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UNIDAD XI. LA CORPORACION MINERA DE BOLIVIA

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UNIDAD XI.

LA CORPORACION MINERA DE BOLIVIA


Su creación.- Dirección y Administración.- Contratos de arrendamiento.- Contratos de riesgo compartido.- Contratos de prestación de servicios, de operación y otros.- conformación de sociedades.


En la actualidad la Corporación Minera de Bolivia es considerada como una Empresa Pública Autárquica del Estado, con administración propia dependien­te de la Secretaría Nacional de Minería, actualmente Viceministerio de Minería El 31 de octubre de 1952, mediante Decreto Supremo se le otorgó la administra­ción de los grandes grupos mineros nacionalizados de Patiño, Hoschschild y Aramayo.


Su campo de acción ha sido reducido a la dirección y administración, sin ejecutar directamente actividades mineras y sólo a través de contratos de riesgo com­partido, prestación de servicios o arrendamiento de los grupos mineros, conce­siones mineras, residuos minero metalúrgicos, plantas de concentración, volatilización, fundición y refinación, además del Cerro Rico de Potosí, establecidos en los incisos a), b), c), d) y e) del del Código actual, todo dentro del marco legal de los Decretos Supremos 23230-A de 30 de julio de 1992 y 23727 de 11 de febrero de 1994, los cuales en sus normas principales establecen:


DECRETO SUPREMO Nº 23230"A"


Art. 1º.- Los contratos que suscribe la Corporación Minera de Bolivia, de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 24 del Código de Minería abrogado de 1965, y del actual, deben sujetarse a las normas y procedimientos establecidos en el presente decreto supremo.


CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO.- Estos serán realizados por la COMIBOL de acuerdo con lo señalado a continuación:


Art. 2º.- El Directorio General de la Corporación Minera de Bolivia autorizará, mediante resolución expresa, la suscripción de contratos de arrendamiento de concesiones, centros mineros, plantas industriales y metalúrgicas que se encuen­tran bajo su administración con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras y cooperativas mineras.


Art. 3°.- Los contratos de arrendamiento se procesarán a través de solicitud directa de personas individuales o colectivas interesadas, o alternativamente a iniciativa de la Corporación Minera de Bolivia, mediante licitación o invitación pública o directa, en base a los siguientes criterios:


a) La modalidad de solicitud directa procede cuando la persona individual o colectiva interesada, asume la iniciativa de proponer a la Corporación Minera de Bolivia la suscripción de un contrato de arrendamiento;


b) La suscripción de contratos de arrendamiento mediante licitación pública procede a partir de la iniciativa de la Corporación Minera de Bolivia, en base a objetivos determinados;


c) La modalidad de invitación directa será procedente si efectuada la invita­ción pública no se presenta ninguna propuesta o cuando existiendo propues­tas no se concluya con la suscripción del contrato de arrendamiento o el directorio de la Corporación Minera de Bolivia así lo decida por las características de especialidad del proyecto.


Art. 4º.- En los yacimientos y unidades operativas en que sea necesaria la inversión de capital de riesgo o tecnología moderna o la utilización de sistemas avanzados de explotación y administración para una realización racional eficiente de las operaciones minero metalúrgicas e industriales, COMIBOL priorizará la suscripción de estos contratos con empresas privadas nacionales o extranjeras, debidamente acreditadas, con solvencia técnica y económica.


CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO


Art. 8°.- El Directorio General de la Corporación Minera de Bolivia autorizará mediante resolución expresa la suscripción de contratos de riesgo compartido (Joint venture) con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, para la exploración, explotación, beneficio, fundición y comercialización de los minerales de concesiones, centros mineros, plantas industriales y metalúrgicas que se encuentran bajo su administración, así como también para la ejecución de otras actividades destinadas al logro de sus objetivos empresariales.


Art. 9°.- Los contratos de riesgo compartido se suscribirán mediante las modalida­des de licitación, invitación pública o invitación directa.


Art. 10°.- Las cooperativas mineras, arrendatarias de propiedades de la Corpora­ción Minera de Bolivia, podrán suscribir contratos de riesgo compartido con terceros, únicamente con la autorización escrita del Directorio General de la Corporación Minera de Bolivia, para cuyo efecto deben presentar estudios técnico económicos que sustenten su solicitud.


Art. 11°.- La Corporación Minera de Bolivia suscribirá contratos de riesgo compar­tido con empresas privadas nacionales o extranjeras, para la ejecución de activi­dades mineras que por sus características y dimensiones impliquen uso de capital o tecnología adecuada y/o sistemas modernos de administración.


Similar criterio será aplicado para los casos de plantas metalúrgicas e industriales.


Art. 12°-.- El Directorio General de la Corporación Minera de Bolivia, autorizará mediante resolución expresa la suscripción de contratos de riesgo compartido de las concesiones, centros mineros, plantas industriales y metalúrgicas, que se encuentran bajo su administración.


Art. 15º.- El Directorio General de la Corporación Minera de Bolivia podrá declarar desiertas y sin efecto las invitaciones y/o licitaciones, ya sean directas, públicas, nacionales e internacionales, cuando el contenido y alcance de las propuestas no guarden relación con el interés empresarial y nacional.


CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, DE OPERACION Y OTROS.


Art. 16º.- Los contratos de operación, de prestación de servicios y otros que suscriba la Corporación Minera de Bolivia en virtud de las disposiciones y facultades que el otorga el artículo 24 del Código de Minería, (Art. 91 del Código Vigente) estarán basados en su procesamiento a las disposiciones aplicables, del presente Decreto Supremo y de los Códigos de Minería, Comercio, Civil y otras específicamente pertinentes.


CONFORMACIÓN DE SOCIEDADES.


Art. 17º.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Supremo 3196 de 2 de octubre de 1952, COMIBOL podrá conformar sociedades de todo tipo con las limitaciones establecidas por ley.


Conforme al 17 del Código vigente, para la conformación de sociedades entre COMIBOL y personas individuales o colectivas pertenecientes a países limítrofes, sean estas sociedades de economía mixta o de cualquier otro tipo, se requerirá necesariamente de autorización del Poder Legislativo.


Las normas y procedimientos para la conformación de estas sociedades son las establecidas por los Códigos de Minería, Comercio y Civil.



DECRETO SUPREMO Nº 23727


Art. 1º.- La Corporación Minera de Bolivia estará dirigida por un Directorio compuesto por siete miembros, los cuales serán designados por el Presidente de la República, mediante Resolución Suprema.

Art. 2º.- El Presidente del Directorio de la Corporación Minera de Bolivia tendrá además funciones ejecutivas y será nombrado por el Presidente de la República de acuerdo a la Constitución Política del Estado.

Art. 3º.- El Directorio de la Corporación Minera de Bolivia, así conformado, elegirá a un vicepresidente, el que reemplazará al Presidente en caso de renuncia, ausencia o enfermedad.

Art. 4º.- Las principales funciones y atribuciones del Directorio de la Corporación Minera de Bolivia son:


a) Determinar la alta política económica, financiera y técnica de la entidad y ejercer funciones de administración superior; b) Definir y establecer los órganos internos de administración y operación; c) Constituir los organismos internos de asesoramiento, control y evaluación; d) Nombrar a los principales ejecutivos y responsables de los organismos de administración, operación, asesoramiento, control y evaluación; e) Contratar servicios externos en los campos que requiriese la entidad; f) Conocer, analizar y aprobar los estados financieros de la entidad, así como el presupuesto de cada gestión; y g) Conocer, aprobar, supervisar y evaluar los planes operativos de la entidad.


Art. 5º.- El Presidente de la Corporación Minera de Bolivia ejercerá la representa­ción legal de la entidad, con facultad de delegar a los gerentes del área.

Art. 6º.- El Directorio, en el plazo de 90 días de su posesión, elaborará y presentará al Poder Ejecutivo el nuevo Estatuto Orgánico de la Corporación Minera de Bolivia, para su aprobación legal.


Todo lo anteriormente expresado y comentado, esta inmerso en el Artículo 91del Código Actual que Dice. “La Corporación Minera de Bolivia es una empresa pública, autárquica, dependiente de la Secretaría Nacional de Minería, encargada de la dirección y administración superiores de la minería estatal”.


Esta entidad dirige y administra, sin realizar directamente actividades mineras, y sólo mediante contratos de riesgo compartido, prestación de servicios o arrenda­miento:


a) Los grupos mineros nacionalizados por Decreto Supremo N4 3223 de 31 de octubre de 1952, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;

b) Las demás concesiones mineras obtenidas o adquiridas a cualquier título;

c) Los residuos minero-metalúrgicos provenientes de las concesiones mineras mencionadas en los incisos anteriores;

d) Las plantas de concentración, volatilización, fundición, refinación, plantas hidroeléctricas y otras de su propiedad; y

e) El Cerro Rico de Potosí, sus bocaminas, desmontes, colas, escorias, relaves, pallacos y terrenos francos del mismo, respetando derechos preconstituidos.


La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) fue originalmente creada por D.S. N° 3196 de 2 de octubre de 1952, posteriormente elevado a rango de Ley de la República de 29 de octubre de 1956.”


Por otra parte, la Constitución Política del Estado al referirse a los bienes nacionales en su Art. 138 (Art. 372 NCPE) señala que: "Pertenecen al patrimonio de la Nación los grupos mineros nacionalizados como una de las bases para el desarrollo y diversificación de la economía del país, no pudiendo aquellos ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún título".


"La dirección y administración superiores de la Industria Minera Estatal estará a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determina la ley".


Consecuentemente, es en aplicación de este precepto constitucional que la norma especial, cual es el Código de Minería, dispone que los Grupos Mineros Nacionalizados no cadu­can ni pueden ser transferidos o adjudicados a personas privadas individuales o colectivas y como lógica consecuencia, si no caducan, están exentos de pago de patentes mineras.


Sin duda alguna es a la COMIBOL, la institución a que hace referencia la segunda parte del Art. 138 de la Constitución Política del Estado (Art.372- IV NCPE), como la entidad autárquica encargada de la dirección y administración de la Industria Minera Estatal, que como entidad pública con personería propia, obtuvo directamente de acuerdo a los procedimientos mineros aplicados desde su fundación, otras concesiones mineras, las cuales si pueden ser objeto de caducidad y están sujetas a actos de disposición.


Algo que no menciona específicamente este Código es si la COMIBOL a partir de la vigencia de la nueva norma legal puede obtener nuevas concesiones, nosotros consideramos que no, ya que sólo tiene la atribución de dirigir y administrar la minería nacional, sin realizar directamente actividades mineras, lo cual consti­tuye una limitación específica que concuerda con lo especificado en el inciso b) del artículo 91 que señala: "Las demás concesiones mineras obtenidas o adquiri­das a cualquier título," habiéndose suprimido expresamente la facultad que le otorgaba el Código de Minería anterior que hacía referencia a "Las concesiones que pudiera adquirir, conforme a las prescripciones de este Código".


Luego, entonces al respecto de todo lo anterior el Artículo 92 del Código actual señala: “En cumplimiento de lo establecido por el artículo 138 de la Constitu­ción Política del Estado, los grupos mineros nacionalizados no caducan ni pueden ser transferidos o adjudicados en propiedad a personas privadas individuales o colectivas y están exentos del pago de patentes mineras”.


La Corporación Minera de Bolivia puede realizar actos de disposición respecto de aquellas concesiones mineras que no hubieren sido objeto de la nacionalización. Dichas concesiones mineras están sometidas a las normas del presente Código”.


Igualmente, tanto el Código de Minería Saavedra de 1925, cuanto el Código de Minería Barrientos de 1965, contemplaban en su texto innumerables causales de nulidad y caducidad, entre las cuales y durante su tramitación habían caído varias de las concesiones obtenidas directamente por la Corporación Minera de Bolivia, por lo que con esta disposición legal se busca otorgarles un "título perfecto", que en los hechos es de dudosa aplicación práctica y valor jurídico, si se tiene en cuenta las disposiciones legales establecidas en los artículos 3, 16, 24 y 106 del Código de Minería, son de inexcusable aplicación aún para las concesiones obtenidas por la Corporación Minera de Bolivia.


La crítica también alcanza al caso específico del Art. 106 del Código de Minería, en la evidencia de que COMIBOL obtuvo concesiones totalmente superpuestas a otras anteriormente perfeccionadas, el camino del juicio de mejor derecho no puede ser invalidado por una declaratoria de título perfecto, absolutamente ilegal, a lo que debe añadirse que la denominación de "TITULO PERFECTO" no se contempla en ningún diccionario o enciclopedia jurídica, la cual constituye una innegable concepción sin definición concreta.


Al respecto, el Artículo 93° simplemente dice: “Decláranse con título perfecto las concesiones mineras con título ejecutorial obtenidas o adquiridas por la Corporación Minera de Bolivia, a cual­quier título con posterioridad al 31 de octubre de 1952, hasta la fecha de publicación del presente Código”.


Posiblemente, tenga un carácter de complementariedad a la interpretación que se le dio al artículo anterior, el Artículo 94º que manifiesta: “La Corporación Minera de Bolivia transferirá mediante licitación pública internacional las concesiones mineras a que se refiere el artículo anterior que no estén sujetas a contratos de riesgo compartido o arrendamiento a la fecha de publicación del presente Código”


Finalmente, si la norma del artículo anterior es imprecisa, la del 95, al decir de los críticos es aún mayor en cuanto a su alcance práctico, ya que depende únicamente de la decisión del Directorio de COMIBOL el llevar adelante esta licitación pública internacional, en uno, dos o más años; en consecuencia, no se daría ni la segunda convocatoria y menos la reversión de estas concesiones mineras al dominio originario del Estado, continuándose con el acaparamiento improductivo de grandes áreas de posible mineralización, en manos de la empresa estatal. En general se considera que, todos estos artículos han sido redactados, sin establecer con carácter previo, un marco legal válido, y con una notable confusión doctrinal de lo que se quería que la Corporación Minera de Bolivia tenga como funciones y competencias, en una especie de aplicación doctrinal "sui géneris" del neo liberalismo de Estado.


Todo, según lo estipulado por el Artículo 95º que dice: “Si la licitación pública internacional, convocada por segunda vez, fuera declarada desierta, las concesiones mineras materia de la licitación reverti­rán por imperio de la ley al dominio originario del Estado”.


UNIDAD XII.

RÉGIMEN REGALITARIO E IMPOSITIVO MINERO


Los sujetos de impuestos.- La base de cálculo impositivo minero y la alícuota.- Escalas.- Régimen impositivo y la alícuota adicional




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