

2.- DEMANDA


Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor RODRIGO GONZÁLEZ, por intermedio de apoderado, se pueden sintetizar así:


En sentencia de agosto 29 de 2014 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Laboral, reconoció a favor del señor RODRIGO GONZÁLEZ GAVIRIA la pensión de vejez a partir de marzo 01 de 2007, por lo que en junio de 2015 se radicó petición 2015_5717783 ante COLPENSIONES consistente en cuenta de cobro a la que se anexaron la totalidad de los documentos requeridos para el cumplimiento del fallo, frente a lo cual la entidad por escrito de julio 29 de 2015 solamente manifestó que se encontraba en proceso de decisión por la Gerencia de Reconocimiento, y al reiterarse lo pedido en octubre 2 de 2015, se indicó que se daba traslado al área competente, sin que a la fecha se haya recibido respuesta de fondo.


Reclama por tanto se proteja el derecho fundamental de petición que estima vulnerado por parte de COLPENSIONES.


3.- TRÁMITE Y FALLO


3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela el juez de primer nivel corrió traslado a las Gerencias Nacionales de Reconocimiento y Nómina de COLPENSIONES, sin que las mismas se hubieran pronunciado al respecto.


3.2.- Agotado el procedimiento a seguir en sentencia de abril 12 de 2016 y dentro del término constitucional, el juzgado de instancia profirió sentencia en la que tuteló el derecho fundamental de petición del señor RODRIGO GONZÁLEZ GAVIRIA al considerar que la entidad accionada no se pronunció en relación con la solicitud presentada en junio de 2015 y asentada al N° 2015_5717783, por lo cual ordenó a las Gerencias Nacionales de Reconocimiento y Nómina de COLPENSIONES que dentro de las 48 horas siguientes resolvieran de fondo lo reclamado.


3.3.- Durante el término de notificación el apoderado del actor pidió aclaración del fallo, por cuanto la petición a la cual la entidad no ha dado respuesta fue la presentada en junio de 2015 e inscrita al N° 2015_5717783, relativa al cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá y no a la solicitud de reconocimiento de pensión pues ello fue una decisión que quedó resuelta ante la jurisdicción laboral, por lo cual el fallo debe indicarse expresamente tal situación.


3.4.- La funcionaria a quo no aclaró el fallo al indicar por auto de abril 20 que lo pedido por el togado hizo parte del análisis de fondo y de los argumentos que la llevaron a adoptar la sentencia, máxime que el Tribunal Superior dispuso condenar al pago de la pensión y por ende el encargado de emitir el acto administrativo para tal reconocimiento es COLPENSIONES. En ese sentido concedió el recurso impetrado.


4.- IMPUGNACIÓN


El apoderado del señor RODRIGO GONZÁLEZ, en similares términos a los de su pedimento aclaratorio, informó que el único reparo frente a la decisión es el equívoco en la orden dada a la accionada para resolver de fondo la petición de reconocimiento pensional, pues éste fue debatido ante la jurisdicción ordinaria laboral, por lo cual no es posible que ahora COLPENSIONES deba “resolver” la solicitud prestacional, al haber sido ya resuelta judicialmente.


Pide se revoque parcialmente lo decidido para que se ordene expresamente a COLPENSIONES que dé respuesta a la petición radicada al N° 2015_5717783 sobre el cumplimiento del fallo emitido en agosto 29 de 2014 a favor del señor RODRIGO GONZÁLEZ.


5.- POSICIÓN DE LA SALA


Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo proferido por Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de acuerdo con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00.


5.1.- Problema jurídico planteado


Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido en la sentencia impugnada, en cuanto tuteló el derecho de petición reclamado por el señor RODRIGO GONZÁLEZ GAVIRIA. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola como ahora se pide.


5.2.- Solución a la controversia


La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.


En el presente caso, el señor RODRIGO GONZÁLEZ GAVIRIA concurre ante el juez constitucional por medio de apoderado judicial, con el fin de lograr la protección del derecho fundamental de petición que considera vulnerado por COLPENSIONES, al no haber dado respuesta de fondo a la solicitud elevada en junio de 2015 y radicada al N° 2015_5717783.


Como así lo ha predicado la Corte Constitucional1, cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo.


El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del término legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el servicio público, a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente de que responda de manera negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que el asunto pro4puesto debe ser adecuadamente abordado en la decisión así producida.


Frente a este tópico, existen lineamientos generales trazados por la Corte Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la sentencia T-043/09 se dijo:


[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.


Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional ha explicado2:


Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna3 a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada.


El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta4. Se hace necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del derecho fundamental5 […]” -negrillas fuera de texto-


La ley 1755 de junio 30 de 2015, en su artículo 13 dispone: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”. Igualmente, el canon 14 de la referida normativa y en relación con el plazo para dar respuesta a las peticiones, expresa: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción […]”


En el caso objeto de estudio se vislumbra que le asistía razón al ciudadano RODRIGO GONZÁLEZ GAVIRIA al instaurar la acción de tutela porque en efecto a pesar de haber elevado derecho de petición desde junio de 2015 y reiterarlo en octubre 2 de 2015, por medio de apoderado, donde reclamaba el cumplimiento de la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., de ello únicamente se le informó en julio 29 de 2015, que la entidad finalizó el plan de seguridad respectivo y se verificó que la solicitud está en proceso de decisión por parte de la Gerencia de Reconocimiento para lo pertinente.


Si bien el recurrente indica que en el fallo se incurrió en un error -por lo cual pidió aclaración que no le fue concedido- al haberse ordenado a COLPENSIONES que resolviera de fondo la solicitud de reconocimiento pensional, en tanto ésta ya había sido efectuada por vía judicial lo que motivó su recurso, observa la Sala que aunque la orden impartida por la a quo efectivamente hizo alusión a tal aspecto, ello se hizo encaminado a que se diera respuesta a la petición radicada al N° 2015_5717783.


Mírese que de la información que con antelación había recibido el apoderado del señor RODRIGO GONZÁLEZ por parte de COLPENSIONES6, se puede establecer sin dubitación alguna, que en efecto su reclamo hace referencia al cumplimiento de una sentencia judicial -esto es la dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá-, pero necesariamente para que la misma sea acatada por la entidad accionada, se requiere de la expedición de un acto administrativo por parte de la Gerencia Nacional de Reconocimiento de COLPENSIONES que disponga lo pertinente, como así se deduce de lo referido por la a quo al negar la aclaración del fallo.


Y ello es claro, por cuanto al hacer una revisión sucinta a la resolución que establece las funciones de las Gerencias adscritas a COLPENSIONES, esto es, la 003 de enero 14 de 2012 -Por el que se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de Trabajadores Oficiales de la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES-, se puede constatar que a la de Reconocimiento, entre otras funciones específicas, le competen: 1. Dirigir la expedición de actos administrativos que decidan sobre las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas de invalidez, vejez, muerte, indemnización sustitutiva y auxilio funerario de competencia de la Administradora, basados en los criterios jurídicos institucionales establecidos por la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General. (…) 5. Administrar la atención y respuestas oportunas y de fondo, en los asuntos de competencia del área, los derechos de petición y las acciones de tutela que sean interpuestas por los ciudadanos y dar cumplimiento a las sentencias judiciales. (…)”(negrillas fuera de texto).


Como se aprecia, al haberse dispuesto por la justicia ordinaria laboral el pago de la pensión de vejez a favor del señor RODRIGO GONZÁLEZ, ello ameritaba, previo el envío de la documentación respectiva, que por parte de la Gerencia Nacional de Reconocimiento se emitiera el acto administrativo por medio del cual se ordene a la Gerencia de Nómina, disponer la cancelación de lo expresado en la sentencia judicial a favor del accionante, lo que al no haberse efectuado ameritó la interposición de la presente acción.


Para esta Corporación ese fue el sentido de la decisión adoptada por la a quo, pues es evidente que la prestación ya había sido reconocida por la jurisdicción ordinaria y lo que luego sobrevendría y al parecer no se ha logrado, es que COLPENSIONES acatara ese fallo y dispusiera lo pertinente para realizar la liquidación y pago de la pensión a favor del actor.


Como quiera entonces que pese a haber transcurrido varios meses desde que se radicó la petición ante COLPENSIONES para el pago de las prestaciones sociales del señor RODRIGO GONZÁLEZ GAVIRIA, sin que a la fecha la Gerencia de Reconocimiento hubiere expedido el acto administrativo necesario para que la Gerencia de Nómina proceda a efectuar el desembolso respectivo, se considera que la protección constitucional pretendida tenía vocación de prosperidad, como así lo consideró la funcionaria de instancia.


Por lo anterior, estima la Corporación que la postura del quejoso para que se modifique la sentencia en su particular posición sobre el asunto no encuentra asidero, por lo referido con antelación y en consecuencia, se acompañará la providencia adoptada.


6.- DECISIÓN


Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato de la Constitución y de la Ley,


FALLA


PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.


SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


Los Magistrados,




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ




MANUEL YARZAGARAY BANDERA



La Secretaria de la Sala,



MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ

1 Sentencia T-149/13.

2 Sentencia T-669/03.

3 Sentencia T-159/93. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160 A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.”

4 En sentencia T-178/00 la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.”

5 Sentencia T-615/98 (la Corte tuteló el derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al interesado).”

6 Ver folios 28, 29 y 33 Cdno. de Tutela.

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