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Artículo 97. Expedición de copias certificadas

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Artículo 97. Expedición de copias certificadas. Las copias certificadas expedidas por el Secretario conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, hacen fe, salvo a la parte interesada el derecho de exigir su confrontación con el original.

Artículo 98. Copias certificadas y devolución de documentos. Después de concluida una causa, el Secretario expedirá las certificaciones o copias de cualesquiera actuaciones que existan en ella, a cualquier interesado, a su costa, exceptuando aquellas que se reserven por decencia pública, de las cuales no podrá darse testimonio sino a las partes. En cualquier estado de la causa, si se solicitare copia certificada de algún documento o acta que exista en autos, se la dará a quien la pida. Si se pidiere la devolución de documentos originales por la misma parte que los haya producido, se le entregarán, si hubiere pasado la oportunidad de su tacha o desconocimiento, quedando en autos la copia respectiva certificada por el Secretario, y en el documento se dejará constancia de la devolución.

Las copias y devoluciones de que trata este artículo no podrán darse sin previo decreto del Juez, que se insertará al pie de la copia o del documento devuelto.

Si se pidiere la devolución de documentos originales por la misma parte que los haya producido, se le entregarán, si hubiere pasado la oportunidad de su tacha o desconocimiento, quedando en autos la copia respectiva certificada por el Secretario, y en el documento se dejará constancia de la devolución.

Las copias y devoluciones de que trata este artículo no podrán darse sin previo decreto del Juez, que se insertará al pie de la copia o del documento devuelto.

Artículo_99'>Artículo 99. Deberes y atribuciones del Alguacil. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 215, el Alguacil practicará las citaciones y notificaciones en los términos y formas establecidos en este Código, salvo aquellas que expresamente estén atribuidas al Juez o al Secretario.

Artículo 100. Guardián del orden y ejecutores de órdenes. El Alguacil es el guardián del orden dentro del local del Tribunal, y ejecuta las órdenes que en uso de sus atribuciones le comunique el Juez o el Secretario.

Artículo 101. Otros deberes y atribuciones. El Alguacil tendrá las demás atribuciones y deberes que le imponen este Código, las leyes y las resoluciones dictadas por la Sala Plena, en cumplimiento de la función de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los Alguaciles deberán ser mayores de edad, venezolanos y tener el título de bachiller.

Artículo 102. Servicio de Alguacilazgo. En cada circuito judicial deberá existir un Servicio de Alguacilazgo para los Tribunales Civiles.



CAPÍTULO III

Del Expediente.

Artículo 103. De la obligación de llevar un expediente. De cada uno de los procesos se llevará un expediente que contendrá en forma consecutiva las actuaciones que formen parte del mismo. De dicho expediente se formará cuaderno separado para lo relativo a las incidencias planteadas.

Artículo 104. Acceso del expediente y solicitud de copia. Del expediente judicial podrán las partes o cualquier interesado obtener copias fotostáticas o certificadas. La expedición de copias certificadas deberá ser autorizada por el juez o el secretario, y correrán a expensas de quien las solicitare, exceptuando aquellas que a criterio del juez deban ser expedidas única y exclusivamente a las partes.

Artículo 105. La custodia del expediente en el recinto del archivo. Los expedientes tendrán carácter público y permanecerán en las instalaciones del tribunal a disposición de las partes así como de todos los que tuvieren interés en su revisión.

Artículo 106. Archivo del expediente una vez culminado el proceso. Una vez culminado el proceso o ejecutoriada la sentencia se dispondrá el respectivo archivo del expediente.

Artículo 107. Pérdida, destrucción u ocultamiento de actuación procesal. Si por cualquier motivo se hubiere perdido, destruido u ocultado el original de alguna actuación procesal, la copia de ella tendrá el mismo valor. El tribunal ordenará a quien la posea que las consigne ante el Secretario.

Cuando no haya copia de las actuaciones faltantes el tribunal ordenará que se reconstruya, para lo cual se practicarán las diligencias probatorias que sean necesarias para demostrar su preexistencia y contenido.

Artículo 108. Procedimiento en caso de extravío o destrucción de expediente. En caso de extravío de un expediente por un lapso que impida el desenvolvimiento del proceso, o en caso de destrucción del mismo a un punto de que sean ilegibles las actuaciones contenidas en él, deberá procederse a su reconstrucción. El juez levantará un acta al respecto, en la cual se dejará constancia de la etapa procesal en la cual se encuentre la causa.

Este trámite se iniciará con la notificación de las partes con el fin de que participen en la reconstrucción, a los efectos de que consignen las copias de todo o parte del expediente que tuviere en su poder. En la misma audiencia se realizará la versión escrita del contenido del acta extraviada, que estuviere grabada, de forma sucinta la cual será suscrita por las partes presentes.

De igual forma, se agregarán al expediente las copias certificadas de los asientos del libro diario, relativas a las actuaciones del expedientes en reconstrucción.

Al finalizar todos los trámites anteriores el tribunal declarará culminada la reconstrucción del expediente, haciendo mención expresa de la etapa procesal correspondiente para reanudar el proceso.

En cualquier caso deberá notificarse de la no disponibilidad del expediente al Ministerio Público para que inicie las averiguaciones correspondientes.

Artículo 109. Procedimiento en caso de extravío en el tribunal superior. Cuando se verificare el extravío de un expediente en las instalaciones del Tribunal Superior, deberá seguirse el procedimiento indicado en el artículo anterior y adicionalmente se oficiará al tribunal de origen a objeto de solicitarle copia certificada de los asientos del libro diario que guarden relación con el juicio, así como de las decisiones interlocutorias y definitivas, dentro de los tres días siguientes de recibida la solicitud de reconstrucción del expediente.



CAPÍTULO IV

Organización y funcionamiento de los Tribunales Civiles.

Artículo 110. Organización y funcionamiento de los tribunales. Los tribunales civiles se organizarán y funcionarán en circuitos judiciales. La organización y el funcionamiento de estos tribunales se regirán por las resoluciones que dicte el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, en cumplimiento de la función de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 111. Tribunales de primera instancia y tribunales de municipio. Los tribunales competentes para conocer en primer grado de conocimiento de la causa estarán integrados por jueces unipersonales, quienes actuaran en la respectiva fase del proceso y en cada una de sus denominaciones. Los jueces que integran estos tribunales podrán ser rotados entre Tribunales de la misma sede cada año.

Artículo 112. Corte de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones serán colegiadas, y estarán constituidos por tres jueces y un secretario.



CAPÍTULO V

De los auxiliares de justicia.

Artículo 113. De los jueces, funcionarios y auxiliares. Los jueces, funcionarios y auxiliares de justicia, para el desempeño de sus funciones se regirán por las disposiciones de este Código y la de las respectivas leyes especiales y resoluciones que rijan la materia. En cada caso realizarán una labor en conjunto destinada hacer efectiva la finalidad del proceso. El incumplimiento de sus deberes será sancionado con multa hasta de diez unidades tributarias (10 U.T.), dejando a salvo las medidas disciplinarias a las que hubiere lugar.

Artículo 114. De los auxiliares de justicia. Son auxiliares de justicia: el perito, los prácticos, el depositario, el consultor técnico, el intérprete público, el Fiscal del Ministerio Público, el Defensor Público, la policía y demás órganos que determine la ley especial que regule la materia.

Artículo 115. Naturaleza del deber. Los auxiliares de justicia cumplen oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas para el ejercicio de la función que se les ha encomendado, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Para cada oficio se exigirán conocimientos especiales y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, título profesional legalmente expedido.

Los auxiliares de justicia, tales como peritos, expertos o intérpretes serán designados por el juez de una lista que a tal efecto se llevará en cada circuito judicial.

El tribunal velará por el fiel cumplimiento de la labor de este auxiliar, de incumplir con su encargo sin causa probable que lo justifique o por negligencia en su labor, será suspendido por un lapso de seis meses de su cargo y condenado a pagar hasta diez Unidades Tributarias (10 U.T.) por el retardo y los daños y perjuicios que pudiere haber causado.

Artículo 116. De los honorarios. Los honorarios que se generen de las actuaciones de los auxiliares de justicia serán erogados por la parte que lo haya solicitado.

Los auxiliares de justicia fijarán el monto de sus actuaciones según lo establecido en el tabulador de costos que al efecto se realizará por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 117. Del pago de los honorarios. El pago podrá realizarse mediante consignación de cheque de gerencia ante el tribunal que conozca de la causa o directamente ante el tribunal y acreditando el mismo en el expediente. Si dentro de los cinco días siguientes a la toma de posesión de su cargo, el interesado no ha consignado sus honorarios, quedará sin efecto la designación.

Artículo 118. De la Designación. En el auto de designación de los auxiliares de justicia, se incluirán tres nombres escogidos de la lista que a tal efecto tendrá el tribunal. El cargo será ejercido por el primero que concurra a darse por notificado del mismo, acto que conllevará la aceptación de la designación. Los otros dos auxiliares incluidos en el auto conservarán el turno de nombramiento en la lista.

En el caso de los intérpretes podrán designarse varios si los documentos o declaraciones fueren presentados en diferentes idiomas y el auxiliar no sea experto en todos éstos. En caso contrario un solo intérprete podrá prestar el servicio.

Artículo 119. De la aceptación al cargo. Cualquier nombramiento que involucre a los auxiliares de justicia, se le hará notificar de la forma más rápida de las previstas en este Código; en la misma se indicará el día y la hora en la que deben concurrir para realizar la diligencia indicada, el acuse de recibo de la notificación válidamente realizada se agregará al expediente.

Si el auxiliar no tomara posesión de su cargo en el tiempo señalado, y se excusare de intervenir en la causa o no se diere por notificado se procederá inmediatamente a su relevo.

Artículo 120. Obligatoriedad de la aceptación. Los cargos de auxiliares de justicia son de obligatoria aceptación, a menos que medie alguna de las causales de las establecidas en el artículo 79 de este Código, caso en el cual dicho auxiliar deberá abstenerse de involucrase con la causa pendiente; la aceptación del cargo deberá hacerse dentro de los tres días de su notificación, so pena de ser excluido de la lista del tribunal, sin perjuicio de la responsabilidad que por daños y perjuicios pueda causarse.


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