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CONTENIDO DE LAS PUBLICACIONES .- Manifestemos que en realidad, se realiza la publicación de dos gacetas: Una de forma mensual que contiene las peticiones mineras con su respectivo informe técnico, relación planimétrica, datos de la concesión y del concesionario, esto fundamentalmente a efectos de la oposición; la segunda se la publica anualmente hasta el primer día hábil del mes de febrero y contiene la lista de los concesionarios cuyas patentes se encuentran pendientes de pago y que si no son pagadas dentro del término establecido en el inc. b) del Art. 155, producen la caducidad de la concesión minera por imperio de La Ley, no requiriendo declaración administrativa o judicial alguna, produciendo la reversión de la concesión minera al dominio originario del Estado. El Código al respecto, en su Artículo 124 señala: “En la Gaceta Nacional Minera se publicarán las peticiones, las patentes pendientes de pago, las caducidades producidas y otros actuados señalados en el presente Código”.

PUBLICACIÓN POR ÓRGANO DE PRENSA.- Como ya habíamos referido, la importancia de que esta publicación sea periódica, accesible y oportuna, ha determinado que se prevea la posibilidad de que sea irrumpida por un plazo mayor a un mes, lo cual para efectos legales, será subsanado también de forma oportuna por el Superintendente de Minas de la jurisdicción correspondiente quien ordenará se realice la publicación en un diario de circulación nacional, consignando la solicitud con el respectivo cargo de presentación y el informe técnico con la correspondiente relación planimétrica, tal como dispone el Artículo 125° cuando dice: “Si la publicación de la Gaceta Nacional Minera se interrumpiera por de un mes, el Superintendente de Minas de la correspondiente jurisdicción ordenará que la publicación referida en el artículo 131 se realice en un órgano de prensa de circulación nacional”.


UNIDAD XV (SEGUNDA PARTE)

LOS PROCEDIMIENTOS MINEROS


PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE CONCESIONES MINERAS: Requisitos de la solicitud.- El marco jurídico para el otorgamiento de concesiones mineras está en el Art. 136 de la C.P.E, en el Capítulo II relativo a los Bienes Nacionales que en su punto I señala (Arts. 348 y 349 de la NCPE). "Son de dominio originario del Estado, además de los bienes que la Ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales" y en el punto II dispone "La Ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los particulares".


La norma constitucional está complementada por las disposiciones de los artícu­los 1 y 2 del Código de Minería que en concordancia, ratifican el Dominio Originario del Estado sobre las sustancias minerales en estado natural, cualquie­ra sea su procedencia y forma de presentación, hállese en el interior o en la superficie de la tierra.


El Art. 2 señala que es el Estado a través del Poder Ejecutivo, quien otorga concesiones mineras por medio del Superintendente de Minas de la Jurisdicción correspondiente de acuerdo a un procedimiento establecido por el propio Código de Minería que es precisamente el desarrollado en el Título II, Capítulo I que se refiere al procedimiento para la obtención de concesiones mineras, en base a un procedimiento sustancialmente administrativo y sumario, que ya excluye al "papel sellado" y la "firma de abogado" en la solicitud o petición para sustituirlos por un "Formulario de Solicitud de concesión minera".


El Derecho Minero no solo involucra la forma de obtener, conservar y extinguir los derechos sobre una concesión minera, también y en forma expresa regula las relaciones de los concesionarios entre sí y con el propietario del suelo. La intención de los "Técnicos" de sintetizar el procedimiento con éstas "modifi­caciones", no puede ser sustitutiva del señalamiento de los elementos básicos constitutivos de un derecho concesionario minero, si efectivamente se desea dar seguridad jurídica al titular de este derecho.


El código respecto de los requisitos puntualmente señala: Artículo 126: “La solicitud para que el Estado otorgue la concesión minera se presentará a la Superintendencia de Minas de la Jurisdicción, personalmente o mediante mandatario con poder notariado, consignando en el formulario de licitud que será provisto por el Servicio Técnico de Minas, los datos siguientes:

a) Generales de ley del peticionario;

b) Denominación de la concesión solicitada, con especificación del número de sus cuadrículas;

c) Código individual de la o las cuadrículas que constituyen la concesión minera solicitada, señalando el departamento y la provincia donde este ubicada; y

d) Domicilio preciso en la ciudad sede de la Superintendencia de Minas respec­tiva, que será válido para la notificación con las resoluciones y providencias del trámite”.

Respecto de la facultad del solicitante para elegir la jurisdicción departamental, cuando su solicitud estuviere en dos o más jurisdicciones, debería ser complementada con la obligación del Secretario de la jurisdicción elegida, de transcribir la petición a las otras jurisdicciones donde se encuentra la petición, esto en razón a que en la práctica las publicaciones de la Gaceta Nacional Minera, han sido realizadas con criterio regional y no nacional, como determina el Art. 123, y es publicado en fechas diferentes, por ello no constituye un medio totalmente válido para infor­mar adecuadamente a los concesionarios con derechos preconstituidos para que puedan defender sus concesiones. El Artículo 127 sólo dice: “Si la concesión minera solicitada estuviera ubicada en dos o más jurisdicciones departamentales, la solicitud será presentada a la Superintendencia de Minas que elija el peticionario”.

Otro aspecto de importancia en este proceso es el cargo, que además debe ser llenado en el libro de registros; al respeto el Artículo 128 señala: “El Secretario de la Superintendencia de Minas recibirá la solicitud, sentará cargo e inmediatamente transcribirá en el Libro de Registro de Cargos de Peticiones de Concesiones Mineras, la fecha, hora y minuto de presentación a los efectos de establecer la prioridad. En el día, bajo su responsabilidad, transcribirá al Servicio Técnico de Minas, por el sistema computarizado para su correspondiente registro en el Sistema Nacional de Cuadrícula Minera, el número de hoja y el código individual de la o las cuadrículas solicitadas, elevando de inmediato obrados al Superintendente de Minas”.

ADMISIÓN DE LA PETICIÓN.- Al respecto, el Artículo 129° de nuestro Código Minero señala: “El Superintendente de Minas admitirá en el día la solicitud que cumpla con los datos y requisitos establecidos en el artículo 126 y ordenará al Servicio Técnico de Minas expida el correspondiente informe técnico.


Si la solicitud no cumpliera con alguno de los datos o requisitos, el Superintendente dictará resolución rechazándola y ordenará la anulación del cargo de presentación, con pérdida de la prioridad. Contra esta resolución procederán los recursos admi­nistrativos a que se refiere el Título Cuarto del Libro Segundo del Código, manteniéndose la prioridad hasta que se resuelva el derecho afectado”.


Sin embargo, el señalar que el Superintendente admitirá en el día la solicitud que cumpla con los datos y requisitos establecidos en el Art. 126, ordenando al Servicio Técnico, expida el correspondiente informe técnico, es limitar innecesariamente a esta autoridad para dictar una Providencia que tiene el valor de un "Auto de Admisión" quitándole una importante labor de análisis jurídico para evitar futuras nulida­des, cuando por ejemplo, el peticionario o solicitante es una persona jurídica, en cuyo caso deberá analizar la validez de los poderes correspondientes y su inscrip­ción en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones; igual situación se presentaría si el peticionario siendo persona individual, no es legalmente capaz tal como el Art. 16 del Código lo señala. Esta facultad debe ser ejercida de oficio por el Superintendente de Minas, más aún si por disposición del Art. 105 las normas del derecho común deben aplicarse en forma complementaria y supletoria, y entre éstas esta la establecida en el Art. 90 del Código de Procedimiento Civil que dispone que la normas procesales son de orden público y por tanto de cumplimien­to obligatorio.

El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos anteriores debería también, dar lugar al rechazo de la solicitud y a la anulación del cargo respectivo de presentación, con pérdida del derecho de prioridad.

INFORME TÉCNICO – VERIFICACIÓN, PUBLICACIÓN Y RECHAZO.- Las innovaciones de importancia introducidas al actual Código de Minería tal como hemos señalado, se basan en la eficiencia que tenga el Servicio Técnico de Minas; es por ello que en esta norma se establece el plazo de ocho días para verificar los datos técnicos de las cuadrículas solicitadas y para informar al Superintendente de Minas si existe terreno franco y concesiones preconstituidas, además de acompañar la respectiva relación planimétrica.

Para el cumplimiento eficiente de todas las obligaciones antes mencionadas es inevitable que el Servicio Técnico de Minas se constituya en un organismo eficiente y confiable, caso contrario toda la estructura del Código corre el grave riesgo de inefectividad, dando lugar a que el caos jurídico-técnico actual aumente y con ello la inestabilidad de los derechos concesionarios mineros.

En los hechos este plazo o término de ocho días para informar al Sr. Superin­tendente de Minas, no se ha cumplido nunca o casi nunca y creemos que la razón es que no se ha establecido una sanción para el responsable. Todo ello se encuentra inmerso en el Artículo 130 que dice: “El Servicio Técnico de Minas, dentro del plazo de ocho días calenda­rio de recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, verificará los datos técnicos de las cuadrículas solicitadas e informará al Superintendente de Minas si existe terreno franco, concesiones preconstituidas antes de la vigencia del presente Código o concesiones otorgadas por cuadrícula, acompañando la respectiva relación planimétrica”.

Respecto de la publicación y rechazo, el Artículo 131 del Código señala: “Si el Servicio Técnico de Minas estableciera la existencia de terreno franco informará al Superintendente de Minas y procederá directamente a la publicación de la solicitud en la Gaceta Nacional Minera a los efectos de las oposiciones. Dicha publicación consignará la solicitud con el respectivo cargo de presentación y el informe técnico con la correspondiente relación planimétrica.

Si el Servicio Técnico de Minas estableciera la inexistencia de terreno franco, el Superintendente, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas rechazará la solicitud y ordenará la anulación del cargo de presentación con pérdida de la prioridad”.

OPOSICIÓN.- Este procedimiento, de la oposición ha generado una verdadera polémica entre los especialistas en derecho y legislación minera, sobre su pertinencia para su inclusión o no dentro del Código de Minería, veamos porque:

El Plano Catastral Minero Nacional, considera e incorpora a todas las concesiones mineras con derechos vigentes en el país, sean por pertenen­cias o por cuadrículas con toda precisión, incluyendo las áreas que quedan francas;


El Catastro Minero Nacional brinda al concesionario minero seguridad técnica y jurídica sobre sus derechos;


Este Plano Catastral Minero Nacional puede ser puesto a conocimiento de cualquier interesado que pretenda efectuar una petición minera, a fin de que respete las concesiones preconstituidas que figuran en dicho plano.

Si a lo anterior se añade la vigencia del D.S. 24149 de fecha 10 de octubre de 1995 y los alcances del artículo 4 de las Disposiciones Transitorias y Finales del Título V del Código de Minería, es evidente que la "oposición" establecida en el Art. 132 para hacer valer los derechos de los concesionarios mineros con derechos preconstituidos no tiene razón de ser; salvo que el Plano Catastral Minero Boliviano no esté concluido y que el país no esté totalmente mapeado por el Instituto Geográfico Militar y por tanto, no todo el territorio cuente con el Código Individual de las cuadrículas que lo compone, en este caso la oposición es y será un procedimiento valedero para defender los derechos concesionarios mineros.


Sin embargo consideramos pertinente hacer una aclaración, en el caso en que la relación planimétrica a que se hace referencia en el Art. 130, consigne a las concesiones mineras con derechos preconstituidos y vigentes, los titulares de estas concesiones no están obligados a formular oposición alguna por la vigencia de la norma establecida por el Art. 33 del Código de Minería. En este caso corresponde al solicitante minero, demostrar si es que tuviere conocimiento que algunas de las concesiones mineras aparecen en la relación planimétrica no tiene derechos vigentes y por tanto no debieron ser incluidas en esta. Al respecto, el artículo 132 dice: “Los titulares de concesiones mineras preconstituidas o en trámite, en el plazo de treinta días calendario computables desde la fecha de publicación de la Gaceta Nacional Minera, podrán hacer valer sus derechos ante el Superintenden­te de Minas que conoce el trámite, conforme al procedimiento de la oposición establecido en los artículos 138 y siguientes de este Código”.


Luego, el Código hace referencia a la elaboración de un plano definitivo en su Artículo 133 que dice: “ Transcurrido el plazo de los treinta días a que se refiere el artículo anterior sin que se hubiere presentado oposición, el Superintendente de Minas ordenará la elaboración del plano definitivo de la concesión por el Servicio Técnico de Minas”.


RESOLUCIÓN CONSTITUTIVA Y PATENTES MINERAS.- Elaborando el plano definitivo Pericial en conocimiento del Superintendente de Minas, esta autoridad tiene el término de 15 días para otorgar la concesión mediante resolución constitutiva expresa, previa verificación del pago de la patente anual de acuerdo a la escala establecida en el Art. 50 o sea por el año calendario (enero a diciembre) con relación a la fecha en que se dicte la Resolución Constitutiva de la concesión.


Esta contradicción sobre el pago de patentes, si debe efectuarse en la fecha que se dicte la resolución constitutiva o antes de dictarse ésta, en los hechos ha pretendido ser subsanada por los Superintendentes de Minas con un decreto que expresa: "Póngase en conocimiento del interesado el Plano definitivo debiendo cancelarse las correspondientes patentes mineras para la dictación de la Reso­lución Constitutiva".

En cuanto a la pérdida de Competencia, debemos señalar que considerada ésta como "la atribución legítima de un Juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto"; o como dice Couture, "como la medida de la jurisdicción asignada a un Órgano del Poder Judicial, a efectos de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a conocer en razón de la materia"; la pérdida de competencia de un Superintendente de Minas que no dicta la Resolución Constitutiva, se debe al hecho de no haber pronunciado ésta en el término que le otorga la Ley, en cuyo caso, debe remitir obrados al Superintendente de Minas de la jurisdicción más próxima de acuerdo a lo mandado por el Art. 118 del Código de Minería , norma que en lugar de beneficiar al solicitante o peticionario lo perjudica, porque no se establece sanción alguna al Superintendente que pierde la competencia.


Dictada la Resolución Constitutiva, el Superintendente ordena la protocolización de todo lo obrado en una Notaría de Fe Pública de la Respectiva Jurisdicción y su inscripción en el Registro Minero lo cual como hemos mencionado resulta un avance respecto de la legislación anterior. Tal como se tiene señalado en el Artículo 134 que dice: “Cumplido el requisito señalado en el artículo precedente, y en el plazo máximo de quince días calendario desde dicho cumplimiento, bajo sanción de pérdida de competencia, el Superintendente de Minas en representación del Estado previa verificación del pago de la patente anual a que se refiere el Artículo 51 de este Código, otorgará la concesión minera mediante Resolución Constitutiva expresa, ordenando simultáneamente la protocolización de los obrados ante cualquier nota­ría de fe pública de la respectiva jurisdicción y su inscripción en el Registro Minero”.

Teniendo en cuenta que la concesión minera constituye un derecho real y es considerada como un bien inmueble, transferible y transmisible por sucesión hereditaria, sobre el cual puede constituirse hipoteca, necesariamente debe estar respaldada por un título que debe ser inscrito en el Registro Minero y en el de Derechos Reales, obligación última que aunque no esté expresamente seña­lada es indispensable para el ejercicio de los derechos inherentes a la concesión, este título ejecutorial es al que se hace referencia el Artículo 135 que señala: “La escritura pública correspondiente a la protocolización referida en el artículo anterior, constituye el título ejecutorial representativo del derecho del concesionario”.

PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CONCESIONES PRECONSTITUIDAS.- Al respecto, el artículo 136 señala” El titular de una concesión minera en cuyas cuadrículas se hubieran extinguido concesiones preconstituidas otorgadas por pertenencias, en aplicación de lo establecido por el Artículo 32 de este Código, deberá solicitar obligatoriamente al Superintendente de Minas de la jurisdicción la respectiva declaratoria de consolidación, acompañando los siguientes documentos:

a) Título ejecutorial;

b) Comprobante de pago de patentes al día; y

c) Documento que acredite la extinción de la concesión preconstituida.

Como complemento a todo el Código hace referencia a la Resolución de Consolidación en su Artículo 137 que dice: “El Superintendente de Minas en base a la documentación a que se refiere el artículo anterior declarará la consolidación mediante resolución expresa, ordenando su protocolización e inscripción en el Registro Minero”.

EL PROCEDIMIENTO DE LA OPOSICIÓN.- Las oposiciones deben formularse alegando únicamente superposición total o parcial, así lo dice el Código, haciendo referencia al Art. 40 que ya se comento. Sobre el "derecho de prioridad" con referencia a la nueva petición existe una inexplicable laguna jurídica que estaba perfectamente aclarada en el Art. 94 del anterior Código ya que el fundamento esencial para alegar superposición total o parcial está en la prioridad de la concesión minera cuyos derechos se desea defender

Los comentarios efectuados al tratar la parte sustantiva de la oposición son también válidos como doctrina, debiendo ahora referirnos exclusivamente a la parte procedimental.

La mención a la que hace referencia el inc. a) en lo relativo a la documentación requerida, resulta limitativa si se considera la vigencia del Art.2 de las disposiciones transitorias y finales que supone la existencia de concesiones por pertenencias que sin tener título ejecutorial se encuentran en trámite, razón por la cual el Auto de Adjudicación en las concesiones por pertenencias debió haber sido expresamente incorporado.


El certificado actualizado de inscripción en el catastro minero, expedido por el Servicio Técnico de Minas sólo es obligatorio para las concesiones por pertenen­cias y demuestra que la concesión minera cuyos derechos se desea defender está "catastrada", lo cual debería liberar a su titular de hacer oposición alguna al igual que en la anterior legislación, más aún si se consideran los alcances del Art. 131 del Código Minero que se refiere al Informe Técnico y que concuerda con el Art. 33 del mismo Código.

En síntesis, ratificamos nuestro criterio en sentido de que estando inscrita una concesión minera en el Servicio Técnico de Minas y por tanto figurando en el Plano Catastral Nacional, en ningún informe técnico puede ser dejada de considerar, cuando sobre ella se hacen nuevas peticiones y en consecuencia no es necesario que haga uso del procedimiento de la oposición, debiendo darse obligatoria aplicación a lo establecido por el Art. 33 del Código de Minería. Todo este comentario se lo tiene inmerso en el Artículo 138 que dice:

Las oposiciones se suscitarán ante el Superintendente de Minas de la jurisdicción dentro del plazo de treinta días calendario computable a partir de la fecha de la publicación a que se refiere el artículo 131 y alegando únicamente la causal establecida en el artículo 40.

Para formular la oposición deben acompañarse:

a) Título ejecutorial, auto de concesión de exploración por pertenencias, o copia de la solicitud de concesión con su respectivo cargo de presentación; y

b) Certificado actualizado de inscripción en el catastro minero, expedido por el Servicio Técnico de Minas”.

TRASLADO Y TERMINO.- Este procedimiento del "traslado" en las oposiciones, parece ser una de las pocas herencias de la anterior legislación pleitista del Código Barrientos que en los hechos debió haber sido abreviada, ya que lo que define una superposición total o parcial es el informe Técnico no existiendo argumentación legal alguna en contra que pueda modificar esta situación que es de estricto orden técnico.

Artículo 139°.- El Superintendente de Minas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la oposición, correrá traslado al peticionario para que responda dentro del plazo de diez días calendario desde su notificación.


Luego, siendo el Servicio Técnico de Minas la entidad que en el mes de febrero de cada año publica, en la Gaceta Nacional Minera, los nombres y ubicación de las concesiones y de sus titulares que no hubiesen pagado patentes, es la entidad que está, válidamente facultada para emitir el informe en el que se establezca que concesiones están vigentes y por tanto figuran como tales en el Plano Catastral Minero, tal como se tiene señalado en el Artículo 140 que dice:


Transcurrido el plazo mencionado en el artículo anterior, y dentro de los siguientes diez días calendario, con o sin respuesta del peticionario y previo informe del Servicio Técnico de Minas, el Superintendente de Minas dictará resolu­ción resolviendo la oposición”.

Luego refiriéndose a las causas por la que pueden rechazarse la oposición el Código en su Artículo 141 señala: “La oposición interpuesta fuera del término a que se refiere el artículo 138 o sin acompañar los documentos señalados en el mismo, será rechazada en el día por el Superintendente de Minas que, al mismo tiempo dispondrá la continuación del trámite de la petición”.

PROCEDIMIENTO DE AMPARO ADMINISTRATIVO MINERO.- En lo que debe ser considerado como uno de los cambios más destacados de éste Código de Minería para garantizar los derechos concesionarios mineros, está el haber concedido la facultad de conocer y otorgar Amparo Administrativo a los Superintendentes de Minas, ya que la anterior legislación determinaba ésta como una facultad de los Subprefectos de Provincia y con ello le quitaba al recurso, en los hechos, total efectividad, debido a que esta autoridad, en casi la totalidad de los casos, no contaba con los medios y conocimientos necesarios para proteger los derechos de los concesionarios mineros.


La comprobación sumaria de los hechos, considerada como tal la averiguación y comprobación inmediata de los hechos denunciados y el término de 48 horas para sus concesión o negativa desde la presentación del recurso, son otros argumentos favorables en favor de este procedimiento de protección de los derechos mine­ros, a lo que debe añadirse la facultad que tiene el Superintendente de Minas de requerir al Prefecto del Departamento el auxilio de la fuerza pública. Todo ello de acuerdo con lo que se tiene señalado por el Artículo 142 que dice: “Los concesionarios u operadores mineros afectados por los actos señalados en el artículo 42 del presente Código, podrán demandar amparo ante el Superintendente de Minas de la jurisdicción, quien lo otorgará o negará dentro de las cuarenta y ocho horas de presentado el amparo, previa comprobación sumaria de los hechos.

Si fuera necesario, el Superintendente de Minas requerirá al Prefecto del Departa­mento el auxilio de la fuerza pública”.


Como complemento a todo lo anterior se tiene el Artículo 143 que dice: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, el Superin­tendente de Minas remitirá antecedentes al Ministerio Público para el procesa­miento penal de los que resultaren autores, cómplices o encubridores, independien­temente del resarcimiento de los danos civiles que correspondan.


Es competencia de la jurisdicción ordinaria la investigación y sanción de delitos de hurto, robo y tráfico clandestino de minerales”.


Sin embargo, para la aplicación de lo dispuesto en este artículo se debe presuponer que el Amparo Administrativo Minero ha sido concedido por el Superintendente de Minas al comprobar que las concesiones mineras o cualesquiera de sus instala­ciones hayan sido objeto de invasión o perturbación de hecho y la comisión de delitos sancionados por la legislación penal, habiéndose identificado a los responsables, caso contrario, no existirá razón alguna para remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal.

El resarcimiento de daños y perjuicios en este caso es emergente de la acción penal, donde el damnificado puede constituirse en parte civil.

La segunda parte del artículo tiene especial importancia para la industria minera porque se refiere al hurto, robo y tráfico clandestino de minerales que son declarados de competencia de la jurisdicción ordinaria para su conocimien­to y resolución; aunque es bueno hacer notar que el tráfico clandestino de minerales, no está definido ni tipificado como delito por ningún texto legal, contrariamente a lo que sucedía en el Código de Minería de 1965, lo que le quita validez en su aplicación.


UNIDAD XVI.


PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN

S U M A R I O:

Acuerdo de partes.- Falta de acuerdo conciliatorio.- Procedimiento para la expropiación y constitución de servidumbres.- Forma de procedimiento para la renuncia.- Precedimiento de la caducidad .- Procedimiento de la nulidad.- Efectos de la nulidad.- Los recursos administrativos.

______________________________________________

ACUERDO DE PARTES.- Este aspecto en lo principal, está referido a la aplicación de la conciliación para los casos de determinación de la indemnización por expropiación Arts. 56, 57 y 58 del Código de Minería o servidumbre Arts. 59,60 y 61 del mismo cuerpo de leyes que es procedente en el caso de que las partes no llegaren a un acuerdo a través de una negociación directa.


La Ley que regula la conciliación y su procedimiento es la Ley 1770 de Arbitraje y Conciliación de 10 de marzo de 1997 que en su Art. 85 establece el carácter y función de la conciliación: expresando: "I. La conciliación podrá ser adoptada por las personas naturales o jurídicas para la solución de mutuo acuerdo de cualquier controversia susceptible de transacción, antes o durante la tramita­ción de un proceso judicial. II. El procedimiento de la conciliación se basará en la designación de un tercero imparcial e independiente, que tendrá la función de facilitar la comunicación y relacionamiento entre las partes".


La conciliación es un método o sistema de resolución de conflictos. Es un mecanismo mediante el cual se resuelven los conflictos con la intervención de personas naturales que gocen de capacidad de obrar y no hayan sido condenadas judicialmente por la comisión de delitos públicos o privados. La aceptación de las partes de un determinado conciliador es voluntaria por lo que ningún conciliador podrá ser impuesto.


Las personas jurídicas podrán constituir, desarrollar y administrar Centros de Conciliación Institucional, estableciendo en sus documentos constitutivos el carácter no lucrativo de la institución responsable, la finalidad constitutiva especializada en conciliación o de representación gremial. Los Centros de Conciliación instituidos con anterioridad a la vigencia de la Ley de Arbitraje y Conciliación en las Cámaras de Comercio, se sujetarán a esta disposición legal.

Es preciso hacer referencia de manera sintética al procedimiento de la concilia­ción.

Como habíamos establecido, la norma legal que rige esta materia es la Ley de Arbitraje y Conciliación, la cual determina que las partes podrán solicitar la conciliación en forma conjunta o separada ante el conciliador o Centro de Conciliación Institucional de su elección. El conciliador nombrado citará a las partes en forma inmediata para una primera audiencia de conciliación.


El conciliador realizará cuantas audiencias sean necesarias para facilitar la comunicación de las partes.

El procedimiento concluirá con la suscripción de un documento llamado Acta de Conciliación, que incorpore el acuerdo celebrado por las partes y especifique en forma expresa los derechos y obligaciones a cargo de cada una de ellas, o la suscripción del acta que establezca la imposibilidad de alcanzar la conciliación.


La ley determina que la Conciliación surtirá los efectos jurídicos de la transac­ción y tendrá entre las partes y sus sucesores a título universal la calidad de cosa juzgada para fines de su ejecución forzosa.


En materia minera además se requiere que la referida Conciliación sea homologada por el Superintendente de Minas de la Jurisdicción y deberá ser inscrita en el Registro Minero y en el Registro de Derechos Reales. Esta previsión responde a la calidad de propiedad real que la Ley le otorga a las concesiones mineras y porque la expropiación y las servidumbres recaen también sobre propiedades inmuebles. Todo este comentario se lo tiene inserto en el Artículo

144° que dice: “Las partes procurarán acordar o convenir la indemnización por expropiación o servidumbre necesariamente a través de un proceso de negociación directa o de un procedimiento de conciliación realizado conforme a la ley.

El acuerdo al que se llegare constará en un acta de conciliación suscrito por ambas partes que surtirá los efectos jurídicos de una transacción y tendrá entre las partes y sus sucesores a título universal la calidad de cosa juzgada.


El acta de conciliación será homologada por el Superintendente de Minas de la Jurisdicción e inscrita en el Registro Minero y en el Registro de Derechos Reales”.


FALTA DE ACUERDO CONCILIATORIO.- Al respecto, ya habíamos hecho referencia al caso de imposi­bilidad de alcanzar la conciliación, situación que también deberá constar en el acta respectiva. El código además establece un plazo de treinta días calendario para lograr el acuerdo, término que será computado a partir del momento en que el propietario reciba la carta notariada de solicitud de compra o bien, de constitución de servidumbre.


En caso de no lograrse la conciliación se procederá a la expropiación o constitución de servidumbre, conforme lo establece el Artículo 145° que dice: “Si en dicho procedimiento no se llegará a un acuerdo conciliatorio en el término máximo e improrrogable de treinta (30) días calendario desde que el propietario del suelo reciba por carta notariada la solicitud de compra o constitu­ción de servidumbre que le efectué el concesionario, procederá la expropiación o la Constitución de la servidumbre”.


PROCEDIMIENTO PARA LA EXPROPIACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE: JURISDICCIÓN.- Conforme se analizó en los artículos 37 y 59, para el caso que el concesionario minero no llegue a un acuerdo con el propietario del suelo sobre la indemnización, tanto para el caso de constitución de servidumbres como para el caso de expropiación, se procederá de acuerdo a lo establecido a continuación.


Es claro que la ley busca en primer término un avenimiento entre las partes o la implementación de un procedimiento de conciliación que lo hemos comentado en el Art. 144; agotándose estos procedimientos procede el trámite ante el Superintendente de Minas.


La autoridad competente para conocer la demanda de constitución de servidumbre o bien la demanda de expropiación, es el Superintendente de Minas de la jurisdicción. Todo de conformidad con el Art.146 que manifiesta:"Para proceder a la expropiación o al establecimiento de servidumbre a que se refieren los artículos 37 y 59 de este Código, el concesionario acudirá ante el Superintendente de Minas de la Jurisdicción demandando la expropiación o la constitución de servidumbre

SEÑALAMIENTO DE DÍA Y HORA. Una vez interpuesta la demanda ante el Superintendente de Minas, el Superin­tendente dentro de las 48 horas siguientes debe, por mandato de la ley, señalar día y hora para el verificativo de la inspección ocular, la que deberá efectuarse en el término de diez días previa notificación de las partes y del Servicio Técnico de Minas lo que significa que este término se computa a partir de la última notificación.


Verificada la inspección ocular, el SERGEOTECMIN deberá elaborar un informe y elevarlo a consideración del Superintendente de Minas en el plazo de veinte días calendario, computables a partir de la fecha del verificativo de la inspección, todo ello de acuerdo con el Artículo 147° que manifiesta: “Dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la demanda el Superintendente de Minas señalará día y hora para el verificativo de una inspección ocular que se realizará dentro de los siguientes diez días calendario, previa notifi­cación a las partes y al Servicio Técnico de Minas, cuyo informe será elevado al Superintendente de Minas en el plazo de los veinte días calendario siguientes al verificativo de la inspección”.


INFORME Y RESOLUCIÓN.- Si el monto de la indemnización no es fijado por acuerdo de partes, éstas designarán a sus respectivos peritos. Si dichos peritos no lograrán un acuerdo dentro del indicado plazo de veinte días calendario o si alguna de las partes rehusara designar­los, en el término de cinco días calendario de presentada la demanda, el Superinten­dente de Minas solicitará al Superintendente Agrario o Forestal según corresponda, de la respectiva jurisdicción, la designación de un perito dirimidor, cuya decisión será obligatoria e irrevisable.

En la fijación de la indemnización por concepto de expropiación o constitución de servidumbre, los peritos tomarán en cuenta el valor de mercado de la tierra y la plusvalía resultante de la infraestructura existente.

Recibido el informe del Servicio Técnico de Minas, según el contenido del mismo el Superintendente de Minas dictará resolución declarando probada o improbada total o parcialmente la expropiación o constitución de servidumbre.


En cuanto a la indemnización, las partes deberán acordar sobre el monto indemnizable, caso contrario deberán designar un perito de parte, a falta de acuerdo o a falta de designación de sus peritos corresponde al Superintendente Agrario o Forestal, designar un perito dirimidor, cuya decisión será obligatoria e irreversible.


Al establecer que la decisión del perito dirimidor es irrevisable, se está determi­nando que no existe recurso alguno ante otra autoridad que por tanto la decisión causa estado.


La ley determina que para la fijación de la indemnización se deberá tomar en cuenta el valor del mercado de la tierra y la plusvalía de la infraestructura existente, o sea determina los parámetros para el establecimiento del monto de la indemnización. Todo ello de acuerdo con el Artículo 148" que dice: “En el plazo de cuarenta y ocho horas de recibido el informe del Servicio Técnico de Minas, con el acta de la inspección ocular, el Superintendente de Minas dictará resolución declarando probada o improbada total o parcialmente la expropiación o la constitución de servidumbre”.


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