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Título preliminar. Disposiciones fundamentales. Artículo Obligación de administrar justicia

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Artículo 17. Obligatoriedad de las decisiones. Los Jueces cumplirán y harán cumplir las sentencias, autos y decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales, haciendo uso de la fuerza pública, si fuere necesario. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, las demás autoridades de la República prestarán a los Jueces toda la colaboración que éstos requieran.

En caso de desacato, el Juez tomará las medidas y acciones que considere necesarias, conforme a la ley, para hacer respetar y cumplir sus decisiones respetando el debido proceso.

Artículo 18. Procedimientos especiales. Aplicación supletoria. Las disposiciones de este Código serán aplicables supletoriamente en lo no previsto en leyes procesales especiales.

Artículo 19. Aplicación de la equidad ex lege. Cuando la ley dice: "El Juez o Tribunal puede o podrá", se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia material y de la imparcialidad.

Artículo 20. Forma oral y escrita del proceso. De todo asunto se formará expediente separado con un número de orden, la fecha de su iniciación, el nombre de las partes y su objeto. Las actuaciones deben observar el orden cronológico, según la fecha de su realización y la foliatura del expediente se llevará al día y con letras, pudiéndose formar piezas distintas para el más fácil manejo, cuando sea necesario.

Los actos del tribunal y de las partes que conforme a esta ley no se realicen en audiencia oral, se realizarán en forma escrita. Las actuaciones del tribunal y de las partes en audiencia se realizarán en forma oral, salvo que la ley o el juez por razones justificadas disponga otra cosa.

Artículo 21. Principio de que las partes están a derecho. Hecha la citación para la contestación de la demanda las partes quedan a derecho, y no habrá necesidad de nueva citación para ningún otro acto del juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición especial de la ley.

Artículo 22. Sanciones disciplinarias a funcionarios. Sin perjuicio de las nulidades a que hubiere lugar, el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales impondrán de oficio, como penas disciplinarias, y por lo que resulte demostrado en el proceso, apercibimiento y o multas que no excedan de diez unidades tributarias (10 U.T) a los funcionarios que hayan intervenido en aquél, por las faltas materiales que aparezcan, tales como omisión de firmas, de notas, de salvaturas y otras de la misma especie. Podrán también por lo que resulte del proceso, pero sólo a solicitud de la parte perjudicada, imponer a dichos funcionarios multas disciplinarias de igual monto por aquellas faltas que hayan tenido como consecuencia aumentar los gastos a la parte o causar demoras en el asunto, y las impondrán también en los casos en que el Código de Ética del Juez o la ley lo ordene.

En cualquier otro caso de falta que acarree responsabilidad civil, o en el cual la ley reserva a la parte el recurso de queja, se abstendrán de toda sancionar al infractor, quedando a salvo la acción de los interesados.

Lo dispuesto en este artículo no impide, que el Juez que sustancie la causa haga subsanar las faltas materiales que notare y que use de la facultad legal de apremiar con multas a los auxiliares de justicia.



LIBRO PRIMERO.

Disposiciones generales

TÍTULO I.

De los órganos judiciales

CAPÍTULO I.

Del Juez.

Artículo 23. Autonomía e independencia de los jueces. En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los Órganos de Poder Público y sólo deben obediencia a la ley y al derecho.

Artículo 24. Identidad física. El Juez que inicia la audiencia de juicio y evacua las pruebas deberá ser el mismo que dicte sentencia.





SECCIÓN I

De la jurisdicción

Artículo 25. Determinación temporal de la jurisdicción. La jurisdicción se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.

Artículo 26. Remisión a la Ley de Derecho Internacional Privado. En todo lo relativo con la determinación de la jurisdicción venezolana y su inderogabilidad, la falta de jurisdicción, la litispendencia y conexidad internacional de causas, la competencia territorial interna para los casos de derecho internacional privado, el tratamiento procesal del derecho extranjero se aplicarán preferentemente las normas de la Ley de Derecho Internacional Privado.

SECCIÓN II

De la Cooperación Judicial Internacional

Artículo 27. Solicitud de exhortos y cartas rogatorias. En cualquier estado y grado del proceso podrán los tribunales venezolanos solicitar la realización de actos procesales de mero trámite ante tribunales extranjeros a través del libramiento de exhortos y cartas rogatorias.

De la misma forma se procederá cuando el requerimiento provenga de un tribunal extranjero, con excepción de los casos en los que se infrinja el orden público o la seguridad estatal del estado receptor, en cualquier caso deberá procurarse la cooperación judicial internacional cuando la misma sea requerida.

Artículo 28. Tramitación vía diplomática y autoridad central. La ejecución de los actos procesales a que se refiere el artículo anterior podrá tramitarse vía diplomática o consular.

Asimismo, podrá tramitarse a través de la autoridad central competente en la materia del estado receptor del exhorto o carta rogatoria. Ni en este caso ni en el previsto en el párrafo anterior se exigirá el requisito de la legalización.

Artículo 29. Tramitación por parte interesada y vía judicial. Los exhortos y cartas rogatorias podrán igualmente ser tramitados por las propias partes interesadas o mediante vía judicial. En ambos casos constituirá requisito indispensable la previa legalización del acto procesal a efectuarse. Constituye excepción a esta exigencia la cooperación requerida entre tribunales fronterizos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias.

Artículo 30. Leyes procesales. Los exhortos y cartas rogatorias deberán tramitarse de conformidad con las leyes procesales del Estado receptor.

No obstante lo anterior, podrá el tribunal requerido, a solicitud del tribunal requirente, adoptar, ante la ausencia de forma procesal para llevar a cabo la diligencia pedida, cualquier formalidad o procedimiento especial o adicional que coadyuve a la efectiva realización del acto procesal objeto de cooperación, siempre y cuando se preserve el orden público del Estado receptor.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá el tribunal del Estado requerido adaptar la forma procesal inexistente en su ordenamiento a efectos de prestar la colaboración requerida, utilizando, si fuere el caso, un procedimiento análogo.

Artículo 31. Traducción al idioma nacional. De ser el caso, tanto los exhortos y las cartas rogatorias como la documentación que las acompañen deberán estar debidamente traducidos al idioma del Estado requerido.

Artículo 32. Efectos del cumplimiento. La práctica de los exhortos y cartas rogatorias por parte del Estado requerido no implicará el reconocimiento de la jurisdicción del Estado requirente respecto al asunto en el que se solicita la colaboración; asimismo, el cumplimiento de los actos de mero trámite no conllevará el reconocimiento de la eficacia de las sentencias que eventualmente los tribunales extranjeros dictaren, lo que en todo caso deberá seguirse el procedimiento previsto en el Título X del Libro Cuarto de este Código.

Artículo 33. Competencia. Serán competentes para conocer del cumplimiento del exhorto o carta rogatoria requerido por tribunal extranjero los tribunales de la República competente en el lugar donde hayan de verificarse tales actos; si llegare a alegar su incompetencia el tribunal nacional a quien se le solicita la actuación de mero trámite, procederá éste a declinar, sin dilación y de oficio, en el tribunal competente.

Artículo 34. De las providencias de tribunales extranjeros. Las providencias de los tribunales extranjeros concernientes al examen de testigos, experticias, juramentos, interrogatorios y demás actos de mera instrucción que hayan de practicarse en la República, se ejecutarán con el simple decreto del Juez de Primera Instancia siempre que dichas providencias se tramiten mediante rogatorias de la autoridad que las haya librado y legalizadas por un funcionario diplomático o consular de la República, o por vía diplomática.

Estas mismas disposiciones son aplicables a las citaciones que se hagan a personas residentes de la República, para comparecer ante autoridades extranjeras, y a las notificaciones de actos procedentes del país extranjero.

Artículo 35. Del costo de la providencias. Para dar curso a las providencias de que trata el artículo anterior, deberá haber persona autorizada para cubrir los gastos.

Artículo 36. De la recepción y solicitud por mensaje de datos. Los tribunales venezolanos, podrán solicitar y recibir las resultas de las providencias y exhortos remitidos a tribunales extranjeros mediante mensajes de datos si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.

SECCION III

DE LA COMPETENCIA

Articulo 37. Determinación temporal de la competencia. La competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.

Artículo 38. Inderogabilidad convencional de la competencia. La competencia no puede derogarse por convenio de las partes. Las partes afirmarán o impugnarán la competencia del juez en la demanda o en la contestación, según sea el caso, lo que será decidido por el juez en la audiencia preliminar.

Artículo 39. Incidencias. El tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá para conocer de sus incidencias, salvo disposición legal en contrario.

Artículo 40. Reglas atributivas. La competencia se distribuye por la materia, cuantía y territorio.

SECCIÓN IV

DE LA COMPETENCIA POR LA MATERIA


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