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Artículo 121. Causa de inhabilitación de los auxiliares

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Artículo 121. Causa de inhabilitación de los auxiliares. El auxiliar de justicia que esté incurso en las siguientes causales estará impedido para ejercer dicho cargo.

1. Quien por sentencia definitivamente firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, haya sido condenado por la comisión de delitos contra la administración de justicia, los hayan incapacitados o los que hayan sido declarados ausentes;

2. Quien haya rendido informe en el mismo juicio contra el cual hubiese recurrido las partes por presumir dolo, error grave o cohecho; igual sanción acareará si se hubiese declarado los mismos mediante sentencia definitivamente firme.

3. Quien haya desempeñado con anterioridad el cargo de auxiliar de justicia, y no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administración negligente;

4. Quien haya asumido el cargo y no lo haya desempeñado a cabalidad;

5. A quien se les haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia;

6. A quien ocupe un cargo público que sea incompatible con el desempeñado;

7. A quien sin causa justificada no aceptaren o no ejercieren el cargo de auxiliar o colaborador de la justicia para el que fueron designados;

8. Por haber excedido el cobro de los honorarios establecidos en la tabla elaborada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 122. Impedimentos para el auxiliar de justicia. Quien estando impedido para desempeñar las funciones de auxiliar de justicia, y a sabiendas de tal, haya intervenido en un proceso, será excluido de las listas de cualquier tribunal de la República y será impuesto de las sanciones disciplinarias y responsabilidades civiles a que hubiere lugar, igualmente, deberá cancelar una multa no mayor a diez unidades tributarias (10 U.T.).

Los auxiliares de justicia a los que se les levantó la sanción deberán demostrar a través de prueba fehaciente que ya no están incursos en ninguna de las causales anteriores, y que están en el pleno ejercicio de su actividad.



TÍTULO II

Del Servicio Autónomo de la Defensa Pública.

Artículo 123. Defensa Pública. La defensa pública es un órgano del sistema de justicia que tiene como propósito fundamental garantizar el derecho constitucional a la defensa en el área de su competencia. Su competencia, funciones, atribuciones y funcionamiento se regirán por su ley especial.

Los defensores ejercerán la representación judicial en los casos establecidos en el artículo 178 de este Código; no podrán convenir en la demanda, transigir, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dineros y cualquier otra forma de disponer del derecho en litigio. En estos casos, sólo podrán asistir a las partes. Asimismo, podrán prestar los servicios de orientación y asesorías extrajudiciales en la citada materia en los términos que la ley dispone para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la defensa.

Los defensores públicos se regirán por las disposiciones contenidas en este Código y la ley especial que regule la materia.

Artículo 124. Nombramiento por el tribunal. Quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, demandado, tercero o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la ley o en virtud de un contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso.

Si la parte no pudiese designar abogado por razón justificada, el Tribunal designará un defensor público. La falta de nombramiento será causal de reposición de la causa, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que pueda incurrir el juez.

Artículo 125. Designación, aceptación y juramento. Una vez designado el defensor público por parte del Juez, éste deberá aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el juez, haciéndose constar en el acta. El juez deberá tomar el juramento dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aceptación realizada.

Artículo 126. Representación o asistencia. El defensor público ejercerá la representación jurídica de sus defendidos.

Asimismo el defensor público ejercerá la representación de aquellas personas que no comparecieren al llamado que efectuare el Tribunal en los términos previstos en este Código.

Igualmente ejercerá la representación o asistencia de aquellos que no tuvieren los medios suficientes para acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y garantizar el derecho a la defensa.

El defensor público cesará en sus funciones en caso de revocatoria expresa o tácita que conste en autos por parte de su defendido en cualquier estado y grado del proceso o se le revoque mediante auto motivado el beneficio de justicia gratuita por algunas de las causales previstas en el artículo 182 de este Código para nombrar abogado. Se entenderá revocado tácitamente el defensor cuando se haya otorgado poder o designado apoderado judicial o cuando éste se presente en juicio con el instrumento poder que acredite su condición.

Artículo 127. Inhabilidades. No podrán ser nombrados defensores por el tribunal:

  1. El enemigo manifiesto de la parte o del tercero;

  2. Los ascendientes, descendientes, cónyuge o concubino, ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la contraparte;

  3. El tutor, protutor o curador de la parte o tercero, ni el donatario, dependiente o heredero de éste.

Artículo 128. Defensor auxiliar. Para las diligencias que hayan de practicarse fuera de la sede del Tribunal, si el defensor manifiesta que no puede asistir a ellas, nombrará defensor auxiliar en los casos en que sea necesario.

Artículo 129. Aplicación de ley especial. Todo lo no previsto en este Capítulo se regirá por su ley especial.



TÍTULO III.

Del Ministerio Público.

Artículo 130. Competencia del Ministerio Público. En el proceso civil el Ministerio Público es competente para iniciar o intervenir como parte de buena fe en los casos permitidos por este Código, en la ley especial que regule la materia y en las demás que les sean atribuidas por las leyes, a fin de resguardar y proteger los intereses vinculados al orden público o social, las buenas costumbres y la administración de justicia.

Artículo 131. Fiscal accionante. El Ministerio Público puede proponer la demanda en las causas relativas a la oposición y nulidad del matrimonio, interdicción e inhabilitación en los mismos casos y términos establecidos en el Código Civil para el Síndico Procurador Municipal, pedir la revocatoria de la interdicción e inhabilitación cuando hayan cesado las causas que la originaron, promover la remoción de los tutores, protutores, curadores y miembros del Consejo de Tutela y en cualesquiera otras causas autorizadas por la ley.

Artículo 132. Intervención del Ministerio Público. El Ministerio Público debe intervenir:

  1. En las causas que el mismo habría podido promover;

  2. En las causas de divorcio y en las de separación de cuerpos contenciosa;

  3. En las causas relativas a la filiación;

  4. En la tacha de los instrumentos;

  5. En las causas de nombramiento u oposición al nombramiento del tutor, protutor y miembros del Consejo de Tutela;

  6. En las obligaciones alimentarias de personas adultas;

  7. En los demás casos previstos por la ley.

Artículo 133. Notificación del Ministerio Público. Nulidad. El Juez ante quien se inicie uno de los juicios indicados en el artículo anterior, al admitir la demanda notificará inmediatamente mediante boleta al Ministerio Público, bajo pena de nulidad de lo actuado sin haberse cumplido dicha notificación. La notificación del Ministerio Público será previa a toda otra actuación, y a la boleta se anexará copia legible y certificada de la demanda y sus anexos.

Artículo 134. Poderes y facultades del ministerio público. Actuación. El Ministerio Público que interviene en las causas que él mismo habría podido promover, tiene iguales poderes y facultades que las partes interesadas y los ejercita en las formas y términos que la ley establece para estas últimas, sin perjuicio de las atribuciones que le confiere la Ley especial que regule la materia.

Igual facultades y poderes tendrá en todos los procesos judiciales en que sea llamado a intervenir o en los cuales se requiera su actuación de conformidad con la ley.

Artículo 135. De las responsabilidades del funcionario del Ministerio Público. Los funcionarios del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, cuando intervienen en el proceso civil, tienen responsabilidad administrativa, disciplinaria, civil y penal, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley, lo cual se determinará a través de un proceso previo



TÍTULO IV.

De las partes y de los apoderados

CAPÍTULO I.

De las partes.

Artículo 136. Capacidad de la parte para estar en juicio. Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley.

Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso civil, las cuales podrán actuar como demandante, demandado o terceros cuando posea la cualidad y el interés jurídico actual para estar en el juicio.

Artículo 137. Representación o asistencia del incapaz. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos, deberán ser representadas o asistidas en juicio, según las leyes que regulen su estado o capacidad.

Artículo 138. Representación en juicio de personas jurídicas. Las personas jurídicas estarán en juicio por medio de sus representantes según la ley, sus estatutos o sus contratos. Si fueren varias las personas investidas de su representación en juicio, la citación se podrá hacer en la persona de cualquiera de ellas.


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