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REQUISITOS Y ALCANCE.- Independientemente de los requisitos u obligaciones que deben cumplir las personas individuales o colectivas extranjeras, en los casos relativos a las Contratos de Riesgo Compartido existen dos requerimientos adicionales.- consti­tuir domicilio en Bolivia y cumplir los demás requisitos establecidos en la Legislación Nacional.


El marco constitucional de referencia está en el artículo 24 de la carta magna (Atr. 320 NCPE) que señala que las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas.


El Código de Comercio en sus artículos 413, 414, 415 y siguientes, establece las formas o modalidades en que pueden operar en el país las Sociedades Constitui­das en el extranjero, con la siguiente diferenciación:

1° Sociedades que no tienen domicilio, sucursal, ni representación estable­cida en el país y que realizan actos aislados de Comercio y que habiendo sido constituidas en el extranjero se rigen por las disposiciones del país de origen en cuanto a su forma y existencia legal;


2° Las sociedades constituidas en el extranjero para el ejercicio habitual de actos de comercio se rigen por las leyes nacionales y deben constituir domicilio en Bolivia, además de cumplir con los demás requisitos estable­cidos en la Legislación Boliviana y obtener su personería jurídica en base al cumplimiento de los siguientes requisitos:


a) Protocolizar, previa orden judicial, en una Notaría del lugar designado para su domicilio en la República, el contrato constitutivo de sociedad, sus modificaciones si las hubieren, sus estatutos y reglamentos que acredite su existencia legal en el país de origen, así como la autorización legal resolución del órgano administrativo competente de la sociedad par establecer sucursal o representación permanente en el país, con la designación de la persona o personas que tengan la representación de la Sociedad, con poderes amplios y suficientes para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, los mismos que tendrán la representación judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales;


b) Establecer sucursales o representación permanente, fijando domicilio en un lugar del territorio de la República; y


c) Acreditar que el capital asignado para sus operaciones en Bolivia, ha sid íntegramente cubierto, sin perjuicio del mínimo necesario señalado pc las leyes para cierto tipo de actividades y otras garantías previas a s funcionamiento.


Por su parte, el Decreto N° 16833 de 19 de julio de 1979, que es el Reglamento de la Dirección General del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones, en su capítulo IX, artículo 43, señala los documentos que necesita una sociedad constituida en el extranjero para obtener su inscripción y matricula en el indicado Registro. El mismo Decreto en su capítulo XVII, artículo 73, señala los documentos necesarios, para que las sociedades anónimas o comanditarias por acciones constituidas en el extranjero puedan obtener el reconocimiento de su capacidad jurídica.


La sociedad constituida en el extranjero, una vez cumplidos los requisito señalados y que tenga en Bolivia el objeto principal de su explotación comercial; o industrial, es considerada como sociedad local con relación a los efectos de su explotación; y por tanto se halla sujeta a todas las obligaciones impuestas a la sociedades nacionales.


Nuestra legislación contempla otras disposiciones con relación a sociedades constituidas en el extranjero, las que vamos a mencionar para no dejar vacío alguno al respecto, éstas son:


a) Cuando éstas sociedades están constituidas en sus países de origen en un tipo no previsto en el artículo 126 del Código de Comercio, ellas pueden pedir al Juez que señale el tipo que más se asemeje a su naturaleza debiendo cumplir, acto seguido con las formalidades de inscripción publicidad y otras que les correspondan;

b) Las sociedades constituidas en el extranjero, tienen la facultad de constituir una nueva sociedad en el país, acreditando, en forma previa, que su organización y sus operaciones están de acuerdo con las leyes de su país de origen, debiendo presentar para este efecto los correspondientes documentos debidamente legalizados.


Todo lo anteriormente comentado se tiene inmerso por lo señalado en el Artículo 77 que dice: “Las personas individuales o colectivas extranjeras que suscriban contratos mineros de riesgo compartido se rigen por las leyes nacionales; deben constituir domicilio en Bolivia y cumplir los demás requisitos establecidos en la legislación nacional”


ALCANCES DEL CONTRATO.- Respecto de ello, comencemos manifestando que, dos características fundamentales de los Contratos de Riesgo Compartido son que no constituyen sociedad, ni establecen personalidad jurídica, siendo el contrato el marco legal válido que contempla los derechos y obligaciones de las partes y la forma de asumir la responsabilidad respecto de terceros. Estas características dan lugar a otra definición de lo que es un Contrato de Riesgo Compartido que señala:


"El Contrato de Riesgo Compartido es la asociación de personas que acuerdan participar en un proyecto común y específico para obtener una utilidad en base a sus recursos o aportaciones, sin establecer o formar una sociedad, constituyen­do una comunidad de intereses con un mutuo derecho de representación en el proyecto en el cual las partes tienen el derecho de control".


Kathryn Harrigan, autora de un estudio sobre co-empresas titulado "Strategies for Joint Ventures" (Estrategias para Contratos de Riesgo Compartido), publica­do en 1985, señala: "Los Contratos de Riesgo Compartido o co-empresas son entidades separadas que tienen como partes dos o más empresas activas".


Harrigan amplía su definición refiriéndose a las co-empresas operadoras, que son "sociedades en las cuales dos o más firmas establecen una entidad que ejecuta una actividad económica productiva y que juegan un papel activo en las decisiones de la co-empresa".

Deduciendo todo lo anterior podríamos afirmar que, los contratos de riesgo compartido alcanzan solamente a las partes que establecen una entidad con fines de carácter económico y productivo de conformidad con lo establecido en el respectivo contrato.


Nuestro código asimila este aspecto en su Artículo 78 que dice. “El contrato de riesgo compartido no constituye sociedad ni establece personalidad jurídica. Los derechos y obligaciones asumidos por las partes y la forma de cubrir la responsabilidad hacia terceros se rigen por lo acordado en el respectivo contrato”.


EFECTO RESPECTO DE TERCEROS.- El campo de operación o de acción de un Contrato de Riesgo Compartido, está vinculado a su relación con terceras personas, con el cumplimiento de las normas de la Legislación Social, Tributaria e incluso de simple relación contractual y en el campo minero con la comercialización de minerales y metales; ello ha hecho que la ley requiera que el Contrato de Riesgo Compar­tido deba realizarse mediante Escritura Pública, surtiendo su efecto legal respecto de terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro de Comer­cio, que en realidad viene a constituir otra obligación o requisito contemplado en el Código de Minería como ley especial. Esto de acuerdo naturalmente con lo expresado en su Artículo 79 que manifiesta: “El contrato de riesgo compartido debe celebrarse mediante escritura pública. Surte efecto legal respecto a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio” Hoy FUNDEMPRESA.


CONTENIDO DE LOS CONTRATOS.- Indudablemente que, el contenido de un Contrato de Riesgo Compartido, constituye el marco legal de las relaciones entre las partes contratantes, bajo requisitos mínimos establecidos por ley, que pueden ser comparados a los estatutos de una sociedad anónima o al contrato constitutivo de una sociedad de responsabilidad limitada, además de incorporar en él todas las otras características consideradas por las partes como emergentes del tipo de actividad que desarrollarán; si es minera, entre estas especiales características están el desarrollo del yacimiento minero, la clase de mineral y otros aspectos emergentes de la conservación del medio ambiente y del ecosistema o del cumplimiento de las obligaciones impositivas que en definitiva son la base legal que hace que una operación pueda ser o no exitosa.


Nuestro Código minero, en cuanto al contenido en su Artículo 80 señala: “El contrato de riesgo compartido contendrá, además de todo aquello que las partes convengan:


a) Objeto, con especificación de las actividades a realizar y de los medios acordados para su ejecución;

b) Plazo, que podrá ser fijo o determinado por la duración del proyecto que constituya el objeto;

c) Denominación que deberá estar seguida de la expresión Riesgo Compartido

d) Nombre o denominación, nacionalidad, domicilio y datos de inscripción en el Registro de Comercio, en su caso, de cada una de las partes. Tratándose de sociedades debe insertarse en la escritura la resolución del órgano societario que aprobó la celebración del contrato de riesgo compartido;

e) Obligaciones asumidas por las partes, las contribuciones o aportes compro­metidos y los modos de financiar las actividades comunes;

f) Designación de los representantes y administradores con especificación del nombre o denominación, domicilio y facultades. En el contrato se estipulará la forma de reemplazarlos en caso de muerte, incapacidad, impedimento, renuncia u otros que correspondan;

g) Sistema o forma convenidos para la participación de los contratantes en la distribución de los resultados, ingresos y gastos;

h) Causales de separación y exclusión de alguna de las partes, así como las condiciones de admisión de nuevas partes;

i) Sanciones por incumplimiento de obligaciones;

j) Obligatoriedad de establecer un sistema de contabilidad y preparación de estados financieros y balances de acuerdo con la legislación nacional;

k) Causas de resolución y extinción del contrato y forma de designación del o los liquidadores; y

l) Régimen de solución de controversias”.


No obstante que como hemos señalado un Contrato de Riesgo Compartido no constituye sociedad, ni establece una nueva personalidad jurídica diferente a la de las partes, para el desarrollo de sus actividades debe contar con representan­tes o administradores a los que se les haya otorgado poderes suficientes por todas las partes o sus representantes para ejercer derechos y contraer obligaciones que permitan la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato, conforme señala el Artículo 81 que dice: “Los representantes y administradores del riesgo compartido deben tener poderes suficientes de todas las partes para ejercer los derechos y contraer las obligaciones relativas al desarrollo y ejecución del contrato”.


Otro aspecto de importancia es que, la solidaridad o sea la responsabilidad total de cada una de las partes del Contrato de Riesgo Compartido o de los que resulten responsables por el propio contrato, así como la responsabilidad ilimitada que abarca a todo el patrimonio de las partes y no sólo al comprometido en el contrato, no se presume en el Contrato de Riesgo Compartido, salvo que las partes en el mismo contrato hayan pactado lo contrario. Tal como señala el Artículo 82 del Código que dice: “Salvo estipulación expresa en contrario, no se presume la solidaridad ni la responsabilidad ilimitada de las partes en los contratos de riesgo compartido por los actos y operaciones de éste, ni por las obligaciones contraídas frente a terceros”.


Finalmente, la quiebra de una de las partes o sea "la situación legal a que puede verse com­prometido un comerciante que momentánea, temporal o definitivamente se encuentra imposibilitado del cumplimiento de sus obligaciones o la incapacidad o muerte de una de las partes, cuando ésta es una persona individual o natural, no causa la extinción del contrato, salvo estipulación en contrario del propio contrato, ya que las operaciones de éste pueden continuar con sus herederos o sucesores. Tal como señala el Artículo 83 que dice: “La quiebra de cualesquiera de las partes o la incapacidad o muerte de los contratantes individuales no causa la extinción del contrato de riesgo compar­tido, salvo pacto en contrario”.




UNIDAD X.

EL MEDIO AMBIENTE EN MATERIA MINERA


S u m a r i o:

Consideraciones generales.- Marco general de referencia.- Reglamentos pertinentes y representante legal

___________________________________________


CONSIDERACIONES PREVIAS.- Es fundamental partir de un principio enunciado en la Constitución Política del Estado que se refiere al derecho que tiene toda persona a la vida, la salud y la seguridad.


Asimismo el Estado tiene el deber de defender el capital humano protegiendo la salud de la población, considerando que el cumplimiento de las normas de salud pública es de carácter coercitivo.


La protección al medio ambiente, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la preservación de la naturaleza y de los recursos naturales, y la conservación del patrimonio ambiental, requiere de una normatividad que los regule. En este contexto la Ley del Medio Ambiente y sus Reglamentos establecen las normas de protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, regulando las actividades del hombre con relación a la naturaleza. Igualmente determina que el medio ambiente y los recursos natura­les constituyen patrimonio de la Nación, por lo que su protección y aprovecha­miento son de orden público.


El Código de Minería en concordancia con las normas ambientales, ha estable­cido que las actividades mineras deben realizarse conforme al principio de desarrollo sostenible y en sujeción a la referida Ley y a sus Reglamentos, actuando de forma integral, el propio Código de Minería y su Reglamento Ambiental.


De esta manera una política de desarrollo minero cuyo objetivo sea asegurar la sustentabilidad y competitividad en el largo plazo, debe tomar medidas para que el crecimiento de su actividad incorpore la protección del medio ambiente.


MARCO LEGAL DE REFERENCIA.- Conforme a lo señalado anteriormente, la legislación minera establece de forma expresa la sujeción de todas las actividades mineras al cumplimiento del prin­cipio de desarrollo sostenible, la Ley de medio Ambiente, sus Reglamentos y las normas pertinentes del Código de Minería.


Haciendo un breve análisis, es preciso dar a conocer el significado que la Ley del Medio Ambiente le otorga al principio de desarrollo sostenible.


Se entiende por desarrollo sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras. El concepto implica una tarea global de carácter perma­nente.


El Código de Minería fuera del Art. 84, no menciona ninguna otra reglamentación, sin embargo es preciso hacer referencia al Decreto Supremo 24782 Reglamento Ambiental para las Actividades Mineras, el cual establece las normas procedimentales y técnicas que van a permitir una eficaz implementación de la gestión ambiental minera; por ello haremos referencia a estas normas con mayor profundidad en las partes pertinentes de este trabajo. Entretanto, manifestamos que el marco legal de referencia comentado lo encontramos en el Artículo 84 del Código que dice:”Las actividades mineras se realizarán conforme al principio de desarrollo sostenible, en sujeción a la Ley del Medio Ambiente, sus Reglamentos y el presente Código”.


También hoy tendremos que agregar que la NCPE. en sus Arts 33 y 34 señala que todas las personas tienen derecho a un ambiente saludable, protegido y equilibrado……, igualmente que cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad esta facultada para ejercer acciones legales en defensa al derecho del medio ambiente,…”



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