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DE LA LIQUIDACION Y PAGO.- La regalía Minera como vimos anteriormente, se paga o retiene al momento de la venta interna o de la exportación.


Para evitar que esta Regalía se acumule en cascada, en cada etapa de compra­venta, previa a la exportación, este artículo permite deducir la regalía pagada o retenida en las etapas anteriores, bajo el mismo concepto establecido para el Impuesto al Valor Agregado, de manera que cada operador minero pague en forma neta por el valor agregado neto en la etapa de producción y comer­cialización. En este sentido los sujetos pasivos de la Regalía están obligados a registrar todas estas sus liquidaciones en el libro denominado "Ventas Brutas­ Control RM." Asimismo en sus compras de minerales y metales deberán registrar el importe de la Regalía Minera liquidado por sus proveedores, el mismo que se registrará en el libro denominado "Compras ­Control ICM"

El primero de los dos libros registrará el número de asiento, fecha de la operación de venta, origen del mineral, nombre o razón social del comprador, número de RUC, domicilio, peso bruto, peso neto seco, ley del mineral, peso del contenido fino, cotización oficial, valor bruto de venta y monto de la Regalía liquidado por el contribuyente. El libro de Compras-Control RM registrará similar información de los proveedores, incluyendo la liquida­ción de la Regalía realizada por ellos, debiendo establecerse un asiento por cada operación de compra.


Al cierre de cada gestión, los sujetos pasivos de la consolidarán el importe total de las liquidaciones realizadas durante la gestión fiscal, deducien­do el total del importe de la Regalía Minera liquidado por sus proveedores en el mismo período de tiempo. Todo de acuerdo a lo manifestado por el Artículo 99 que dice” La RM se liquidará y pagará aplicando la alícuota conforme a lo establecido en el artículo precedente sobre la base de cálculo definida en el Artículo 97 de la presente Ley, en cada operación de venta o exportación realizada. Cada liquidación así determinada se asentará en un libro llamado Ventas Brutas - Control RM.

Asimismo, el comprador de minerales o metales descontará el importe de la RM liquidado por sus proveedores que se asentará en un libro llamado Compras - Control RM, según Reglamento.

Las empresas que manufacturen productos a base de minerales y metales, empozarán la RM retenida a sus proveedores de minerales en la forma y plazos que se establecerán por Reglamento”.


DESTINO DE LA REGALIA MINERA.- El importe que resulte de la recaudación que se logre por concepto de la Regalía Minera irán con destino a las prefecturas y municipios productores de los minerales y metales, conforme lo dispuesto por el Art.100 que a la letra dice: “El importe recaudado por Regalía Minera se distribuirá de la siguiente manera:


I. 85% (Ochenta y cinco por ciento) para la Prefectura del Departamento productor, la que destinará al menos el 85% (Ochenta y cinco por ciento) de ese monto a inversión pública, del cual al menos el 10% (Diez por ciento) será utilizado en actividades de prospección y exploración, reactivación productiva y monitoreo ambiental en el sector minero con entidades ejecutoras especializadas en desarrollo y exploración minera.


II. 15% (Quince por ciento) para el Municipio productor, el que destinará al menos el 85% (ochenta y cinco por ciento) de ese monto a inversión pública.

La recaudación por concepto de RM será transferida en forma directa y automática, a través del sistema bancario en los porcentajes definidos en este artículo, a las cuentas fiscales dé las Prefecturas Departamentales y Municipios respectivamente.”


RÉGIMEN IMPOSITIVO.- Todo lo dispuesto respecto del régimen impositivo que corresponde a la Regalía Minera, se lo tiene ampliamente comentado en el Art. 101 del Código modificado recientemente en noviembre del 2007 que a continuación lo transcribimos en su integridad.

ARTICULO 101. Las personas naturales y jurídicas que realicen las actividades mineras señaladas en el Artículo 25 del presente Código, están sujetas en todos sus alcances al Régimen Tributario de la Ley No 843 (Texto Ordenado Vigente) y sus reglamentos.

Se establece la acreditación de la Regalía Minera contra el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) sólo cuando la cotización oficial de cada metal o mineral al momento de liquidar la RM sea inferior a los precios señalados a continuación:

Mineral

O Metal

Cotización

Oro

400 $us / onza troy

Plata

5.55 $us / onza troy

Zinc

0.53 $us / libra fina

Plomo

0.30 $us / libra fina

Estaño

2.90 $us / libra fina

Antimonio

2,802 $us / tonelada métrica

Wólfram-'

80 $us / unidad larga fina

Cobre

1.04 $us/ libra fina

Bismuto

3.50 $us / libra fina

Hierro (SIabs o planchones)

340 $us /tonelada métrica

En el caso de minerales de Hierro, para efectos de la aplicación de la tabla precedente se tomará como única referencia el precio del Slab o Planchón, independientemente de las cotizaciones de los otros productos primarios o transformados de Hierro.

En los casos en que las cotizaciones sean iguales o superiores a las señaladas precedentemente, la RM no será acreditable contra el IUE, debiendo pagarse ambos de forma independiente. El monto de la RM pagado efectivamente será considerado como gasto deducible en la determinación de la base imponible del IUE, únicamente en las gestiones fiscales en que se produzca la desacreditación.


El sujeto pasivo del IÜE tomará como crédito fiscal el pago efectivo de la RM, cuando se haya liquidado a precios inferiores a los establecidos en la tabla precedente. Para tal efecto, el libro Ventas Brutas - Control RM deberá consignar para cada operación de venta o exportación la denominación de "Acreditable" o "No Acreditable"; según corresponda.


El Poder Ejecutivo podrá determinar, mediante norma expresa las condiciones de acreditación para otros metales o minerales no comprendidos en la tabla establecida en el presente Artículo, tomando como base el comportamiento del mercado. Mientras tanto, la RM efectivamente pagada de los minerales y metales no consignados en la tabla anterior será acreditable contra el IUE al final de la gestión.


ARTÍCULO 102. Crease una Alícuota Adicional de 12.5% (Doce y medio por ciento) al IUE, que tiene por objeto gravar las utilidades adicionales originadas por las condiciones favorables de precios de los minerales y metales, la misma que se aplicará sobre la utilidad neta anual establecida en la Ley No 843 y sus reglamentos para el cálculo y liquidación del IUE. Se pagará en base a un régimen de anticipos mensuales a establecerse mediante reglamento.


Esta alícuota adicional al IUE se aplicará cuando las cotizaciones de los minerales y metales sean iguales o mayores a las establecidas en la tabla del Artículo precedente.


En caso de que en una gestión fiscal se realicen ventas con cotizaciones menores a las establecidas en la tabla mencionada, la Alícuota Adicional no se aplicará sobre la proporción de las utilidades generadas por dichas ventas, debiendo establecerse el procedimiento específico mediante Reglamento.


La Alícuota Adicional no alcanza a las cooperativas mineras legalmente establecidas en el país, por considerarse unidades productivas de naturaleza social.

Con el objeto de incentivar la transformación de materia prima en el país, a las empresas que produzcan metales o minerales no metálicos con valor agregado se aplicará el 60% de la Alícuota Adicional del IUE establecida en el presente Artículo.


Finalmente, hagamos también referencia que la Ley que modifica el título VIII del Código minero vigente, en su Art. 2 manifiesta que “ El procedimiento de auto facturación establecido en el Artículo 28 del Decreto Supremo No 23670 de 9 de noviembre de 1993 y en el Decreto Supremo No 25705 de fecha 14 de marzo de 2000, queda derogado a partir del 1 de abril de 2008, encomendándose a los Ministerios de Minería y Metalurgia y de Hacienda, establecer un procedimiento simple y expedito para la aplicación y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el sector minero.



UNIDAD XIII.

LA JURISDICCION EN MATERIA MINERA


S U M A R I O:

Disposiciones generales.- competencia.- Aplicación preferente de normas y plazos.- Jurisdicción ordinaria- mejor derecho.

________________________________________________'>________________________________________________


DISPOSICIONES GENERALES: COMPETENCIA.- La seguridad jurídica que debe otorgar la Legislación Minera a los concesiona­rios para la obtención y conservación de sus derechos, en los últimos años ha sido la columna vertebral para el desarrollo y expansión de las actividades de exploración, explotación y las consiguientes de beneficio, fundición y comercialización de minerales en nuestro país; varias y sustancialmente dife­rentes fueron las tendencias doctrinales adoptadas al respecto; tradicionalmen­te y siguiendo la normatividad de la época colonial, había sido la jurisdicción administrativa a la cual la ley le confería la potestad legal para el otorgamiento, conservación y extinción de las concesiones mineras, hasta que por ley N° 1455 de 18 de febrero de 1993, se dispuso que esta jurisdicción sea incorporada a la jurisdicción ordinaria ejercida por medio de la Sala Social, Administrativa y Minera de la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Minería de las Cortes Superiores del Distrito, los Juzgados de Minería y otras autoridades administra­tivas como ser los subprefectos de provincia.


Por su parte la Ley N° 1469 de 19 de febrero de 1993, llamada del Ministerio Público, creó los Fiscales de Sala y de Materia Administrativa con la facultad expresa de intervenir en procedimientos mineros.


Esta estructura de la jurisdicción ordinaria para los procedimientos mineros, tuvo vigencia sólo por cuatro años, luego fue íntegramente abrogada, (aunque no específicamente en los casos de intervención del Ministerio Público) por la Ley N° 1777 de 17 de marzo de 1997. Esta Ley pone en vigencia el actual Código de Minería, bajo el principio constitucional del artículo 136 de la Constitución Política del Estado que señala en su punto 1°-: "Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medi­cinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamien­to. Estos preceptos como ya se tiene manifestado son hoy ratificados y ampliados en el nuevo texto constitucional en su Cap. Segundo al referirse al los recursos naturales en su Arts. 348, 349 y siguientes. Asimismo, dispone que la ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los particulares. Como tenemos ya manifestado, el artículo 2 del Código Minero determina que será el Estado a través del Poder Ejecutivo, quien otorgará concesiones mineras a las personas individuales o colectivas, naciona­les o extranjeras que las soliciten ante el Superintendente de Minas de la Jurisdicción, volviendo así al procedimiento Administrativo Minero, tal como está ratificado en el Art. 103 del Código de Minería que en forma expresa señala que el conocimiento y resolución de las actuaciones concernientes a la obtención, amparo, nulidad, expropiación, servidumbre y renuncia de concesiones corres­ponden a la Jurisdicción Administrativa Minera.


El Código anterior en su Art. 339 nos hablaba con mayor propiedad del "conoci­miento y resolución de las causas mineras", debido a que en estricto derecho y cual lo ratifica Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, las "actuaciones" son las tramitaciones que forman las piezas de autos, redactados durante el pleito o proceso, lo que lleva a la conclusión que lo más apropiado hubiera sido utilizar el término "procedimientos concernientes".


Este comentario se lo tiene inmerso en el Artículo 103 que manifiesta. “El conocimiento y resolución de las actuaciones concernientes a la obtención, oposición, amparo, nulidad, expropiación, servidumbre y renuncia de concesiones mineras, corresponden a la jurisdicción administrativa minera”.


Ahora bien el Código aunque con carácter enunciativo, se refiere a todos los aspectos relativos a la jurisdicción administrativa minera, compuesta por el Superin­tendente General de Minas, los Superintendentes de Minas, el Servicio Técnico de Minas e incluso de la Gaceta Nacional de Minería, configurando una norma de organización de la Jurisdicción Administrativa Minera, sustitutiva de la que estaba legislada en la Ley N° 1455 de Organización Judicial. Esta referencia la tenemos en el Art. 104 que dice: “Las funciones, forma de designación, suplencias, incompatibilidades y demás aspectos relativos al ejercicio de la jurisdicción administrativa minera se rigen por las normas del presente Código”.


APLICACION PREFERENTE DE NORMAS Y PLAZOS.- En relación a éste aspecto es el Art. 105 el que hace referencia a ello y lo importante de éste, está en que utiliza con propiedad los términos "procedimientos" y "acciones mineras". Adicionalmente la referencia a los plazos procesales computables desde el día de la publicación en la Gaceta Minera, consideramos que puede ser parte del éxito en la aplicación de los procedimientos mineros. Todo ello se tiene así manifestado en el Artículo 105 que dice: “En la sustanciación de los procedimientos y acciones mineras en la vía administrativa o jurisdiccional según corresponda, se aplicarán con preferen­cia las normas del presente Código como ley especial y, complementaria y supleto­riamente, las normas del derecho común. Los plazos que se originen en las actuacio­nes procedimentales publicadas en la Gaceta Minera se computarán desde el día de su publicación”.


JURISDICCION ORDINARIA - MEJOR DERECHO.- La nueva legislación minera ha introducido evidentes modificaciones con rela­ción al Código anterior, para proteger los derechos de los concesionarios, estableciendo la manera en que éstos pueden hacer valer estos derechos respec­to de nuevas peticiones mineras. Señalamos a continuación las disposiciones que protegen los derechos preconstituidos: El Art. 33 señala que "si en el área de una petición minera por cuadrículas existieran concesiones preconstituidas o parte de ellas antes de la vigencia del actual Código de Minería, registradas en el SERGEOTECMIN, el Superintendente de Minas otorgará al peticionario las cuadrículas solicitadas respetando dichas concesiones".


Adicionalmente, existe el procedimiento de la oposición, establecido por los artículos 40 y 41 in fine, el último de los cuales coincidentemente señala: "Tratán­dose de oposiciones formuladas por concesionarios con derechos preconstituidos a la vigencia del presente Código, la resolución del Superintendente ordenará se respeten los derechos del opositor y concederá las cuadrículas solicitadas por el peticionario, siempre que existan áreas disponibles dentro de la o las cuadrículas afectadas por la oposición".


La relación anterior la consideramos necesaria pues para que un concesionario con títulos ejecutoriales pueda tener sus derechos vigentes e intentar una acción de mejor derecho en la jurisdicción ordinaria, es indispensable que su concesión minera esté vigente, para lo cual tiene que haber sido inscrita en el Servicio geográfico y Técnico de Minas cumpliendo lo establecido en el Art. 4 de las disposiciones transitorias y finales del Código de Minería y no haya sido revertida al dominio del Estado por la causal de caducidad establecida en el Art. 65 también del presente Código.


Todo lo comentado anteriormente lo tenemos inserto en el Art 106° que manifiesta: “Las controversias entre concesionarios con títulos ejecutoriales sobre mejor derecho a la concesión minera, se resuelven en la jurisdicción ordina­ria”.


UNIDAD XIV


DEL SUPERINTENDENTE GENERAL Y REGIONALES DE MINAS


S U M A R I O:

Su competencia y sede.- Requisitos para su designación.- Forma de designación y sus atribuciones.- Caso de muerte, impedimento, excusa y recusación.- Los superintendentes regionales de minas: Jurisdicción y requisitos.- Tiempo y forma de designación.- Impedimento.

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SU COMPETENCIA Y SEDE.- Antes de hacer referencia de la sede y su competencia, manifestemos que, el Código de Minería ha instituido como máxima autoridad de la Jurisdicción Administrativa Minera, al Superintendente General de Minas, con competencia para ejercer jurisdicción en materia minera en todo el territorio de la República. Con esta modificación se ha retornado a la concepción doctrinal de la Ley de 14 de enero de 1928, que abrogando el Art. 258 del Código de Minería Saavedra de 1925 como Tribunal de Segunda Instancia en materia minera, creó a la Superintendencia Nacional de Minas con similares atribuciones a las del Super­intendente General de Minas, tal como se tiene manifestado en el Artículo 107 del Actual código que dice: “El Superintendente General de Minas es la máxima autoridad de la jurisdicción administrativa minera. La sede de sus funciones es la ciudad de La Paz y su competencia se extiende a todo el territorio nacional.”


REQUISITOS PARA SU DESIGNACIÓN.- Nuestro ordenamiento legal vigente, señala los requisitos para ser designado como Superintendente General de Minas asemejando a los establecidos por el Art. 49 de la Ley de Organización Judicial para ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia, pero sin hacer mención la edad mínima, ni al cumplimiento de los deberes militares y cívicos, tal como puede observarse en el Artículo 108 que manifiesta: “Para ser Superintendente General de Minas, se requiere ser boli­viano de origen, haber ejercido durante diez años la judicatura o la profesión de abogado”.


Así como señala los requisitos, dentro de los impedimentos se menciona el auto final de la instrucción "ejecutoriado" que disponga procesamiento penal o la resolución administra­tiva ejecutoriada por la que se atribuye responsabilidad administrativa o civil conforme a ley, que en este caso es de suponer se trata de la Ley del Sistema de Administración, Fiscalización y Control Gubernamental N°-1178 de 20 de julio de 1990, también llamada Ley SAFCO y que en su artículo 28 señala: Todo servidor público responderá por los resultados emergentes del desempeño de los deberes y atribuciones asignados a su cargo con responsabilidad adminis­trativa, ejecutiva, civil y penal. La responsabilidad administrativa es cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que señalan la conducta funcionaria del Servidor Público, esta responsa­bilidad se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta los resultados de la auditoria si la hubiere.


Señala el Art. 29 de la Ley SAFCO que la autoridad competente aplicará según la gravedad de la falta, las sanciones de multa hasta un 20% de la remuneración mensual, suspensión hasta un máximo de 30 días o destitución, pero en ningún caso constituye un impedimento para el ejercicio de cargo público alguno.


El inc. b) establece como impedimento para el ejercicio de la Superintendencia General de Minas el haber cometido "delitos dolosos" hasta tres años después de haber cumplido la pena impuesta, en sustitución de la prohibición señalada por el Art. 13 de la Ley de Organización Judicial que se refiere a los condenados a pena privativa de libertad por delitos comunes, con sentencia ejecutoriada.


Doctrinalmente debemos entender por delito doloso aquel que se lo ha realizado con la intención de producir un resultado dañoso o aquel en que se incurre con la realización de los actos materiales que configuran el delito, más la intención del agente de producir el resultado dañoso. En esta intención asiste el elemento dolo, como integrante del delito (Manuel Ossorio).


El inciso c) hace referencia a los "casos de exclusiones o imposibilidad estable­cidos en el Código" sin precisar cuales son esas exclusiones o imposibi­lidad, razón por la cual debemos suponer que son: Que el postulante no sea boliviano de origen, y que no ha ejercido por diez años la judicatura o la profesión de abogado, caso contrario la norma resultaría totalmente imprecisa. Tal como nos señala el Artículo 109 y dice “No podrá ser nombrado Superintendente General de Minas:

a) El que tuviese auto final de instrucción ejecutoriado que disponga procesa­miento penal o resolución administrativa ejecutoriada por la que se le atribuya responsabilidad administrativa o civil conforme a ley;

b) El que hubiese sido condenado a pena privativa de libertad por la comisión de delitos dolosos, hasta tres años después de cumplida la condena impuesta; y

c) El que estuviese comprendido en los casos de exclusión o incompatibilidad establecidos por el presente Código”.


FORMA DE DESIGNACIÓN Y SUS ATRIBUCIONES.- La designación del Superintendente, es atribución presidencial, al parecer inconstitucional, ya que no está expresamente incluida dentro de los numerales 14,15 ni 16 del Art. 96 de la Constitución Política del Estado, que hacen referencia a las atribuciones del Presidente de la Repú­blica; sin embargo en vía de interpretación podría estar incorporada en el numeral 15 como lo aplicó el Poder Ejecutivo, cuando designó mediante Decreto Supremo a los Superintendentes de Minas en forma interina y al Superintenden­te General de Minas por Resolución Suprema Nº 218178, también en forma interina; sin embargo esta última designación, estando en funcionamiento la Cámara de Senadores en nuestro criterio constituye un verdadero acto de usurpación de funciones del Poder Legislativo, concretamente a la Cámara de Senadores a la cual le corresponde elevar la terna respectiva a conocimiento del Presidente de la República para que éste pueda hacer la designación; en consecuencia, en forma totalmente innecesaria se ha viciado de nulidad los actos del Superintendente General de Minas al tenor de lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado.


Al respecto, manifestemos que al no existir referencia alguna sobre las superintendencias en el nuevo texto constitucional todas estas disposiciones comentadas tendrán que ser modificadas en el nuevo código minero.


El término de duración de su mandato de siete años, parece no responder a ningún criterio racional y debemos suponer que fue fijado con el mismo criterio que para las otras Superintendencias del Sistema de Regulación Sectorial. Esta afirmación lo tenemos inserto en el Artículo 110 que dice: “El Superintendente General de Minas será designado por el Presi­dente de la República, de terna propuesta por dos tercios de los miembros presentes de la Cámara de Senadores y desempeñará sus funciones por un período de siete años no pudiendo ser reelegido sino pasado un tiempo igual al que hubiese ejercido su mandato”.


Las atribuciones del Superintendente General de Minas, son parte constitutiva de la nueva orientación doctrinal del Código de Minería al haber adoptado la jurisdicción administrativa. Así lo demuestra el inc. a) de este artículo que se refiere al "recurso jerárquico" planteado contra las resoluciones de los Superin­tendentes de Minas.


El recurso jerárquico en muchos países es conocido también como recurso de alzada y es el que se interpone ante la autoridad jerárquicamente superior a la que ha emitido una resolución, en el que el recurrente solicita fundamentalmen­te se añada, anule, revoque o modifique la resolución. Este recurso tiene su fundamentación doctrinal en la jerarquía administrativa que implica la facultad o potestad del superior para suspender o revocar los actos del inferior. El procedimiento, el término para ser interpuesto y otras condiciones, están inclui­das o insertas en los artículos 161, 162, 163 y 164 del Código de Minería que merecerán comentarios específicos cuando nos refiramos a ellos.


Las demás atribuciones, son facultades administrativas iguales a los que el anterior código confería a la Corte Nacional de Minería, conforme lo dispuesto por el Artículo 111° que dice: “El Superintendente General de Minas tiene las siguientes atribucio­nes:

a) Conocer y resolver, de manera fundamentada y en última instancia adminis­trativa, los recursos jerárquicos planteados contra las resoluciones de las Superintendencias de Minas;

b) Velar por la correcta y pronta aplicación de la jurisdicción administrativa minera en todas las Superintendencias de Minas, adoptando las medidas disciplinarias correspondientes;

c) Conocer y resolver las recusaciones que se interpusieran contra los superin­tendentes de minas, así como los conflictos de competencia que se suscitaren entre ellos;

d) Designar a los funcionarios dependientes de la Superintendencia General de Minas, así como a los Secretarios de las Superintendencias de Minas;

e) Remover en la vía disciplinaria a los funcionarios que se refiere el inciso anterior por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, previo proceso administrativo”.


CASOS DE MUERTE, IMPEDIMENTO, EXCUSA O RECUSACION.- El artículo que hace referencia sobre el particular, desvirtúa la esencia doctrinal en el caso concreto del Recurso Jerárquico, porque para los casos de muerte, impedimento, excusa o recusación, señala como reemplazante inicialmente al Superintendente de Minas de La Paz y posteriormente al Superintendente de Minas de Oruro, o sea a autoridades del mismo nivel jerárquico que para el caso del recurso jerárquico genera un contrasentido doctrinal.

Artículo 112.- En caso de muerte, impedimento, excusa o recusación, el Superinten­dente General de Minas será reemplazado por el Superintendente de Minas de La Paz. Si la controversia elevada en apelación tuviera origen en la Superintendencia de Minas de La Paz, el Superintendente General de Minas impedido será reempla­zado por el Superintendente de Minas de Oruro, hasta que se designe al titular o cese el impedimento.


SUSPENSION DE SUS FUNCIONES, Y CASO DE CORTE.- Al respecto el código señala: Artículo 113, “El Superintendente General de Minas ejercerá sus funciones a tiempo completo y dedicación exclusiva, con excepción del ejercicio de la docencia universitaria. Será suspendido de sus funciones únicamente en los casos que determina el inciso a) del artículo 109 del presente Código y se restituirá en sus funciones si descarga su responsabilidad. Podrá ser destituido únicamente en virtud de sentencia ejecutoriada por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y gozará de caso de corte, de acuerdo al inciso 6) del artículo 118 de la Constitución Política del Estado, o por los casos previstos en el inciso c) del artículo 109 del presente Código, debidamente comprobado.


El comentario hecho para el artículo 109, es válido para este artículo, con un añadido que es complementario del propio artículo 109 que dice: "y se restituirá a sus funciones si descarga su responsabilidad" que es totalmente contradictorio con lo expresado en el mencionado artículo que habla de "resolución admi­nistrativa ejecutoriada por la que se le atribuye responsabilidad administrativa o civil conforme a ley", lo que demuestra que no se ha analizado adecuadamente los preceptos contenidos en la Ley SAFCO ni sus verdaderos alcances jurídicos.

Dentro las atribuciones otorgadas por la Constitución Política del Estado a la Corte Suprema de Justicia, está la de fallar en única instancia en las causas de responsabilidad penal seguidas a requerimiento del Fiscal General de la Repú­blica, previa acusación de la Sala Penal contra ciertas autoridades adminis­trativas y judiciales de la República entre los que se encuentran los "Superin­tendentes establecidos por ley" y entre estos el Superintendente General de Minas.


LOS SUPERINTENDENTES REGIONALES DE MINAS: JURISDICCION Y REQUISITOS.- Siempre de acuerdo con nuestro ordenamiento legal en la materia el Artículo 114 señala: En los lugares y con la jurisdicción que determine el Poder Ejecu­tivo, habrá un Superintendente de Minas.


Para ser Superintendente de Minas se requiere ser boliviano de origen y haber ejercido la abogacía o la judicatura por lo menos cinco años.


La facultad del Poder Ejecutivo para determinar los lugares y la jurisdicción con que se designaron a los Superintendentes de Minas ha sido ejercida por medio del D.S. 24622 de fecha 19 de mayo de 1997 que designa a los Superintendentes de Minas aunque en forma interina de la siguiente forma:


Superintendencia de Minas de La Paz, con jurisdicción en los departa­mentos de La Paz, Beni y Pando;

Superintendencia de Minas de Oruro con jurisdicción en el departamento de Oruro;

Superintendencia de Minas de Potosí con jurisdicción territorial en las Provincias Rafael Bustillo, Chayanta, Charcas, Alonzo de Ibáñez y Bernardino Bilbao Rioja de Potosí y todo el departamento de Chuquisaca. Superintendencia de Minas de Tupiza con jurisdicción territorial en las provincias Nor y Sud Chichas, Nor y Sud Lipez, Enrique Baldivieso, Daniel Campos y Modesto Omiste del Departamento de Potosí y en todo el departamento de Tarija.

Superintendencia de Minas de Santa Cruz con jurisdicción territorial en todo el departamento de Santa Cruz: y

Superintendente de Minas de Cochabamba con jurisdicción territorial en todo el departamento de Cochabamba.


Los requisitos para ser Superintendente se han reducido a ser boliviano de origen y haber ejercido la abogacía o la judicatura por lo menos cinco años.

CASOS DE IMPEDIMENTO.- Respecto de éste punto, se ha comentado en forma amplia al referirnos al superintendente general en el Art. 109 por lo que, nos remitimos a ellos y simplemente nos limitamos a señalar el Artículo 115° que dice “Lo establecido en los incisos a), b) y e) del artículo 109 del presente Código serán aplicables a los superintendentes de minas”.


TIEMPO Y FORMA DE DESIGNACIÓN.- El tiempo de duración de funciones de los Superintendentes regionales es por un período de cinco años, la forma es la misma y tal como en el caso del Superintendente General de Minas, la designación de los Superintendentes de Minas por el Presidente de la República no está dentro de las facultades que la Constitución Política otorga al primer mandatario, situa­ción que debería ser salvada en el futuro si es que no se espera alguna demanda de inconstitucionalidad e inaplicabilidad.


Estos aspectos los tenemos señalado en el Artículo 116° del Código que dice:“Los superintendentes de minas serán designados por un período de cinco años por el Presidente de la República de ternas propuestas por dos tercios de voto de los miembros presentes de la Cámara de Senadores y no podrán ser reelegidos sino pasado un tiempo igual al del ejercicio de su mandato”.


ATRIBUCIONES.- El otorgamiento de concesiones mineras y la resolución, por la vía administrati­va, de las oposiciones, amparos, nulidades, expropiación, servidumbre y renun­cia de concesiones, son sus principales atribuciones, a las que incomprensible­mente no se ha incluido su facultad de actuar dentro de los procedimientos de caducidad por falta de pago de patentes mineras, no obstante lo dispuesto por el inciso f) del Art. 155 del Código que señala "El Superintendente ordenará la cancelación de la inscripción en el registro minero a cargo del Servicio Técnico de Minas y de las partidas respectivas en el Registro de Derechos Reales".


El recurso de Revocatoria, llamado en otras legislaciones recurso de reposición, de reconsideración o de oposición, se formula ante la misma autoridad que dictó la resolución, para que ésta de manera fundamentada, deje sin efecto o modifi­que la misma si es procedente. Al respecto el Artículo 117° dice: “Son atribuciones de los superintendentes de minas:

a) Otorgar, en representación del Estado, concesiones mineras;

b) Resolver, en la vía administrativa, los casos de oposición, amparo, nulidad, expropiación, servidumbre y renuncia de concesiones mineras;

  1. Conocer y resolver de manera fundamentada, en primera instancia los recursos de revocatoria que se interpusieran contra sus resoluciones”.

La suplencia legal de un Superintendente de Minas por el de la jurisdicción más próxima es otra innovación del Código de Minería actual, ya que en la Legislación anterior los suplentes legales eran los Prefectos de Departamento. Si bien este caso responde a un principio de igualdad y jerarquía administrativa, no es menos cierto que en los hechos constituye una erogación y gasto adicional para los concesionarios mineros. Al respecto el Artículo 118° dice: “En los casos de acefalía, impedimento temporal, excusa, recusación o pérdida de competencia de un Superintendente de Minas, éste será suplido por el Superintendente de Minas de la jurisdicción más próxima”.

Respecto del personal de las superintendencias manifestemos que, aunque de principio parezca no tener mucha relevancia que el Secretario de la Superintendencia de Minas sea profesional abogado, en la práctica tiene notable importancia, porque es a ese nivel donde la rapidez y eficacia de la administra­ción de justicia tiene sustentación. Adicionalmente la capacitación profesional del Secretario de la Superintendencia, implicaría una garantía mayor para los peticionarios y concesionarios mineros dentro una eficaz administración de justicia. Este aspecto se lo tiene inserto en el Artículo 119°En cada Superintendencia de Minas habrá un secretario abogado, uno o más auxiliares y un oficial de diligencias.

Para ser secretario se requiere ser boliviano de origen y abogado en ejercicio de la profesión”.

Luego, las atribuciones de los secretarios, son atribuciones netamente administrativas, inherentes al cargo, de las cuales la más importante es la autenticación de las resoluciones y providencias del Superintendente de Minas y el Registro de Resoluciones, tal como se tiene señalado en el

Artículo 120° “Los secretarios de las superintendencias de minas tendrán las siguientes obligaciones:

a) Autenticar las resoluciones y providencias de los superintendentes de minas;

b) Expedir los informes ordenados por los superintendentes de minas;

c) Custodiar los expedientes a su cargo; y

d) Otras que les asigne el Superintendente de Minas.

Luego, también se tiene que los secretarios deben llevar ciertos libros y, por su importancia se estableció un libro especial para la renuncia de concesio­nes pero no se señaló específicamente la necesidad de un libro especial para las denuncias de nulidad y otro para las solicitudes de consolidación de concesiones preconstituidas que involucran, por una parte la extinción de derechos mineros y por la otra la obtención de estos derechos. Al respecto el Artículo 121° señala: “Los secretarios de las superintendencias de minas llevarán los siguientes libros: a) Registro de cargos de peticiones de concesiones mineras; b) Registro de renuncia de concesiones; c) Solicitudes de amparo administrativo minero; d) Despacho diario de memoriales; e) Registro de resoluciones que causen estado con transcripción íntegra y textual de las mismas; y Otros libros que fueren necesarios”.




UNIDAD XV.

DEL SERVICIO GEOGRAFICO Y TÉCNICO DE MINAS (SERGEOTECMIN)

S U M A R I O:

Creación y atribuciones.- De la Gaceta nacional Minera.- contenido de las publicaciones.- Publicación por prensa.-

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CREACIÓN Y ATRIBUCIONES.- La Ley 1243 de 11 de abril de 1991 elevó a rango de ley el Código de Minería de 1965, introduciendo varias modificaciones entre ellas la creación del Servicio Nacional de Catastro Minero (SENCAM), con la atribución especial de ejecutar el catastro minero de todas las concesiones mineras existentes en el país; debía cumplir las siguientes funciones adicionales que hoy han sido asimiladas al SETMIN.


En cumplimiento a esta disposición se aprobó el D.S. 24149, cuyas normas establecen la metodología del levantamiento del catastro minero, los organismos ejecutores y coadyuvantes, su financiamiento y el resultado buscado.


Actualmente, el artículo 122 del Código de Minería vigente substituye al SENCAM creando el Servicio Técnico de Minas (SETMIN); sin embargo hoy una nueva disposición le asigna el nombre de Servicio geografito y técnico de minas (SERGEOTECMIN), con atribuciones mas amplias que las del primero, a lo cual obedece el cambio de nombre.


El SERGEOTECMIN dentro de su organización engloba la Dirección de Catastro Minero, la cual se encarga de cumplir las funciones que anteriormente el SENCAM realizaba.

El SERGEOTECMIN cuenta con un sistema de información computarizado de las conce­siones mineras, con una base de datos que contiene la información referida a cada concesión, su ubicación a través de un código geográfico, su localización en la cartografía a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar, su situación legal, el nombre del concesionario y de la concesión.


Esta base de datos esta ligada a la información gráfica que contiene los planos periciales, lo que permite determinar las áreas ocupadas por concesiones mineras y las áreas francas, datos indispensables para responder a las necesida­des de los peticionarios mineros en forma oportuna y confiable.


Es importante relevar que la información precisa y ordenada sobre las concesio­nes mineras preconstituidas y las solicitadas a partir de la vigencia del Código actual, otorga a las personas y empresas mineras una mayor seguridad jurídi­ca, por lo tanto una mayor seguridad en las inversiones y la reducción de litigios.

La Ley 1788 de Organización del Poder Ejecutivo de 16 de septiembre de 1997, crea los servicios nacionales entre los cuales está el Servicio Nacional Técnico de minas, hoy SERGEOTECMIN, dependiente del Viceministerio de Minería y Metalurgia, el cual es definido por la ley como una estructura operativa del Ministerio de Hacienda, encargada de administrar un régimen, con atribuciones, competencia y estructura de alcance nacional. Establece además que las atribuciones y funciones se determinarán mediante decreto supremo.

Es posible pensar que este Servicio Geográfico y Técnico de Minas sea el mismo que el establecido en el Código de Minería con el nombre de Servicio Técnico de Minas, sin embargo el prever la determinación de sus funciones y atribuciones a través de un decreto supremo, nos hace pensar que se habría omitido la vigencia plena de un cuerpo legal que determina claramente dichas funciones, cual es el Código de Minería.

Todo lo anterior se tiene inmerso en el Artículo 122 que dice: "Crease el Servicio Técnico de Minas, en substitución del Servicio Nacional de Catastro Minero creado por la Ley N" 1243 de 11 de abril de 1991, cuyo domicilio principal será la ciudad de La Paz y pudiendo establecer oficinas regio­nales según sus necesidades, con las siguientes atribuciones:


a) Trazar el cuadriculado minero nacional con coordenadas en la Proyección Universal y Transversa de Mercator (UTM), con tecnología satelital referida al Sistema Geodésico Mundial WGS-84 a escala 1:50.000 y 1:100.000;

b) Informar como organismo técnico en todos los trámites y contenciones mineras;

c) Mantener a nivel nacional una base informática de datos y un archivo físico y computarizado de toda la documentación minera;

d) Llevar el registro anualmente actualizado de las concesiones mineras otor­gadas por cuadrícula y de las preconstituidas a la vigencia del presente Código;

e) Organizar y mantener el Registro Minero en el cual deberán inscribirse obligatoriamente todos los actos y contratos mineros;

f) Otorgar certificaciones sobre las concesiones mineras y contratos mineros bajo su registro;

g) Levantar el catastro minero nacional de las concesiones mineras preconstituidas y de las que se encontraren en trámite, manteniendo al día los planos catastrales;

h) Controlar el pago de patentes mineras; y,

i) Publicar mensual y anualmente, según corresponda, la Gaceta Nacional Minera que tendrá circulación nacional.

DE LA GACETA NACIONAL MINERA.- Dentro de la estructura organizativa del Servicio Técnico de Minas se encuentra la Dirección de Archivos, Difusión y Control de Patentes encargada de realizar una publicación mensual denominada Gaceta Nacional Minera, la cual debe ser publicada a nivel nacional a través de sus oficinas regionales. La gran importan­cia de esta función radica en la publicidad que deben tener ciertas actuaciones dentro la actividad minera para que las personas involucradas en esta industria puedan hacer valer sus derechos dentro de los plazos establecidos por ley. Es por esto que el artículo pertinente, determina que cada publicación de la Gaceta Nacional Minera deberá ser distribuida a las oficinas regionales, de forma rápida, oportuna y en la cantidad suficiente bajo responsabilidad de los encar­gados de esta tarea. Tal como se tiene señalado en el Artículo 123° que dice: “La Gaceta Nacional Minera es una publicación mensual a cargo del Servicio Técnico de Minas, que la hará circular a nivel nacional a través de sus oficinas regionales.

La Gaceta Nacional Minera llevará impresa en la primera página y en forma notoria la fecha de su publicación.

El Servicio Técnico de Minas enviará cada publicación de la Gaceta Nacional Minera a sus oficinas regionales, en cantidad suficiente por la vía más expedita y rápida, el mismo día de su publicación, bajo responsabilidad”.


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