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Artículo 41. Determinación de la competencia por la materia

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Artículo 41. Determinación de la competencia por la materia. La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan.

Artículo 42. Inderogabilidad de la competencia. La competencia por la materia no es derogable por las partes.





SECCIÓN V

DE LA COMPETENCIA POR LA CUANTIA

Artículo 43. Competencia por la cuantía. La competencia por razón de la cuantía se determina de acuerdo al valor económico de la pretensión y se rige por las disposiciones de este Código y de la Ley especial que regule la materia.

Artículo 44. Determinación del valor económico de la causa. El valor económico de la pretensión, a los fines de la competencia, se determina con base en la demanda, según las reglas siguientes:

  1. Para determinar el valor económico de la demanda se sumarán al capital los intereses vencidos, los gastos hechos en la cobranza, y la estimación de los daños y perjuicios anteriores a la presentación de la demanda;

  2. Si se demandare una cantidad que fuere parte, pero no saldo de una obligación más cuantiosa, el valor económico de la demanda lo determinará el valor económico de dicha obligación si ésta estuviere discutida;

  3. Cuando una demanda contenga varios puntos, se sumará el valor económico de todos ellos para determinar el de la causa, si dependen del mismo título;

  4. Cuando varias personas demanden de una o más en un mismo juicio, el pago de la parte que las demandantes tengan en un mismo crédito, el valor económico de la causa se determinará por la suma total de las partes reclamadas;

  5. Si se demandaren prestaciones alimentarías periódicas, el valor económico de la demanda se determinará por el monto de las prestaciones reclamadas; pero si la obligación estuviere discutida, su determinación se hará por la suma de dos anualidades;

  6. Cuando se demande el pago de una renta de cualquier denominación que sea, el valor se determinará acumulando las anualidades reclamadas, pero si el título estuviere discutido, el valor económico se determinará acumulando diez anualidades. Esta regla se aplica también para determinar el valor de las causas relativas a prestaciones enfitéuticas;

  7. En las demandas sobre la validez o continuación de un arrendamiento, el valor económico se determinará acumulando las pensiones o cánones de arrendamiento sobre las cuales se litigue y sus accesorios. Si el contrato fuere por tiempo indeterminado, el valor económico se determinará acumulando las pensiones o los cánones de arrendamiento de un año.

  8. En los supuestos contenidos en los numerales 5 al 7 del artículo anterior, o en otros semejantes, si la prestación debe hacerse en especie, su valor económico se estimará por los precios corrientes en el mercado.

Artículo 45. Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará. Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará en bolívares, e indicará su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de su interposición. En caso de demandas de obligaciones contraídas en moneda extranjera, el demandante deberá estimar su demanda en moneda de curso legal, según su equivalente al valor del cambio de la moneda extranjera para el momento de la introducción de la misma.

Si el demandante no estima la demanda, aún cuando sea apreciable en dinero, el juez ordenará su corrección mediante el despacho saneador, de conformidad con lo previsto en el artículo 331, por cuanto de ello depende la competencia del tribunal, el procedimiento aplicable y la admisibilidad del recurso de casación.

El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda, con presentación de la prueba respectiva, lo que será resuelto en la audiencia preliminar. Si resulta comprobado en autos que la competencia le corresponde a un Tribunal distinto con motivo de la cuantía fijada por el juez de la audiencia, se remitirán las actuaciones inmediatamente al Tribunal competente a fin de que continúe conociendo de la causa. Contra esta decisión no habrá apelación de inmediato, sino que queda comprendida en el recurso contra la sentencia definitiva, en cuyo caso el Tribunal Superior se pronunciara sobre ello en forma previa en su sentencia que ponga fin a la segunda instancia. Será la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la que en punto previo se pronunciará sobre la cuantía del asunto, verificando que ciertamente sea admisible el recurso de casación que hubiere sido ejercido contra el fallo de alzada.

Si el demandado contradice pura y simplemente la estimación del actor, sin precisar y probar si lo hace por insuficiente o por exagerada, se tendrá como no hecha la oposición.

Sumisión Tácita. Si el demandado no rechaza la estimación en la oportunidad de la contestación, la estimación del demandante será la cuantía definitiva del juicio, tanto para la determinación de la cuantía como para la admisión del recurso de casación.

Artículo 46. Definición de demanda apreciable en dinero. Excepción. A los efectos del artículo anterior, se consideran apreciables en dinero todas las demandas, salvo las que tienen por objeto el estado y la capacidad de las personas.

SECCIÓN VI

De la competencia por el territorio.

Artículo 47. Demandas relativas a derechos personales y reales sobre bienes muebles. Las demandas relativas a derechos personales y las relativas a derechos reales sobre bienes muebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde el demandado tenga su domicilio, o en defecto de éste su residencia. Si el demandado no tuviere ni domicilio ni residencia o habitación conocidos, la demanda se propondrá en el lugar donde aparezca registrado según los datos que suministren las autoridades competentes o en su defecto en cualquier lugar donde éste se encuentre; dicho supuesto se aplicará igualmente para el caso de que el obligado haya renunciado a su domicilio. Y si no fuere posible éste y tampoco tiene residencia en el país, en el domicilio del demandante.

Si el demandado domicilia en varios lugares puede ser accionado en cualquiera de ellos a elección del demandante, a menos que se trate de asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso en el cual será competente el juez de este último domicilio.

Siendo dos o más los demandados, es competente el Juez del lugar del domicilio, residencia o habitación de cualquiera de ellos.

Artículo 48. Demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles. Las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado, todo a elección del demandante. Si la demanda versare sobre uno o varios inmuebles situados en distintas circunscripciones territoriales, será competente el de cualquiera de éstas, a elección del demandante.

Artículo 49. Procesos de sucesión. Son competentes los Tribunales del lugar de la apertura de la sucesión para conocer:

  1. De las demandas sobre partición y división de la herencia y de cualesquiera otras entre coherederos, hasta la división;

  2. De las demandas sobre rescisión de la partición ya hecha, y sobre saneamiento de las cuotas asignadas, con tal de que se propongan dentro de un bienio, a contar de la partición;

  3. De las demandas contra los albaceas, con tal de que se intenten antes de la división, y si ésta no es necesaria, dentro de un bienio, a contar de la apertura de la sucesión;

  4. De las demandas de los legatarios y los acreedores de la herencia, si se proponen en los términos indicados en los números precedentes.

Cuando la sucesión se haya abierto fuera de la República, todas estas demandas podrán proponerse en el lugar donde se encuentre la mayor parte de los bienes existentes dentro del territorio nacional, salvo disposiciones especiales.

La competencia que establece este artículo no excluye la del domicilio, pero, siendo más de uno los demandados, deberán todos tener un mismo domicilio para que pueda proponerse la demanda ante el Tribunal a que ese domicilio corresponda.

Artículo 50. Demandas entre socios. La demanda entre socios se propondrá ante la autoridad judicial del lugar donde se halle el domicilio de la sociedad. Se propondrán ante la misma autoridad judicial las demandas entre socios, aun después de disuelta y liquidada la sociedad, por la división y por las obligaciones que se deriven de ésta, con tal de que se propongan dentro de un bienio, a partir de la división. Esto sin perjuicio de que pueda intentarse la demanda ante el Tribunal del domicilio en los términos que expresa el aparte último del artículo 47.

Artículo 51. Demanda de rendición de cuenta. La demanda de rendición de cuentas de una tutela o de una administración se propondrá ante la autoridad judicial del lugar donde se hayan conferido o ejercido la tutela o la administración o ante el Tribunal del domicilio, a elección del demandante. Esto sin perjuicio de lo establecido en el último aparte del artículo 47.

Artículo 52. Carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial. Excepción. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial sólo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción. La derogación no podrá efectuarse cuando se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República u otra autoridad competente ni en cualquier otro en que la ley expresamente lo determine.

La sumisión expresa o tácita de las partes sólo será válida y eficaz cuando se haga a tribunales con competencia objetiva para conocer del asunto de que se trate.

Artículo 53. Sumisión expresa. Se entenderá por sumisión expresa la pactada por los interesados designando con precisión la circunscripción a cuyos tribunales se sometieren.

Artículo 54. Sumisión tácita. Se entenderán sometidos tácitamente:

El demandante, por el mero hecho de acudir a los tribunales de una determinada circunscripción interponiendo la demanda o formulando petición o solicitud que haya de presentarse ante el tribunal competente para conocer de la demanda, salvo que se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Publico, o en cualquier otro que la ley determine.

El demandado, del hecho de realizar en el juicio personalmente o por medio de apoderado, cualquier acto que no sea la de oponer la incompetencia del tribunal por el territorio, en la oportunidad de contestar la demanda.

SECCIÓN VII.

De la falta de jurisdicción.

Artículo 55. De la jurisdicción nacional. La jurisdicción del juez venezolano debe ser afirmada o impugnada por las partes en la demanda y en la contestación, según sea el caso, y será decidido por el juez en la audiencia preliminar. Si fuese negada la jurisdicción, se consultará la decisión con el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa. Si el juez afirma su jurisdicción, la decisión sobre ese particular quedará comprendida en forma concentrada en el recurso de apelación que se ejerza contra la definitiva, y será revisable incluso en casación.

Artículo 56. Consulta obligatoria de la declaratoria de falta de jurisdicción. A los fines de la consulta ordenada en el artículo anterior, el Tribunal remitirá inmediatamente los autos al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, suspendiéndose el proceso desde la fecha de la decisión. Dicho Tribunal procederá luego de recibidas las actuaciones, a decidir la cuestión, lo cual hará dentro de cinco días, con preferencia a cualquier otro asunto. La decisión se comunicará de oficio al Tribunal donde cursare la causa.

Artículo 57. Facultad de la administración pública. La administración pública que no es parte en la causa, puede solicitar ante el juez que conoce de ella, mientras la jurisdicción no haya sido afirmada mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que se declare el defecto de jurisdicción del Juez, fundándose en las atribuciones conferidas por la ley a dicha administración.


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