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UNIDAD VIII


LA EXTINCION DE LAS CONCESIONES MINERAS


S u m a r i o:

Las causas de la extinción – La renuncia en materia minera – La caducidad y nulidad - Los contratos en materia minera – Disposiciones generales – La transferencia, el arrendamiento y la opción.


LAS CAUSAS DE LA EXTINCIÓN.- Los derechos de los concesionarios mineros para realizar las diferentes actividades del proceso integrado de producción consistentes en la prospección y exploración, explotación, fundición, refinación y comercialización , se extinguen de acuerdo con el Código de minería por tres causas que son: La renuncia expresada por la propia voluntad del concesionario, la caducidad que es producida por la falta del cumplimiento en el pago de las patentes y por nulidad que es causada por el quebrantamiento de disposiciones legales que limitan la capacidad para adquirir derechos mineros; este aspecto esta preceptuado en el Artículo 62 que dice.” El derecho sobre las concesiones mineras se extingue por: a) Renuncia; b) Caducidad, y c) Nulidad.”


LA RENUNCIA EN MATERIA MINERA.- Tal como manifestamos líneas arriba, la renuncia en materia de minería es producida por la expresión de la propia voluntad del concesionario en cualquier momento, pudiendo ser esta total o parcial; por la primera se produce la extinción total de los derechos sobre la concesión, en cambio por la segunda solo se produce una reducción del número de cuadrículas que puede tener la concesión. Sin embargo, esta expresión voluntaria en ningún momento debe afectar los derechos de terceros por lo que, su tramitación debe cumplir con ciertas formalidades señaladas por la propia norma legal, tal como señala el Artículo 63 cuando dice:” Los concesionarios mineros pueden renunciar en cualquier momento total o parcialmente a su concesión, siempre que no afecten derechos de terceros. La renuncia parcial no implica extinción de la concesión sino su reducción. La renuncia se tramitará conforme a lo establecido en los artículos 151 y siguientes de este Código”.


Asimismo, en concordancia con la anterior disposición y dentro de la tendencia de implementar el concepto de seguridad jurídica que otorga el nuevo código, se incluyen a los terceros operadores mineros e incluso a los acreedores con garantía hipotecaria, estableciendo una limitación a la facultad de renuncia total o parcial de concesiones mineras, conforme lo dispuesto por el Artículo 64 que dice:”Las concesiones mineras sujetas a contratos de arrendamiento, de opción, de riesgo compartido, de hipoteca u otros para cuyo cumplimiento sea esencial la vigencia del derecho concesionario minero, no pueden ser objeto de renuncia total o parcial, salvo acuerdo de partes”


LA CADUCIDAD Y NULIDAD.- Hablando de la caducidad como teníamos manifestado, digamos que ésta se produce por el incumplimiento de alguna de las condiciones y plazos en que incurre el concesionario minero, respecto al pago de la patente anual. En relación al plazo, éste es computado por treinta días desde el día de la publicación del nombre del concesionario y de la concesión en la Gaceta Nacional Minera, cuya publicación como sabemos tiene carácter de citación y requerimiento de pago.


La caducidad dispuesta por imperio de la Ley, donde no intervienen terceros para denunciarlo o no requiera de declaración administrativa o judicial, automáticamente produce la reversión de la concesión al dominio originario del Estado. Finalmente la caducidad se produce o afecta también en su alcance a los condóminos en caso de existir varios con derechos plenos.


Todo lo manifestado lo tenemos enmarcado en el Artículo 65 que dice: “Las concesiones mineras caducan únicamente cuando la patente anual correspondiente no se pague en el plazo máximo establecido en el inciso b) del artículo 155, salvo lo dispuesto en el artículo 4 de las disposiciones transitorias del presente Código.


La caducidad se opera por imperio de la ley, no requiere declaración administrativa o judicial alguna y produce la reversión de la concesión minera al dominio originario del Estado.


Si las concesiones mineras estuvieran sujetas a condominio la caducidad surtirá efecto para todos los condóminos”.


En lo concerniente a la nulidad manifestemos en concordancia con el Diccionario de Derecho Privado que, “la nulidad de pleno derecho (o nulidad propiamente dicha) surge cuando el acto se realizó contra lo dispuesto en la Ley. Sin embargo a fin de dar mayor comprensión, transcribamos también algunos conceptos que en su Tratado de Derecho Civil y siguiendo a Planiol hacen sobre la nulidad Goerge Riper y Jean Boulanger:


La nulidad es la ineficacia con que la Ley sanciona un acto jurídico, porque fue celebrado en violación de las prescripciones dictadas por ella”


Es el medio práctico de que dispone la Ley para asegurar el respeto de su autoridad “


Sin embargo, la nulidad sólo se opera por intervención del Juez. No existe la nulidad de pleno derecho, en el sentido de que un acto no se reduce a nada por la simple alegación de que ha sido celebrado en desconocimiento de las reglas legales..., la nulidad debe ser declarada por el Juez”


La nulidad es absoluta siempre que la regla transgredida tienda a la protección de los intereses de la comunidad jurídica...”

Entonces partiendo de los conceptos doctrinales transcritos, se puede afirmar que la nulidad a la que se refiere nuestra legislación minera, es la nulidad absoluta porque tienen como sostienen los tratadistas antes mencionados a los intereses de la comunidad jurídica. Todo la referencia en relación a esta parte lo tenemos manifestada por el Art. 66 que dice: “El acto jurídico por el cual se otorga una concesión minera, es nulo por haberse pronunciado contraviniendo las disposiciones establecidas en los artículos 17 y 18 de éste código”


En cuanto a la procedencia de la acción de nulidad, manifestamos que esta es de oficio, o sea mediante la intervención directa del Superintendente de Minas, a demanda del titular de la cuadrícula o cuadrículas en que se encuentre la concesión denunciada o de un tercero; en todos los casos se hace efectiva y se cumple mediante auto motivado.


Sin embargo, los alcances de la nulidad al aparecer han sido confundidos, porque si la nulidad es declarada a denuncia de un tercero y la concesión es por pertenencias, el denunciante no obtiene derecho alguno de prioridad y su accionar solo estaría destinado a beneficiar al propietario o titular de la cuadrícula correspondiente en base al derecho de consolidación que establece el Art. 32 del Código de minería.


Comentemos también, de que el Código no hace referencia alguna para el caso de denuncia de Nulidad de concesiones mineras por pertenencias que se encuentren en trámite y que deben perfeccionarse de acuerdo a la legislación anterior como lo establece el Art.2 de sus disposiciones finales y transitorias, y si el denunciante por el hecho de haber intentado su acción y de haberla probado tiene para si el derecho de prioridad para la nueva concesión; los artículos pertinentes del código no expresan nada al respecto, constituyéndose por tanto en un vacío legal. Sin embargo se tiene que tener en cuenta que la prioridad, no sólo para la nulidad, sino también para los casos de nulidad es jurídicamente procedente, precisamente por lo dispuesto por disposición el Art.2 de las disposiciones legales Finales y transitorias de nuestro Código vigente.


Para concluir este acápite y como corolario de todo lo manifestado transcribimos a continuación el Art. que hace referencia a la procedencia de la Nulidad: Art 67. “La acción de nulidad procederá de oficio o a demanda del titular de la correspondiente cuadrícula o de un tercero y será declarada por el Superintendente de Minas de la jurisdicción produciendo los siguientes efectos:


1) Si la concesión fuera declarada nula de oficio o a demanda de tercero, revertirá al dominio originario del Estado.

2) Si la concesión declarada nula hubiera sido otorgada por pertenencias y existiera titular de la o las cuadrículas en las que se encuentre ubicada la concesión anulada, se aplicará lo establecido por el artículo 32 de este Código”.


LOS CONTRATOS EN MATERIA MINERA.- Antes de ingresar a ver propiamente los contratos mineros, recordemos que contrato en general, es el pacto o convenio entre partes que se obligan sobre la materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Digamos también que en términos de una definición jurídica, se dice que hay contrato, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a normar sus derechos. Finalmente, Capitant lo define como “acuerdo de voluntades entre dos o más personas, con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones, y también documento escrito destinado a probar una convención”.


Otro aspecto a tener en cuenta es que los contratos han de ser celebrados entre personas capaces y no han de referirse a cuestiones prohibidas contrarias a la moral o a las buenas costumbres. El Cód. Civil en su Art.450 dice que “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica”.


Una vez que tenemos claro sobre lo que son los contratos, manifestemos en concordancia con el Código, que en materia minera pueden celebrarse toda clase de actos y contratos, sobre las concesiones, las actividades mineras y sus productos, desechándose con ello cualquier monopolio que el Estado se reservaba en el pasado por considerarlo estratégico; como por ejemplo el oro que solo podía efectuarse a través del Banco Central o del Banco Minero. Otro aspecto es que, estos contratos, han incorporado a los “actos jurídicos”, considerados como las acciones efectuadas por una persona individual o colectiva con la intención de producir efectos jurídicos.; en ese sentido, los actos jurídicos han sido clasificados como unilaterales, bilaterales y plurilaterales, los primeros son los que para formarse y tener efectos jurídicos requieren de la manifestación de la voluntad de una persona ; en el bilateral es necesario la manifestación de voluntad de dos partes y en el plurilateral es requerida la voluntad de más de dos partes que asumen obligaciones, aunque sus prestaciones tengan contenido diferente.


Toda esta referencia la encontramos inmersa en el Art. 68 del Cód. de Minero que dice: “Sobre las concesiones, actividades mineras y sus productos pueden celebrarse toda clase de actos y contratos, los mismos que se rigen por el presente Código y, en lo que fuere aplicable, por el Código de Comercio, Código Civil y otras normas legales pertinentes.


Sin embargo, éste artículo necesariamente tendrá que ser modificado y adecuado a lo que señalan los artículos 370 y siguientes de la nueva C.P.E. Ya que también la S.C.Nº 32/2006 lo declara inconstitucional.


Otra modificación de importancia con relación al anterior Código es la desaparición de las Notarias de Minas, que en algunos distritos como La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz con gran actividad minera, se convirtieron en verdaderos cuellos de botella y en otros donde ésta actividad no era tan intensa, en los hechos no tenían trabajo alguno, siendo por esta razón sustituidas por las Notarías de Fe Publica. Con la modificación incluida se habla solamente de Escritura pública, cuando se hace referencia a los títulos ejecutoriales y los contratos traslativos de dominio así como a los de riesgo compartido, de arrendamiento y los de opción de compra que sean relativos a las concesiones mineras. La eficacia jurídica, esta más bien dirigida a establecer que para esta clase de contratos no es jurídicamente válido el documento privado así sea con reconocimiento de firmas; en consecuencia, es indispensable la escritura pública ante un Notario de Fe Publica.

Respecto de la inscripción en Derechos Reales, es indispensable hacer referencia a lo dispuesto por el Art. 1538 del Cód. Civil que señala al referirse a la Publicidad de Derechos reales:


I. Ningún Derecho Real sobre inmuebles surte efecto contra los terceros, sino desde el momento en que se hace público, según la forma prevista por éste Código ( acá recordemos que el Código Minero considera a la Concesión precisamente como Derecho real en su Art. 10).

II. La Publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de Derechos Reales.

III. Los actos por los que se constituyen, tramitan, modifican o limitan los Derechos Reales sobre bienes inmuebles y en los cuales no se hubieran llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre partes contratantes con arreglo a las Leyes, sin perjudicar a terceros.


Lo anterior lo tenemos igualmente inmerso en el Art. 69 que dice: “Los títulos ejecutoriales y los contratos traslativos de dominio, así como los de riesgo compartido, de arrendamiento y los de opción de compra, relativos a concesiones mineras, para tener eficacia jurídica, deben celebrarse mediante escritura pública e inscribirse en el Registro Minero a cargo del Servicio Técnico de Minas y en el Registro de Derechos Reales.


Este artículo al igual que el anterior, necesariamente tendrá que ser modificado y adecuado a lo que señalan los artículos 370 y siguientes de la nueva C.P.E. Ya que también la S.C.Nº 32/2006 lo declara inconstitucional.


LA TRANSFERENCIA, EL ARRENDAMIENTO Y LA OPCION MATERIA MINERA.-Para referirnos a estos aspectos, debemos partir de la regla general de que las concesiones mineras pueden ser objeto de traslación de dominio entre vivos y por causa de muerte.


Uno de los primeros aspectos a que hace referencia el código de Minería es la lesión, al respecto el Cód. Civil en su Art 561 al referirse a la rescisión del contrato por efecto de lesión dispone:

I. A demanda de la parte perjudicada es rescindible el contrato en el cual sea manifiestamente desproporcionada la diferencia entre la prestación de dicha parte y la contra prestación de la otra siempre que la lesión resultare de haberse explotado las necesidades apremiantes, la ligereza o la ignorancia de la parte perjudicada.

II La acción revisora sólo será admisible si la lesión excede de la mitad del valor de la prestación ejecutada.

Dentro de los contratos excluidos del régimen de la lesión están los contratos aleatorios y dentro de ésta clasificación de contratos se encuentran los de transferencia de concesiones mineras, en los que aún con la tecnología actual no es posible determinar con carácter previo un justo precio por dos razones fundamentales, la primera es que, en el momento de efectuarse la transferencia de una concesión minera tanto vendedor como comprador no pueden saber la cuantificación y el valor exacto de las reservas y menos la ley o contenido fino de los minerales; y la segunda la aleatoriedad del mercado mundial de minerales que establece la cotización internacional de los mismos y que en algunos casos puede convertir una mina en marginal, cuando unos meses antes se la consideraba como económicamente rentable, como ha sucedido con el estaño y el oro que cayeron dramáticamente. Todo este comentario lo tenemos inmerso el al Art. 70 del Cód. de Minería que dice: “ Los contratos de transferencia de concesiones mineras no pueden ser rescindidos por causa de lesión”.


El código también hace referencia al plazo sujeto a la voluntad de las partes, esta es otra excepción para las concesiones mineras, cuando se establece que los contratos de arrendamiento y de opción sobre éstas quedan liberados a la voluntad de las partes contratantes. Las limitaciones contenidas en los Arts. 464 y 688 del Cód. Civil , relativos al contrato de opción, se refieren a que éste no puede ser otorgado por un plazo superior a dos años y el de arrendamiento pos mas de 10 años, términos que por disposición expresa del código minero no son aplicables a los contratos mineros de opción y arrendamiento de concesiones. Estas disposiciones del derecho común resultaban limitativas en la minería, en especial para los proyectos que involucran grandes inversiones, donde sólo la etapa de exploración, prospección y evaluación duran mas de cinco años, tiempo en el cual quién hace la inversión desea tener la posibilidad de asegurar sus derechos mediante un contrato de opción. Cosa igual ocurre con el arrendamiento, porque es evidente y varios ejemplos concretos así los demuestran, que muchos yacimientos mineros en el país, están en producción por mucho más de 10 años, solo veamos el ejemplo del Cerro Rico de Potosí que su explotación viene dándose desde la colonia. Por ello hoy llenando una laguna existente en el anterior código y ante la distorsionada aplicación que daban en la administración de Impuestos Internos, se tuvo que aclarar en forma expresa que los tributos aplicables a los contratos de opción, o aquellos que aparejan opción, se pagarán sobre el precio de la opción solamente cuando ésta se ejecute y la transferencia se perfeccione mediante escritura pública.


Todo lo anteriormente comentado, lo tenemos inserto en el Art.71 que dice: “El plazo y demás condiciones y estipulaciones de los contratos de arrendamiento y de opción sobre concesiones mineras quedan librados a la voluntad de las partes. Los artículos 464 y 688 del Código Civil no serán de aplicación en materia minera”.


Los tributos aplicables a los contratos de opción, o aquellos que aparejen una opción, se pagarán sobre el precio de la opción solamente cuando ésta se ejecute y la transferencia se perfeccione”.



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