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Artículo 168. Necesidad de acreditación de la representación

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Artículo 168. Necesidad de acreditación de la representación. La representación en juicio a través de un profesional del derecho, deberá acreditarse con la presentación de los documentos que lo habiliten para gestionar la defensa de los derechos e intereses de su patrocinado desde la primera actuación que se realice en nombre de éste. No obstante, el representante podrá actuar sin poder en caso de urgencia, siempre que dentro de los cinco días siguientes presente dicho poder, el cual debe haber sido otorgado con anterioridad a su actuación, so pena de nulidad de todo lo actuado por el abogado, quien pagará los gastos procesales ocasionados. En todo caso, podrá ser responsabilizado por los daños y perjuicios originados.

Artículo 169. Honorarios profesionales. En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley especial que regule la materia.

Se entiende por honorarios profesionales toda remuneración que como contraprestación de sus servicios tiene derecho de percibir todo abogado privado.

Artículo 170. Representación sin poder. Podrán presentarse en el juicio como actores sin poder: El heredero por su coheredero, en las causas originadas por la herencia, y el comunero por su condueño, en lo relativo a la comunidad.

Por la parte demandada podrá presentarse además sin poder cualquiera que reúna las cualidades necesarias para ser apoderado judicial, pero quedara sometido a observar las disposiciones pertinentes establecidas en la Ley especial que regule la materia.

Artículo 171. Límites del la representación. Los representantes que lo son por virtud de la ley, y sus apoderados, están sometidos en sus gestiones en el proceso a las disposiciones del Código Civil, las demás leyes especiales que regulen la materia y del Código de Comercio en cuanto a facultades, deberes y formalidades.



CAPÍTULO III

De los deberes de las partes y de los apoderados

Artículo 172. Deberes de las partes y sus apoderados. Las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y probidad. En tal virtud, deberán:

  1. Exponer los hechos de acuerdo a la verdad;

  2. No interponer pretensiones ni alegar defensas, ni promover incidentes, cuando tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamentos;

  3. No promover pruebas, ni realizar, ni hacer realizar, actos inútiles o innecesarios a la defensa del derecho que sostengan.

PARÁGRAFO ÚNICO. Las partes y los terceros que actúen en el proceso con temeridad o mala fe son responsables por los daños y perjuicios que causaren.

Se presume, salvo prueba en contrario, que la parte o el tercero han actuado en el proceso con temeridad o mala fe cuando:

  1. Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas;

  2. Maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa;

  3. Obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso.

Artículo 173. Abstención de expresiones o conceptos injuriosos en las audiencias, escritos y diligencias. Las partes y sus apoderados deberán abstenerse de emplear expresiones o conceptos injuriosos o indecentes. El Juez ordenará testar tales conceptos si no se hubiesen notado antes, apercibiendo a la parte o al apoderado infractor, para que se abstenga en lo sucesivo de repetir la falta. En caso de que ello ocurriera en la audiencia el juez tomara los correctivos necesarios, e impondrá multas hasta de diez unidades tributarias (10 UT).

Artículo 174. Deber de suministrar las expensas a los abogados. Las partes deben suministrar a sus apoderados lo suficiente para expensas. Si no lo hicieren, no podrán ellas exigir responsabilidad al apoderado que hubiere dejado de hacer algo que ocasione gastos.

Artículo 175. Deber del apoderado de ejercer la defensa. El apoderado o el sustituto estarán obligados a seguir el juicio en todas las instancias, siempre que los Tribunales que deban conocer del asunto existan en el mismo lugar; en caso contrario, deben hacer las sustituciones convenientes, con arreglo a lo dispuesto en este Código o avisar al poderdante por la vía más rápida.

Artículo 176. Indicación del domicilio Procesal. Las partes y sus apoderados deberán indicar una sede o dirección en su domicilio o en el lugar del asiento del Tribunal, declarando formalmente en el libelo de la demanda y en el escrito o acta de la contestación, la dirección exacta. Dicho domicilio subsistirá para todos los efectos legales ulteriores mientras no se constituya otro en el juicio, y en él se practicarán todas las notificaciones, citaciones o intimaciones a que haya lugar. A falta de indicación de la sede o dirección exigida en la primera parte de este artículo, se tendrá por tal la sede del tribunal si se tratase del demandante, pero si se tratare de quien debe ser llamado al juicio, el juez ordenara la corrección del libelo de conformidad con lo previsto en el artículo 331, y en caso de comprobada imposibilidad, requerirá información sobre el domicilio que hubiese sido registrado en las oficinas o institutos públicos, como el Consejo Nacional Electoral y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Las notificaciones serán practicadas donde fue lograda la citación, salvo que la parte hubiese indicado una dirección distinta en la primera oportunidad en que acude al proceso.



CAPÍTULO IV

De la Justicia Gratuita.

Artículo 177. Beneficio de gratuidad. Para los efectos de este capítulo la justicia se administrará gratuitamente a las personas a quienes el Tribunal o la ley conceden este beneficio.

Artículo 178. Beneficio de justicia gratuita. Toda persona que demuestre a través de prueba fehaciente carecer de recursos económicos para sufragar los gastos de abogado, intérpretes, peritos, depositarios, prácticos o cualquier otro auxiliar de justicia que genera un proceso, podrá solicitar por escrito motivado junto con la interposición de la demanda, de la contestación o en cualquier estado y grado de la causa, que le sea acordado el beneficio de justicia gratuita.

Artículo 179. Trámite de la solicitud del beneficio de gratuidad. La respectiva incidencia se sustanciará y decidirá en cuaderno separado de conformidad con lo establecido en los artículos 602 de este Código.

De existir contradicción a la solicitud de la otra parte esta deberá fundamentarse en una prueba fehaciente que soporte su afirmación.

De la decisión del juez no se oirá apelación alguna.

Queda a salvo la posibilidad del juez de nombrar defensor público, sin necesidad de trámite, cuando razones de urgencia así lo ameriten.

Artículo 180. Admisibilidad del beneficio de gratuidad. Beneficiarios. Este beneficio es personal, sólo se concederá para gestionar derechos propios, y gozarán de él, sin necesidad de previa declaratoria, las personas que perciban un ingreso que no exceda del triple del salario mínimo obligatorio fijado por el Ejecutivo Nacional, los institutos de beneficencia pública y cualesquiera otros a los que la ley lo conceda en los asuntos que les conciernan.

La circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que resida, no constituirá por sí mismo un impedimento para la concesión del beneficio.

Artículo 181. Declaratoria del beneficio. Designación de defensor. Declarado con lugar el beneficio de justicia gratuita el tribunal inmediatamente procederá a la designación de un Defensor Público, continuando el curso de la causa en el estado que se encontraba para el momento de la designación.

Artículo 182. Revocatoria del beneficio. Si en cualquier estado y grado de la causa se demuestra que el beneficiario de la justicia gratuita dispone de medios económicos suficientes, o si dicho beneficio fue conseguido por engaño o perjurio del solicitante, el Tribunal, juzgando sumariamente conforme al procedimiento incidental previsto en el artículo 602 revocará el beneficio. De esta decisión no se oirá apelación.

En los supuestos de engaños o perjurio del solicitante, estará obligado, adicionalmente a efectuar los pagos a que se refiere el artículo 183 de este Código además, de una multa que impondrá el Tribunal de hasta diez Unidades Tributarias (10 U.T). En ambos casos, cesará la actuación del defensor público, debiendo la parte desprovista del beneficio de justicia gratuita designar su apoderado judicial.

Artículo 183. Alcances del beneficio de gratuidad. Los que por disposición legal o por declaración judicial tengan derecho a la justicia gratuita disfrutaran de los siguientes beneficios:

  1. Que se les nombre por el Tribunal defensor que sostenga sus derechos gratuitamente;

  2. Exención del pago de honorarios a los auxiliares de la justicia, tales como intérpretes, peritos, depositarios, asociados, prácticos y otros, los cuales estarán obligados a prestar gratuitamente sus servicios en el asunto cuando actúen a solicitud del beneficiario de la justicia gratuita.

Artículo 184. Obligación de pagar por fortuna sobrevenida. Excepción. Quien haya litigado gratuitamente quedará obligado a pagar los honorarios de su defensor y las demás costas que hubiere causado o en que se le hubiere condenado, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso llegare a mejor fortuna. Estarán exentos de esta obligación los que hayan litigado gratuitamente por concederles ese beneficio la ley.

Artículo 185. Tribunal competente. Es competente para conceder el beneficio de la justicia gratuita el Tribunal que lo sea para conocer de la causa por la cual se solicita.



TÍTULO V.

De los actos procesales

CAPÍTULO I.

De la forma de los actos.

Artículo 186. Idioma de los actos procesales. En la realización de los actos procesales sólo podrá usarse el idioma legal que es el castellano.

Artículo 187. Intérpretes para interrogatorios. Cuando en cualquier acto del proceso deba interrogarse a una persona que no conociese el idioma castellano, el Juez nombrará un intérprete que jurará previamente traducir con fidelidad las preguntas y las respuestas.

Artículo 188. Traducción de documentos. Cuando deban examinarse documentos que no estén extendidos en el idioma castellano, el Juez ordenará su traducción por un intérprete público y en defecto de éste, nombrará un traductor, quien prestará juramento de traducir con fidelidad su contenido.

Artículo 189. Interrogatorio a sordos, mudos y sordomudos. Cuando se deba interrogar a un sordo, a un mudo o a un sordomudo, al sordo se le presentarán las preguntas escritas, así como cualquier observación del Juez para que conteste verbalmente; al mudo se le hará verbalmente la pregunta para que la conteste por escrito; y al sordomudo se le harán las preguntas y las observaciones por escrito, para que responda también por escrito. Lo escrito se agregará al original, además de copiarse en el acta.

Si el sordo, el mudo o el sordomudo no supieren leer ni escribir, se nombrarán como intérpretes dos personas, escogidas preferentemente entre aquellas habituadas a tratarle, para que por su medio preste la declaración.

Artículo 190. Diligencias y Escritos. Las partes sólo podrán dirigirse mediante escrito al tribunal en los casos expresamente determinados por la ley.

Determinada la controversia, el proceso se desarrolla fundamentalmente en las audiencias, en el que las partes formularán sus alegaciones en forma oral, de las cuales se dejará constancia en las actas. Fuera de las audiencias, si las partes hicieren solicitudes escritas, éstas serán decididas en forma concentrada en la respectiva audiencia preliminar o de juicio, salvo que razones de urgencia o de continuación del trámite ameriten una decisión inmediata, en cuyo caso la interlocutoria que se produzca será recurrible en forma diferida con la definitiva. En todo caso la solicitud hecha fuera de la audiencia que no hubiese sido decidida, debe ser ratificada en la misma, debiendo el juez resolverla de inmediato en la audiencia.


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